Ignacio Morales Lechuga, el procurador del sexenio salinista mencionado en el juicio del Chapo Guzmán como una de las autoridades corrompidas por narcotraficantes en 1991, niega en entrevista toda imputación al respecto y afirma que entonces “la delincuencia organizada todavía no rebasaba al Estado”. A decir del ahora notario, la postura del gobierno mexicano ante las presiones de Estados Unidos era firme y el único tema bilateral difícil era el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.
“El Estado mexicano renunció a su derecho a juzgar nuevamente a Joaquín Guzmán Loera por los delitos que hubiese cometido antes y después de fuga y recaptura. Si a mí me hubiera correspondido, yo no hubiera aceptado la extradición sin que previamente México lo enjuiciara y condenara”, sentencia el exprocurador general de la República Ignacio Morales Lechuga, quien volvió a estar en el ojo del huracán en los últimos días, tras la mención de su nombre en la sexta semana del juicio contra el exjefe del Cártel de Sinaloa en un tribunal federal de Brooklyn.
Bajo el interrogatorio de Jeffrey Lichtman, uno de los tres abogados de la defensa del Chapo Guzmán, el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, testigo protegido de la DEA en este juicio, afirmó que en la década de los noventa sobornó a Morales Lechuga. La nota informativa, retomada por varios medios nacionales y extranjeros, señaló que Cifuentes “confesó tener en nómina” al entonces procurador, “quien a cambio de sobornos le daba protección familiar”.
Morales Lechuga reaccionó el mismo día que circularon las declaraciones de Cifuentes. Negó conocer al presunto estratega financiero del Cártel del Valle del Norte, Colombia, y le solicitó al tribunal de Brooklyn las “versiones completas de las declaraciones vertidas contra Guzmán Loera que me permitan valorar y, en su caso, presentar denuncias o demandas en defensa de mi buen nombre”.
“No se puede soslayar que de las declaraciones de Cifuentes se desprende la comisión de varios delitos, entre otros el homicidio de tres personas al parecer de nacionalidad mexicana en territorio nacional, por lo que se impone la necesidad de iniciar la carpeta de investigación respectiva”, solicitó el exprocurador en una denuncia de hechos entregada el pasado martes 18 en la oficina de Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Fiscalía General de la República.
“A mí no me han acusado de nada. Citan mi nombre de manera despectiva, peyorativa, como si yo fuera una persona corrupta, como si me hubiera prestado a recibir sobornos, cosa que es absoluta y totalmente falsa”, subraya en entrevista.
También recuerda las dificultades que tuvo con la DEA por las presiones derivadas del secuestro y posterior repatriación del médico Humberto Álvarez Machain, involucrado en la tortura y muerte del exagente antidrogas estadunidense Enrique Camarena Salazar, y revivió el episodio del enfrentamiento entre militares y policías judiciales federales en la pista clandestina de Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, en noviembre de 1990.
Actualmente notario público y exrector de la Escuela Libre de Derecho, Morales Lechuga argumenta que Cifuentes “no da ningún elemento de fecha o de lugar de entrega que me involucre. Ni siquiera le consta algo porque él mismo reconoce que acudió a un tercero, Juan de Dios Rodríguez Valladares, alias El Flaco, que después fue asesinado en Monterrey. Es la estrategia perfecta para difamar y calumniar porque al que le consta ya está muerto”.
–¿Esta acusación es personal o forma parte del contexto del juicio del Chapo? –se le plantea.
–Desde el momento que se metieron con mi persona, es personal, atendiendo al sentido literal de su pregunta.
–Usted presentó el 18 de diciembre una solicitud ante el encargado de despacho de la Fiscalía General de la República para que le entreguen la versión certificada y completa de las declaraciones de Cifuentes. ¿Es esto algo inédito?
–Creo que pocas personas han reaccionado en defensa de su dignidad y de su nombre y pocas personas han solicitado ante la Fiscalía General de la República que intervenga.
–¿Por qué cree que se revivió este periodo de usted en la Procuraduría General?
