Durante sus primeros años de gestión tanto en la administración de Felipe Calderón como en la de Enrique Peña Nieto, los diputados aprobaron amnistías fiscales que beneficiaron a varios mexicanos que suelen aparecer en la lista de Forbes. Gracias a la benevolencia de los legisladores, empresas como ICA, Grupo Carso, Pinfra, Grupo Modelo, Simec, Soriana, Volkswagen y BMW, o bancos como Banorte e Interacciones, Banamex, HSBC y Santander dejaron de pagar más de 80 mil millones de pesos que debían al SAT, sólo en el primer año de la administración peñanietista.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdonó adeudos fiscales millonarios a algunas de las empresas más poderosas del país, que incluyen corporaciones vinculadas a ocho integrantes de la exclusiva lista de multimillonarios de la revista Forbes.
Ellos son el magnate Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala, la familia Hank, Rufino Vigil González, Emilio Azcárraga Jean, Roberto Hernández Ramírez y David Peñaloza Alanís, quienes aparecieron entre los 2 mil 153 personajes que detentan más de mil millones de dólares en 2019. Sus fortunas suman en conjunto 88 mil 400 millones de dólares.
Y el SAT perdonó créditos fiscales a las empresas de esos personajes por mil 458 millones de pesos entre 2015 y 2018, de acuerdo con los más de 320 mil registros de condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales otorgados entre 2015 y 2018, que consultó Proceso mediante el Portal de Obligaciones de Transparencia.
Entre los beneficiarios destacan algunas de las firmas más importantes del país o de las contratistas más favorecidas por el gobierno de Peña Nieto, entre ellas ICA, Grupo Carso, Pinfra, Grupo Modelo, Simec, Soriana, Volkswagen y BMW, o bancos como Banorte e Interacciones, Banamex, HSBC y Santander, con montos que van de sumas pequeñas a miles de millones de pesos.
Lo anterior es solamente la parte visible de un desfalco al erario mucho más amplio, añejo y opaco: las grandes empresas mexicanas se beneficiaron del programa de amnistía fiscal llamado “Ponte al corriente” lanzado por los legisladores en el arranque del gobierno de Peña Nieto en 2013.
En esa ocasión, tan sólo 36 compañías dejaron de pagar más de 80 mil millones de pesos que debían al SAT, mientras 41 mil 363 más quedaron exentas de pagar otros 80 mil millones de pesos.
En una columna que publicó en Excélsior en abril de 2017, Aristóteles Núñez –quien dirigió el SAT la mayor parte del sexenio de Peña Nieto– criticó la amnistía implementada a través de la Ley de Ingresos y reconoció que “condonar impuestos es una expresión de complicidad y, al mismo tiempo, un acto de impunidad”. Más aún, añadió: “sirve para pagar favores, ayuda a la reconciliación de agravios y al restablecimiento de las relaciones de poder”.
Además, 5 mil 414 personas y razones sociales que tenían 385 mil millones de pesos en el extranjero se beneficiaron de un programa de repatriación de capitales decretado por Peña Nieto en enero de 2017, lo que les permitió solventar su situación ante el SAT mediante el pago de apenas 20 mil 95 millones de pesos de Impuesto sobre la Renta, según reportó la Auditoría Superior de la Federación en junio pasado.
Mediante alrededor de 60 juicios de amparo interpuestos en febrero de 2017, la cúpula del sector empresarial impidió que se revelaran los nombres de las empresas y de las personas que se beneficiaron con esos programas de amnistía, así como de las condonaciones anteriores a 2015, año de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia.
En la batalla jurídica participaron HSBC –que recientemente reclutó al exsecretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña–, así como BBVA Bancomer; Banorte; Grupo Carso e Inbursa, de Slim; Grupo Nacional Provincial, del multimillonario Alberto Baillères; Liverpool; Scotiabank; IBM de México y la consultoría PriceWaterhouseCoopers, según reportó Reforma hace dos años.
