A corralada por la falta de pruebas, la justicia de Estados Unidos dejó en libertad a uno de los sentenciados por el asesinato del agente de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA) Enrique Camarena.
El 21 de diciembre pasado, René Verdugo Urquídez recuperó su libertad después de haber estado preso durante casi 33 años en distintas cárceles de ese país. Había sido condenado a 240 años de prisión más una cadena perpetua, pero el Departamento de Justicia no tuvo otra opción que exonerarlo ante la Corte Federal del Distrito Central de California del homicidio del agente de la DEA.
Su principal acusador, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), no pudo sostener su “evidencia científica” a partir de la cual lo acusó de haber estado en la casa de Guadalajara donde la versión oficial asegura que fue torturado y asesinado el agente de la DEA el 7 de febrero de 1985 a manos del Cártel de Guadalajara.
Las únicas “pruebas” que tuvieron el gobierno y la justicia de Estados Unidos en su contra fueron un cabello y dos declaraciones de testigos, uno de ellos colaborador de la CIA en México, implicada en el asesinato, según ha dicho el exjefe de la DEA encargado de la investigación, Héctor Berrellez.
El FBI aseguró que el cabello fue parte de las evidencias que recogió en la casa ubicada en la calle Lope de Vega 881, en Guadalajara, donde fue llevado Camarena tras ser secuestrado al salir del consulado estadunidense.
En la cacería que desató para dar con los supuestos asesinos, el gobierno estadunidense secuestró a René Verdugo en enero de 1986 en el poblado de San Felipe, en Mexicali. De ahí se lo llevó de forma clandestina a Estados Unidos, con el apoyo de cuatro policías estatales de Baja California que fueron pagados por la DEA y se quedaron a vivir en Estados Unidos bajo protección gubernamental, con otra identidad y beneficios para sus familias.
Un solo cabello fue la “evidencia científica” para que el FBI y el Departamento de Justicia persuadieran al gran jurado de responsabilizarlo como copartícipe en el homicidio de Camarena y para que la Corte Federal del Distrito Centro de California le dictara, en 1988, cuatro sentencias consecutivas de 60 años de prisión y una cadena perpetua. Verdugo tenía entonces 36 años.
Cuando ya había cumplido casi una década en prisión, el Departamento de Justicia, presionado por quejas que surgieron en todo el país por el trabajo del FBI, tuvo que hacer una investigación interna y encontró que examinadores de la Unidad de Cabellos y Fibras del Laboratorio del Buró habían mentido en muchas de las pruebas “científicas” que aportaron en cerca de 200 juicios para condenar a numerosas personas. Entre ellas, a los acusados del caso Camarena.
La falsedad del FBI se supo en 1997, pero el Departamento de Justicia se la dio a conocer a Verdugo hasta finales de 2014. Es decir, casi 29 años después de que fuera sacado clandestinamente de su país en violación del tratado de extradición entre México y Estados Unidos y del derecho internacional.
Tuvieron que pasar otros casi cuatro años de alegatos de la defensa de Verdugo para que saliera libre por el caso Camarena, aunque tuvo que declararse culpable de asociación para traficar mariguana a Estados Unidos, como parte de la estructura del Cártel de Guadalajara.
Las “evidencias científicas”
El 21 de diciembre pasado, el gobierno de Estados Unidos lo dejó en el puente internacional Caléxico-Mexicali, donde lo había cruzado clandestinamente 32 años y 11 meses y medio antes. A sus 68 años, imposibilitado de probar su salida de México, no figuraba ni siquiera en las bases de datos del Instituto Nacional de Migración, dice Verdugo en entrevista.
Su secuestro fue una operación clandestina de la DEA que sirvió de ensayo para el del doctor Humberto Álvarez Machaín, en Guadalajara en 1990, a quien la versión oficial del asesinato de Camarena acusó de haberlo mantenido vivo durante la tortura.
Álvarez Machaín fue regresado dos años después a México por decisión de una Corte Federal estadunidense tras una fuerte presión del gobierno del entonces presidente Carlos Salinas. Pero en ese reclamo, Verdugo fue excluido. Durante años peleó legalmente porque había sido secuestrado por el gobierno de Estados Unidos para presentarlo ante un juez por un homicidio en el que no tenía nada que ver.
Ganó distintos recursos en el Noveno Circuito judicial de Estados Unidos, en California, pero al final la Suprema Corte validó el secuestro. En una resolución de 1992, el máximo tribunal estadunidense señaló que Verdugo no podía ser regresado a México y no se podía invocar el Tratado de Extradición bilateral porque su presentación ante los tribunales no fue resultado de la aplicación de ese instrumento (Proceso 1920).
