La movilización de los mil 500 taxistas hacia el Zócalo de la Ciudad de México el lunes 3 es la expresión de un problema mal resuelto por las autoridades capitalinas desde 2016 e implica a los antiguos dueños de la empresa Lusad –que debió instalar tabletas y dispositivos a las 138 mil unidades que circulan en la ciudad– y sus socios Fabio Massimo Covarrubias Piffer y Ricardo Salinas Pliego. El programa no se cumplió por maniobras de la Secretaría de Movilidad Social, y si bien ahora la nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, intenta anularlo, se expone a una demanda internacional de alcances descomunales.
El 17 de junio de 2016 la empresa Servicios Digitales Lusad recibió la concesión de la Secretaría de Movilidad del gobierno capitalino (Semovi) para instalar taxímetros digitales y una aplicación tecnológica contenida en una tableta en 138 mil taxis de la Ciudad de México. Su propósito era competir con el servicio que prestan Uber, Cabify y compañías similares.
El proyecto concesionado a Eduardo Zayas Dueñas y Santiago León Aveleyra, dueños de Servicios Digitales Lusad, identificado como L1BRE, se inició con un programa piloto en mil 250 unidades, pero se detuvo en mayo de 2018 a petición de la Semovi.
En plena campaña electoral, la entonces candidata Claudia Sheinbaum lo calificó como “un negocio privado” y corrupto. Y aunque dejó entrever su intención de anularlo, es poco probable que lo haga, pues si así fuera el Estado mexicano enfrentaría una demanda internacional basada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (hoy T-MEC).
La situación se le complicó a la empresa de Zayas y León, quienes le abrieron la puerta del negocio a Fabio Massimo Covarrubias Piffer y a Ricardo Salinas Pliego –ambos implicados en la venta irregular de Grupo Fertinal– para lograr una inversión cercana a los 90 millones de dólares (más de mil 700 millones de pesos).
Los primeros se arrepintieron al descubrir que éstos incurrieron en irregularidades financieras y quebrantos por poco más de 15 millones de dólares; sin embargo, ahora ambos grupos de inversionistas están inmersos en un litigio radicado en un Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Concesión polémica
El 30 de mayo de 2016 la Semovi, dirigida por Héctor Serrano Cortés –uno de los principales operadores del entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera–, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la “Declaratoria de necesidad para la sustitución, instalación y mantenimiento de taxímetros del servicio de transporte de pasajeros público individual (Taxi) de la Ciudad de México, con sistema de geolocalización satelital, así como del diseño, operación y explotación de la aplicación de contratación remota del taxi, en la Ciudad de México”.
El propósito, según el documento, era instalar nuevos taxímetros y la aplicación para “brindar a los usuarios del transporte público un servicio eficiente, seguro, innovador y accesible”.
Por esas fechas Uber y Cabify ya eran una competencia incómoda para los miles de ruleteros, quienes comenzaron a organizar protestas como la del lunes 3, en la que participaron mil 500 taxistas. Esta vez, los participantes solicitaron la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la Declaratoria del 30 de mayo de 2016 la Semovi incluyó el aviso de que Servicios Digitales Lusad presentó el proyecto de modelo de concesión –L1BRE– e invitó a las empresas que estuvieran interesadas en participar a presentar su documentación “a más tardar en los tres días siguientes” a la publicación del documento.
De acuerdo con el acta del Comité Adjudicador de Concesiones de la Semovi del 17 de junio de ese año, consultada por Proceso, entre el 1 y el 3 de ese mes se registraron ocho empresas en el proceso de licitación: Q Tecnología y Servicios Aplicados a Logística Quetzal, Compactax, Aiseam Asesores en Sistemas Avanzados, Alianza de Sitios de Taxis en Terminales de Autobuses Foráneas AC, Umbrella Media Outdoor, Turisred, Vedasolutions Provider y Servicios Digitales Lusad.
Ese mismo día, la Semovi adjudicó a Lusad la concesión SEMOVI/DGSTPI/001/2016 a 10 años y con opción a renovarse por dos periodos iguales.
El modelo L1BRE, elaborado por antiguos empleados de Uber y Apple, incluía la instalación gratuita de un taxímetro digital en dos tabletas electrónicas –una para el usuario y otra para el conductor–, con botón de pánico enlazado con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), el sistema de videovigilancia del gobierno capitalino, los datos del conductor, sistema de geolocalización GPS, seguro de viajero, posibilidad de pago en efectivo y el “banderazo” de salida con la misma cantidad que los taxis normales.
