En la quinta semana de audiencias en el juicio en Brooklyn contra El Chapo hizo su aparición un testigo de la fiscalía que sí incomodó al sinaloense: un intermediario entre la entonces guerrilla colombiana de las FARC y el Cártel de Sinaloa que habría establecido un puente de trasiego a través de Ecuador y luego por vía marítima hasta México. Lo que puso nervioso al capo mexicano es que ahora hubo una evidencia de peso: la grabación de una plática telefónica con Guzmán en la que se habla sin duda de tráfico de cocaína (se anexa código QR). El mismo declarante soltó una pequeña bomba: una negociación fallida entre los narcos mexicanos y algunos funcionarios de Pemex…
Nueva York.- Durante el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el jurado que decidirá su destino en Estados Unidos escuchó por primera vez evidencias que ligan al capo con el tráfico de drogas y con la guerrilla y los paramilitares de Colombia.
Con la declaración del testigo protegido del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Díaz, alias Simón o El J, la fiscalía expuso ante el jurado la primera evidencia irrefutable contra el exlíder del Cártel de Sinaloa.
“Le voy a comprar dos (toneladas de cocaína) y le vamos a dejar las propiedades de Simón al frente por todo lo demás. Nosotros somos dos socios, si quiere mandar aquí a un secretario suyo para que vea con quién está hablando”, se escuchó decir al Chapo en la grabación que reprodujo el fiscal federal Adam Fels, en la sala 8-D sur de la Corte Federal del Distrito Este, en el barrio neoyorquino de Brooklyn.
“Mi compadre y yo somos socios, mi compadre… este muchacho tiene su negocio, el de la M (en referencia a Ismael El Mayo Zambada García, clave con la que por teléfono El Chapo identifica al otro capo del Cártel de Sinaloa)”, se escuchó en la grabación, a la que le ponían especial atención los integrantes del jurado.
La llamada telefónica –que ocurrió el 10 de mayo de 2010 y fue interceptada y grabada por la DEA–, es entre Guzmán Loera y un líder no identificado del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Sí, señor; sí, señor”; se escucha al líder insurgente decirle al narcotraficante mexicano, quien insiste: “Entonces mande un secretario suyo pa’ que mire, conozca y mire la seriedad, que aquí no hay ninguna mentira”.
Ante la revelación de su plática con un jefe de las FARC para conseguir dos toneladas de cocaína, al Chapo –sentado entre dos de sus tres abogados, Eduardo Balarezo y Jeffrey Lichtman– se le notó inquieto, chasqueaba la lengua y miraba absorto al jurado, como intentando adivinar la reacción de quienes decidirán si es culpable o inocente de los 11 delitos que le imputa el gobierno federal de Estados Unidos.
Con Simón como intermediario, El Chapo y el jefe de las FARC abordan la posibilidad de compra de seis toneladas de cocaína para ser eventualmente exportada de México a Estados Unidos por el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, los fragmentos de la grabación de la llamada telefónica se centran en la compra de una fracción del total de droga pretendida por el capo sinaloense: dos toneladas.
“Aquí hay seriedad. Y me da gusto que sin conocerlo a usted nos dé esta seriedad… Necesito que me haga un favor y que un muchacho cheque las cosas, porque hay cosas que han llegado bajas”, matizó El Chapo al líder insurgente en alusión a la pérdida de cocaína de un embarque que ya le habían comprado a las FARC por medio de Simón.
“Te vamos a comprar dos, ¿a cómo me las vas a dejar?”, preguntaba el narco mexicano al guerrillero colombiano, quien pedía 2 mil 100 dólares por cada kilogramo de cocaína, mientras El Chapo deseaba pagar dos mil dólares por cada kilo de la droga.
La ruta de Ecuador
Desde el martes 11, cuando los siete fiscales del gobierno estadunidense presentaron a Simón como testigo de prueba en la sala del juez Brian Cogan, el ambiente cambió.
Ese día, cuando caminaba hacia el estrado vigilado por tres alguaciles federales, Simón cruzó miradas con El Chapo, quien dio muestras de intranquilidad, tal vez consciente de que el testigo protegido daría información perjudicial a su causa.
Desde ese martes 11 Simón comenzó a detallar el funcionamiento de una sofisticada red de tráfico de drogas entre él y El Chapo; El Mayo Zambada; Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo; Iván Archivaldo Guzmán; y Dámaso López, El Licenciado.
La trama que salpica a las FARC, según Simón, se desarrolló en la primera década de este siglo, cuando por instrucciones del Chapo el colombiano fue a Ecuador a buscar una nueva ruta de transporte de cocaína hacia México.
Una vez adquiridas unas bodegas en Guayaquil y Quito, Simón comenzó a comprar cocaína a nombre del Chapo y del Mayo al colombiano Gilberto García, Serpa, Pastrana o Político, quien vendía el alcaloide desde el departamento de Putumayo, zona que entonces estaba bajo el control total de las FARC.
En esas transacciones desde Ecuador, Simón afirmó que también se hicieron negocios con integrantes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia.
La mecánica para el envío de la droga a tierras mexicanas –diseñada y orquestada por Simón– consistían en hacer que un barco tiburonero peruano se acercara a las costas de Ecuador, desde donde llevaban la droga en lanchas rápidas.