Encarcelado, Verdugo vio desfilar a seis presidentes mexicanos. Con excepción del de Miguel de la Madrid, quien se inconformó ante Estados Unidos en el momento en que se conoció su secuestro, los demás se desentendieron del caso, a pesar de las cartas que envió a cada uno de ellos, incluido Enrique Peña.
Hasta antes del asesinato de Camarena, el Departamento de Justicia no tenía ninguna acusación contra Verdugo. Medio año después, en agosto de 1985, obtuvo una orden de arresto por tráfico de mariguana. Y eso por declaraciones del propio acusado. El gobierno de Estados Unidos tardó dos años y 10 meses en acusarlo formalmente por tráfico de sustancia ilegal, pero sobre todo por el asesinato de Camarena.
Tras su secuestro, los tres primeros años y medio fue mantenido en aislamiento total en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego. Ya sentenciado, fue enviado a la prisión federal de Leavenworth, Kansas, donde estuvo 18 años. Los últimos 11 y medio fueron en la penitenciaría federal de Tucson, Arizona.
Desmintiendo a Malone
Con el secuestro de Verdugo, la DEA consideró que se aseguraría información sobre las actividades del grupo delictivo dirigido por Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. Tenía a Verdugo como un integrante de “alto nivel” de esa organización, por lo que desde esa suposición necesariamente debió haber sido uno de quienes conspiraron para matar al agente antidrogas.
El FBI lo incluyó en sus investigaciones por una mera circunstancia. El día en que Camarena fue secuestrado, Verdugo estaba en Guadalajara porque había ido a informarle a Caro Quintero sobre el aseguramiento de un helicóptero con mariguana en Arizona. Los investigadores estadunidenses ubicaron el hotel en que se había hospedado en la capital de Jalisco y a partir de ahí lo vincularon con la muerte del agente de la DEA.
El Departamento de Justicia lo acusó a partir de “la evidencia científica” del cabello, que según el FBI fue encontrado en la casa de Lope de Vega. El responsable del “análisis” fue el agente Michael Malone, de la Unidad de Cabellos y Fibras del Laboratorio del FBI. Luego, el agente presentó su falsa “evidencia” ante el gran jurado.
El acusador, el entonces fiscal Jimmy Gurulé, repitió la mentira de Malone durante el juicio. Aseguró que en la casa de Lope de Vega se encontró un cabello que coincide “perfectamente” con el de Verdugo, además de cabellos que coinciden “puramente” con los de Camarena.
Gurulé es ahora profesor en derecho penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, en Indiana. En su currículum aparece como experto en delincuencia internacional terrorismo y seguridad nacional.
Los mismos argumentos “científicos” de Malone y Gurulé fueron presentados contra Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría, y de Juan Ramón Matta Ballesteros, el hondureño que traficaba cocaína del Cártel de Medellín, de Pablo Escobar, para el de Guadalajara.
Zuno fue implicado en el caso por haber vendido la casa de Lope de Vega a la organización narcotraficante y condenado a cadena perpetua. En 2012, cuando llevaba 23 años preso, murió en una cárcel de Florida, a los 82 años. Matta Ballesteros también quedó libre de la acusación de haber estado en el interrogatorio de Camarena, pero sigue en prisión perpetua por otros cargos de narcotráfico.
En 1994 el propio FBI comenzó a reportar irregularidades de la Unidad de Cabellos y Fibras. La Contraloría Interna del Departamento de Justicia ordenó una investigación que estuvo a cargo de su División Penal. La fuerza de tarea creada ex profeso se concentró en 13 examinadores. Sus resultados se conocieron en junio de 1997.
El reporte señala que Malone “tuvo desproporcionadamente una gran cantidad de casos y proveyó seriamente análisis y testimonios defectuosos”. Del trabajo de los agentes revisados, añadió, “la conducta de Malone fue la más egregia”.
La Contraloría Interna concluyó que ese agente “de manera repetida creó reportes de laboratorio que no se pueden sostener científicamente y dio testimonios falsos, engañosos o inexactos en juicios penales”. Los problemas con esos testimonios se empezaron a conocer públicamente desde finales de los ochenta. Esas evidencias “científicas” llevaron incluso a sentencias de pena de muerte en unos 200 juicios en todo el país. Malone se jubiló del FBI y después regresó a esa oficina como contratista.
