En octubre de 2015, hace tres años y en la misma Corte donde ahora se sigue el proceso a Joaquín El Chapo Guzmán, fue juzgado por diversos crímenes, entre ellos asociación delictuosa y asesinato, Vincent Asaro, integrante de la familia Bonnano. Este capo formaba parte de la mafia siciliana conocida como la Cosa Nostra.
La acusación más relevante contra Asaro, de 80 años, fue su presunta participación en 1978 en el atraco a la aerolínea Lufthansa dentro del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy –el mayor robo de moneda cometido en Estados Unidos que incluso Martin Scorsese llevó al cine bajo el título Goodfellas (Buenos muchachos)–. El juicio fue un espectáculo mediático.
A los fiscales estadunidenses les tomó más de 30 años llevar a juicio a Asaro. De acuerdo con el affidavit (la declaración jurada) del caso, gran parte de la acusación se sustentó en las declaraciones de dos testigos claves: Sal Vitale, un subjefe de la organización criminal, y Gaspare Valenti, un primo del inculpado. Ambos habían firmado acuerdos de cooperación con el gobierno estadunidense a cambio de una reducción de sentencias.
Durante el juicio, los testigos proporcionaron información abundante sobre la forma en que se fraguó el robo a la aerolínea. Valenti ofreció también testimonio de cómo Asaro y un socio suyo enterraron el cuerpo de un bodeguero a quien acusaron de ser una “rata”. Según Valenti, el hombre fue estrangulado con una cadena de perro.
En las diligencias se presentaron grabaciones de conversaciones entre Valenti y Asaro para apoyar las acusaciones contra el jefe de la mafia siciliana.
Los reporteros que cubrieron el juicio destacaron que la familia de Asaro calificó a los testigos como mentirosos; Diana Ferrone, una de las abogadas del acusado, los llamó “criminales cooperadores”, mientras que Elizabeth Macedonia, otra defensora del capo, aseguró que Vitale había recibido pagos gubernamentales por testificar en casi 10 juicios, incluyendo un pago de 250 mil dólares.
“Cada uno de estos testigos ha sido liberado de la cárcel. Todos son mentirosos consumados”, dijo Macedonia al jurado durante el cierre de argumentos, según reportó la cadena CNN. La abogada agregó: “El gobierno no pudo probar que Asaro estuvo involucrado en el atraco a Lufthansa. Algunas veces el gobierno se equivoca”.
Una práctica usual
La estrategia usada por los abogados de Asaro se enfocó en mermar la credibilidad de los testigos clave de la fiscalía, y fue exitosa: Asaro fue declarado inocente y salió sonriente de la Corte.
Esa práctica es frecuente en casos en que los testigos clave son personajes involucrados en algunos de los actos criminales cometidos por el acusado. Así lo está haciendo Jeffrey Litchman, uno de los defensores del Chapo.
A sus 53 años, Litchman ha ganado casos muy notorios, como el del capo John Angelo Gotti, presunto miembro de los Gambino, una de las cinco familias que dominaban el crimen organizado en Nueva York. Gotti tenía cuatro acusaciones, ninguna de las cuales pudo ser sustentada con éxito por la fiscalía.
En su página web Litchman asegura que “gracias a una preparación exhaustiva previa al juicio, su bufete ha ganado docenas de casos –incluyendo acusaciones federales muy serias– y ha destruido a la parte acusadora a través de meticulosas investigaciones que han revelado grandes problemas de credibilidad con los testigos de la fiscalía”.
En la audiencia del 13 de noviembre en la Corte de Brooklyn, Litchman puso en práctica su táctica y pidió a los jurados en el caso del Chapo no confiar en que los testigos del gobierno dirán la verdad.
El uso de testigos protegidos es un componente principal en las estrategias de la procuración de justicia estadunidense, y eso lo tiene muy en cuenta Litchman, quien dijo a los fiscales: “No los quiero espantar, pero a estos testigos el gobierno les dará visa para quedarse a vivir entre nosotros o les reducirá sus sentencias para que un día se queden a vivir entre nosotros”.
