Todo comenzó con una protesta concreta, hace tres meses, contra el alza al impuesto a los combustibles. El movimiento así generado, el de los Chalecos Amarillos, se transformó paulatinamente en una revuelta contra las injusticias fiscales y sociales. El gobierno francés, alarmado, desempolvó una iniciativa de ley “antivándalos” que castigaría duramente los hechos violentos, incluso antes de que sean cometidos. La radicalización de esa lucha ya dio pie incluso a una crisis diplomática, cuando el viceprimer ministro italiano viajó a Francia para entrevistarse con un grupo de inconformes y alentó las protestas antigubernamentales.
París.- Indefinible, imprevisible, sin líderes ni organización, el movimiento de los Chalecos Amarillos lleva ya tres meses desafiando al presidente Emmanuel Macron al tiempo que sacude a la sociedad y al sistema político de Francia.
Empezó el 17 de noviembre con una protesta de habitantes de zonas rurales y “periurbanas” contra el alza al impuesto a los combustibles; se convirtió luego en revuelta contra las injusticias fiscales y sociales y en rechazo a las élites políticas, económicas e intelectuales.
Sábado tras sábado, miles de provincianos “suben” a París o marchan en las grandes ciudades francesas exigiendo la renuncia de Macron y, de manera confusa y heterogénea, cambios más o menos radicales del “sistema”.
Sábado tras sábado el guion es el mismo: al atardecer las manifestaciones degeneran, se multiplican escenas de vandalismo y enfrentamientos cada vez más brutales entre las fuerzas del orden y los Chalecos Amarillos radicalizados, infiltrados por grupos de ultraderecha o de ultraizquierda, cuya única meta es, según sus propias palabras, “crear un caos preinsurreccional”.
Al iniciarse, la protesta movilizó a unas 300 mil personas en toda Francia. El sábado 9, 51 mil 400 manifestantes salieron a las calles, según las autoridades; el doble, según los Chalecos Amarillos, que recientemente se dotaron de un sistema de conteo propio.
“Ley Antivándalos”
Los pasados martes 12 y jueves 14, el primer ministro, Edouard Philippe, y el ministro del Interior, Christophe Castaner, dieron a conocer el balance judicial de estos tres meses de protestas.
Castaner precisó que habían arrestado a 8 mil 400 personas y que 7 mil 500 de ellas habían sido mantenidas bajo custodia durante horas; en ciertos casos, durante una noche. Philippe señaló que mil 796 manifestantes habían sido enjuiciados y condenados por su implicación en los disturbios y que mil 422 más estaban en espera de juicio, 316 de ellos en prisión preventiva.
Inquietante es también la llamada “Ley Antivándalos”, que la Asamblea Nacional adoptó en primera lectura el martes 5.
Desbordado por la repetición de las manifestaciones semanales de los Chalecos Amarillos, el gobierno buscó endurecer la represión y para hacerlo optó por “reciclar” un proyecto de ley elaborado por el partido de Los Republicanos, aprobado por el Senado –donde la derecha es mayoritaria– en octubre de 2018, pero no discutido en la Cámara de Diputados, donde La República en Marcha es mayoría.
De nada sirvieron los gritos de alarma lanzados por eminentes juristas galos, asociaciones de magistrados, defensores de derechos civiles, partidos de izquierda y medio centenar de diputados de La República en Marcha. El gobierno sacó adelante su ley con 387 votos a favor, 92 en contra y 74 abstenciones, entre las que se encuentran los 50 disidentes macronistas.
El segundo artículo de la Ley Antivándalos es el más polémico, ya que otorga a los prefectos –máximas autoridades administrativas en las regiones de Francia– el derecho de prohibir manifestarse a toda persona considerada “una amenaza particularmente grave para el orden público”, sin que exista condena previa de esa persona.
Hay manifestantes “señalados” como violentos en los informes policiacos, ya sea porque cometieron actos de vandalismo durante una protesta, ya sea porque están en contacto frecuente con perpetradores de ese tipo de actos.
La ley prevé que con 48 horas de anticipación se avisará a los “sospechosos” que no se les permite participar en una manifestación. En ciertos casos esa prohibición “preventiva” podrá extenderse a “movilizaciones concomitantes o a una sucesión de manifestaciones” durante un mes.
Entre todas las voces que condenaron la Ley Antivándalos destaca la de Francois Sureau, escritor, renombrado abogado y amigo cercano de Macron.
En entrevista publicada por el vespertino Le Monde el martes 5, Sureau se expresó: “Los delitos y los crímenes tienen que ser castigados, pero ya no hay democracia cuando basta presuponerlos posibles para prohibir el ejercicio de las libertades”.
Precisó: “Ese texto no tiene como objeto reprimir con más eficacia a los autores de actos violentos después de que los cometieron. En cambio, establece un auténtico control administrativo del derecho de manifestarse. Quien está apegado al respeto de las libertades fundamentales no puede aceptarla”.
La Ley Antivándalos tiene que ser aprobada por el Senado antes de volver a la Asamblea Nacional para una segunda lectura, y será definitivamente adoptada a mediados de marzo, a menos que Macron o un grupo de 60 parlamentarios exijan que sea sometida al control del Consejo Constitucional. Nadie se hace ilusiones al respecto.
Efectos económicos
El costo económico de estos tres meses de protestas empieza a crear tensiones. Aun si el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos –principal instancia gala capaz de medirlo–, sólo publicara su “veredicto” el 19 de marzo, algunas cifras ya son preocupantes.
Los primeros en sacar cuentas fueron los comerciantes de los centros de numerosas ciudades francesas y de París, que perdieron 40% de su volumen de negocios sólo en diciembre.
