Tras la reforma energética de 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó el primer contrato para la generación de energía solar al gigante italiano Enel Green Power, que se asoció con la española Prodiel para operar en el país. Ahora, a partir de un juicio en que la firma mexicana Codisa, subcontratada por Prodiel, acusó a ésta de pedirle que inflara sus costos, se presume que no sólo la empresa española, sino otras especializadas en ingeniería, proveeduría y construcción de proyectos, operan fuera de la norma e influyen indebidamente sobre autoridades de distintos niveles.
Un alegado acto de corrupción puso la mira en el primer proyecto de la reforma eléctrica en México. Lo que empezó como la demanda de una pequeña empresa mexicana contra una multinacional española ha pasado de un mero acto judicial a la intervención de la Cámara de Diputados para que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) revisen la manera en que se construyó y opera en Coahuila el parque de energía solar más grande en el Continente Americano y el tercero en el mundo.
El campo energético fue subastado por el gobierno mexicano tras la reforma energética de 2015 y lo obtuvo Enel Green Power México (EGPM), filial del gigante italiano Enel Green Power, del Grupo Enel, dedicado a la producción de energías limpias en todo el mundo. Fue construido para venderle energía durante 15 años a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y obtener del gobierno de México, a lo largo de 20 años y a través de la CRE, certificados de energía limpia que se cotizan en el mercado.
Parte de los recursos para la construcción salieron del Banco de Comercio Exterior (Bancomext), pero ahora el parque es propiedad en 80% de fondos de pensiones internacionales y nacionales, entre ellos cuatro administradoras de fondos para el retiro de México (afores), gracias a un esquema de “compra, venta y opera” desarrollado por la empresa italiana.
En su incursión en México, Enel Green Power ha estado acompañada de la empresa Prodiel, de España, bajo un modelo en el que la española desarrolla la ingeniería, la proveeduría y la construcción, un esquema conocido como EPC por sus siglas en inglés (Engineering, Procurement and Construction).
En ese modelo, la española, a través de su subsidiaria Prodiel Novamper, ha subcontratado a empresas mexicanas para construir distintos parques industriales que la italiana tiene en México para producir energía eólica, solar e hidroeléctrica.
Prodiel forma parte del holding industrial Wingenia, con sede en Sevilla. El presidente del conglomerado, también dedicado a las energías renovables, es Ángel Haro, también tercer accionista y presidente del Real Betis, de la liga española de futbol.
El accionista del Sevilla, en el cual juegan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, se encuentra demandado en México como parte de una controversia de su filial Prodiel Novamper con la empresa mexicana Codisa Corp. Energy. Codisa fue una de las subcontratadas para construir en Coahuila el gigantesco parque solar con la instalación de 2 millones y medio de paneles solares en una superficie de 2 mil 500 hectáreas. El parque se ubica a unos 18 kilómetros al sur de San Pedro y a 38 al este de Torreón.
Codisa acusa a la española de corrupción, abuso de confianza y falta de pago, prácticas que, asegura, también fueron conocidas por la empresa italiana. Tras casi dos años de haber presentado la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, el caso ni siquiera ha sido judicializado, pues el Ministerio Público local acaba de ordenar que se archive. Pero el conflicto está lejos de terminar.
Propuesta indecorosa
En 2015, tras la aprobación de la reforma energética, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) subastó tres proyectos de largo plazo para abastecer de energía a la CFE durante tres lustros y obtener certificado de energía limpia durante dos décadas. El valor de los proyectos fue de mil 32 millones de dólares.
Las subastas fueron ganadas por EGPM, que en una década se ha convertido en el mayor operador de energía renovable en el país por lo que hace a su capacidad instalada y a su portafolio de proyectos. Es propietario o administra 19 proyectos de generación de energía. En Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Oaxaca tiene campos de energía eólica. Además de Coahuila, tiene presencia en parques solares de Quintana Roo, Tamaulipas y San Luis Potosí. Participa en la producción de energía hidroeléctrica en Colima y Michoacán.
El más ambicioso de sus proyectos actuales es el parque eólico conocido como Amistad II, con más de 90 kilómetros de líneas de tensión en Ciudad Acuña, Coahuila, en la frontera del Río Bravo con Ciudad del Río, Texas.
Las subastas que ganó tras la reforma energética fueron para los proyectos solares Villanueva I y III, en Coahuila, y Don José, en Guanajuato. Los dos primeros constituyen el parque fotovoltaico más grande del Continente Americano, ubicado en el municipio de Viesca, en el desierto semiárido de Coahuila. Producirán electricidad para 1 millón 400 mil hogares.
El desarrollo se inauguró en marzo de 2018, semanas antes de las elecciones presidenciales. Llevaba apenas 40% de su construcción, pero fue una forma de agradecer al gobierno de Enrique Peña Nieto y su reforma energética. Los 2 millones y medio de paneles empezaron a operar en su totalidad en septiembre pasado y, de acuerdo con EGPM, tuvieron un costo de 710 millones de dólares.
