En la edición número 2219 de la Revista Proceso, del pasado 12 de mayo, el Sr. Leonardo Valero Robles publicó una carta, titulada: “Leonardo Valero se ‘autodenuncia’ tras ser señalado por el movimiento #MeToo”. Asimismo, el Sr. Mario Jaime Ramírez Velázquez firma una misiva bajo el encabezado: “Universitario denunciado a raíz de una ‘mirada lasciva’ se dice víctima de acoso”.
Ambas cartas sostienen la afectación a sus derechos a partir de denuncias por hostigamiento y acoso sexual; lo hacen con argumentos en los que se identifican falsas desigualdades y con impactos desproporcionados que mantienen privilegios que ellos no logran visibilizar.
El delito de acoso sexual, en la Ciudad de México, es un delito que se persigue por querella. Es decir, es derecho de la víctima decidir si denuncia o no, y escoger la vía por la cual puede hacerlo: penal, laboral, las administrativas o, por medio de expresiones públicas. Cada tipo de denuncia tiene límites en cuanto a sus alcances y consecuencias.
Si una víctima de hostigamiento sexual decide no denunciar por la vía penal, ninguna persona o autoridad puede obligarla a presentar dicha denuncia. Ni siquiera perturbar su paz para informarle que alguien quisiera que denunciara por esa vía. En ese sentido, plantear una “autodenuncia” para intentar que la autoridad de procuración de justicia perturbe a la víctima para saber si ésta quiere denunciar, invitarla a denunciar o cualquier otro tipo de eufemismo, implica un nuevo acto de hostigamiento. Sobre todo, cuando la víctima ya presentó una denuncia formal ante otras autoridades, y el denunciado lo sabe.
Una autoridad que recibe una “autodenuncia” sin aclararle al denunciado los derechos de las víctimas ni sus límites en los delitos de querella, es una autoridad que fomenta privilegios para quienes históricamente han ostentado la exclusividad en la escucha y credibilidad de su palabra en el ámbito legal.
Dicha actitud se ha traducido en la criminalización de las mujeres que ponen límites a la discriminación y la violencia, así como en los severos obstáculos que existen para las denunciantes hacia un verdadero acceso a la justicia.
El hecho de que la autoridad no haya realizado esta aclaración y acepte “autodenuncias”, constituye actos de violencia institucional y consolida un orden social de discriminación y desigualdad.
Insistir, además, en que la autoridad penal sea la que establezca la verdad de los hechos, es ignorar todas las otras vías de investigación y resolución de justicia que también establecen la verdad, de acuerdo con lo que corresponde a su competencia.
De igual manera, es una forma de violar los derechos de las víctimas y presionar sobre un tipo de consecuencia e impacto que la víctima no desea ni busca.
Por otro lado, en ambas cartas se narra que las denuncias presentadas no fueron debidamente atendidas e investigadas por las autoridades administrativas correspondientes y, con ello, se violentaron los derechos de ellos como personas denunciadas. Es importante señalar que sí, lo más probable –porque no tenemos los detalles– es que se les hayan violado sus derechos. Previo a ello, sin embargo, y con consecuencias desproporcionadas en esa relación, se violaron los derechos de las personas que los denunciaron.
El incumplimiento al debido proceso y la debida diligencia en la investigación de los hechos denunciados, en la gran mayoría de los casos, ha puesto a las personas que denunciaron en mayor riesgo; las ha expuesto al escrutinio social al violar su presunción de buena fe, y las ha dejado en la indefensión ante la criminalización pública y legal, pues su denuncia no tiene resoluciones desde las cuales poder sostener su defensa.
Ante esta situación volvemos al punto colocado en el Foro #MeTooMx, celebrado el pasado 11 de abril en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF): Exigimos que las autoridades informen claramente sobre los derechos y obligaciones en estas problemáticas sociales, y que actúen conforme a lo establecido en la ley vigente para garantizar a todas las personas sus derechos y sustentar relaciones sociales realmente libres y en igualdad en derechos y dignidad.
Dando seguimiento a la petición y el enorme interés que tenemos en publicar esta carta lo antes posible, enviamos tres nombres con sus respectivas INE.
Andrea Medina Rosas
María Alejandra Sánchez Guzmán
Eloísa Farrera Hernández
La persona aludida al caso citado por Leonardo Valero Robles es Eloísa Farrera Hernández, quien también firma esta carta.
Atentamente:
Denunciantes del #MeTooMx
