El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, explica a Proceso las modalidades del Presupuesto de Egresos de la Federación, que incluye una drástica reducción al Ramo 23 –que desaparecerá el sistema de moches y los cíclicos “rescates financieros de fin de año”–, pero propone fortalecer el Ramo 28, que concentra las participaciones federales para la entrega de dinero a estados y municipios.
Con el propósito de reorientar el gasto federal y el de las entidades federativas, la administración de Andrés Manuel López Obrador eliminó los “rescates financieros” de fin de año. Con ello obliga a los gobernadores a eficientar sus políticas recaudatorias, ser más austeros, instrumentar una vigilancia real del gasto y a dirigir la inversión en infraestructura con impacto social directo.
Lo anterior implicará la eliminación parcial del llamado Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por medio del cual se realizaban los “moches” de legisladores federales o la imposición de empresas para la realización de obras en municipios y estados, resume el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Según el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, por una parte, el gobierno federal reducirá a una quinta parte el Ramo 23, pero por otra aumentará 7% real la entrega de dinero a estados y municipios mediante el llamado Ramo 28, que son las participaciones federales.
Para lograr un control efectivo del gasto público, dice, López Obrador trabajará estrechamente con los congresos que tiene la coalición Morena-PES-PT en 19 estados.
Durante la última revisión del PEF que llegó a San Lázaro el sábado 15, la comisión que preside Ramírez Cuéllar “no etiquetará más obras a solicitud de diputados” y buscará empoderar a los congresos estatales para evitar que los gobernadores sigan con “la manipulación del gasto a discreción”.
“Sería una vergüenza que donde ya hay una nueva correlación de fuerzas no constituyan órganos autónomos e independientes que vigilen el gasto de los ejecutivos estatales y sigan con la caricatura de revisiones como las ocurridas en Veracruz, Chihuahua, Coahuila o Nuevo León en su momento”, dice a Proceso el diputado morenista.
Revela que gobernadores, alcaldes y legisladores federales presionaron para recibir más recursos con el argumento del federalismo.
“Ahora todos son Ramo 28. Se los dije a gobernadores y presidentes municipales: ahora, desafortunadamente, la cara del supuesto federalismo lo representan los recursos de los fondos del Ramo 23.”
La rebatiña
Una vez que llega el PEF a la Cámara de Diputados, autoridades estatales y municipales, así como los diputados federales “cabildeaban” para obtener más recursos. Esto se hacía a través del Ramo 23, el cual se conforma de varios fondos. “Era lo que llamaban ‘moches’, donde el cabildero (diputado) obtenía un sobresueldo”, explica Ramírez Cuéllar.
Y añade: “Al desaparecer los fondos del Ramo 23 –que eran importantes para estados y municipios y donde había una enorme discrecionalidad pues se usaba como castigo o premio a los amigos del presidente de la República y del secretario de Hacienda–, los legisladores ya no tendrán margen de maniobra (para obtener sus moches)”.
La intensión, dice, es que el presupuesto para 2019 sea de entre 5.6 y 5.7 billones de pesos, de los cuales por lo menos 4.7 billones es gasto comprometido que incluye el pago de la deuda, pensiones y jubilaciones, recursos para la administración centralizada y para los órganos autónomos, así como el gasto de inversión “ineludible”.
En síntesis, 4.7 billones de pesos no pueden tocarse porque es gasto comprometido; y del billón restante, 590 mil millones se destinarán a los 10 programas prioritarios de López Obrador, por lo que el margen de maniobra se reduce a sólo 400 mil millones.
Una parte de esos 400 mil millones de pesos es la que gobernadores, presidentes municipales y legisladores podrán cabildear como, por ejemplo, el Ramo 23 que, al igual que el 28, ha sido manejado con un gran margen de discrecionalidad, comenta el presidente de la Comisión de Presupuesto.
Existe otro fondo –el 33, dice– que también se va a los estados, pero a diferencia de los otros dos sí representa una aportación y tiene un fin específico. El Ramo 28 y el 33 son los únicos contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal.
“Pero ahora la cara del supuesto federalismo son los fondos que componen el Ramo 23, que no forma parte de la Ley de Coordinación Fiscal”, explica el diputado, y aclara que no sólo se respetará en el presupuesto el federalismo, sino que incluso se le fortalecerá con un aumento de 7% en el Ramo 28 y el 33.
La última semana de noviembre, los gobernadores empezaron su tránsito por la Comisión de Presupuesto en demanda de mayores recursos, pero los días críticos fueron del martes 4 al viernes 7, fechas en que hubo enormes filas de alcaldes ante las oficinas de la comisión que encabeza Ramírez Cuéllar.
“Desafortunadamente –dice– la cara del supuesto federalismo lo representan los recursos de los fondos del Ramo 23. Se hicieron usos y costumbre que acentuaron la flojera e irresponsabilidad para que estados y municipios no tuvieran disciplina en el gasto, ni racionalidad.
“Muchos de ellos actuaban así porque estaban ligados a padrinazgos políticos, y vieron este ramo como una fuente permanente de ingresos para obras, que en muchas ocasiones no tenían trascendencia y, por eso mismo, sin impacto en la población o en la infraestructura.”
Un rumor paralizante
Dentro de los 400 mil millones de pesos que hay de margen de maniobra en el presupuesto, se incrusta el Ramo 23. Ante los rumores de que ese ramo desaparecería, los gobernadores se entrevistaron el jueves 6 con el presidente López Obrador para expresarle sus dudas, sobre todo porque la reducción del IVA y el ISR en la frontera norte le significa al país menos de 80 mil millones de pesos de ingresos. Algunos economistas, como Mario di Costanzo, aseguran que dejarán de ingresar 120 mil millones de pesos.
