PUEBLA, Pue.– El morenovallismo resucitó en Puebla tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que confirmó el triunfo de Martha Érika Alonso Hidalgo como gobernadora.
Con la gestión de su esposa al frente del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, exgobernador y actual jefe de la bancada del PAN en el Senado, señalado por sus opositores como represor, autoritario, persecutor y megalómano, extenderá a casi 14 años el poder e influencia del grupo político que encabeza.
Tras el sexenio de Moreno Valle (2011-2016) siguió el minigobierno de un año y 10 meses de quien fue su secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fayad, para dar paso a la administración (2018-2024) de Alonso Hidalgo, quien al asumir su cargo en los primeros minutos del viernes 14 también revive el proyecto de su marido rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.
Sin embargo, el ambiente político en el que gobernará la panista no será el que tuvo su esposo. Miguel Calderón Chelius, catedrático de la Universidad Iberoamericana de Puebla, recuerda que Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, que formaron la coalición Juntos Haremos Historia, tienen la mayoría del Congreso y gobiernan los principales municipios del estado.
De esa manera, en comparación con Moreno Valle, Alonso tiene márgenes mucho más estrechos para operar. Además, tampoco gozará de la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el legislador sí la tuvo con el entonces mandatario Enrique Peña Nieto.
Para el investigador, Moreno Valle también tendrá dificultades para operar debido a que su esposa no ganó la gubernatura de manera cómoda, pues hubo sospechas de fraude y hasta “balazos”.
“Martha Érika comienza su gobierno con muchos pasivos que cuestionan su legitimidad. Además pertenece a un grupo político que no sabe moverse cuando tiene que compartir el poder”, agrega.
Cuando el TEPJF falló en favor de Alonso Hidalgo, López Obrador calificó la resolución como “equivocada” y “antidemocrática”, rehusándose a visitar Puebla para evitar compartir el escenario con la mandataria entrante.
El mandatario federal ni siquiera envió a un representante a la ceremonia en la que la panista emitió su primer mensaje de gobierno, acción que fue respondida por la gobernadora al expresar que en Puebla “será bien recibido y tendrá un gobierno aliado”.
Asume el cargo a escondidas
En un hecho , Martha Érika Alonso no rindió protesta ante el Poder Legislativo local. Evitó un enfrentamiento con la mayoría que integran Morena, Encuentro Social y el PT, que han advertido el desmantelamiento de toda ley morenovallista.
Previo a la renovación del Congreso estatal, la fracción controlada por Moreno Valle aprobó una reforma al Artículo 75 de la Constitución poblana que le permitió a Alonso juramentar el cargo ante el Poder Judicial.
Así, los poblanos amanecieron con la sorpresiva noticia de que la gobernadora asumió el control estatal durante los primeros minutos del viernes 14, ante los magistrados y a puerta cerrada. El acto fue transmitido vía redes sociales.
José Juan Espinosa Torres, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, calificó de inconstitucional la ceremonia en la que la gobernadora asumió su cargo y anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia.
“Es un mal arranque, un mal mensaje que el gobierno inicie así. No respetaron la democracia (en las elecciones) y ahora no respetan el Estado de derecho, no respetan a los poderes públicos. Nunca antes en la historia de Puebla se había pretendido torcer la ley como lo hicieron en las primeras horas de este gobierno”, agregó el diputado petista.
Aunque la gobernadora ha insistido en desmarcarse del senador, en sus primeros nombramientos aparecen exfuncionarios y miembros del grupo político del exmandatario.
Jesús Rodríguez Almeida, de perfil policiaco, quien ha enfrentado denuncias por represión, exdirector de la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de la Ciudad de México y con Moreno Valle, es el nuevo secretario de Gobernación estatal.
Fernando Rosales Solís, exfiscal antisecuestros en el gobierno saliente, y quien además es considerado un experto en la intervención de líneas de comunicación, fue designado como secretario de Seguridad Pública.
Aurelio Miguel Robles Bárcena, exsecretario general del recién desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es el nuevo secretario de Educación Pública.
Entre otros integrantes del nuevo gabinete poblano, también cercanos a Moreno Valle, figura Maximiliano Cortázar, quien fue el encargado de comunicación en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón: será el coordinador general de Política de Martha Érika Alonso
Estado violento
El gobierno que inicia en Puebla también deberá enfrentar retos en materia de seguridad pública. La diputada Vianey García, al exponer la posición de Morena, exigió a la gobernadora combatir el robo de combustible, los feminicidios, la corrupción y la represión heredados durante casi ocho años de administraciones morenovallistas.
De acuerdo con un reporte del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, en los últimos cuatro años el estado pasó a ocupar los primeros lugares en la mayoría de los delitos de alto impacto. Por ejemplo: los feminicidios se incrementaron de seis casos en 2014 a 26 en lo que va de 2018. El robo de auto pasó de 3 mil 652 reportes en 2015 a 11 mil 507 hasta octubre de 2018. De igual manera Puebla es la entidad con más registros de robo de combustible.
El periodista Sergio Mastretta, quien impugnó las elecciones del 1 de julio, pero cuyo recurso fue desechado por “no demostrar interés jurídico”, denunció que el TEPJF colocó al estado a merced de la delincuencia.
“Vivo en Puebla y sé que la procuración de justicia y el crimen organizado aquí van de la mano. Tienen nombre y apellidos los funcionarios, y apodos los jefes de las bandas. A eso nos condenó ese tribunal para los años que vienen”, alertó.
A su vez, Luis Miguel Barbosa, excandidato a la gubernatura, adelantó que trabaja en un plan de acción para que instancias internacionales investiguen lo ocurrido en Puebla.
“Esta amplia representación política no va a permitir que se reediten los seis años del oprobio de Rafael Moreno Valle”, expresó. El exsenador acusó a los cuatro magistrados que votaron para ratificar a Alonso Hidalgo, incluida la presidenta del tribunal electoral, Janine Otálora, de haber sido “seducidos por el poder corruptor de Moreno Valle”.
En el mismo sentido se pronunció Gabriel Biestro, presidente del Congreso estatal: “Nunca más se va a permitir un poder plenipotenciario, antidemocrático ni dictatorial. Velaremos por los derechos humanos, por la transparencia y la rendición de cuentas. Desmantelaremos los órganos electorales que fueron los operadores del fraude”.
