La reforma al sistema de seguridad social de Nicaragua dio pie, en abril y mayo pasados, a jornadas de protesta que se saldaron con más de 100 muertos. A petición de la CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes analizó lo ocurrido aquellos días y su informe es demoledor, por lo que el gobierno de Ortega no permitió que se diera a conocer en la nación centroamericana. El documento, presentado el viernes 21 en Estados Unidos, habla de un ataque del Estado “generalizado y sistemático contra la población civil”, a través de “la Policía Nacional (…) y grupos paraestatales” que incluyen “grupos de choque”, pero también “grupos paramilitares o parapoliciales”.
Buenos Aires.- “Entendemos que la expulsión viene claramente dirigida a que no presentemos el informe en Nicaragua; el gobierno no lo quiere en su país. Entonces veremos ahora con la OEA y con la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) un espacio para poder presentar el informe que hemos venido trabajando los últimos seis meses”, dice Amerigo Incalcaterra, jefe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), vía telefónica desde Managua.
Es el miércoles 19, horas después de que el gobierno de Daniel Ortega le informara al GIEI, “de una manera muy diplomática, que entendían que habíamos culminado la misión y que teníamos que dejar el país cuanto antes”, refiere Incalcaterra.
La misión del GIEI en Nicaragua fue la de investigar los hechos de violencia ocurridos en ese país entre el 18 de abril y el 30 de mayo, en las protestas antigubernamentales por la reforma del sistema de seguridad social que derivaron luego en la exigencia de renuncia del mandatario.
El informe del GIEI –presentado en Washington este viernes 21– considera que la respuesta del Estado a las manifestaciones se dio como “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, a través de la articulación de “la Policía Nacional, alcaldías y grupos paraestatales” que incluyen “grupos de choque”, pero también “grupos paramilitares o parapoliciales”.
El GIEI verificó un “uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, que incluía la utilización de armas de fuego, entre ellas armas de guerra”, “una política de detención arbitraria e ilegítima, de forma masiva e indiscriminada de hombres, mujeres y adolescentes”, incluyendo “torturas y agresiones sexuales” contra los detenidos.
En este contexto, “sólo entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el GIEI registró al menos 109 personas muertas, más de mil 400 heridos y más de 690 detenidos”. De ese universo de mil 400 heridos, “al menos 599 son por herida de arma de fuego, lo cual da una dimensión del uso” de las mismas, se lee en el informe.
“Vinimos a este país para trabajar codo a codo con la fiscalía, sugerir acciones, ver qué necesidades adicionales se requerían para avanzar en las investigaciones y la individualización de los posibles responsables, o sea, vinimos a hacer un trabajo de investigación fiscal”, asegura
Incalcaterra.
“En la medida en que no tuvimos acceso a las investigaciones, nos cerraron las puertas de los tribunales, no pudimos acceder a las instituciones de medicina forense, a la policía, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para ver los límites que tienen las instituciones nicaragüenses para la investigación, cuáles eran las debilidades, cómo estaba el tema de la independencia del Poder Judicial, y a partir de ahí, una serie de análisis sobre los hechos, sobre eventos, con información que hemos recibido de fuente abierta y de fuente confidencial de alta credibilidad, y hemos armado un rompecabezas complejo”, explica.
El gobierno de Ortega, por su parte, ha sostenido en diferentes oportunidades que las protestas y la agenda de democratización opositora constituyen una “ruta hacia un golpe de Estado”, y que la CIDH, Estados Unidos y otros países impulsan “políticas injerencistas” para deponer a su gobierno.
Autopsias
El informe del GIEI sostiene que “de las 109 muertes analizadas, 95 se produjeron por disparos de armas de fuego, todos con impacto en cráneo, cuello y tórax”. A la vez refiere que, de los eventos narrados y de la información disponible sobre cada una de las víctimas, se colige que “la gran mayoría de las muertes por disparo de arma de fuego ocurrieron en acciones de represión llevadas a cabo por la Policía Nacional y los grupos paraestatales”.
“La revisión de autopsias, como nosotros no pudimos ir a Nicaragua ni revisar los cuerpos, se hizo sobre las autopsias hechas por médicos forenses nicaragüenses, del Instituto de Medicina Legal de Managua fundamentalmente”, dice a Proceso Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense, en comunicación telefónica desde la sede neoyorquina del organismo.
“En 22 de las 24 autopsias que analizamos, la causa de muerte es por herida de proyectil de arma de fuego”, señala la especialista, quien estuvo a cargo del informe respectivo que se anexa al del GIEI.
“En la mayoría de los casos los disparos fueron realizados a larga distancia, hay dos de contacto, en el tórax, y en otros no figura la información”, refiere.
Se define como disparo de contacto aquel en el cual el arma toca la piel de la víctima. “En estos parece haber habido una intencionalidad mucho más individualizada que tirar sobre una manifestación”, puntualiza Doretti.