–No especulo, estoy pidiendo la información. Hasta donde entiendo, el propio fiscal induce mi nombre. Quiero ver cuál fue exactamente la declaración y de ahí partir.
–La nota en la que nos basamos casi todos los reporteros cita una pregunta del abogado del Chapo a Cifuentes.
–Yo entiendo que muchas veces, en estos juicios, la defensa y la fiscalía acuden a lugares comunes para buscar, uno la responsabilidad y el otro la inocencia. Y en un caso el actor central, que es el procesado, o lo ponen como víctima de su país, de sus políticos, o lo ponen como parte de un poder corruptor sin límites, perverso, que incluso ha dañado la estructura política de su país. Entonces, pareciera ser muchas veces que los juicios son contra México y no contra el procesado. Esa es la imagen que se presenta.
El Llano de la Víbora
En los años noventa, Morales Lechuga primero fue procurador capitalino y luego procurador general de la República. Al preguntarle qué peso tenía El Chapo en esa época, responde:
–Aclaremos primero dos cosas: en primer lugar, El Valle del Norte, grupo criminal que sustituye al poder de Pablo Escobar, es posterior al año 94 y yo ya no estaba como procurador, sino como embajador mexicano en Francia. El testigo es del Valle del Norte; no tiene nada que ver absolutamente con esa época, hasta donde yo sé.
“En segundo lugar, en la época en que fui procurador, El Chapo Guzmán y El Güero Palma eran las dos cabezas visibles del Cártel de Sinaloa. Nosotros en aquella época comenzamos a denominar a los grupos de narcotraficantes como cárteles. Antes no existía este hábito y para nosotros era primordial clasificarlo.”
–¿Cuál era el desafío en esa época?
–El desafío era que la violencia no creciera y que pudiéramos asegurar la mayor cantidad de droga, detener al mayor número de responsables con la menor incidencia de violencia.
–En noviembre de 1991, siendo usted procurador general, se produjo el enfrentamiento entre militares y agentes de la PGR en el Llano de la Víbora, Tlalixcoyan. Fue un caso muy escandaloso porque hacía pensar en la presunta protección militar a los narcotraficantes. ¿Cómo ubicar ese episodio en su época como procurador?
–La recomendación de la CNDH empieza con que, de entrada, todo parecía ser una confusión, pero no fue una confusión. Las pruebas que llegaron horas después descartaban al 100% la idea de la confusión. Todo esto se trabajó con la Procuraduría General de Justicia de Veracruz. No fue la PGR ni la Defensa las que hicieron esas primeras pruebas. El gobernador de Veracruz era Dante Delgado.
“Esas primeras pruebas empiezan a descartar la teoría de la confusión. Entonces había una segunda interrogante: quién era la autoridad competente para analizar el tema. De manera muy simplista, pero constitucional en términos del Artículo 13, la Secretaría de la Defensa se encargó de procesar e investigar los delitos militares, y la PGR de investigar los delitos contra la salud. Y fue lo que se hizo.”
–¿Por qué intervino la CNDH en este caso?
–La CNDH intervino a petición del presidente Salinas y seguramente debe haber sido por alguna petición de la Secretaría de la Defensa.
El relato de los hechos de aquella recomendación 126/1991 de la CNDH mencionó un operativo denominado “Halcón” para interceptar un vuelo de cargamento de droga que llegaría presuntamente a la pista clandestina de Tlalixcoyan. En esa misma zona, horas antes, hubo un operativo encabezado por el teniente de infantería José Alfredo Coronel Vargas para interceptar cargamentos de droga.
“La muerte de los siete agentes de la Policía Judicial Federal ocurre en el operativo envolvente o de flanqueo que ordenó el general Alfredo Morán Acevedo”, determinó la recomendación de la CNDH, y ordenó a la Procuraduría Militar una investigación en contra de ese alto mando.
