El seguimiento puntual de la negociación en el Senado del dictamen para reformar la Constitución a fin de crear la Guardia Nacional –crucial para el proyecto de seguridad pública del presidente López Obrador– mostró el valor que tiene para la mayoría morenista el aval de la oposición, además de los recursos con los que cuentan los partidos minoritarios ante las presiones del Ejecutivo y sus aliados. Finalmente el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, consiguió sacar adelante la encomienda del presidente, aunque cedió en algunos puntos del planteamiento inicial, y al mandatario le quedó hasta el momento –falta la votación de los diputados– la facultad de designar a todos los mandos.
El proyecto de creación de la Guardia Nacional aprobado por unanimidad en el Senado tiene una trampa, que resultó clave para que se lograra un consenso: el mando será civil, pero se abre la posibilidad de que lo ocupe un militar en retiro.
La noche del miércoles 20, después de 20 días de reuniones privadas de senadores de Morena con el bloque opositor, integrado por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, en un salón de la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, las negociaciones para sacar la Guardia Nacional estaban a punto de romperse.
El bloque opositor no cedía en la exigencia de que el nuevo cuerpo de seguridad fuera una institución civil y rechazaba la Junta de Jefes de Estado Mayor, mientras que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y los enviados del Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de la Defensa, insistían en que no servía de nada una Guardia Nacional sin disciplina militar.
A las 12 de la noche, con la negociación a punto del naufragio, surgió una idea del equipo que apostaba por la Guardia Nacional militar: tendría mando civil, pero el texto no descartaría a los militares en retiro.
Pese a que, según el especialista en derecho militar César Gutiérrez, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos señala que los militares en retiro no dejarán de ser militares, la opción fue respaldada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, según relataron senadores que estuvieron presentes.
“Lo que les preocupaba a ellos (Morena y gobierno federal) era la disciplina militar, no tanto que pudieran ser o no sometidos a tribunales civiles”, reveló la fuente.
Así fue como se negoció: no se someterán a la justicia militar, pero tendrán un régimen interno homologado al de las Fuerzas Armadas en estructura, jerarquía, disciplina, régimen de servicio, ascensos, prestaciones, ingreso y profesionalización.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lo había declarado en su conferencia de esa mañana: no quería una reedición de la Policía Federal. Pero a Ricardo Monreal no le alcanzaban los votos: al tratarse de una reforma constitucional requería mayoría calificada, es decir 85 votos.
Con 59 senadores de Morena y seis de sus aliados del Partido del Trabajo y cinco de Encuentro Social juntaban sólo 70 votos. Las senadoras morenistas Nestora Salgado, de Guerrero, y Blanca Estela Piña, de Michoacán, estados desbordados por la violencia, no acompañaban el proyecto de una nueva institución militarizada.
En el Verde Ecologista de México los seis votos estaban divididos, lo que confirmaron fuentes de ese partido. Tres apoyaban la Guardia Nacional que exigía el presidente y tres se inclinaban más por el mando civil que pedían los líderes del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el senador sin grupo parlamentario Emilio Álvarez Icaza.
Ante este panorama en que los partidos minoritarios formaron un bloque –aunque poco a poco suavizaron su postura al pasar del “no” al “sí” a la Guardia Nacional pero no militarizada– la estrategia de Monreal fue cambiando. Primero Morena cedió a la propuesta del bloque de que se llevara a cabo un Parlamento Abierto con especialistas, víctimas, autoridades y organizaciones de derechos humanos, en la que se escucharon voces en contra de la adscripción, el mando, el reclutamiento y el entrenamiento militar. A cambio la Jucopo estableció fechas para la discusión del dictamen y las votaciones.
El fracaso de los gobernadores
De acuerdo con Citlalli Hernández, legisladora de Morena, los días que precedieron a la votación del dictamen en el pleno de sesiones cambió la jugada.
“Al principio la información que recibíamos era que el plan era buscar votos de algunos senadores del PAN, PRI, PRD, pero en los últimos dos días la apuesta fue cediendo a algunos planteamientos porque se podía llegar a un consenso”, dijo la senadora por la Ciudad de México.
El miércoles 20 en la tarde el PVEM dio la estocada final y se alineó con los grupos opositores. La propuesta presidencial estaba perdiendo votos. A las 14:00 horas los legisladores del Verde lanzaron un comunicado en el que aseguraron que “votarían unidos a favor de una Guardia Nacional siempre y cuando tuviera un mando civil” y se estableciera una temporalidad para la actuación del Ejército en las calles en tanto se consolida la nueva institución.
También fracasó el intento de conseguir votos desde la Secretaría de Gobernación. El lunes 18, 11 de los 12 gobernadores del PRI (Claudia Pavlovich, de Sonora, no asistió) se reunieron con la secretaria Olga Sánchez Cordero y con los titulares de las secretarías de la Defensa y de Marina, general Luis Cresencio Sandoval González y almirante José Rafael Ojeda Durán, respectivamente.
Los gobernadores prometieron apoyo para la Guardia Nacional. Pero al mismo tiempo los legisladores del tricolor, junto con los del bloque, abandonaron la reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, donde se votaría el dictamen.
Se trató de un acto de protesta de las minorías porque Morena y el PT aprovecharon su mayoría para aprobar el dictamen modificado de la Guardia Nacional en el que, entre otras cosas, se había integrado el artículo cuarto transitorio que legalizaba la permanencia del Ejército indefinidamente en las calles. Ese transitorio había sido eliminado del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quería de vuelta.
