1951. Fernando Gamboa, subdirector del INBA, es enviado a París para gestionar una exposición de arte mexicano. Los franceses ponen una condición: la curaduría, o al menos la selección final, debe hacerla el Curador en Jefe del Petit Palais, propuesto como sede de la muestra. Gamboa se niega rotundamente, negocia con dureza y al final consigue que una institución más importante, el Museo Nacional de Arte Moderno de París, acepte la muestra. Las palabras de Jean Cassou, director del Museo:
… indicó que no le importaría descolgar al impresionismo, a Picasso, a cualquier pintor, con tal de que pudiera encontrarse una solución para que la exposición mexicana se instalase con toda dignidad… Después le dijo [a Gamboa] que en justicia le correspondía el honor de presentar en Francia la exposición de arte mexicano antiguo y moderno y que todos los servicios de su museo quedarían incondicionalmente a sus órdenes para que él presentara la exposición en la forma que lo considerara más adecuado.
El pasado 23 de abril, Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), declaró a través de Twitter que hay reuniones de trabajo en París sobre “la posibilidad de establecer un Pompidou en México”. No es una buena idea. Durante el siglo XX México cambió, en el ámbito de las exposiciones y las artes, por lo menos algunas condiciones que se imponían y se imponen a los países dependientes o colonizados. ¿Qué espera conseguir la SRE, cuando renuncia a la equidad que ganaron las generaciones precedentes?
Existen en otros países acuerdos como el que se propuso al Estado mexicano. El Guggenheim tiene una sede famosa en Bilbao, aunque los planes para construir algo semejante en Guadalajara no prosperaron. El Louvre tiene una sede en Abu Dabi y el Pompidou tiene una sede en Málaga. El convenio de Málaga establece condiciones financieras y académicas que no son convenientes para México. Por una parte, establece un pago anual de un millón de euros “para la explotación de la marca Centro Pompidou Málaga”; cuyo Ayuntamiento debe pagar además todos los demás gastos: otro millón de euros al año para la organización de las exposiciones, la educación y la difusión, sin contar la construcción del inmueble y las plazas de distintos funcionarios.
Las condiciones curatoriales tampoco le convienen a México. Igual que el convenio de Abu Dabi, el de Málaga establece que las tareas intelectuales serán monopolizadas y supervisadas por la parte francesa. Dice sobre el catálogo: “El Centro Pompidou garantizará la concepción de esta publicación, encargando su redacción a los autores en francés”.
Es menos claro sobre otros textos, y aún menos sobre alguna posible corresponsabilidad intelectual de la publicación, que se menciona muy vagamente. El instrumento supone que el Ayuntamiento de Málaga designe a un responsable de la mediación (las tareas educativas dirigidas al público), pero mantiene un control férreo de todo producto y todo método, pues asienta que “el Centro Pompidou diseñará una guía de mediación” que será “objeto de una traducción al español” para que las partes puedan darle “escrupuloso cumplimiento”. París dictará escrupulosamente las normas. Málaga cumplirá con igual puntualidad.
El Estado mexicano debe establecer con claridad sus prioridades. Sería muy cuestionable que, mientras despide masivamente a jóvenes especialistas mexicanos, formados a un alto costo, pagara por someterse a condiciones como las referidas. El presupuesto para la cultura ha sido escaso, y la infraestructura que ya existe requiere una inversión urgente para que el Estado cumpla con la responsabilidad, señalada por la Constitución, de resguardar el patrimonio cultural. Eso no debe posponerse para comprar un proyecto trasnacional. l
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* Instituto de Investigaciones Estéticas, Academia de Artes.