En un extenso artículo académico sobre el tema, el abogado Lloyd King Jr. sostiene: “La autoridad de los fiscales para ofrecer incentivos a testigos a cambio de su testimonio tiene una larga historia de aceptación en la jurisprudencia americana.
“La Suprema Corte ha aprobado estos acuerdos con testigos como parte de la autoridad de la fiscalía, y las cortes han reconocido la importancia de estos acuerdos para asegurar el testimonio de testigos esenciales en la persecución de crímenes importantes.”
En duda
En su artículo, King anticipó que los testimonios de cómplices se convertirían en una herramienta esencial para penetrar en los secretos del crimen organizado y del tráfico de drogas, tanto como para detectar la corrupción de funcionarios y de criminales de cuello blanco.
Sin embargo, este tipo de testimonios ha sido cuestionado por abogados defensores y académicos, quienes consideran que ofrecer incentivos a cambio de un beneficio puede traducirse en perjurio.
Citando el caso de Carmine Avellino –un miembro de la familia Lucchese, también de la Cosa Nostra–, Spencer Martínez, abogado de la Universidad de California en Davis, abordó el tema de la credibilidad de esos testigos.
Avellino fue juzgado en 1994 por ocho cargos que incluyeron crimen organizado y asesinato. El testigo principal en su caso fue Alphonso D’Arco, un antiguo jefe de la misma familia que había aceptado un acuerdo de cooperación con la fiscalía en 1991 y testificó en otros juicios contra miembros de la mafia italiana en Nueva York.
Al cooperar en estos juicios, D’Arco obtuvo inmunidad para una decena de parientes; además se declaró culpable de crimen organizado, extorsión y lavado de dinero a cambio de una sentencia menor de 20 años.
El gobierno se reservó el derecho de reducir su sentencia si el testimonio que rendía resultaba satisfactorio para la parte acusadora. Al final, la acusación contra Avellino prosperó aun cuando la Corte hizo notar que D’Arco tenía un poderoso incentivo para mentir.
“El riesgo de que un testigo criminal cometa perjurio para obtener los mayores beneficios es inherente a todos los acuerdos de cooperación”, escribió Martínez.
Sin embargo, los ataques a esa práctica gubernamental han fallado, simplemente porque los beneficios de tales acuerdos, principalmente el aumento de condenas a criminales peligrosos, pesa más que el hecho de detener a un criminal acusado de perjurio.
Sobre ese mismo tema, Lloyd argumenta que aunque la Suprema Corte reconoce que los acuerdos inducidos pueden propiciar perjurio, también claramente considera que las salvaguardas existentes para estos acuerdos son suficientes para garantizar los derechos constitucionales de los acusados.
“Quienes critican los acuerdos con testigos han fallado en ofrecer evidencia empírica que apoye sus argumentos en el sentido de que los acuerdos producen evidencia poco confiable”, indicó Lloyd.
Y agregó: “Más importante aún es que han fallado en demostrar que las salvaguardas establecidas –total divulgación de los términos del acuerdo y de los antecedentes criminales del testigo; examinación cruzada del testigo sobre sus intereses y prejuicios, así como instrucciones apropiadas al jurado– sean insuficientes para garantizar la confiabilidad de los veredictos criminales”.
Jerry Capeci, editor de Ganglandnews.com, sitio dedicado a seguir juicios que involucran al crimen organizado y corrupción, ha cubierto los de miembros de la mafia durante más de cuatro décadas.
Ha visto, dice, el uso de testigos inducidos en diversos juicios contra capos de la mafia: “No hay duda de que el uso de testigos inducidos es una marca en los casos de la mafia en la Corte federal de Brooklyn: Salvatore Gravano en el juicio del jefe de la mafia John Gotti en 1992 y Salvatore Vitale contra Joe Massino en 2004”.
Y agrega: Los fiscales están usando las mismas tácticas para juzgar a Guzmán Loera por sus supuestos crímenes; “si serán exitosos o no en condenarlo es algo que está por verse”.
