Ante la decisión unilateral del presidente Donald Trump en cuanto al tratamiento de los migrantes centroamericanos que desde Tijuana solicitan asilo en Estados Unidos, la nueva embajadora de México ante Washington, Martha Bárcena, puntualiza: México no será un “tercer país seguro”. En vísperas de que este lunes 24 el canciller Marcelo Ebrard dé a conocer la posición oficial de México sobre el problema, Bárcena sostiene que, por razones humanitarias, “la salida más conveniente es darles una visa que permita a los centroamericanos trabajar de manera temporal en México”.
WASHINGTON.- Aun cuando admite que la decisión del presidente Donald Trump de obligar a inmigrantes centroamericanos a quedarse en nuestro país mientras se procesa su caso en cortes de Estados Unidos coloca a México en “un callejón sin salida”, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador responderá con acciones jurídicas para proporcionar apoyo temporal a los migrantes, sostiene la nueva embajadora de México ante el gobierno de Estados Unidos, Martha Bárcena.
“Ante la decisión unilateral de Estados Unidos teníamos básicamente dos opciones que se dividen a su vez en tres modos de acción”, comenta a Proceso la colaboradora de López Obrador, la primera diplomática mexicana ante la Casa Blanca, al tiempo que enlista las acciones que ponderan las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y la de Gobernación (Segob) sobre la migración:
Primero, dice, “la opción de rechazar la propuesta de Trump, lo cual puede llevarnos a violar el principio de no devolución de la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados”; segundo: “aceptar, y aceptar quiere decir aceptarlos (a los centroamericanos) en territorio mexicano y entonces capturarlos y deportarlos a sus países de origen; o aceptarlos por razones humanitarias y construir el marco jurídico que les permita quedarse en territorio mexicano en lo que se decide su proceso de asilo en Estados Unidos”.
El lunes 24, el canciller Marcelo Ebrard dará a conocer la respuesta oficial del gobierno de López Obrador al madruguete de Trump. La diplomática adelanta a Proceso lo que, asegura, anunciará el canciller:
“Por razones humanitarias la salida más conveniente es darles una acogida temporal con un marco jurídico preciso de una visa que les permita trabajar en México.”
El jueves 20 a las ocho de la mañana (tiempo de la Ciudad de México), John S. Creamer, encargado de negocios de la legación de Estados Unidos en México, envió una carta a Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, para comunicarle que en ese momento la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, notificaba la decisión de Trump al Congreso federal de su país.
“Haciéndolo efectivo inmediatamente, Estados Unidos iniciará el proceso de implementar la sección 235 (b) (2) (C) del Acta de Inmigración y Nacionalidad con respecto a ciudadanos no mexicanos que pueden arribar por tierra (sea o no por un puerto de entrada designado), buscando entrar a Estados Unidos por México como inmigrantes indocumentados”, según la misiva que recibió Seade.
Trump, con su determinación unilateral, pretende obligar al gobierno de López Obrador a fungir como filtro migratorio o de sala de espera para los 3 mil centroamericanos asentados en la frontera norte de México que intentan pedir asilo en el país vecino.
La decisión unilateral
Bárcena relata que desde la noche del miércoles 19, Ebrard ya sabía lo que comunicó Nielsen horas después: “Nos fuimos a su oficina y él (Ebrard) dijo: la oficina de la secretaria Nielsen nos acaba de informar que mañana, en una comparecencia ante el Congreso, va a anunciar la aplicación de la cláusula 235 de su ley de inmigración de manera unilateral”.
De inmediato el canciller mexicano solicitó a la consultoría jurídica de la SRE un análisis sobre las bases legales de Estados Unidos para actuar unilateralmente.
Los asesores jurídicos establecieron que aun cuando Barack Obama intentó hacerlo cuando estuvo en la Casa Blanca, declinó ante la posibilidad de que fuera impugnado ante las cortes. Eso no le importó a Trump, quien arguyó que nada legal le impide tomar su decisión unilateral.
Los asesores jurídicos le enumeraron al canciller las tres opciones planteadas por Bárcena durante la entrevista con Proceso.
Frente al anuncio en Washington y ante una falta de comunicación inmediata (desde la noche del miércoles) entre la SRE y Gobernación, esta última rechazó que los migrantes centroamericanos se quedarán en México mientras se procesa su caso de asilo en Estados Unidos.
Según la nueva embajadora, cuyo nombramiento fue ratificado por el Senado mexicano la madrugada del viernes 21, “Gobernación me dice que no fueron avisados o consultados sobre el posicionamiento del gobierno de México. Y que no es que estén en contra, porque legalmente es impecable. Lo que pasa es que ellos no habían hecho el análisis del impacto presupuestario, y finalmente quien tiene que operar es Gobernación, no Relaciones Exteriores”.
A partir del viernes 21 y todo el fin de semana, las consultas entre las dos dependencias no pararon, pues, comenta Bárcena, la respuesta al manotazo de Trump requiere de una respuesta que no se vea como claudicación.
Sin embargo, admite que se desconoce cuántos centroamericanos estarán sujetos a las acciones que instrumente Gobernación, y en la administración Trump tampoco saben cuándo entrará en vigor la medida, aun cuando la carta de Creamer y el anuncio de Nielsen indican que será inmediatamente.
Lo que el gobierno de López Obrador tiene claro, agrega, es que México no será un Tercer País Seguro (TPS) como pretende Trump, pese a que su medida unilateral dé esa impresión. Los estatutos de un acuerdo de TPS obligarían a las autoridades mexicanas a pedirles a los migrantes centroamericanos que, antes de solicitar asilo en Estados Unidos, lo hagan en México; de eso dependería su eventual exigencia en la Unión Americana.