Y aun cuando L1BRE fue reconocido como “socialmente responsable” en el Latino Impact Summit 2018 en la ONU, apenas lo anunció Miguel Ángel Mancera las organizaciones de taxistas y fabricantes de taxímetros se lanzaron contra la Semovi con el argumento de que no querían pagar una renta mensual a “un monopolio”.
Para ello, la iniciativa era “un negocio redondo” entre el gobierno y la empresa de Zayas y León. Los dos empresarios se ampararon ante un tribunal federal, que catalogó de “ilegal” el plan de la administración mancerista.
El programa piloto operó en alrededor de mil 250 vehículos bajo la supervisión de la Semovi, hasta que el 21 de marzo de 2017 la dependencia adecuó los tiempos para hacer las pruebas necesarias.
Trece meses después, el 17 de abril de 2018, ya con Carlos Meneses al frente de la Semovi, tras la renuncia de Serrano Cortés, la dependencia publicó en la Gaceta Oficial el aviso de obligatoriedad para sustituir los taxímetros e instalar las tabletas, mediante un sistema de citas que debería establecer en su página de internet. La meta era que al 31 de marzo de 2019 todos los concesionarios operaran con ese sistema.
Sin embargo, el 30 de mayo de 2018 la Semovi pidió a Lusad suspender la instalación “por respeto a la jornada electoral”, según un oficio al que este semanario tuvo acceso. El 28 de octubre emitió un documento similar, pero ahora por el periodo de transición de gobierno.
El 7 de noviembre siguiente la dependencia desconoció el contenido de la primera concesión y emitió el “Proyecto de Concesión” DGSTPI 30160, fechado el 13 de abril de 2018 con modificaciones al documento original.
La extraña licitación
Desde el inicio de su campaña para la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que echaría abajo el proyecto. Ya como jefa de Gobierno, el pasado 21 de febrero dijo:
“La propia tableta, que fue lo que se generó, también era un negocio en realidad, porque era una sola tableta, de una sola empresa, que no tenía mucha experiencia en estos temas, y se estaba obligando al taxista a contratar esa tableta sin haberlo licitado ni mucho menos.”
De paso, agregó que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) desarrolla una aplicación digital que será voluntaria y acordada con organizaciones de taxistas.
Andrés Lajous, actual titular de la Semovi, considera que la licitación que ganó Lusad-L1BRE fue “extraña”, pues la autoridad sólo dio tres días para presentar otras ofertas. “Cuando son proyectos de ese tamaño, con los requisitos tecnológicos que implicaba, es difícil que haya propuestas sustantivas”, dice en entrevista con Proceso.
–¿En esta revisión toman en cuenta que la empresa tiene capital extranjero?
–Para nosotros, insisto, lo importante es hacer la revisión legal, más allá de dónde tenga capital.
–Si la empresa demanda, ¿el gobierno capitalino sabe que está protegida por tratados comerciales internacionales?
–Vamos a hacer la revisión legal. No es una preocupación en sí.
Lusad tiene como principales inversionistas, en 50%, a la canadiense Espíritu Santo Holdings y a la estadunidense Espíritu Santo Technologies LLC, que invirtieron al menos 70 millones de dólares para desarrollar la tecnología para el taxímetro digital, la aplicación móvil y la adquisición de las tabletas, de acuerdo con sus propios reportes.
El martes 4 el bufete jurídico Hogan Lovells US LLP, representante legal de Espíritu Santo Holdings –con el apoyo externo del despacho Recalde Law Firm–, entregó a la Presidencia de la República una “notificación de la Intención de Someter la Reclamación a Arbitraje” al Estado Mexicano. Las razones: incumplimiento de la Semovi de la concesión otorgada, daño económico a los inversionistas, faltas al debido proceso, fraude y riesgo de revocación. Todo ello en violación al capítulo XI del TLCAN.
El documento, que Proceso pudo consultar, señala una posible reclamación de 2.4 billones de dólares, equivalentes a 47.3 billones de pesos aproximadamente, por compensación total de pérdidas y daños que el gobierno de López Obrador podría ser obligado a pagar si su discípula, Claudia Sheinbaum, echa abajo la concesión.
Salinas y Covarrubias…
hasta un tribunal en NY
Como integrantes de Accendo Holding, del inversionista Moisés Cosío, los primeros inversionistas en el proyecto de Lusad-L1BRE fueron el cubano-estadunidense Felice Gorordo, CEO de la empresa tecnológica eMerge Americas, en Miami, e Iñaki Negrete, señalado como uno de los mayores prestanombres del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, en Florida.