Pero el Departamento de Justicia le ocultó a Verdugo que Malone había “excedido los límites de la ciencia”. Se lo informó hasta noviembre de 2014, cuando en México ya había pasado más de un año de que Caro Quintero había salido de prisión, tras ganar un amparo que poco después fue revocado y que lo colocó, de nueva cuenta, en condición de fugitivo.
Las pifias del FBI
A pesar de haber probado la actuación dolosa del agente del FBI, el Departamento de Justicia se negaba a echarse para atrás en su acusación contra Verdugo en el caso Camarena. Sin embargo, tuvo que solicitar tres análisis independientes sobre el ADN. Los tres desmintieron a Malone.
Pero el Departamento de Justicia insistía en que Verdugo debía seguir en prisión hasta su muerte, porque el testimonio del FBI no había sido el único elemento a partir del cual tuvo convicción de su participación en el homicidio.
Los otros de los que se aferraba eran dos declaraciones de testigos. Uno de ellos, “de oídas” por alguien que no hablaba español y que resultó ser un operador de la CIA en México, la agencia implicada en el asesinato de Camarena, según declaró Berrellez, el responsable de la Operación Leyenda, la investigación de la DEA sobre el asesinato, al corresponsal del semanario en Washington, Jesús Esquivel, en 2013 (Proceso 1929).
El principal argumento que decía tener el Departamento de Justicia era el testimonio del mexicano Jorge Gómez España, quien aseguró haberse encontrado con Verdugo en Guadalajara el 7 o el 8 de febrero de 1985. Según el declarante, Verdugo le dijo que había tenido un problema pero que ya lo había resuelto. Para el gobierno estadunidense, la presencia de Verdugo en Lope de Vega significaba que “ya había resuelto el problema”, en referencia a Camarena.
El segundo elemento que presentó el fiscal fue una declaración de un testigo colaborador, Eugene Skip Hollestelle, quien era un operador de la CIA en México a través de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política que fue disuelta tras el asesinato de Camarena.
Hollestelle, quien sólo hablaba inglés, declaró ante la justicia estadunidense que había escuchado una conversación en español entre Verdugo y un supuesto narcotraficante llamado Don Walters. Según el colaborador de la CIA, parte de la conversación fue en inglés y alcanzó a escuchar algo sobre “narco” y de “alguien que estaba siendo golpeado hasta la mierda y llorando”. El gobierno estadunidense volvió a interpretar que se trataba de Camarena y que Verdugo estaba implicado.
La acusación oficial insistió en que había estado durante la tortura a Camarena. A pesar de que existen grabaciones, en ninguna de ellas se identificó la voz de Verdugo interrogándolo.
Su secuestro, el engaño del FBI y las declaraciones de testigos interesados reemplazaron a las pruebas. “Es un milagro que se haya hecho justicia. En Estados Unidos, las agencias se protegen unas a otras. Pueden hacer lo que se les da la gana. Aún ahora, el Departamento de Justicia dice que no ha podido revisar la información de la CIA”, expresa Verdugo.
Explica que al declararse culpable por tráfico de mariguana, el Departamento de Justicia tuvo una salida favorable para no enfrentar responsabilidades por haberlo acusado falsamente en el caso. No obstante, no descarta una acción legal en contra del gobierno estadunidense por involucrarlo y tenerlo casi la mitad de su vida en prisión.
“El Departamento de Justicia quedó arrinconado. Quedó claro que nunca tuvo nada para acusarme y no le quedó más que desistirse de esa acusación. Fue una atrocidad la que cometieron conmigo las autoridades estadunidenses, además de que engañaron a las 12 personas del gran jurado para que me encontraran culpable.”
El gobierno estadunidense no sólo presentó el falso testimonio de Malone durante el juicio y ante el gran jurado, sino que se comprometió en un modelo de litigio de malicia que incluyó el secuestro en violación de la ley internacional, entregando conclusiones marcadamente impropias y descarrilando la investigación del Departamento de Justicia, escribió el abogado defensor John C. Lemon al juez de la Corte Federal del Distrito Central de California, John A. Kronstadt, el 13 de diciembre pasado, al solicitarle que se desechara la acusación contra Verdugo.
“Verdugo tenía que salir después de que se demostrara la falsedad del FBI. Aunque fue muchos años después y luego de que se declarara culpable de haber conspirado para traficar mariguana como parte de la estructura del cártel (de Guadalajara)”, dice Lemon en entrevista telefónica.