“México no es un Tercer País Seguro y no lo vamos a hacer”, subraya la entrevistada. Pero la maniobra de Trump obliga (al gobierno de López Obrador) a adoptar una posición similar.
–Es como un callejón sin salida –se le plantea a Bárcena, miembro del servicio exterior con amplia experiencia en la diplomacia internacional.
–En cierto sentido es un callejón sin salida. Si tuviéramos la opción de rechazar o decir que no, estaríamos creando una crisis humanitaria en la que México estaría adoptando una posición que no corresponde con su tradición humanitaria y de asilo. Y, sobre todo, no corresponde con la nueva política migratoria del presidente López Obrador, basada en el respeto a los derechos humanos.
–¿Trump se aprovechó de esto?
–Creo que en este momento el gobierno de México tiene la posición ética.
–Pero en el gobierno de Trump no hay ética migratoria.
–… Usted lo dice, y mi silencio se puede interpretar.
La llegada de Bárcena a Washington
Hace unos meses –en vísperas de que se iniciaran las caravanas de migrantes centroamericanos–, el Departamento de Estado del gobierno de Trump asignó 20 millones de dólares adicionales al presupuesto de la Iniciativa Mérida –herramienta bilateral de combate al crimen organizado y al narcotráfico– para que el gobierno de Enrique Peña Nieto los utilizara para regresar a los migrantes extracontinentales a sus países de origen.
Cuestionada al respecto, Bárcena insiste que el gobierno de López Obrador no tocará ese dinero. Y advierte: “No es para la deportación de centroamericanos ni la atención a ellos, sino para el regreso a sus países de origen de ciudadanos extracontinentales; básicamente hindúes –tenemos muchos en la frontera–, que nos sale muy caro regresar”.
Hay que esperar –dice– otros posibles cambios en el gabinete de la Casa Blanca que puedan implicar un ajuste de política; hay bases todavía para el entendimiento bilateral.
“El reto para nosotros es estarle diciendo a Estados Unidos: ¡Oigan!, ustedes tienen todo el derecho de adoptar estas medidas y nosotros tenemos todo el derecho de decirles que no van a funcionar”, expone.
La diplomática refiere que en las cortes migratorias de Estados Unidos una solicitud de asilo puede tardar hasta tres años y la respuesta puede ser negativa, lo cual implica que a México le saldría muy caro mantener a los migrantes centroamericanos.
–¿Aceptaría México financiamiento de Estados Unidos para estos costos?
–No lo sé. Depende del monto de las necesidades de México para enfrentar esta nueva situación; del monto y las características de los ofrecimientos de Estados Unidos, así como de las condiciones y de que podamos evaluar a qué personas estamos incluyendo en estas decisiones.
–Entonces, cabe una posibilidad de que México pueda recibir asistencia de Trump.
–En este momento no le puedo decir que vamos a rechazar todo financiamiento; tampoco si vamos a aceptar este financiamiento. Lo que sí le puedo decir es que los proyectos de financiamiento al sur, sureste del país y a Centroamérica, no. Repito: no están vinculados con esto. No vamos a negociar una cosa por otra.
Lo que está claro es que en la SRE hay urgencia de contar con la representación de Bárcena en Washington, contrariamente a la posición que tiene Trump, quien aún no ha nombrado a su representante diplomático ante el gobierno de López Obrador.
Bárcena adelanta que llegará a la capital estadunidense el jueves 27 o el viernes 28, aunque presentará sus credenciales ante Trump el 11 de enero, junto con otros diplomáticos.
Los retos inmediatos
Se le pregunta a la embajadora Martha Bárcena si basará su trabajo en apego a la Casa Blanca o el Capitolio, considerando que a partir de enero la Cámara de Representantes del Congreso federal estará bajo el dominio de los demócratas, lo que equilibrará la balanza de poder en Washington.
Responde: “Tenemos que jugar con los dos actores, que es lo inteligente. Lo tenemos clarísimo y estamos trabajando codo con codo con la Secretaría de Relaciones, el sector privado y la Secretaría de Economía, para tener un mapeo clarísimo de la nueva composición del Congreso estadunidense. Vamos a duplicar nuestro trabajo con el Congreso de Estados Unidos, si no es que a triplicarlo.
–¿Contratarán a firmas de cabildeo para sacar provecho del nuevo Congreso de Estados Unidos?
–Los presupuestos de la SRE no son suficientes para tener firmas de cabildeo. No las hemos tenido y veo muy difícil que las tengamos. Lo que sí es seguro es que el sector privado seguirá teniendo las firmas de cabildeo y probablemente las incremente. Vamos a actuar como una sola entidad frente al Congreso; tendremos que complementarnos, tener sinergia.
–¿Va a ir con mayor frecuencia al Capitolio?
–De broma le podría decir que voy a instalar una oficina alterna en el Capitolio, con una tienda de campaña.
Uno de los pendientes del gobierno de Peña Nieto con Washington es el caso del exmandatario de Chihuahua, el priista César Duarte, por lo que, dice, México insistirá ante el Departamento de Justicia para que pida a un juez federal la orden de arresto con fines de extradición a México.
“Le daré una sesión prioritaria al caso. No puedo decir qué puedo hacer concretamente porque no tengo la información a la mano”, sostiene.
Cuando llegue a Washington, Bárcena también debe decidir sobre los 175 mil dólares anuales que, del sexenio de Felipe Calderón al de Peña Nieto, se canalizaban al Woodrow Wilson Center y al Migration Policy Institute –75 y 100 mil dólares, respectivamente– para que ambos centros académicos hablaran bien de las acciones gubernamentales y políticas de sus patrocinadores.
“Se lo he planteado al canciller Ebrard y espero sus instrucciones. Veré si estos institutos aportan algo especial a México (aunque) todo indica que no va a haber disponibilidad de presupuesto para eso.”
