El impacto de las decisiones económicas del presidente López Obrador, su gabinete y las bancadas legislativas de su partido propagó un clima de incertidumbre en los mercados. Pero también sembró inquietud en otros niveles de gobierno y organismos que dependen del presupuesto federal, ya que ni siquiera los integrantes de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro tienen pistas de cómo se cocina en Hacienda el paquete económico 2019.
Agencias calificadoras, grupos financieros nacionales y extranjeros, especialistas macroeconómicos, fondos de inversión globales, tenedores de valores del gobierno mexicano –de aquí y de todo el mundo–, la Bolsa Mexicana de Valores y los mercados bursátiles de otros países donde cotizan empresas mexicanas, medios informativos especializados y todos aquellos agentes económicos que, en conjunto, eufemísticamente se denomina como “los mercados” o “el mercado”, tienen bajo la lupa al gobierno mexicano.
Esperan con ansias y preocupación que el gobierno federal presente el paquete económico para 2019 con sus documentos básicos: Criterios generales de política económica, que incluye el Marco macroeconómico, con las grandes variables macroeconómicas; así como la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal. El límite para entregarlos al Congreso es el sábado 15.
También hay inquietud entre gobernadores, alcaldes, rectores de universidades públicas, organizaciones civiles y académicas, y en aquellos que durante semanas han hecho largas filas ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para entregar sus necesidades y peticiones presupuestales.
En el primer grupo la preocupación reside en que, primero como presidente electo y luego como presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador ha tomado medidas –junto con sus bancadas mayoritarias en el Senado y la Cámara de Diputados– y hecho declaraciones y propuestas de política pública que han dañado varios de los principales indicadores macroeconómicos, como el tipo de cambio, que se ha mostrado en extremo volátil y propiciado continuas depreciaciones del peso. Ello ha empujado al alza las tasas de interés, con lo que a su vez se encarece el costo del dinero y se frena el crecimiento económico…
A su vez, gobernadores y alcaldes intuyen una menor recaudación federal participable, es decir, que la federación les entregará menores recursos el próximo año.
Y es que, por ejemplo, López Obrador ha reiterado que bajará en la frontera norte la tasa del Impuesto al Valor Agregado de 16% a 8% y la tasa del Impuesto Sobre la Renta a 20%, lo que significará una reducción en la recaudación cercana a 80 mil millones de pesos.
También les genera incertidumbre que López Obrador, ya presidente constitucional, siga haciendo propuestas de política pública que presuponen un gasto para el que no hay margen o que implicarían reducciones presupuestales dramáticas en otros sectores.
Ejemplos: la construcción de 100 universidades tan sólo en el próximo año –se pensaba que iba a hacerse eso a lo largo del sexenio– o la creación, en tres años, de un sistema de salud totalmente gratuito para todos los habitantes del país, muy similar –dijo en el Zócalo capitalino después de su toma de posesión– al de Canadá y los países nórdicos.
Pero, según especialistas, no hay de dónde salgan recursos para eso, ni duplicando la recaudación tributaria.
Esas nuevas propuestas de AMLO, más las que hizo en campaña y como presidente electo, han dificultado la confección del programa económico del próximo año, en particular el Presupuesto de Egresos.
De hecho, miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, consultados por el reportero, se quejan de que la Secretaría de Hacienda no les comparte información sobre el armado del presupuesto ni de cómo está acomodando las cifras, para saber ellos cómo poder atender los cientos de peticiones presupuestales de todos los sectores que se han apostado en la comisión legislativa.
No tienen una cifra cierta ni definitiva sobre lo que se espera de ingresos ni del gasto neto del que se dispondrá el próximo año; mucho menos datos sobre la distribución de ese gasto. “No tenemos nada oficial. Nos enteraremos hasta el día 15”, le dicen al reportero.
Mercados en la incertidumbre
Son varias las decisiones de López Obrador que tienen molestos y en la incertidumbre a los mercados. Entre ellas, las decenas de propuestas que sólo implican gastos y gastos, pero la más relevante es la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco –“el error de octubre”, la calificó Citigroup, como difundió aquí su filial Citibanamex.
Fue una decisión “anticlimática”, “inesperada” y “antieconómica” –calificativos usados por los analistas– porque significará dilapidar, echar a la basura, más de 180 mil millones de pesos que el gobierno deberá pagar… con recursos de los contribuyentes.
La cancelación del aeropuerto en Texcoco tuvo un fuerte impacto en varios indicadores macroeconómicos. En primer lugar, propició una fuerte depreciación del peso en dos semanas, entre el 16 y el 31 de octubre, de casi 8.3% en el tipo de cambio fix, que es el de mayoreo y se usa para solventar obligaciones denominadas en dólares.
El 16 de octubre, ese tipo de cambio estaba en 18.77 pesos por dólar (ppd) y para el 31 de octubre ya andaba en los 20.32 ppd: una pérdida de casi un peso con 60 centavos.
Igual pasó con el tipo de cambio interbancario a 48 horas. En las mismas fechas, pasó de 18.76 ppd a 20.30 ppd. Es decir, la moneda nacional perdió frente al dólar, en dos semanas, un peso con 54 centavos, una depreciación de 8.2%.
Más aún, desde el 2 de julio, un día después de las elecciones, hasta el jueves 6 de diciembre, el peso se depreció 11.45%, equivalente a una pérdida de dos pesos con 11 centavos frente al dólar.
