Desde la cárcel, el mayor Nelson Antonio Valenzuela, acusado de apropiarse de más de 200 millones de pesos de la Dirección de Finanzas de Carabineros, revela que el manejo del caso está amañado. Para él, esta acusación se debe a que la fiscalía chilena trata de encubrir la participación de poderosos generales en “el verdadero megafraude”.
SANTIAGO.- “El fraude está fuera de control, tiene alcances infinitos. Está en todas las áreas, todos se aprovechan del sistema que está corrupto por falta de control”.
De esta manera se refiere al “megafraude en Carabineros” el mayor retirado Nelson Antonio Valenzuela Aravena, indiciado por la justicia como uno de sus “líderes” e “ideólogos”.
En entrevista con este corresponsal –verificada en el Centro de Detención Pudahuel Norte de Carabineros, al poniente de Santiago– expresa que la apropiación de fondos fiscales en Carabineros es “un problema estructural” y no el producto del despliegue de una asociación ilícita, como ha establecido el fiscal investigador Eugenio Campos.
Valenzuela –conocido entre sus pares como NAVA, por sus iniciales – enfatiza en el rol que cumplen los altos oficiales en el fraude: “Los generales solicitan préstamos de arcas fiscales por grandes sumas de dinero, que no pagan; influyen en las compras a proveedores privilegiados, recibiendo comisiones por ello; trasladan a personal de su cercanía y conveniencia a áreas sin tener méritos para ello; viven en inmuebles fiscales sin pagar arriendo; reciben recursos de gastos reservados”.
NAVA, de 49 años, recibe al corresponsal acompañado por sus abogados: Jonathan Ramírez y Luis Giadach.
Luce entero, aunque no esconde su ansiedad por recuperar la libertad. No es para menos: permanece en prisión preventiva desde el 19 de marzo de 2017, al igual que los otros supuestos líderes de la “Mafia de la Intendencia”: los exjefes de la Dirección de Finanzas de Carabineros (Difincar) generales Flavio Echeverría (retirado) e Iván Whipple; y el exjefe del Departamento de Tesorería y Remuneraciones de esa Dirección, coronel en retiro Arnoldo Riveros, entre otros.
NAVA es acusado por el Ministerio Público (MP) de apropiarse indebidamente de más de 200 millones de pesos. Él reconoce haber participado de algunos ilícitos, pero niega que haya obtenido el monto antes señalado y que haya sido uno de los líderes de la multimillonaria defraudación.
Consultado sobre los motivos por los que se le involucró en el caso, dice: “Las presiones me sobrepasaron”. Añade: “Al interior de la institución policial hay una norma no escrita: ‘o plata o plomo’, que premia a los que se corrompen y castiga a los que no lo hacen”. Él parece haber oscilado entre las dos posibilidades.
Nacido y criado en la centrosureña ciudad de Talca, tras egresar del Liceo de Hombres, estudió programación de computadoras (1988-89). En 1990 ingresó a la Escuela de Carabineros (Santiago), de la que egresó en 1992 como subteniente de Intendencia (Finanzas). Más tarde se titularía como ingeniero en informática.
Fruto de sus conocimientos computacionales y de su desempeño en la Difincar, NAVA conoció en detalle los sistemas informáticos y de administración de recursos de Carabineros; también, las diversas formas usadas para sustraer ilícitamente fondos fiscales. Esto, sumado al hecho de que guardó para sí importante información, lo convierte en pieza clave del fraude.
A diferencia de lo que plantea Valenzuela Aravena, el MP apunta como responsable de los ilícitos a un grupo específico que presuntamente operó al menos durante 12 años sin que el alto mando ni los generales directores se enterasen.
La prensa ha denominado a esta banda “Mafia de la Intendencia” porque supuestamente tiene su centro de acción en la Difincar.
El fiscal Eugenio Campos puntualiza en su imputación que esa agrupación se constituyó en 2006 “con la finalidad de cometer, de manera permanente, indefinida y sistemática en el tiempo, diversos crímenes y simples delitos atentatorios contra la propiedad, el patrimonio fiscal […] conformando e integrando con dicho fin una organización jerárquica en la que se distinguen, en distintos periodos, jefes, miembros operativos que ejecutan labores necesarias y funcionales, así como un grupo de colaboradores de la organización, que van ayudando a la consecución de sus fines ilícitos”.
NAVA sostiene: “La Mafia de la Intendencia no existe”. Argumenta: “Los oficiales de Intendencia son los contadores y tesoreros que tú encuentras en cualquier empresa, en que las decisiones de recursos e inversiones las toman los gerentes, en este caso generales o coroneles”.
En principio el fiscal Campos parecía entender que el megafraude era un asunto generalizado: “Al interior de Carabineros fuimos descubriendo una cultura en la que se malversaba dinero fiscal, que eso duró mucho tiempo y que esas prácticas ilegales, incluso llegaron a heredarse de una generación a otra al interior de la institución”, como declaró a La Tercera el 23 de julio de 2017.
