La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el empresario Alonso Ancira y el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin no es coyuntural. Ha formado parte central del programa anticorrupción y del discurso político del presidente Andrés Manuel López Obrador desde aquellos días en que, como derrotado candidato al gobierno de Tabasco, documentó la forma en que empresarios y funcionarios cercanos a Carlos Salinas de Gortari tejieron una red de complicidades para financiar las campañas electorales del PRI con cuantiosos recursos que después se cargaron al erario mediante el fraudulento rescate bancario llamado Fobaproa.
Las privatizaciones, el fraude electoral, el rescate bancario, el Pacto por México y la corrupción público-privada, que forman parte de los episodios más oscuros de la política mexicana de los últimos 30 años, fueron temas constantes del discurso de Andrés Manuel López Obrador como opositor y ahora como presidente.
Durante 25 años habló y escribió sobre estos hechos, con nombres y apellidos que hoy resurgen en el escándalo que envuelve a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, a quien se le imputa, entre otras cosas, la recepción de un depósito bancario, que podría pasar por cohecho, durante la compra de la empresa Agronitrogenados a Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA).
Dicha empresa, derivada de las privatizaciones de paraestatales en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, puso a los antiguos beneficiarios y funcionarios próximos al expresidente bajo la mira de la Fiscalía General de la República, como el primer caso que implica a los poderosos del periodo que López Obrador identifica como “neoliberal” o “neoporfirista”.
El principal implicado es Lozoya Austin, director de Pemex en la primera mitad de la administración de Enrique Peña Nieto, a quien la autoridad federal relaciona con dos casos de alto impacto por favoritismo gubernamental en la asignación de contratos: el de la constructora española OHL, de cuyo consejo de administración fue miembro antes de ostentar su cargo público, así como el de los presuntos sobornos que recibió de Odebrecht, la constructora brasileña que ha detonado numerosos casos por corrupción en el continente.
Sin embargo, la orden de aprehensión contra Lozoya, que se dio a conocer el pasado 28 de mayo y ante la cual el personaje se amparó, sólo se refiere al caso de Agronitrogenados, una operación con presunto sobreprecio por la adquisición de chatarra. López Obrador la ha mencionado reiteradamente, pero cobra especial relevancia por el entramado político del que forma parte.
El exdirector de Pemex es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien se desempeñó como director del ISSSTE y luego titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el sexenio de Salinas de Gortari. Se le considera uno de los amigos más cercanos del expresidente y su relación, que se remonta a las aulas universitarias, se mantuvo después del sexenio.
El caso detonó el 27 de mayo, cuando AHMSA se quejó en un comunicado del congelamiento de sus cuentas bancarias. El mismo día la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda confirmó el dato y señaló que se investigaba al presidente y director de la acerera, Alonso Ancira Elizondo. Al día siguiente este magnate fue detenido en Mallorca, España.
Memoria cruzada
En 1991, durante la fiebre privatizadora salinista, las familias Ancira Elizondo y Autrey Maza se asociaron para comprar AHMSA, la siderúrgica más grande del país. Desde entonces se les relaciona ampliamente con el exmandatario.
Al año siguiente la antigua empresa de fertilizantes, Fertimex, fue privatizada como parte del adelgazamiento paraestatal del salinismo. Consiguieron una parte del grupo Rogelio Montemayor Seguy, sus hermanos y varios inversionistas encabezados por Fabio Covarrubias.
La relación de Montemayor con Salinas venía desde los setenta, cuando empezaron a formar su grupo político, que alcanzaría altos cargos en el sexenio de Miguel de la Madrid. Con Salinas como secretario de Programación y Presupuesto, Montemayor fue subsecretario. Fue éste quien le presentó a Luis Donaldo Colosio, su excompañero de aula en el Tecnológico de Monterrey.
Hacia 1992 Montemayor construía su candidatura al gobierno de Coahuila, que conseguiría el año siguiente. Ya era mandatario estatal cuando, en medio del escándalo por ser beneficiario de la privatización de Fertinal, Montemayor y sus socios vendieron sus acciones a AHMSA. De esa compra de acciones surgió Agronitrogenados en 1996.
Por aquellos años se cruzaron los caminos de López Obrador y la cabeza de los empresarios que invirtieron en el grupo de fertilizantes, Fabio Massimo Covarrubias Piffer.
En 1994 López Obrador se lanzaba a la gubernatura de Tabasco por el PRD, en una elección que escandalizó por el derroche de recursos del priista Roberto Madrazo. Tras la derrota electoral, López Obrador logró conseguir pruebas de millonarias inyecciones de dinero a la campaña del PRI, procedentes de Banca Unión, parte del Grupo Cremi Unión, que presidía Carlos Cabal Peniche y cuyo vicepresidente era Covarrubias Piffer.
Hasta entonces conocido por su movimiento en Tabasco, López Obrador saltó a la escena nacional a partir del prolongado plantón en la Plaza de Armas de Villahermosa y la Caravana por la Democracia, que trajo de Tabasco a la Ciudad de México su reclamo de elecciones limpias y protestas contra lo que ya consideraba la privatización de Pemex.
Fraude y Fobaproa
El 5 de junio de 1995, en la capital del país, López Obrador presentó ante los medios nacionales y extranjeros 45 cajas con miles de copias de cheques, facturas, recibos, contratos y otros documentos del PRI estatal.
Para 1996, el ascendente político relató sus vivencias de campaña y en el movimiento poselectoral en el libro Entre la historia y la esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco. En abril de ese año asumió la dirigencia nacional del PRD.
Desde ese cargo político López Obrador acreditó que los recursos inyectados al PRI tabasqueño en realidad formaron parte de una operación nacional para financiar la campaña presidencial de Ernesto Zedillo y de sus candidatos en estados como Campeche y Chiapas.