Condonaciones
Para evitar el pago de sus créditos fiscales, las empresas pueden negociar una condonación con el SAT, ya sea a cambio de garantizar el pago de una multa, o previo a entrar en un crédito mercantil. Algunas se volvieron expertas en esta materia.
ICA, por ejemplo: en 2018, el SAT condonó 5 mil 731 millones de pesos a dos razones sociales de la firma que poseía Bernardo Quintana –Empresas ICA, SAB de CV y Controladora de Operaciones de Infraestructura, SA de CV–.
ICA fue una de las más beneficiadas con contratos de obra pública a lo largo del sexenio de Peña Nieto, tanto en el sector carretero como en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. El año pasado el multimillonario David Martínez, quien hasta 2018 era parte de la exclusiva lista de Forbes, se convirtió en su accionista principal cuando terminó el concurso mercantil de la empresa, y después de que el gobierno de Peña Nieto le condonara sus “contribuciones fiscales” impagadas.
Las compañías de otros multimillonarios mexicanos recibieron perdones del SAT, que otorgó cinco condonaciones a cuatro empresas de Slim –Sercotel, Inversora Carso, América Móvil e Inbursa– por 404 millones 632 mil pesos.
Dio otras tres a Simec Internacional e Industrias CH –ambas del multimillonario Rufino Vigil González, quien se encuentra en el lugar mil 717 de los multimillonarios del planeta– por 545 millones de pesos, en tanto que Cervecería Modelo –entonces de María Asunción Aramburuzabala– tuvo dos por 352 millones 944 mil pesos.
Entre 2015 y 2018 el SAT también perdonó 21 millones 665 mil pesos a empresas de Ricardo Salinas Pliego –Banco Azteca y Azteca Novelas–, pero también 13 millones 144 mil pesos a Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, y otros 9 millones 643 mil pesos a Grupo MVS, de la familia Vargas. Salinas Pliego y Azcárraga forman parte de la lista de Forbes.
Por su parte, Banorte e Interacciones, dirigidos por la familia Hank –Carlos Hank Rhon y su hijo Carlos Hank González–, recibieron decenas de condonaciones del SAT entre 2015 y 2018 por 112 millones 548 mil pesos. Durante el sexenio peñanietista los Hank consiguieron contratos de deuda con el gobierno federal y los estatales por 193 mil 501 millones de pesos.
David Peñaloza Alanís, el dueño de Pinfra y también en la lista de Forbes, obtuvo una condonación de 122 millones 535 mil pesos para su empresa Promotora y Administradora de Carreteras, SA de CV.
En 2016 el SAT otorgó dos cancelaciones por mil millones de pesos a Empaques Ponderosa, filial de la empresa regiomontana Savi. Arrastraba deudas fiscales desde 2000, mientras pertenecía al multimillonario Alfonso Romo, quien ahora es el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.
Servicios Marítimos de Campeche, filial de Grupo R –del petrolero Ramiro Garza Cantú, también dueño del periódico La Razón–, obtuvo 47 millones 409 mil pesos de condonación, en tanto que Heliservicio Campeche, SA de CV, propiedad de Alfredo Miguel Afif –un amigo de Peña Nieto cuyo hijo, José Miguel Bejos, le rentó al presidente la casa de transición en 2012–, obtuvo dos condenaciones del SAT por 27 millones 600 mil pesos.
GEO y sus sucursales, todas constructoras de fraccionamientos de vivienda social en la periferia de las ciudades –que vendían a personas de bajos recursos a partir de créditos del Infonavit–, obtuvieron 28 condonaciones por un total de 3 mil 73 millones de pesos en 2015, año de su primer concurso mercantil. El pasado lunes 11 un juez decretó la quiebra de la compañía, tras la demanda de concurso mercantil iniciada en su contra por Banorte.