Al salirse de la reunión en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva, los panistas Julen Rementería, Damián Zepeda, Kenia López y Xóchitl Gálvez, así como la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu, el coordinador de los perredistas Miguel Ángel Mancera, el senador sin partido Álvarez Icaza y el de MC Dante Delgado, fueron directamente a reunirse con el presidente de la Jucopo para seguir negociando.
La posible influencia de los 11 gobernadores priistas se reducía a seis senadores: Verónica Martínez, de Coahuila; Eruviel Ávila, del Estado de México; Nuvia Mayorga, de Hidalgo; Claudia Anaya, de Zacatecas; Mario Zamora Gastélum, de Sinaloa; Sylvana Beltrones, de Sonora, y Manuel Añorve, de Guerrero. Pero Beltrones, Zamora Gastélum y Añorve eran negociadores del bloque opositor por parte del PRI junto con el líder de la bancada del mismo partido en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y su dirigente, Claudia Ruiz Massieu.
Diversas fuentes dijeron a Proceso que, si bien los gobernadores priistas le prometieron votos a Olga Sánchez Cordero, sólo tenían dos a favor de la Guardia Nacional de López Obrador: Coahuila y Estado de México.
“No es cierto que lo gobernadores actuaron. No tuvieron ninguna influencia. Hicieron que se cerrara más el bloque”, explicó uno de los senadores que condujo la negociación.
Osorio Chong dijo en esos días que su bancada votaría unida en contra a menos que se hicieran los cambios que exigían: una institución de naturaleza, jurisdicción, mando y fueros civiles, y que se respetara el federalismo y la soberanía de los estados.
El resultado de las negociaciones maratónicas, de entre cuatro y cinco horas, y la de 10 horas del miércoles 20, fueron reformas y derogaciones a 10 artículos constitucionales y siete transitorios.
Morena tuvo que ceder en el mando civil, la adscripción de la Guardia Nacional al ramo de Seguridad Pública, la eliminación del fuero militar, controles institucionales, fortalecimiento de las policías locales, el respeto al federalismo y la desaparición de la figura de un Estado Mayor para dar lugar a una coordinación interinstitucional.
A cambio, la oposición aceptó un régimen transitorio de cinco años que da soporte jurídico a las Fuerzas Armadas, la disciplina policiaca homologada a la castrense y que quede en manos del Ejecutivo el nombramiento de todos los miembros de la estructura, militares o no, hasta el nivel municipal.
“Eran las ligas tan delgadas que pudo haberse roto el acuerdo en cualquier momento”, comentó Monreal.
Desde el lunes 18, los líderes de los partidos se reunían con sus grupos parlamentarios, discutían, y luego Miguel Ángel Mancera, Dante Delgado, Julen Rementería, Xóchitl Gálvez, Damián Zepeda, Claudia Ruiz Massieu, Sylvana Beltrones, Mario Zamora y Manuel Añorve iban en bloque a la oficina del presidente de la Jucopo.
A esas reuniones acudía el morenista y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, y llegaron representantes del gobierno federal que fueron parte del grupo que redactó la reforma constitucional, entre ellos el subsecretario de Gobernación Zoé Robledo; el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el jefe de asesores de la Secretaria de Gobernación, Jorge Alcocer, y Bertha Alcalde, abogada de la Secretaría de Seguridad Pública.
La votación histórica
Era como un juego de estrategia. Los grupos se aglutinaban para pactar. En un salón de la presidencia del Instituto Belisario Domínguez se reunía la oposición y luego entraba a la sala a seguir discutiendo. Entraban, salían, volvían a entrar con caras de preocupación y cansancio. Casi nunca declaraban a la prensa que esperaba afuera.
El miércoles 20 a las 17:00 horas, un guardia caminaba de izquierda a derecha y viceversa para matar el tiempo y los reporteros esperaban sin noticias, cuando Monreal salió a dar los avances de las negociaciones. Se dijo optimista y volvió a entrar. Ya había acuerdo sobre varios temas, pero faltaban por definir la junta de jefes de Estado Mayor, la sujeción a tribunales militares y la temporalidad. A las 10 de la noche salió de nuevo para confirmar que ya habían logrado pactar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad por un periodo máximo de cinco años.
Los avances también eran comunicados al presidente López Obrador. Por ello, a Monreal no le sorprendió que el presidente apoyara el viernes 22 en cadena nacional el acuerdo que se votó en el Senado.
“No había margen para un desencuentro con el presidente, como muchos pensaban. Yo no lo creía porque hubo un acompañamiento. Después de una discusión larga había consultas”, dijo Monreal a Proceso.
La expectativa del rechazo del presidente no era gratuita. El jueves 21, antes de la votación, López Obrador declaró en su conferencia matutina que no aceptaría una “simulación”.
Pese a ello el acuerdo siguió su curso. En el pleno de sesiones el dictamen logró una votación histórica: 127 votos de los senadores presentes. Solamente faltó el voto de la legisladora Blanca Piña, quien se ausentó porque no estaba de acuerdo ni siquiera con la versión light de la Guardia Nacional.
A día siguiente el presidente celebró que ya tenía el marco jurídico por cinco años para el Ejército e insistió en que, según el dictamen aprobado, como titular del Ejecutivo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene la facultad de nombrar a un civil o un militar retirado o en activo como jefe de la Guardia Nacional.
Ahora el dictamen, según el artículo 72 de la Constitución, regresará a la cámara de origen (en este caso la de Diputados), donde todavía puede ser modificado.