Este semanario dio cuenta de las acusaciones que lanzó López Obrador y los documentos con los que acreditó esas inyecciones millonarias al PRI a través de Banca Unión, las cuales terminó por absorber el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, el Fobaproa (Proceso 1186, 26 de julio de 1999).
En ese número de la revista, Álvaro Delgado entrevistó a López Obrador sobre su libro Fobaproa, expediente abierto, en el que sistematizó la información recogida durante esos años en relación con el rescate bancario, entre la que se encontraba aquella sobre los desvíos a las campañas electorales.
Entre los empresarios que habían aportado fondos para ese propósito en 1994 y luego fueron apoyados por el Fobaproa destaca Fabio Covarrubias. Y entre las empresas rescatadas estaban las de fertilizantes, en las que el banquero seguía teniendo participación y que en 1998 quebraron para ser rescatadas por el gobierno.
Sólo un año después Fabio Covarrubias obtuvo un préstamo del gobierno de Zedillo para salvar otras de sus empresas y Montemayor asumió la dirección de Pemex, donde protagonizó el llamado Pemexgate: el desvío de centenares de millones de pesos a la campaña del candidato presidencial del PRI Francisco Labastida en el año 2000, un caso que nació y murió sin consecuencias en el sexenio de Vicente Fox.
Fue cuando López Obrador empezó a emplear expresiones como “traficantes de influencias” para referirse a los “neoliberales”, a quienes describía como empleados de una élite empresarial amalgamada con el poder político. A eso se refirió con más detalle en 2007, cuando publicó su libro La mafia nos robó la Presidencia.
Avisos al salinismo
Aún presidente nacional de Morena, cargo que le permitió recorrer el país y fijar posturas antes de que iniciaran las campañas electorales, López Obrador señaló en numerosas ocasiones al caso de Fertimex, así como lo que más tarde consideraría una “paradoja del neoliberalismo”: vender una empresa barata por considerarla inservible y años después comprarla cara, cuando ya era chatarra.
El 23 de noviembre de 2017 López Obrador decidió abandonar sus referencias al “innombrable” y señaló directamente a Carlos Salinas. Por esos días el expresidente promovía en los medios su libro sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1993 a 2017, justo cuando estaba planteándose la renegociación del acuerdo. En una de sus declaraciones, el expresidente se refirió a su vez a López Obrador como “el innombrable”.
El tabasqueño aprovechó para recordarle a Salinas que en su sexenio “se empezaron a entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, las llamadas privatizaciones”. Enumeró las privatizaciones de Teléfonos de México, los bancos, los ferrocarriles y, añadió, recientemente la industria eléctrica y el petróleo, aludiendo a la Reforma Energética que en el peñanietismo surgió del llamado Pacto por México.
Explicó: “Con Carlos Salinas se privatizó la empresa Fertimex, y la planta Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, pasó a manos del empresario Alonso Ancira, quien también recibió la empresa pública Altos Hornos de México”.
A decir del tabasqueño, Ancira consideró que no era negocio producir fertilizantes, cerró la empresa y la convirtió en chatarra, pero cuando Enrique Peña Nieto llegó al gobierno decidió comprar Fertimex. En sus palabras: “Lo que se privatizó se vuelve a estatizar, Pemex compró de nuevo la planta”.
Para entonces ya expresaba las cifras en las que ha insistido: que Fertimex costaba cuando mucho unos 50 millones de dólares y que en su recompra se pagaron 500 millones. “Quienes intervinieron para hacer esta operación fueron: Alonso Ancira, Carlos Salinas, Enrique Peña y Emilio Lozoya”, acusó.
Aprovechó para comentar que Lozoya estaba acusado de “recibir moches” de la constructora brasileña Odebrecht e insistió en el tema, como lo haría en su campaña presidencial de 2018:
“Para rehabilitar la planta se utilizaron 500 millones de dólares más… Todavía no se termina la rehabilitación, no se produce ni un costal de fertilizantes en la planta, pero ¿cuánto se gastó? … lo que costaba 50 millones de dólares termina costando al erario mil millones de dólares. Estamos hablando de una transa de 18 mil millones de pesos”.
Agregó una de las expresiones más frecuentes de sus discursos cuando habla de la corrupción del pasado: “No es mi fuerte la venganza, lo que queremos es justicia; no vamos a perseguir a nadie, lo que queremos es acabar con la corrupción y la impunidad”.
Con frecuencia volvió al asunto en campaña, durante el periodo de transición y, finalmente, en el gobierno. Sin embargo, la conferencia de prensa mañanera del pasado 7 de marzo perfilaba ya, sin pregunta de por medio, el caso que estalló el 27 de mayo:
“Cuando se firmaron los acuerdos que todos los partidos firmaron, el Pacto por México, que fue contra México en realidad, ahí se incluyó aprovechar que se iba a comprar una planta de fertilizante para producir y apoyar a los productores. Esto como demanda de las supuestas organizaciones campesinas independientes. Para jalarlos al Pacto por México, ya ven que se sumaron todos… Ya tenían armado un negocio”.
Después volvió a explicar la privatización y recompra de la empresa por el gobierno.
El pasado 29 de mayo, López Obrador fue cuestionado por la prensa sobre la detención de Ancira y el caso relacionado con la compra de la empresa a AHMSA. Respondió que no era personal, pues no conoce personalmente a Lozoya ni a Ancira; que no había venganza. Pero después de repetir el discurso acerca de la venta-recompra amañada, advirtió:
“Dijimos que no se iba a detener ningún proceso, que el punto final y seguir adelante no significaba detener denuncias que vienen desde el gobierno anterior”.
