Es factible que en las próximas semanas se destrabe el caso Odebrecht –el emblema de la corrupción del régimen de Enrique Peña Nieto– que implica al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin por los presuntos sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht. En el juicio de amparo que se resolvió el pasado 30 de noviembre, la juez Luz María Ortega Tlapa dio 30 días hábiles a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a fin de desahogar pruebas, así como 40 días naturales para determinar si ejerce o no la acción penal contra el exfuncionario peñanietista.
Cuando estuvo al frente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán se resistió a entregar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) documentos clave sobre el caso Odebrecht.
Entre esos legajos había copias certificadas de la carpeta de investigación de la PGR sobre la empresa brasileña, así como la información entregada por la fiscalía de Brasil al gobierno mexicano, con las que la FEPADE busca determinar si Emilio Lozoya Austin recibió sobornos de Odebrecht y si los utilizó para financiar de manera ilegal la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.
Lo anterior se conoció durante el juicio de amparo 702/2018, cuya acta en versión pública muestra que la FEPADE solicitó los documentos “por lo menos en dos ocasiones” a la subprocuraduría dirigida por Elías Beltrán y a la Coordinación General de Servicios Periciales. Sin embargo, esos informes “no obran” en su expediente.
Elías Beltrán asumió la subprocuraduría a partir de noviembre de 2016. Y aunque el 16 de octubre de 2017 Raúl Cervantes Andrade renunció a la PGR, Elías Beltrán se convirtió en titular de facto de la dependencia, pero siguió al frente de esa subprocuraduría.
En el juicio de amparo, que se resolvió el pasado 30 de noviembre, la juez Luz María Ortega Tlapa, del Juzgado Octavo de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, dio 30 días hábiles a la FEPADE para desahogar pruebas, y otros 40 días naturales para determinar si ejerce o no la acción penal contra Lozoya Austin.
A pesar de que aparentemente no obren los informes que la FEPADE solicitó a la PGR, la juez estimó que “ha transcurrido un tiempo suficiente y razonable para que ya se haya proporcionado la información y el dictamen pericial requeridos”, por lo que consideró que la dependencia está “en aptitud de determinar la carpeta de
investigación”.
Asimismo, ordenó a la FEPADE que reformule un oficio del pasado 10 de julio, en el que la dependencia rechazó una petición de Javier Coello Trejo, el abogado de Lozoya, quien pidió la prescripción de los cuatro delitos que le imputan a su cliente –dos de ellos del Código Penal Federal y dos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales–, con el propósito de anular la investigación.
El juicio de amparo 702/2018 es el más reciente de una serie de 14 amparos que interpusieron Lozoya, la FEPADE y la PGR sobre el caso Odebrecht desde el 12 de agosto de 2017.
Ese día, Proceso publicó una investigación de Quinto Elemento Lab, la cual reveló los contenidos de los testimonios que tres exdirectivos de Odebrecht rindieron ante la justicia de Brasil.
En sus declaraciones juramentadas, Luis Alberto de Meneses Weyll, Luiz Mameri e Hilberto da Silva confesaron que entregaron 10.5 millones de dólares de sobornos a Lozoya y que le depositaron 4 millones 130 mil dólares durante la campaña presidencial de Peña Nieto, en la que Lozoya era coordinador de Vinculación Internacional.
“A principios de 2012 constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas electorales. Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, declaró Weyll a los fiscales brasileños.
Cuatro días después de que este semanario publicó la investigación, el PRD interpuso una denuncia ante la FEPADE, la cual abrió la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017. Se sumó a la carpeta FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017, que la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR abrió en enero de 2017.
El caso Odebrecht fue uno de los sonados escándalos de corrupción que mancharon el sexenio de Peña Nieto, y que hasta la fecha siguen impunes. El jueves 6, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación sigue adelante, y sostuvo: “no somos tapadera de nadie”.
Coincidencias
Proceso realizó un análisis a los 14 juicios de amparo, según el cual el 20 de octubre de 2017 coincidieron tres eventos relevantes para la investigación del caso Odebrecht.
Ese día, Alberto Elías Beltrán removió “con efectos inmediatos” a Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la FEPADE; en paralelo, la FEPADE pidió a la oficina del mismo Elías Beltrán que solicitara asistencia jurídica internacional a Brasil, Antigua y Barbuda, en tanto Lozoya consiguió una suspensión en un juicio de amparo (número 839/2017) que le permitió acceder a la carpeta de investigación.
En ese entonces, el tema Odebrecht estaba caliente en la FEPADE y en la PGR. La primera estaba recolectando información sobre el caso –el 11 de septiembre recibió un informe de investigación criminal de la Policía Federal Ministerial de 149 hojas, por ejemplo–, mientras que la PGR seguía sacudida por la sorpresiva renuncia de su titular Raúl Cervantes Andrade, el 16 de octubre.