“En 17 casos se involucra el tórax-abdomen, en cinco casos el cráneo, es decir que en 22 de 24 casos se tira a una zona donde la letalidad es muy probable”, dice la especialista: “Lo que aquí se ve no es una intención de detener algo sino directamente de privar de la vida a las personas. No están tirando de una manera preventiva, lo que ya es bastante fuerte: usar balas sobre gente que en general está desarmada. Eso es muy grave en la represión de una manifestación, en concreto el uso desproporcionado de la fuerza”, explica.
La especialista destaca la falta la información de contexto en todas las autopsias, los así denominados antecedentes del caso que establece la propia normativa nicaragüense.
Esto podría deberse a que por ley es la Policía Nacional la que maneja la escena del crimen. “Acá tenemos el primer conflicto de interés importante: quienes en principio están siendo acusados de estos homicidios son los que al mismo tiempo manejan la escena del crimen. Y el segundo conflicto de interés: la mayoría de las muertes se produce por proyectil de arma de fuego, y los peritos que analizan la pericia balística son también de la Policía Nacional. La fuerza sospechada está a cargo de gran parte de la investigación”, señala.
Plataforma
En la portada de la plataforma online de Situ Studio se ve una numerosa manifestación en Nicaragua. La navegación permite ingresar a mapas interactivos, videos y fotos, diagramas y textos, que por sí mismos no cuentan una historia completa, pero combinados permiten comprender lo que ocurrió en el país centroamericano durante cuatro jornadas, que aquí se denominan eventos.
El primero refleja las protestas en varias ciudades el 18 de abril. El segundo, los incidentes ese mismo día en Camino de Oriente, en Managua. El tercero, la represión el 20 de abril en Estelí. El cuarto, lo vivido el 28 de mayo en la Universidad Nacional de Ingeniería en la capital nicaragüense.
El mapa interactivo indica el lugar en que ocurre cada evento. Se incluyen los puntos exactos en los que fue tomado cada registro audiovisual –unos 10 mil videos y fotos– aportados por el GIEI, que a su vez recibió de manifestantes y periodistas. Los diagramas muestran con un círculo azul el lugar de concentración de los manifestantes, y con uno amarillo, el de las fuerzas policiales y grupos de choque, reflejando además la progresión en el tiempo a partir de los ataques y desplazamientos. Un breve texto en español describe los hechos y el contexto.
El trabajo de arquitectura forense, desarrollado por esta empresa con base en Nueva York, consiste en el procesamiento y posterior presentación del material disponible. Esta plataforma es parte de un anexo del informe del GIEI como evidencia.
“Tenemos muchos videos, registrados en un mismo momento, capturados por diferentes personas, desde diferentes perspectivas, que nos sirven para tener una mejor comprensión de cada hecho”, dice a Proceso Matt Cortright, de Situ Studio, y explica, vía videoconferencia, el funcionamiento de la plataforma:
“El foco está puesto en situaciones de conflicto y violencia entre manifestantes y la policía o las fuerzas paraestatales. Como transcurren en zonas urbanas, en situaciones que suelen ser complejas y confusas, nuestra función es crear una narrativa de los hechos tan clara como sea posible, basada en la evidencia audiovisual de la que disponemos.”
A tal fin, para cada evento hay una explicación narrativa y visual, con un archivo audiovisual compuesto por los videos, con una línea de tiempo y un mapa que permite ubicar espacial y temporalmente cada uno de los registros.
“Creo que las tres conclusiones principales del trabajo volcado en la plataforma es que está muy claro que hay una cooperación y colaboración permanente entre la policía y personal no uniformado, de diferente tipo, en diferentes eventos”, dice a Proceso Brad Samuels, de Situ Studio.
“Tenemos videos que capturan un mismo momento, no tenemos un video de una persona con una pistola y otra persona que recibe un disparo, pero sí videos de personas que han recibido un disparo y otros que muestran la ubicación de la policía con sus armas en ese mismo momento”, explica. “Y lo tercero es que cuando ves gente herida, algunos de gravedad, durante las protestas, y a la vez tenemos registros en los que se les ve antes de que se les disparara, lo que queda claro que fueron heridos durante la protesta”.
El informe del GIEI recalca la dificultad de realizar el trabajo toda vez que la represión continuó más allá del 30 de mayo.
Por otra parte, el sábado 15 la Policía Nacional de Nicaragua allanó la sede del periódico digital Confidencial, una voz crítica contra el gobierno, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
En el informe del GIEI, una de las recomendaciones al gobierno nicaragüense llama “a cesar con el hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y otros”, a asegurar “el derecho de reunión”, mientras que insta al Estado a iniciar una reforma integral de sus instituciones, la aplicación de un plan de reparaciones a la víctimas, la investigación y eventual destitución de “los funcionarios que hayan participado en violaciones a los derechos humanos”, la depuración de la policía y del sistema de justicia.