Recuerda que durante su periodo como procurador general se utilizaron “aviones persecutores” que interceptaban aeronaves sospechosas que partían de América del Sur y de Centroamérica e ingresaban a territorio mexicano como punto de enlace con el mercado de consumo de Estados Unidos.
“Estos aviones interceptores eran rentados, no por la DEA sino por el ICE (Agencia de Aduanas). Teníamos convenios con Estados Unidos y pagábamos una renta por cada avión persecutor. Esto nos dio la posibilidad y con acuerdos de cooperación con América Central de romper récords de intercepción asegurando más de 50.3 toneladas de cocaína en el 91 y más de 38 en el 92. En los dos años fueron 88 toneladas. Nunca se superaron las cifras de aseguramiento de ese periodo: de 164 a 166 aviones aseguramos en 20 meses.”
–¿Con este sistema de detección?
–Así es.
–¿Lo de Tlalixcoyan entonces fue un episodio de esta estrategia de intercepciones?
–Claro.
Presiones por el caso Camarena
En 1991 el narcotráfico todavía no alcanzaba las proporciones actuales en el país: “La delincuencia organizada no había rebasado al Estado mexicano y nuestra capacidad de restaurar el orden jurídico quebrantado se mantenía”, afirma el entonces procurador.
–¿Cuándo fue el rebase?
–Fue un proceso. No fue súbito.
–¿Era usted incómodo?
–Nosotros teníamos un especial cuidado con la violencia, con las detenciones, con el hecho de utilizar la mayor dosis de inteligencia y la menor dosis de fuerza.
–¿No eran ataques letales?
–Cuando detuvimos a los hermanos Muñoz Terrazas, socios de Rafael Aguilar Guajardo, del Cártel de Juárez, recuerdo que fue en Baja California, en un hotel, de noche, cuando no estaban las escoltas y no hubo ni un disparo ni un golpe.
–No fue una masacre.
–No, para nada. No eran discursos bélicos tampoco ni tampoco instrucciones bélicas.
–¿Cómo vivió las presiones de Estados Unidos en el tema del narcotráfico?
–Recuerde que teníamos todavía muy sensible la relación México-Estados Unidos y siempre me empeñé en dos cosas: primero, hacerles entender que una política de culpabilidades mutuas, de reproches, no nos conduciría a nada positivo. Que teníamos que esforzarnos en una colaboración multilateral porque el tema de la droga es hemisférico, dado que la cocaína se producía en Sudamérica, se procesaba en varios países, especialmente de Sudamérica, y se trasladaba al gran consumidor. Para nosotros era primordial desarrollar un esquema de cooperación hemisférica más activo.
“En segundo lugar, también era para nosotros importante establecer la mayor cantidad posible de acuerdos de cooperación, en asistencia jurídica mutua, de detenciones, de validaciones, y lo empezamos a hacer de buena fe. Y eso me permitió hacer una buena relación con el procurador estadunidense, con el director del FBI y con el director de la DEA. Con los tres teníamos muy buena relación.”
–¿Cómo era el tema de Camarena?
–Haga de cuenta que teníamos un mueble con muchos cajones en la relación con Estados Unidos y México, y todos funcionaban cada vez mejor, pero nada más el de Camarena era donde teníamos piedras en el zapato.
“Ellos se quejaban del involucramiento de políticos mexicanos en el homicidio de Camarena. Mencionaban a tres políticos: a Manuel Bartlett (secretario de Gobernación cuando asesinaron a Camarena), a Enrique Álvarez del Castillo (exgobernador de Jalisco y antecesor de Morales Lechuga en la PGR) y el general (Jorge) Arévalo Gardoqui (entonces secretario de la Defensa).
“Nosotros nos concentramos en demostrarles que estos políticos que mencionaban eran ajenos al tema del homicidio de Camarena y que los testigos que tenía la fiscalía no eran dignos de crédito, de fe, y los datos que daban eran fuera de la realidad, de contexto, y los datos no coincidían con las agendas de los involucrados.”
–¿Ya habían secuestrado al doctor Humberto Álvarez Machain?