Para financiar parte de la planta fotovoltaica más grande de Enel Green Power en el mundo, así como el Parque Solar San José, en el municipio de San Luis Potosí, en Guanajuato, Enel Green Power obtuvo tres financiamientos por 605 millones de dólares de bancos comerciales y multilaterales, así como de la banca de desarrollo de México a través de Bancomext.
De acuerdo con el sitio especializado LexLatin, entre los bancos comerciales destaca BBVA Bancomer y por parte de la banca multilateral el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones y el European Investment Bank. Se trató del primer financiamiento de una cartera de activos solares para un proyecto en México.
El financiamiento del BID fue de 86 millones 600 mil dólares, a pagar en 18 años, e incluyó asesoría al Cenace para la elaboración del marco regulador y técnico a fin de facilitar la expansión del sector eléctrico en México con la participación del sector privado, según informó el propio BID.
Tres años después de ganar la subasta, EGPM integró en 2018 un holding con ocho parques de energía renovables, incluidos Villanueva y Don José, y vendió por 340 millones de dólares 80% de sus acciones a un fondo de pensiones en Canadá y a las afores Banorte, Sura, Banamex y Pensionissste, de México. La venta la anunció el 28 de septiembre de ese año, un día después de que el parque entrara en operación total.
Los problemas en el gigante fotovoltaico de Coahuila comenzaron un año antes. La filial de Prodiel en el país contrató a Codisa Corp. Energy, una empresa mexicana con 20 años de antigüedad dedicada a proveer productos y servicios de construcción. El acuerdo fue para el deshierbe, movimientos de tierra, excavación, compactación del terreno y la construcción de caminos viales internos y de acceso al parque solar.
Firmaron cuatro contratos en los que no se fijó una cantidad cerrada, sino fórmulas de cómo se debían hacer los pagos. Cuando llegó el momento de hacer la primera certificación, en abril de 2017, uno de los representantes de Prodiel Novamper, Jair Abraham Domínguez Sánchez, quien era el coordinador de Construcción Civil, les pidió a los socios de Codisa, Augusto Savir Ruiz López y Diana Eliene García Martínez, sobreestimar el cobro a cambio de beneficios para él y Codisa. El presunto responsable no sólo insistió, sino que pidió una sobrestimación mayor, de 5 millones de pesos.
Codisa informó a los ejecutivos de Prodiel Novamper sobre el intento de corrupción. “La respuesta que obtuvimos fue el secuestro de la maquinaria con la que estábamos trabajando, porque en agosto siguiente ya no permitieron la entrada a nuestro personal”, dicen en entrevista Ruiz y García. Alegan que 49 equipos quedaron secuestrados.
Como representantes legales de Codisa, ambos se dirigieron al presidente de Prodiel en España, Miguel Some, porque, además del alegado fraude, en el ínterin se había quemado un tractor y perdido un remolque, que eran parte de la maquinaria con la que estaba trabajando Codisa y que había rentado a Maquinarias Diesel (Madisa), una empresa de Santa Catarina, Nuevo León.
Ante la falta de respuesta de la española, buscaron al representante en México de Enel, Paolo Romanacci. La posición de la empresa les llegó en septiembre por parte del jefe del proyecto de EGPM en Villanueva, Lucca Ceci, quien aseguró desconocer el presunto intento de corrupción por parte de Prodiel Novamper.
Codisa decidió entonces interponer una querella ante la Procuraduría de Justicia de Coahuila por “abuso de confianza por ilegítima posesión de cosa retenida”. En la denuncia, la empresa también refirió los alegados intentos de fraude y el conocimiento que tuvieron Enel y Prodiel. Codisa estima en 9 millones 440 mil dólares su pérdida por la falta de pagos y los daños a la maquinaria. Prodiel solo les ofrece 43 millones de pesos (2 millones 300 mil dólares al tipo de cambio actual).
El conflicto escaló y llegó a España. La empresa de Ángel Haro, el dueño del Betis, ha advertido que ante esa diferencia busca llevar el caso a la Cámara Internacional de Comercio (CIC), a lo que se opone Codisa debido al costo y el tiempo de un juicio de ese tipo.
Prodiel ha acusado a la empresa mexicana de extorsión, pues dice que no hizo bien sus cálculos para el cobro de sus trabajos. En respuesta, Codisa ha enderezado una demanda por amenazas en contra de Ángel Haro y Ramón Rico, representante de Prodiel en México, además de otros directivos de la firma.
