Tecún Umán, Guatemala.- El Plan de Desarrollo Integral para El Salvador-Guatemala- Honduras-México (PDI), la iniciativa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presumió ante el mundo como uno de los ejes principales de su política migratoria, quedó marginado en el acuerdo al que llegó con la administración de Donald Trump el pasado viernes 7.
Tanto el presidente como su canciller Marcelo Ebrard Casaubon dieron una amplia proyección internacional al PDI. Ese documento, elaborado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), establece 30 recomendaciones para detonar el desarrollo en Centroamérica y en el sur de México mediante planes de inversión masiva en proyectos, entre otras medidas para resolver las causas estructurales de la migración.
En las últimas semanas, Ebrard y López Obrador se quejaron de que el gobierno de Trump no había invertido ni comprometido ni un dólar en un proyecto del PDI. “Ya hubo el ofrecimiento de que (Estados Unidos) iba a entregarle a Centroamérica 5 mil millones de dólares y 4 mil 200 millones a México –recordó el presidente mexicano en su conferencia mañanera del viernes 7–. ¿Cuánto ha llegado? Nada”.
En el acuerdo, que se dio a conocer después de tres días de negociaciones en Washington, el gobierno mexicano se comprometió a incrementar “significativamente” sus esfuerzos para impedir el paso de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos y aceptó ampliar el programa “Quédate en México”, todo ello a cambio de que Trump no impusiera un arancel inicial de 5% a los productos mexicanos importados a su país.
Antes de que se anunciara oficialmente el acuerdo, López Obrador convocó para el sábado 8 a un “acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos”. Adelantó que en el acto –que se realizará en Tijuana y al que invitó a gobernadores, legisladores y dirigentes de sectores políticos y sociales– fijará la posición de su gobierno en torno al resultado de la negociación con la administración de Donald Trump y que Ebrard ya reivindicó como “justa”, pues evitó que Estados Unidos aplicara el arancel especial.
Respecto al PDI, en el acuerdo con México el gobierno Trump solamente refrendó una declaración del 18 de diciembre pasado, en la cual expresó su “beneplácito” ante la iniciativa. Consultado sobre si hay un avance significativo en comparación con la declaración de hace seis meses o algún compromiso de invertir en un nuevo proyecto, Ebrard insistió en que los funcionarios de Trump “se comprometen con este programa”, aunque enseguida reconoció: “No tenemos las etapas”.
Ya en campaña para su reelección el próximo año, Trump busca una reducción inmediata de la migración ilegal a Estados Unidos, pero no muestra interés en soluciones de largo plazo en la región.
Desde principios de año, el gobierno estadunidense no sólo minimizó la iniciativa del gobierno mexicano; también recortó ayudas a organizaciones y programas sociales de Centroamérica y pactó con los gobiernos de la región que aplican medidas destinadas a impedir que las personas escapen de sus países de origen.
El PDI fue el primer acto de política exterior de López Obrador: estableció sus bases el 1 de diciembre pasado, día de su toma de posesión, a través de un acuerdo que firmó con la Cepal y los jefes de Estado centroamericanos.
El mandatario mexicano invitó a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, para presentar el documento final durante su conferencia matutina del pasado 20 de mayo y, durante su viaje a Europa a finales de mayo pasado, Ebrard consiguió el respaldo de los gobiernos de Alemania y España.
Sin embargo, cuando Bárcena presentó el programa en México, la canciller guatemalteca Sandra Jovel aseveró que su país no aceptaría el plan, dado que “no habían sido consultados” por la Cepal durante su elaboración, recuerda el analista Édgar Celada Quezada, quien dirige el área de Justicia y Seguridad Ciudadana en el Instituto de Problemas Nacionales (IPNUSAC) en la ciudad de Guatemala.
“Es tan incompetente (la canciller) que ni siquiera esperó que la Cepal viniera a presentar el proyecto en el país”, abunda Celada en entrevista.
El investigador estima que, para cumplir con sus objetivos, la Cepal deberá “transcender el bluf”, pues recuerda que todos los presidentes mexicanos desde Miguel de la Madrid lanzaron proyectos de desarrollo para Centroamérica y ninguno funcionó.
“Pura pobrería”
De acuerdo con Celada Quezada, “hay una contradicción muy grave de la política de Estados Unidos y de Trump en particular, porque para detener la migración están apoyando a gobiernos que están minados por la corrupción. Barack Obama apoyó a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Trump vio para otro lado cuando la desmantelaron e incluso revocaron su mandato.