Pese a la constatación de que el fraude era un problema generalizado, el MP concentró sus esfuerzos en la “Mafia de la Intendencia” y esquivó la tarea de castigar las responsabilidades del alto mando y de los generales directores.
Hasta ahora el fiscal Campos –que ha encausado a 135 personas– ha abierto carpetas separadas en relación con los fondos de desahucios (pagos a personas que no trabajaban en la institución o no les correspondía recibirlos); la “cuenta fantasma” (cuenta corriente interna de Carabineros, abierta en 2006 y que se ocupó para apropiarse de más de 2 millones de dólares); “gastos de representación” (fondos ocupados por los generales directores para uso personal), y gastos reservados, repartidos en efectivo a generales (casi 1 millón de dólares anuales).
No obstante, las investigaciones se centran en los 33 involucrados en la causa principal, relacionada con los fraudes en la Difincar.
Facetas no investigadas
Hay numerosos formatos para extraer ilícitamente recursos de Carabineros, que no están siendo investigados por la fiscalía y ni son conocidos por la opinión pública.
Algunos de ellos aparecen detallados en una querella por malversación de caudales públicos y obstrucción a la justicia presentada por el mayor Valenzuela el 7 de agosto pasado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Esta presentación motivó la apertura de la causa RUC: 1810035494-9, que también es investigada por el fiscal Campos.
En la querella se da cuenta de que desde 1999 jefes de Carabineros comenzaron a cobrar “asignación de máquinas”, beneficio reservado, entre otros, a quienes se desempeñan frente a computadoras durante toda su jornada laboral. Hacían esto por el solo hecho de que alguno de sus subalternos cumpliera el requisito para adquirir esa asignación, contenida en el Estatuto de Carabineros y que considera un pago extra mensual de 20% del salario.
Algo similar ocurriría con la asignación de Fuerzas Especiales (equipos antimotines). Numerosos efectivos pudieron ser integrados nominalmente a esta fuerza, a fin de que les cancelara un 35% de sobresueldo.
En la querella de NAVA igualmente se da a conocer que en la Academia de Ciencias Policiales y en la Escuela de Carabineros “existe una gran cantidad de profesores”, quienes tienen contrato como uniformados “que no concurren a ejecutar las cátedras” por las que son remunerados, y las cuales permiten acrecentar el monto de jubilación. Entre los profesores civiles, beneficiados con esta irregularidad se encontraría –según esta querella– el abogado y exsenador del derechista partido Renovación Nacional, Miguel Otero Lathrop.
Por otra parte, NAVA señala en la entrevista que “todos los generales directores de Carabineros, desde Alberto Cienfuegos (2001-2005) hasta Bruno Villalobos (2015-2018), autorizaron pagos en exceso a personal civil de la institución, por al menos 16 mil millones de pesos (24 millones de dólares)”.
Lo anterior, en el contexto de la aplicación de la Ley 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros (de 1988), que equiparaba beneficios y remuneraciones entre personal civil y uniformado. En total mil 102 funcionarios civiles de Carabineros fueron favorecidos por estos pagos, ilegales y excesivos, que se hicieron a partir de 2004.
El 24 de marzo de 2017, el general procesado Flavio Echeverría afirmó que entre los que adquirieron estos fondos abultados “había familiares de algunos generales”, como la esposa del exgeneral director Eduardo Gordon (2008-2010), María del Pilar Orduña Rovirosa.
En relación con la obstrucción a la justicia, NAVA revela en su querella que el perito designado por el fiscal Campos para auditar el desfalco en Carabineros, el ingeniero informático y empleado civil de Carabineros Carlos Reyes Momberg, fue imputado en este “megafraude” por recibir dineros ilícitos de carabineros.
Respalda esta aseveración con el oficio de la Fiscalía Administrativa de la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, fechado el 17 de julio de 2017, en el que solicita a la Dirección Nacional de Personal que ponga fin anticipado a los servicios de Reyes Momberg.
En su acusación, el mayor Valenzuela informa que todos los correos electrónicos de Carabineros anteriores al 20 de diciembre de 2016 se borraron “ante una falla crítica en los discos duros de los servidores donde funciona el software de correos electrónicos institucional”, como señala el oficio 1325 de la Dirección de Tecnologías de la Información de Carabineros, con fecha 2 de noviembre de 2017.
En la entrevista NAVA subraya: “El fiscal Campos instruyó a un capitán de apellido González a que fuera a la Dirección de Tecnologías a recuperar correos electrónicos, pero le responden que se borraron todos los mails de la historia de Carabineros. Y Tecnologías dice que no se pueden recuperar”.
El mayor Valenzuela dice que esta pérdida de información fue provocada para “borrar las pruebas del verdadero desfalco en Carabineros”.