Una vez que la mercancía estaba a bordo, el tiburonero navegaba al norte para ubicarse en un punto frente a costas mexicanas, en aguas internacionales; un atunero enviado por el Cártel de Sinaloa se aproximaba a la nave peruana y se hacía la transferencia de la carga.
Luego, el atunero se acercaba a la costa donde, otra vez con lanchas rápidas, se bajaba la carga y se llevaba a bodegas en territorio mexicano.
Para sacar la droga de Colombia por la frontera con Ecuador, Simón contaba con la colaboración del capitán ecuatoriano Telmo Castro, El Capi o Carpintero, quien cobraba una cuota de 100 dólares por cada kilo que llevaba por tierra hasta Guayaquil y Quito en transportes militares.
Ante el jurado, y antes de que el jueves 13 la fiscalía presentara como elemento de prueba la grabación de la conversación telefónica, Simón contó que la Guardia Costera estadunidense confiscó dos cargamentos de droga. Uno de esos decomisos, de ocho toneladas, ocurrió en 2010. Por eso la queja del sinaloense ante el líder de las FARC sobre la pérdida de cocaína.
La grabación de la conversación telefónica es el primer golpe contundente que la fiscalía estadunidense, comanda por Andrea Goldbarg, le asesta a la defensa del Chapo.
Lichtman, Balarezo y William Purpura, los abogados del sinaloense, habían afirmado que los 11 cargos que se le imputan a su cliente –relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero, amén de tildarlo de ser el “narcotraficante más poderoso del mundo”– son parte del mito y del juego de mentiras creado por la DEA y el gobierno estadunidense. Pero al ser recreada la conversación telefónica en la sala del juez Cogan, varios de los miembros del jurado tomaron nota y algunos comenzaron a mirar de manera diferente al acusado.
De hecho, el jueves 13, al concluir la audiencia, Balarezo declaró a varios miembros de la prensa que pensaba que el juicio contra Guzmán Loera podría concluir a finales del próximo enero, cuando que días antes la defensa del Chapo sostenía que el proceso se alargaría hasta febrero o marzo.
Las evidencias de la fiscalía están comenzado a tener una dimensión diferente; antes habían sido simples declaraciones de testigos protegidos, básicamente narcotraficantes cuyas afirmaciones siempre están en duda.
Los abogados del Chapo han manejado ante el jurado la estrategia de descalificar a los testigos estableciendo como hecho, también irrefutable, que incriminan a su cliente por la conveniencia de conseguir un castigo menos severo cuando les toque ser sentenciados. La defensa le apuesta a definir como “mentiras con propósito de beneficio personal” todo lo que declaren los testigos, quienes están acusados de ser narcotraficantes, asesinos y lavadores de dinero.
Funcionarios de Pemex
El miércoles 12, Simón, interrogado por el fiscal Fels, dio noticias escandalosas sobre la narcocorrupción en México: reveló detalles de un presunto acuerdo entre el Cártel de Sinaloa y funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para el trasiego de cocaína desde Ecuador. Este supuesto caso de corrupción, según el testimonio de Cifuentes, ocurrió a finales de 2007.
Ese año, el narcotraficante colombiano fue citado por El Licenciado a un encuentro que se realizaría en las afueras de Culiacán. “Se negoció con un señor de Pemex, Alfonso Acosta, y otros funcionarios de la empresa”, narró Simón.
La idea de los cabecillas del Cártel de Sinaloa era enviar a Ecuador buques de Pemex, vacíos, para que en el país sudamericano se llenaran sus tanques con petróleo y entre éste esconder varias toneladas de cocaína. Los tanques navegarían la ruta del Pacífico hasta México para descargar, sin la intervención de las autoridades, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
En la reunión “estaban los señores de Pemex, don Joaquín, Mayo Zambada, Dámaso López, Vicentillo, Iván Archibaldo y yo”, recordó Simón. El colombiano agregó que para afinar detalles de este método hubo otros encuentros. En las sesiones que se celebraron después del primero participaron siempre los mismos personajes, tanto por parte del Cártel de Sinaloa, como de funcionarios de la paraestatal.
“Una segunda reunión fue en la zona del Dorado, afuera de Culiacán, en un rancho. El Vicentillo estaba a cargo de la seguridad de su padre… era también el dueño del contacto con Pemex”, dijo sin el menor atisbo de duda el narcotraficante colombiano.
–¿Se usaron los barcos de Pemex para el transporte de cocaína de Colombia a través de la ruta marítima desde Ecuador? –preguntó el fiscal Fels.
–No se usaron. Decidieron utilizar la ruta de Ecuador con barcos pesqueros. Un barco tiburonero de Perú y un barco atunero de México –contestó Simón al representante del gobierno de Estados Unidos.
Ni Fels ni el juez, mucho menos la defensa del Chapo, retomaron el tema de Pemex en las audiencias siguientes, correspondientes a la quinta semana del juicio.
Desde la tercera audiencia, el juez Cogan le advirtió a los miembros del jurado que “desestimaran” cualquier situación, evidencia, declaración o documento en los que se establecieran situaciones criminales o de corrupción que implicaran a otros individuos. Al jurado le quedó claro que hechos escandalosos que tocaran a gobiernos extranjeros, funcionarios e incluso criminales no directamente ligados con El Chapo, no tendrían por qué incidir en el juicio.