“El empobrecimiento de los países tiene que ver con dos factores: tiene una élite empresarial que ha esquilmado a la sociedad, deteriorado el ambiente, etcétera, y Estados Unidos ha mantenido su presencia aquí apoyando a esta élite. Luego están los consorcios financieros de Estados Unidos que han hecho negocios aquí, montándose sobre esta estructura depredadora y desigual.”
Y reitera: “Su apoyo táctico, operativo para contener la migración, es un apoyo a un gobierno totalmente asfixiado y protector de la corrupción, que es uno de los tantos factores de la migración. Tampoco ve la pobreza estructural, la ausencia de empleos y la violencia que empujan a las personas a irse”.
En octubre pasado el vicepresidente estadunidense Mike Pence regañó abiertamente a los jefes de Estado durante la Segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica. Éstos se comprometieron a frenar la salida de sus ciudadanos a cambio de que Washington les ayudara a obtener créditos internacionales.
El 28 de mayo el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kevin McAleenan, viajó a Guatemala e hizo firmar a su gobierno un acuerdo de capacitación y colaboración para luchar contra redes de tráfico de personas. Un día después las autoridades guatemaltecas desarticularon una red de polleros que cobraba hasta 12 mil dólares por adulto, informó la fiscalía del país centroamericano.
Además, la semana pasada corrió el rumor de que soldados estadunidenses participarían en la vigilancia de la frontera guatemalteca con México, pues el Comando Sur desplegó un centenar de militares en el departamento de Huehuetenango desde el 13 de mayo, como parte del operativo militar binacional “Más allá del horizonte”.
“Públicamente no hay confirmación ni nada –añade el analista Celada Quezada–, pero no sería ni la primera ni la última vez que los gobiernos de turno en Guatemala acudan a fuerzas extranjeras…
“En los años sesenta, durante el primer ciclo de guerrilla, hubo una gran cantidad de boinas verdes, asesores militares de Estados Unidos, que apoyaron las operaciones del ejército guatemalteco. Y el asunto del asesoramiento de policías con expertos en fronteras tampoco es novedad: la policía guatemalteca está adoctrinada y entrenada por Estados Unidos desde 1954, tras el derrocamiento del expresidente Jacobo Árbenz Guzmán.”
Mientras tanto, en el parque central de Tecún Umán se forman pequeños grupos que pretenden viajar rumbo a Estados Unidos a través de México.
“¿Usted cree que esto es justo? Que vengan nuestros hijos a sufrir acá, a caminar tres, cuatro días sin parar, aguantando hambre y todo… ¿Usted cree que nosotros queremos todo esto? Mira, aquí sólo venimos pobrería. Si tuviéramos dinero no anduviéramos acá”, dice Daniel, un hondureño de 29 años que salió huyendo del operativo policiaco-militar que desmanteló la caravana migrante el día anterior en Metapa de Domínguez, Chiapas.
Según Daniel, originario de la ciudad de Santa Bárbara, “Honduras está colapsando porque el gobierno nos tiene aplastados, está privatizando todo de nosotros, se está adueñando de todo con sus compinches. Estamos viviendo en una esclavitud jamás vista en Honduras. El salario mínimo está por el suelo y cada mes gastamos el triple de lo que ganamos: el salario mínimo está en 9 mil lempiras mientras que la canasta básica está en 17 mil”.
Abunda:
“Honduras va a quedarse solo, porque toda la gente va a salir de ahí para un lugar que sea mejor. Inclusive Costa Rica es un país ejemplar comparado con el nuestro, que está cerca. ¿Por qué? Porque tienen leyes que son para todos, no sólo para los de dinero. A nosotros los pobres, la ley no nos abarca”.
Al preguntársele si el gobierno guatemalteco está dispuesto a impedir la salida de sus ciudadanos hacia México, Celada considera que no: “Aquí la gente se muere de hambre; 55% de los niños menores de cinco años tiene desnutrición crónica, ¿Cómo podría ver la sociedad que se haga esto para cumplir con los caprichos de Estados Unidos?
“Podrán poner la cantidad de policías o militares que quieran; la gente va a seguir con la necesidad de irse. O estos países van a explotar. Las personas se van a escapar.” l