Cervantes afirmó que la PGR había concluido la investigación sobre Odebrecht, que calificó como “uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto”, donde se empleó “un complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales”.
A más de un año de esta declaración, la PGR no ha dado a conocer avances sobre su investigación.
Una semana después de la renuncia de Cervantes, el periodista Raúl Olmos, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló una serie de correos electrónicos de Carlos Fadigas, quien dirigió Braskem, una filial de Odebrecht en México. En ellos, el hombre confesó que acompañó “de tiempo completo” la campaña del PRI en 2012, y no sólo de Peña Nieto, “sino también de su equipo”.
“Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México, no sólo con el presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña”, dijo Fadigas a inversionistas en febrero de 2013.
A medida que se apilaban las evidencias sobre el involucramiento de Lozoya, la FEPADE pedía a la subprocuraduría de Elías Beltrán que emitiera solicitudes de asistencia jurídica internacional.
Entre octubre y diciembre pidió la asistencia de las autoridades de Brasil –que llevaban la investigación Lava Jato sobre las redes de corrupción de Odebrecht–, así como de Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes Británicas y Suiza, para investigar sociedades de papel y cuentas bancarias incorporadas en aquellos paraísos fiscales.
Odebrecht usaba a Antigua y Barbuda como base para pagar los sobornos internacionales; lo hacía con empresas de papel y transfería el dinero a través del banco Meinl Bank Antigua Limitad. De ahí salieron, entre abril y junio de 2012 –en plena campaña de Peña Nieto–, 3 millones 140 mil dólares a cuentas bancarias que, según los exdirectivos de la empresa brasileña, estaban vinculadas con Lozoya.
De acuerdo con los testimonios, el dinero terminó en una cuenta del banco suizo Gonet et Cie, abierta a nombre de una empresa de papel llamada Latin American Asia Capital Holding, incorporada en las Islas Vírgenes Británicas y presuntamente operada por Lozoya.
Pasó el tiempo y en los primeros meses de 2018 –en las actas de los juicios de amparo no se especifica la fecha–, la FEPADE envió a la subprocuraduría un “recordatorio” de 30 hojas para saber qué había pasado con las solicitudes de asistencia jurídica internacional.
Los siguientes 19 y 20 de abril, la dependencia pidió a la PGR copias certificadas de la carpeta de investigación de la PGR sobre Odebrecht, “en la que obra la documentación entregada por la República Federativa de Brasil en vía de Asistencia Jurídica Internacional, así como su respectiva traducción en español”, según el acta del juicio de amparo 702/2018. El pasado 30 de noviembre, aquellos informes no se encontraban en el expediente de la FEPADE, según el mismo documento.
Acceso al expediente
Las actas de los 14 amparos revisados muestran los esfuerzos que desplegaron Lozoya y su abogado para acceder a las carpetas de investigación de la FEPADE y la PGR.
El 22 de agosto de 2017, la FEPADE había negado a Lozoya el acceso a la carpeta de investigación, con el argumento de que la información que contenía era reservada. En un oficio fechado ese día, que recibió el “visto bueno” de Nieto Castillo, la dependencia también indicó al exdirector de Pemex que la emisión de un citatorio no era “una obligación exigible”.
Sin embargo, la FEPADE le dejó acceder a su expediente el 25 de octubre de 2017, apenas cinco días después de la remoción de Nieto, y a pesar que la dependencia interpuso dos amparos para impedir que ello sucediera.
Con la PGR, el exfuncionario no tuvo la misma suerte. Ante la negativa de los agentes del Ministerio Público de enseñarle la carpeta de investigación, Lozoya interpuso un amparo el 24 de noviembre de 2017; el 17 de abril de 2018, la juez Ortega Tlapa desechó su petición, pues recordó que sólo se puede tener acceso a la carpeta cuando ésta se encuentra ante la justicia.
En diciembre de 2017, el exfuncionario también pidió a la PGR que citara a comparecer a tres exdirectivos de Pemex: Mario Beauregard Álvarez, Víctor Díaz Solís y José Fortunato Álvarez Enríquez, lo que la dependencia concretó en mayo siguiente.
Tanto la PGR como la FEPADE –y la Secretaría de la Función Pública– se negaron a entregar una versión pública de los expedientes de sus investigaciones sobre el caso Odebrecht, que este semanario solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Ello, a pesar de que el pasado 2 de octubre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la PGR la liberación de los documentos, por considerarlos de interés público. La dependencia se amparó.
En su respuesta a la solicitud de información, la PGR aseveró que no puede publicar documentos “que den cuenta de la existencia o inexistencia de líneas de investigación relacionadas con una persona identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio o buen nombre”.
Según la PGR, de publicarse la investigación sobre el caso Odebrecht, se perpetraría una violación a los derechos humanos del imputado, lo que invalidaría todo el proceso judicial y “ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan… lo que generaría desconfianza en la procuración de justicia”.