La reducción del IVA e ISR es importante, pues esos recursos forman parte de la gran bolsa de impuestos que se van a la federación y una parte a los estados y municipios a través de los ramos 28 y 33.
López Obrador los tranquilizó al anunciar un aumento de 10% al Ramo 28, el cual, menos la inflación, será de 7% en términos reales. Pese a todo, la posible desaparición del Ramo 23 seguía quitándoles el sueño.
Todavía el jueves 13, los secretarios de finanzas de los estados acudieron a la Comisión de Presupuesto en demanda de mayores recursos bajo ese ramo; todos fueron remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues todas sus demandas caían en las áreas del 23 que desaparecerán.
Este último se compone de seis rubros: provisiones salariales, provisiones salariales y económicas (laudos laborales, aumentos de sueldo, etcétera), provisiones económicas (fondo desastre naturales, fondo de reconstrucción), desarrollo regional (dinero para proyectos locales), otras provisiones económicas (este año en esta área metieron 12 proyectos, entre ellos el subsidio a tarifas eléctricas por 50 mil millones de pesos, operación y mantenimiento del programa de seguridad y monitoreo en el Edomex con mil 500 millones de pesos, el fondo metropolitano), así como gastos asociados a ingresos petroleros.
En total, para este 2018 que está por concluir, se autorizaron 156 mil 463 millones 239 mil 818 pesos al Ramo 23. La mayor parte de la gran bolsa: “desarrollo regional” con 26 mil 600 millones de pesos y “otras provisiones económicas” con 62 mil millones de pesos desaparecerán en su mayoría.
Por ejemplo, en este último rubro, al Edomex se le dieron mil 500 millones de pesos para su programa de seguridad y monitoreo, apenas el jueves 13, el secretario de finanzas de la entidad acudió en demanda de 800 millones para “cámaras de vigilancia”. Se topó con pared y fue remitido a la SHCP.
Aunque ya se tiene seguro que el Ramo 23 mantendrá los fondos de desastre (27 mil 600 millones de pesos para 2019) y el fondo metropolitano (3 mil 700 millones de pesos), hasta el viernes 14 aún no se definía la eliminación total de lo relativo a los salarios, que este año ascendió a 2 mil millones.
Lo anterior reduciría el Ramo 23 a una quinta parte, que significa un ahorro de 120 mil millones de pesos. Aún no se define si se eliminarán los 2 mil millones de pesos relativos a los salarios.
Ramírez Cuéllar dice que lo seguro son los dos primeros y relata que el Ramo 23 se utilizaba para cubrir las crisis económicas en que se sumía a los estados cada fin de año.
“Se hizo costumbre entrar en crisis o bancarrota a finales de año, porque gobernadores y presidentes municipales sabían que la federación entraría al rescate a través del Ramo 23. Hacían compromisos financieros y la federación los rescataba para el pago de su gasto corriente o para pago de salarios rezagados. Siempre se les salvaba”, explica.
Un ejemplo es Baja California, cuyo gobierno lleva dos meses sin pagar sueldos a maestros jubilados, pensionados y en activo, al igual que a los trabajadores del ISSSTE de Baja California, y los órganos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral.
“Ahora –dice– todos han venido a que se les dé dinero del Ramo 23. Por eso digo que la supuesta nueva revolución federalista ha llegado a degradarse a una lucha por el Ramo 23.”
Los nuevos criterios
Todos los secretarios de Finanzas que el jueves 13 desfilaban aún en San Lázaro, el viernes 14 por la mañana estuvieron en la SCHP, donde se determinó darles un adelanto de las participaciones federales (que sí forman parte de la Ley de Coordinación Fiscal) para que enfrenten las crisis económicas de sus estados.
De las 32 entidades, sólo tres cuentan con finanzas sanas: Cuidad de México, Querétaro y Aguascalientes.
“Aquí tenemos mucha presión de todos los grupos parlamentarios, de legisladores que quieren seguir etiquetando proyectos; algunos son por buenas razones, otros andan buscando un sobresueldo. No vamos a tolerar ni a repetir la historia de los moches, de la dispersión de recursos y la proliferación de proyectos que no han servido para nada”, advierte Ramírez Cuéllar, quien a partir del lunes 17 discutirá con los demás partidos si lo entregado por el Ejecutivo federal cuenta con margen de maniobra para direccionar el gasto. Se contemplan cero posibilidades.
Ramírez Cuéllar aclaró que durante las discusiones con autoridades estatales y municipales todos estuvieron de acuerdo en la redirección del gasto y en impulsar cinco criterios: reducción de costo en poderes y órganos autónomos, logrando hasta un ahorro de 30%; restablecer contribuciones locales, como la tenencia vehicular; contar con mayor eficiencia recaudatoria; compactación de programas sociales que ya estarán en los nuevos planes de la federación, y que los acuerdos con universidades sean con base en proyectos “medibles”.
Parte de la reorientación del gasto en los niveles estatal y municipal, dice Ramírez Cuéllar, puede lograrse a través de los 19 congresos que tiene la coalición Morena-PES-PT, y “sería una vergüenza que con esos congresos no se pueda evitar el dispendio o que no vigilen cómo gasta el dinero el Ejecutivo estatal y municipal”.
Todos los cambios quedarán aprobados antes del lunes 24.