Grupo Marhnos, de Nicolás Mariscal Servitje, obtuvo más de 16 mil millones de pesos a través de contratos de obra pública del gobierno de Peña Nieto, sobre todo para la construcción de hospitales. Y consiguió 10 condonaciones fiscales por 41 millones 113 mil pesos.
Soriana, de la familia Bringas, se benefició de una amnistía de 94 millones 477 mil pesos, y Vitro, de la familia Garza Sada, obtuvo una condonación por 2 millones 502 mil pesos para su empresa de taxis aéreos Aerovitro.
Otra de las beneficiadas es Unimed Pharm Chem de México, SA de CV, incorporada por el chino-mexicano Zhenli Ye Gon en Toluca en 2005. Obtuvo 137 condonaciones entre 2015 y 2018 por un total de mil 163 millones de pesos. El empresario fue detenido en 2007 en Estados Unidos, después de que agentes de la Procuraduría General de la República se incautaran montañas de billetes en su casa de las Lomas de Chapultepec, que sumaban más de 205 millones de dólares.
Las autoridades afirmaron que el dinero era producto del tráfico de drogas, pero Ye Gon –actualmente preso en Almoloya por delitos que se le imputan desde 2007– siempre alegó que fue perseguido por el gobierno de Felipe Calderón y que guardó el dinero en su casa por instrucciones de Javier Lozano Alarcón, entonces secretario de Trabajo.
Batalla legal
Por medio de solicitudes de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y litigios en tribunales, la organización Fundar obligó al SAT a transparentar los nombres de las personas y empresas que se beneficiaron con las cancelaciones de créditos fiscales a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia.
En febrero de 2017 un juez ordenó al SAT que amplíe la información a los datos de los beneficiarios de los programas de amnistía fiscal y de cancelaciones previas a 2015.
Esta decisión prendió alarmas en el sector empresarial: “Cuando el SAT perdió la batalla jurídica, corporativos, bancos y otro tipo de empresas comenzaron a ampararse contra el INAI”, recuerda Iván Benumea Gómez, abogado en Fundar. Alegaron que la divulgación de la información afectaría sus derechos, pero este argumento no es válido, según el activista.
“Como se trata de beneficios fiscales, es una manera en que el gobierno les entrega recursos”, dice Benumea en entrevista. Subraya que la autoridad transparenta los padrones de las personas que reciben becas o subsidios de programas sociales.
Y agrega: “En el caso de las condonaciones es un mecanismo similar: me debes algo, decido no cobrártelo; al final del día te estoy beneficiando económicamente y yo reduzco mi disponibilidad de recursos públicos.
“Creemos que en estos casos debería haber un registro público, parecido a un contrato, que justifique el procedimiento que llevaron a cabo para cancelar o condonar una deuda. Lo que justifican en el SAT es que transparentar todo el procedimiento podría revelar cómo opera, y con ello darle una señal a las empresas de cómo evadir.”
De nuevo, opina que ese es un argumento falso. “Los despachos y los abogados de las empresas ya saben cómo torcer el sistema para aplazar el pago de impuestos o buscar los huecos para reducir su carga tributaria”, insiste.
Según el abogado, los programas de amnistía fiscal que implementaron los legisladores en las leyes de ingreso durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto –en el de López Obrador no ocurrió– fueron usados para obtener liquidez para el primer año de gobierno.
“Les perdonaron una parte de la deuda a las empresas, y el resto lo recuperó el gobierno. Es una proporción 80-20: 80% perdonado y 20% recuperado. Con ese 20% de los grandes contribuyentes el gobierno inicia su primer año con más recursos. Es como una fuente de financiamiento”, señala.
Y abunda: mil contribuyentes se beneficiaron de los programas de amnistía fiscal tanto en el arranque del sexenio de Calderón como en el de Peña Nieto, a pesar de que las reglas lo prohibían. Quince de ellos dejaron de pagar 60 mil millones de pesos gracias a los favores de los diputados.
