NUEVO LAREDO, TAMPS.- El rostro del almirante Hilario Durán Tiburcio, responsable de la Unidad de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Marina (Semar), palideció al escuchar los señalamientos de mujeres indignadas, familiares de víctimas de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias y de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a marinos.
Durán formó parte de la delegación –encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas– encargada de dialogar con familiares de víctimas, en apego a los acuerdos contraídos por el Estado mexicano el pasado 5 de diciembre en la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para crear un mecanismo de seguimiento a los abusos cometidos por personal de la Marina en agravio de al menos 51 personas en esta ciudad fronteriza durante el primer semestre de 2018, según señalamientos de familiares, testigos y sobrevivientes (Proceso 2201).
Ante el subsecretario y decenas de personas, Durán sólo atinó a guardar silencio cuando la esposa de Daniel Trejo, Jessica Molina, invitó al marino a que confirmara el ritmo cardiaco de ella misma, acelerado por el dolor de recordar los 30 minutos en los que interactuó con el personal “altamente capacitado” que allanó su casa el 27 de marzo del año pasado, los interrogó a ella y a su esposo y a él se lo llevó junto con Gabriel Gaspar Vázquez, un amigo que pernoctaba en su domicilio (Proceso 2166).
“El personal con quien interactué no era clonado ni improvisado. Yo no estaría hablando con usted si los marinos no se hubieran llevado a mi esposo (…) Me robaron el derecho a ser feliz, a vivir tranquila y mi estabilidad económica”, dijo Molina, abogada y ciudadana estadunidense, quien aportó a la indagatoria el video de una cámara de seguridad en el que se observa cómo su esposo y su amigo son sacados, por marinos, de su domicilio.
Con paredes tapizadas de fotografías y mantas de personas desaparecidas o ejecutadas, Molina y una treintena de mujeres y algunos hombres exhibieron un rosario de anomalías y malos tratos recibidos por distintas autoridades en su búsqueda de verdad y justicia.
“Es muy curioso que justo cuando va a suceder esta reunión, se quema el cuartel que estaba en el centro, al que fueron llevados mi esposo y Gabriel. Marina se está encargando de desaparecer toda evidencia”, acusó Molina, al recordar que en diciembre pasado fue destruida la Base de Operaciones que la Semar tenía en el oriente de la ciudad fronteriza, como lo reportó este semanario (Proceso 2201).
La abogada recordó cómo el activismo de las familias obligó a la Procuraduría General de la República (PGR) a abrir una carpeta de investigación por el hallazgo de camionetas clonadas de la Semar en instalaciones del ayuntamiento, en las que se desplazaban marinos al servicio del alcalde Enrique Rivas.
También habló de las omisiones de la PGR para obtener videos de establecimientos cercanos a las áreas donde ocurrieron las detenciones arbitrarias o para solicitar sábanas de llamadas y geolocalizar los celulares de las víctimas –que en varios casos fueron utilizados después de las desapariciones–, así como de la ausencia de investigación en casos de amenazas directas a familiares de víctimas y testigos para que retiren sus denuncias.
“Quiero que se comprometa delante del señor Encinas: no permita que sigan tapando esto. Si usted en verdad tiene palabra, si en verdad honra el uniforme que porta, haga lo que se necesite; hay elementos para tener a alguien encerrado, ya no queremos promesas”, emplazó Molina a Durán.
Fenómeno recurrente
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, señaló que las desapariciones de 2018 atribuidas a la Marina no son casos aislados y recordó que en 2011 y 2013 se reportaron otros que fueron objeto de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sin que hasta el momento haya responsables sancionados.
En 2011, insistió, “tuvimos información de 30 desapariciones, que fueron documentadas por la CNDH, pero en la recomendación sólo quedaron seis víctimas, porque las otras 24 familias decidieron no continuar sus denuncias en aquel momento porque tenían miedo, pues habían sido víctimas de represalias”.
Durante las tres horas de la reunión, familiares de desaparecidos denunciaron que están incompletos o rasurados los álbumes de fotografías del personal naval –de las Fuerzas Especiales– que estuvo en esta ciudad durante el primer semestre del año pasado y que supuestamente fue concentrado en la Ciudad de México después de que el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto, en mayo del año pasado, “detener la ola de desapariciones”.
Una mujer explicó que al revisar las fotografías que proporcionó la Semar a la PGR, no encontró al oficial que la atendió en una de las bases de operaciones a donde acudió a preguntar por su hijo, en tanto que otra narró que agentes del Ministerio Público Federal les han comentado que “no pueden actuar en contra de la Marina”.
“Yo di vista al Órgano Interno de Control; son ellos los que tienen que dar seguimiento. Dimos vista a la Fiscalía Militar, a la PGR y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que el personal esté en disposición de ser entrevistado”, justificó Durán.
Ante cuestionamientos de casos ocurridos en años anteriores y que se mantienen impunes, como el de Martín Rico García, uno de los seis que aparecen en la recomendación 39/2012 de la CNDH, Durán sostuvo que el personal implicado en los hechos será puesto “a disposición para entrevistar o llamar para una investigación”, cuando las autoridades competentes lo requieran.
Más de un familiar detalló a Encinas el maltrato recibido por parte de funcionarios de la PGR, que han dirigido sus esfuerzos en buscar antecedentes penales de las víctimas y de sus parientes, criminalizándolos.
Durante el encuentro, el responsable de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván, fue blanco de reproches por la falta de resultados a casi un año de los primeros reportes de las desapariciones.
A la andanada de quejas se sumó la directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Karla Quintana, quien sostuvo que en algunos casos “habría elementos suficientes para girar órdenes de aprehensión” por desaparición forzada.
Quintana destacó que hasta ahora no ha recibido respuesta sobre las acciones que la Semar habría iniciado en materia de disciplina militar ni sobre los expedientes del personal desplegado en Nuevo Laredo.
La defensa de las familias de las víctimas reportó falta de avances en las investigaciones de la PGR de portales de internet que transmiten “en tiempo real” las acciones del personal castrense, en tanto que, al igual que algunas de las autoridades, mantienen una línea de criminalización hacia las víctimas y sus familias, lo que las “pone en riesgo”.
Tras manifestar su preocupación por la falta de avances en la investigación sobre la destrucción de la Base de Operaciones de la Marina, Quintana recordó que si la posición oficial es sostener que los responsables de las desapariciones de Nuevo Laredo son personas disfrazadas de marinos, que se transportaban a plena luz del día en vehículos clonados, “en derecho internacional eso se llama aquiescencia. ¿Cómo se explica el despliegue de clonados con el despliegue de Marina en la ciudad?”
Como observador del encuentro, el representante adjunto del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, celebró la manifiesta disposición de Encinas de esclarecer los abusos documentados por el organismo internacional, y de manera particular la presencia del oficial de la Semar en una reunión con víctimas.
Peña Palacios puso énfasis en la criminalización de las víctimas, para lo cual recomendó acciones ejemplares, como las sanciones a quienes incurran en ello, porque “es importante mandar un mensaje de cero tolerancia para que no haya criminalización”.
Sin rodeos, puntualizó que no se respondieron temas torales sobre la presunta participación de elementos de la Marina en las desapariciones en Nuevo Laredo, que “a partir del comunicado del Alto Comisionado (en mayo del año pasado) y el acuartelamiento, no hemos conocido de nuevos casos, eso dice mucho de quién podría estar detrás de ellos y de cuáles son los mensajes que ahí se pasaron”.