“Sábado tras sábado la situación se torna más catastrófica para miles de comerciantes de todo el país”, denuncia la Confederación de Empresas Pequeñas y Medianas. “Muchos prefieren no abrir sus establecimientos para evitar saqueos. Otros, cuyos negocios están lejos de las manifestaciones, se ven afectados por una clientela desanimada que renuncia a salir de compras”.
Según datos oficiales, las compañías de seguros ya desembolsaron 89 millones de euros por los daños a mil 650 comercios y pequeñas empresas.
Las repercusiones sobre los empleos no se hicieron esperar. El lunes 4, el Ministerio del Trabajo señaló que 72 mil 675 personas empleadas en 5 mil pequeñas y medianas empresas fueron puestas en “desempleo parcial”, lo que representa una baja de su poder adquisitivo y un gasto de 38 millones de euros para el Estado francés. De seguir degradándose la situación, se teme un auge del desempleo en ese sector.
Las facturas que tendrán que pagar las autoridades municipales galas también amenazan con ser estratosféricas. El lunes 11, Olivier Landel, delegado general de Francia Urbana –que agrupa a los alcaldes de las principales metrópolis–, señaló que sólo en las 20 ciudades más grandes del país la destrucción del mobiliario urbano y los trabajos de rehabilitación de la infraestructura dañada costarán más de 30 millones de euros.
Duramente afectado por los bloqueos de carreteras, el sector agroalimentario sufrió pérdidas por 13 mil millones de euros en los dos primeros meses del movimiento de los Chalecos Amarillos, dijo Richard Girardo, presidente de la Asociación Nacional de las Industrias Alimentarias.
Esa lista de repercusiones económicas de los tres meses de protestas sociales dista de ser exhaustiva. Si además se toman en cuenta los 10 mil millones de euros que Macron puso en la mesa el pasado 10 de diciembre para responder a algunas de las reivindicaciones de los Chalecos Amarillos, se entiende la prudencia del Banco Central francés cuando alude a las pocas perspectivas de crecimiento de la economía para 2019.
Debate nacional
Paralelamente a la represión policiaca, Macron inauguró el 16 de enero el “gran debate nacional”.
En un primer tiempo, esa invitación a debatir sobre cuatro grandes temas –fiscalidad y gasto público; organización de los servicios públicos; transición ecológica; democracia, ciudadanía e inmigración– que lanzó el presidente a los franceses, sólo generó escepticismo.
Pero al paso de las semanas crece el interés de la población esencialmente provinciana –pocos jóvenes y muchos jubilados y presencia tanto de mujeres como de hombres– para estos encuentros que se van organizando en todo el país.
Recalca Philippe Geslan, presidente de la Asociación de los Alcaldes Rurales de Yvelines, región de los alrededores de París: “No doy crédito. Organicé 13 debates en un mes y cada vez la gente me pide más reuniones para poder profundizar ciertos temas específicos”.
Los grandes medios despachan enviados especiales a los rincones más apartados de Francia, donde los franceses vuelven a aprender a confrontar ideas, escucharse, discutir… La pagina web granddebat.fr contabiliza 6 mil reuniones, entre las que ya se llevaron a cabo y las que están por realizarse.
Muchos debates se desarrollan dentro de la iniciativa presidencial y son a menudo coordinados por los alcaldes. Otros son más informales y pueden ser convocados por “simples ciudadanos” o asociaciones.
Además de platicar, intercambiar y reflexionar juntos sobre los cuatro temas propuestos o sobre problemas que ellos mismos escogen, los participantes elaboran listas de reivindicaciones y propuestas que los organizadores de los encuentros entregan a los coordinadores nacionales del “gran debate”.
Después de esa consulta nacional prevista para prolongarse hasta el 15 de marzo, se celebrarán 18 asambleas ciudadanas en todo el país, con integrantes que serán designados por sorteo. Tendrán la tarea de priorizar las contribuciones y empezar a reflexionar sobre propuestas de ley. Su selección será perfeccionada por analistas independientes que trabajarán bajo el control de un colegio de cinco “garantes”, personajes franceses unánimemente respetados, que asegurarán la transparencia de todo el proceso. El resultado final se dará a conocer el próximo 15 de abril.
Conflicto diplomático
Al inicio de la revuelta de los Chalecos Amarillos, casi 80% de los franceses se decían solidarios o por lo menos simpatizantes de su movimiento. Hoy, a pesar de la violencia creciente de las manifestaciones y de las repercusiones económicas que empiezan a afectarlos, 58% de los sondeados siguen manifestándoles simpatía, aun si paralelamente 56% de ellos consideran que deberían parar las marchas. Por muy aproximativo que sea ese sondeo, no deja de reflejar la profundidad de la frustración social y política de los franceses. De no ser tomada en consideración, se manifestará inexorablemente en las urnas.
Marine Le Pen y su Reagrupamiento Nacional (RN) lo saben y más que nunca están al acecho, manejándose con suma prudencia.
El RN no explicita su apoyo a las corrientes populistas de los Chalecos Amarillos, pero actúa de manera subterránea. En cambio sus aliados italianos, Matteo Salvini, líder de la Liga del Norte, y Luigi di Maio, quien encabeza el Movimiento Cinco Estrellas, se muestran menos discretos.
No sólo llevan semanas aplaudiendo “la revuelta popular gala contra Macron” sino que el martes 5 Di Maio, viceprimer ministro italiano, viajó a Francia para entrevistarse con un grupo de Chalecos Amarillos encabezados por Christophe Chalencon.
Dos días después, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia llamó a consulta a Christian Masset, embajador francés en Italia, y desde entonces crecen las tensiones entre ambos países.
La iniciativa de Chalencon, cofundador del Movimiento Alternativo Ciudadano, que pretende constituir una lista de candidatos a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, fue denunciada con suma virulencia por el resto del movimiento.