Sin embargo, los dueños de Lusad –quienes para entonces ya estaban constituidos en la empresa ES Holdings LP– buscaron capital adicional para continuar con el proyecto y convocaron al empresario Fabio Massimo Covarrubias Piffer, quien les presentó a Ricardo Salinas Pliego.
El 23 de noviembre de 2017, Salinas y Covarrubias compraron 50% de participación en toda la estructura corporativa de L1BRE –la que tenían los primeros inversionistas– a nombre de la canadiense L1bero Partners LP. La transacción fue por 5 millones de dólares en efectivo, un crédito intercompañía por 20 millones de dólares y el compromiso del dueño de Grupo Salinas y TV Azteca de obtener una línea de crédito de 90 millones de dólares para capital de trabajo mediante su Banco Azteca.
De ese movimiento nació Espíritu Santo Technologies LLC, en la que Covarrubias quedó como director general; en el Consejo de Gerentes se posicionó Julio Alejandro Belmont Garibay, consejero de Salinas Pliego y exdirectivo de la mina de oro Los Cardones, en Baja California Sur, propiedad de Salinas, que fue cancelada por López Obrador en marzo último.
El 6 de diciembre siguiente Espíritu Santo Holdings LP y L1bero Partners LP firmaron un acuerdo de socios para establecer los términos en los que quedaría el control del grupo y sus subdivisiones. Por ejemplo, L1bre Holding LLC sería regida bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos.
Apenas tomó posesión del cargo, Covarrubias Piffer comenzó a operar a su manera. El memorándum de Decisión y Orden emitido por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, el pasado 14 de mayo (el No.19 Civ.3930 (CM), cuya copia tiene este semanario, enlista una serie de ilícitos cometidos bajo su dirección general: solicitar el reembolso de gastos personales, incluido el uso de su propio avión privado; contratación nepotista de empleados en Lusad para trabajar en otros negocios de él mismo, entre ellos Inversiones COVA; transferencia de créditos intercompañía a otras empresas, y transferencia de millones de dólares a firmas “contratistas” propiedad suya o controladas por él, pero con poco o nulo beneficio para Lusad.
Más: transferencia de “cientos de miles de dólares” al despacho de abogados preferido de Covarrubias como compensación por trabajo legal; omisión de negociar tarifas contractuales favorables para Lusad cuando contrataba con otras de sus compañías, así como exigir el pago inmediato de 2.2 millones de dólares en créditos intercompañías a sus empresas.
De acuerdo con el documento, Covarrubias también es señalado por crear otras sociedades mexicanas con el mismo concepto de L1BRE –por ejemplo, de Jalisco y Nuevo León– a espaldas de sus socios, apropiándose de sus secretos industriales y propiedad intelectual y en clara violación al Convenio de Socios.
El 14 de diciembre de 2018, Lusad celebró una Sesión Extraordinaria del Consejo de Gerentes, en la que se determinó contratar a Deloitte México para que hiciera una “auditoría forense”. A partir de entonces, Francisco José Flores Meléndez, abogado de confianza de Covarrubias, puso obstáculos para revisar las cuentas de Lusad. Ello derivó en denuncias penales –una por el presunto robo de dos computadoras que pidió Deloitte para revisar los números– y juicios mercantiles en la Ciudad de México aún irresueltos.
El 26 de febrero de 2019 Zayas y León fueron removidos del Consejo General de Lusad y sus poderes sobre la empresa fueron revocados. Aunque no votaron todos los socios, el acto fue validado por el notario público 102, José María Morera González, de acuerdo con el acta consultada por la reportera.
Seis días antes, el 20 de febrero, directivos de L1bero presentaron ante Constantino Mendoza González, juez 30 civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, una demanda ordinaria mercantil contra Zayas y León por incurrir en supuestas responsabilidades civiles y actuaciones ilícitas. Sin presuntamente respetar su garantía de audiencia ni el debido proceso, la autoridad judicial emitió medidas cautelares, así como un apercibimiento para que ninguno pudiera participar en actos de la empresa. De no hacerlo, advirtió que se les podrían fincar responsabilidades civiles y penales.
Asesorados en México por Coello Trejo y Asociados, Cantoral Cárdenas Abogados, y Mijangos y González Abogados, y como representantes de Espíritu Santo Holdings LP, Zayas y León acudieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York a solicitar medidas cautelares en apoyo de arbitraje que los proteja de las intenciones de sus socios Covarrubias y Salinas y mantenga sus derechos al 50% en la estructura de L1BRE.
Por lo pronto, la autoridad les otorgó la orden solicitada, que permanecerá vigente hasta que un tribunal arbitral resuelva de fondo el asunto. El proceso arbitral se llevará a cabo ante la Cámara de Comercio Internacional.