Luis Miguel Ramírez, asesor legal de Prodiel en México, asegura que la empresa no ha sido notificada de esa demanda e insiste en que la subcontratista mexicana pretende extorsionar a la española porque “no le salió el negocio” al hacer “un mal cálculo de sus gastos, pues trabajó con más maquinaria de la que ameritaba la obra”.
En entrevista telefónica, niega también que Jair Abraham Domínguez Sánchez, quien era el coordinador de construcción civil de Prodiel Novamper, trabajara para la filial mexicana de la firma española. “No era empleado de Prodiel. Trabaja para una ‘sociedad vehículo’ y para el caso no era empleado de Prodiel”. Dice también que, en la denuncia inicial, el presunto responsable del acto de corrupción no fue llamado por Codisa como testigo.
Aunque admite que Prodiel Novamper les impidió a los empleados de Codisa entrar al parque, niega que la maquinaria haya sido secuestrada, pues “siempre estuvo colocada en una parte externa del control de Prodiel”.
El 12 de junio pasado el Ministerio Público de Coahuila decidió el no ejercicio de la acción penal en contra de la empresa española por considerar que no se acreditaron las acusaciones de Codisa.
Argucias legales
Los socios y representantes legales de Codisa aseguran, en entrevista, que la filial de Prodiel les advirtió hace meses que la denuncia no tendría futuro y que el Ministerio Público iba a archivar el caso, como ocurrió luego de que la Procuraduría de Coahuila decidiera sacar el expediente de su agencia en Saltillo y lo llevara a Torreón.
Cuando el expediente fue trasladado, quien se hizo cargo del caso fue directamente la directora de Averiguaciones Previas de la procuraduría, Mizora Isabel Rodarte Miyaki.
Los dueños de la empresa mexicana aseguran que la procuraduría estatal dejó actuaciones pendientes. La demanda por amenazas la presentó Codisa en la Ciudad de México, pero la Procuraduría General de Justicia de la capital decidió enviarla también a Torreón.
El conflicto judicial alcanzó a EGPM, aunque los directivos de la empresa no acudieron a todos los citatorios, por lo que su testimonial no está completa, además de que es contradictoria, según Codisa.
Para que asistieran a las audiencias, el juez de primera instancia en materia penal del sistema penal acusatorio del distrito judicial de Torreón giró una instrucción a la Interpol y al Instituto Nacional de Migración (INM) para no dejar salir del país a Paolo Romanacci y a Luca Ceci.
Ambos directivos se ampararon contra la orden de que entregaran sus pasaportes y visas. El juez de control les negó inicialmente la suspensión, pero en una audiencia posterior anuló la alerta migratoria, sin que nunca entregaran sus documentos.
EGPM asegura que el conflicto es entre Prodiel y Codisa, en el que la filial del grupo italiano no tiene nada que ver. En una declaración entregada a Proceso, la empresa dice ser “respetuosa del sistema judicial y ha prestado la colaboración que legalmente se le ha requerido para que la disputa entre Codisa Corp. Energy y Prodiel pueda ser resuelta conforme a derecho”. En más de 11 años, añade, EGPM ha trabajado con cientos de contratistas en México y siempre ha actuado “conforme a la legalidad y principios éticos”.
El camino legal aún es largo. Codisa pretende impugnar la decisión del Ministerio Público de Coahuila y ha logrado llamar la atención de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, pues asegura que su caso no es el único de su tipo respecto a las empresas que trabajaban bajo el esquema de EPC o epecistas.
El 24 de abril pasado la comisión legislativa aprobó un punto de acuerdo en el que le pide a la Secretaría de Energía y a la CRE verificar los contratos de los proyectos Parque Solar Villanueva y Parque Eólico Amistad. En el primer caso, afirma que Codisa “fue víctima de conductas delictivas e intimidatorias por parte de Prodiel Novamper”.
Asegura que la Sener debe intervenir como responsable del sector, aunque los directamente señalados en la ley para intervenir en este tipo de controversias son la CRE y el Cenace. Hasta ahora ninguna de esas dos instancias ha intervenido a pesar de la petición de Codisa.
El diputado del PRI Enrique Ochoa Reza, integrante de la Comisión de Energía, se negó a firmar el acuerdo. Como director de la CFE en el gobierno de Peña Nieto fue uno de los promotores de la reforma energética.
Santiago Barcón, consejero consultivo de la CRE hasta enero pasado y director de la revista especializada Energía Hoy, asegura en entrevista que en México los epecistas de segundo nivel, como Codisa, son los que hacen el trabajo de los contratos que obtienen las grandes empresas.
Explica que con los grandes recursos legales con que cuentan, esas firmas “aprietan” a los contratistas nacionales para que bajen los costos, con repercusiones en la calidad. En este caso, dice, “Enel se ha colocado en una posición bastante cómoda; se ha lavado las manos, a pesar de ser corresponsable de una obra que le ha permitido presumir como un logro mundial”.