–Ya lo habían secuestrado y nosotros lo que pedíamos era que se respetara el tema de la soberanía de México y que no se violara el tratado de extradición. El secuestro de Álvarez Machain fue en 1987, con Sergio García Ramírez como procurador general.
“Nosotros reaccionábamos muy de frente, muy radicales ante Estados Unidos. Fui a ver al presidente de la Corte estadunidense con el maestro Juventino V. Castro, hablamos con él y le hicimos ver que nos estaban dando el mismo trato que a Irán: como enemigos de Estados Unidos.
“El juez nos escuchó con mucha atención y diciendo que la Corte de Estados Unidos se lavaba las manos y dejaba todo en manos del presidente Bush. Cuando sale la resolución propongo junto con el canciller y el secretario de Gobernación que suspendamos las funciones de la DEA en México y, en consecuencia, suspendiéramos la aplicación del tratado de colaboración con la DEA porque ellos violaron el tratado de extradición. Fue el 30 de julio de 1992.
“Cuarenta y ocho horas duró la suspensión y después establecimos las reglas de cooperación y de sujeción de las actividades de la DEA. Ellos tenían que seguir un protocolo de intervención. Se encausó algo que era caótico en la frontera norte para que fuera más ordenado.”
Extradición
y juicio contra “El Chapo”
El 8 de enero de 2016, en su cuenta de Twitter, el entonces presidente Enrique Peña Nieto presumió: “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”.
La recaptura del Chapo Guzmán ocurrió en un contexto muy difícil: tras la fuga del 11 de julio de 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano, las autoridades de Estados Unidos redoblaron sus presiones; la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn habían logrado encontrarse con el capo para discutir la posibilidad de filmar su vida, exhibiendo la torpeza o la complicidad del gobierno mexicano; en noviembre de ese 2016 Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos con un discurso muy duro contra la “corrupción” de las autoridades del país vecino.
Un año después de su recaptura, Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos en medio de un fuerte despliegue de seguridad. El juicio contra el capo del Cártel de Sinaloa inició hace seis semanas en la Corte federal de Brooklyn, Nueva York, bajo estrictas medidas de seguridad.
Jorge Milton Cifuentes, testigo protegido de la DEA, acusó al Chapo de haberlo traicionado cuando cerró un acuerdo secreto con uno de sus hermanos tras negarse a traficar con metanfetaminas. Dijo que descubrió la negociación secreta cuando un avión que transportaba cocaína colombiana se estrelló en México. La aeronave también contenía efedrina.
–¿Este contexto y esta historia tienen algo que ver con la mención a usted en el juicio de ahora contra El Chapo? –se le plantea a Morales Lechuga.
–Sería una especulación. Yo hice mi mejor esfuerzo y dejé muy buenas relaciones con Estados Unidos, siempre de manera muy directa. Ellos respetaron mi opinión.
–¿Qué opina de este juicio y de la extradición del Chapo Guzmán?
–Yo creo que México renunció a su derecho de juzgar nuevamente a Joaquín Guzmán por los delitos que hubiera cometido antes y después de su fuga. No estuve acostumbrado a que un Estado abdicara al ejercicio pleno de su competencia.
–¿Si usted hubiera sido procurador hubiera aceptado la extradición?
–No hubiera aceptado la extradición sin que previamente en México lo enjuiciaran y lo condenaran. Después ya podíamos hablar de la extradición. Yo había sugerido dos instrumentos jurídicos: jueces con un centro de detención provisional binacional en la frontera; como el narcotráfico es un delito continuo, que pudieran enfrentar los jueces de allá y de acá y de Colombia con vistas a una legislación supranacional, y la otra vía, de esa manera se eliminaba la extradición.
–¿Estados Unidos lo presionó a usted como procurador por la extradición de algunos capos?
–Realmente a mí no me presionaron más que por los tres personajes políticos mencionados por la DEA en el caso Camarena: Bartlett, Álvarez del Castillo y el general Arévalo Gardoqui.