De hecho en todo el año el tipo de cambio se mostró muy volátil, con alzas y bajas, debido al efecto AMLO, combinado con la incertidumbre generada por la negociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y otros factores de riesgo de la economía global.
La disminución del valor del peso frente al dólar fue de casi cinco pesos (4.85), equivalente a una depreciación de casi 27% en el año. Todos los datos anteriores fueron elaborados con información del Banco de México.
El primer impacto del alza del dólar es que hace más costoso el pago de la deuda, sus intereses y amortizaciones. Más gasto, pues.
Y para evitar que el encarecimiento del dólar impacte de manera severa en los precios, el Banco de México se vio obligado a aumentar su tasa objetivo, que es la tasa de referencia para determinar el resto de tasas, en todos los niveles.
Hasta el 7 de febrero (siempre con datos del banco central) la tasa objetivo se mantuvo en 7.25%. Pero como el tipo de cambio siempre estuvo volátil, más la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal estadunidense, modificó en tres ocasiones durante el año la tasa de referencia: del 8 de febrero al 20 de junio, en 7.50%; del 21 de junio al 14 de noviembre, en 7.75%, y del 15 de noviembre a la fecha está en 8%.
Como consecuencia de esos aumentos, las demás tasas se vieron impactadas. Por ejemplo, las Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), que es la que usan los bancos como base para sus operaciones de crédito, tuvo aumentos significativos en el año.
La TIIE a 28 días tuvo un incremento de casi 10% y la modalidad a 91 días, uno de casi 10.5%. En esa medida aumentó el costo del dinero y se encarecieron todos los tipos de crédito. Eso significa un acceso más difícil al financiamiento de empresas y personas; por lo tanto, más dificultades para el crecimiento de la economía.
Otro efecto de la depreciación del peso y el encarecimiento del crédito es que deja entre los inversionistas la percepción de que la economía mexicana tiene problemas y eso genera aversión al riesgo entre los agentes económicos.
Y para que los inversionistas que poseen valores del gobierno federal no abandonen sus posiciones –o incluso salgan del país–, el gobierno tiene que pagar un mayor rendimiento, sobre todo en títulos de largo plazo.
Por ejemplo, en los bonos soberanos con plazo de 10 años, el gobierno empezó el año pagando un rendimiento de 7.64% anual y terminó pagando, a finales de noviembre, un interés de 9.11%.
Para los bonos gubernamentales a 20 años, el premio inicial fue de 7.71%. Al concluir noviembre, el gobierno ya estaba pagando un rendimiento de 9.6%.
Otro efecto de la volatilidad en los indicadores macro es el castigo que ejercen los mercados a las emisiones de deuda en dólares hechas por el gobierno federal. Se le conoce como “riesgo país” y se refiere a la situación de fortaleza o debilidad macroeconómica y la capacidad del país para cumplir con sus pagos de la deuda.
El riesgo país se expresa en “puntos base”, y cada 100 de ellos equivale a 1%. Es la sobretasa, respecto de los bonos del tesoro estadunidense, que debe pagar el gobierno por sus emisiones de deuda.
El 23 de septiembre el riesgo país de México estaba en 183 puntos base; el 28 de octubre –ya decidida la cancelación del aeropuerto de Texcoco– se ubicó en 204 puntos base y para el 30 de noviembre se disparó a 228.
Es decir, el gobierno mexicano paga ahora, por sus emisiones de deuda en dólares, 2.28% adicional al rendimiento que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Acciones contraproducentes
Por si no fuera suficiente con los dichos y hechos de AMLO para deteriorar el ambiente económico, los diputados y senadores de Morena, que son mayoría en ambas cámaras, también han actuado de manera errática.
El 8 de noviembre el senador Ricardo Monreal presentó una vieja iniciativa de ley –que hizo él mismo en 2007– para obligar a los bancos a eliminar algunas de sus comisiones que cobran por sus servicios. Tras la presentación de esa iniciativa, la Bolsa Mexicana de Valores experimentó una de sus jornadas más negras de los últimos años, al perder casi 6% (-5.81%, la cifra exacta) del valor de capitalización del conjunto de empresas que cotizan en ella.
El Índice de Precios y Cotizaciones quedó ese día en 44 mil 190 unidades, es decir 2 mil 500 por debajo del nivel registrado el día previo. En términos menos técnicos, la pérdida representó una minusvalía superior a 82 mil millones de pesos en el valor de cotización, sobre todo en las empresas dedicadas a la banca y otros servicios financieros.
Total, que fue un día fatídico para los bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: el Grupo Financiero Banorte resultó con una pérdida de -11.76% , que implicó una baja de 41 mil millones de pesos en su valor de capitalización.
El Grupo Financiero Inbursa, de la familia Slim, tuvo una pérdida de casi 10% (-9.86%), equivalente a una disminución de su valor bursátil de 18 mil millones de pesos.
A su vez, las acciones de Santander cayeron -8.05%, igual a una pérdida de 15 mil millones de pesos. Banco del Bajío perdió -7.17% (3 mil millones de pesos), mientras que las acciones de Banregio perdieron -6.15 de su valor, unos 2 mil millones de pesos.
Como corolario, todos estos efectos han propiciado que los grupos financieros, los organismos financieros internacionales, calificadoras y grupos de especialistas macroeconómicos revisen a la baja sus pronósticos de crecimiento del PIB, tanto para este año como, sobre todo, para el próximo: la economía nacional no crecerá en 2019 ni a 2%.
