Tras los rumores y las polémicas que provocó el ingreso de las caravanas migrantes a México, algunos de sus integrantes hondureños relatan lo que significa crecer en un país al que la delincuencia convirtió en una zona de guerra y donde no hay oportunidades laborales, educativas ni de desarrollo para los jóvenes. Por eso enfrentaron los riesgos que implica cruzar varios países para llegar a Estados Unidos. “Preferimos luchar por una causa digna que morir sin sentido”, dice uno de ellos.
Ciudad de Guatemala.- “Papá, sólo un poquito más voy a intentar avanzar”. Con esas palabras, Melvin Josué Gómez, de 22 años, trató de tranquilizar a su padre, quien seguía ansioso el avance de la caravana migrante que salió de San Pedro Sula el pasado 12 de octubre, recorrió Guatemala y llegó a la frontera sur de México siete días después.
Gómez nació y creció en Chamelecón, un populoso barrio al sur de San Pedro Sula, donde una carretera marca una frontera infranqueable entre las pandillas rivales que controlan el sector: la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Crecer en Chamelecón es sobrevivir en una zona de guerra, al extremo de que el Instituto Técnico local, un centro vocacional para mayores de 12 años ubicado en el límite de los territorios de las pandillas, tuvo que abrir una puerta lateral para impedir que los alumnos de una zona tuvieran que cruzar al “territorio contrario” y eso causara enfrentamientos.
Un retén permanente de la Policía Militar, que vigila cada entrada y salida, ha comenzado a apaciguar este sector de San Pedro Sula, ciudad designada como la más peligrosa del mundo durante cuatro años consecutivos (de 2011 a 2014).
A partir de 2014 la tasa de homicidios en la ciudad ha descendido y, entre 2016 y 2017, se redujo de 107 a 52.5 por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, aunque el país cerró 2017 con 3 mil 791 homicidios (42.8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes).
Pero la tensa calma que hoy se vive en Chamelecón escasamente consuela a cientos de jóvenes como Gómez, que no encuentran empleo, pues la mayoría de las empresas les cierran las puertas a los jóvenes provenientes de las “zonas rojas”.
Al sentirse atrapado por esta espiral de violencia y pobreza, Gómez decidió unirse a la caravana y cruzó en balsa el río Suchiate, que divide México y Guatemala, mientras otros migrantes hondureños se agolpaban sobre el puente y eran repelidos desde el lado mexicano por agentes de la Policía Federal (PF) con granadas de gas lacrimógeno.
Al momento de cruzar el río, Gómez –de tez morena y semblante apacible– se tomó una selfie y se la envió a su padre para asegurarle que se encontraba bien. El sueño de Gómez era el mismo de todos los jóvenes de la caravana: llegar a Estados Unidos, encontrar un empleo que le permitiera enviar remesas a su familia y regresar a Honduras después de unos años.
Gómez llegó a México pero no a la frontera con Estados Unidos. Murió el 22 de octubre al caer de la parte trasera del tráiler en el que viajaba precariamente de Tapachula a Huixtla, en Chiapas. Tres días después regresó en un féretro al barrio del que desesperadamente buscaba huir. “Yo le dije: Mijo, regrese porque aquí aunque sea arroz y frijoles tenemos”, lamentó su padre durante el funeral.
“Cada quien busca su norte”
Óscar Pastillo, de 21 años, tampoco llegaría a la frontera de Estados Unidos. Cruzó el río Suchiate en una balsa, igual que Gómez, pero fue detenido por agentes de la PF que lo condujeron a un centro de detención.
Los dos jóvenes habían pernoctado en casa de los familiares de una señora que entabló amistad con ellos durante el trayecto, pero fueron detenidos en Ciudad Hidalgo, mientras regresaban a la casa, en microbús, después de comprar víveres.
“Eran 10 federales y ocho de Migración. Nos pidieron la credencial y como no la teníamos nos subieron a un transporte. Al llegar al Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas nos dijeron que íbamos a ser deportados”, narra Pastillo.
El centro de detención albergaba entre 300 y 400 hombres de diversa procedencia: africanos, asiáticos y centroamericanos, la mayoría integrantes de la primera de las dos caravanas hondureñas que ingresaron a México el pasado octubre. Había 40 detenidos por dormitorio y dormían en bancas con colchas sucias. La comida consistía en arroz, frijoles, carne y tortillas, con fruta o galletas de postre. “La mayoría andaba triste, porque varios estaban a punto de llegar al lugar que tenían por objetivo”, afirma el joven.
A las 12 de la noche siguiente le devolvieron las pertenencias que llevaba: su celular y el cargador. Lo subieron a un autobús rumbo a Cortés, Honduras, adonde llegó a las cinco de la tarde del día siguiente. Allí tomó otro autobús hasta San Manuel, ciudad de unos 6 mil habitantes situada unos 159 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital.
A su madre y su tía no les importó que no llegara a Estados Unidos. El sueño no había tenido el fin esperado pero “estaban contentas de que no me hubiera pasado nada”, afirma Pastillo.
Él quería estudiar contabilidad y finanzas en la universidad pero tuvo que dejar la preparatoria cuando le faltaba un año para terminar los estudios porque su familia no podía costearlos. En San Manuel sus opciones de trabajo son la maquila o ayudar a su tío electricista por 300 lempiras (12 dólares).
“En Honduras sólo hay maquila y explotan bastante al trabajador. Los sueldos andan en 200 lempiras diarias (8.3 dólares) y hay que trabajar bien corrido ocho horas, con sólo una hora de descanso”, asegura Pastillo, quien forma parte del 12% de jóvenes hondureños que carece de empleo.
Tras ser deportado, Pastillo regresó a la pequeña vivienda que comparte con su madre, enfermera, y su hermana de 13 años. Asegura que el sueldo de su madre y los pagos de su tío por los trabajos ocasionales no alcanzan para pagar el alquiler, los estudios de su hermana ni una alimentación sana para los tres. “Mi familia siempre ha sido trabajadora, pero los salarios son muy bajos y los gastos son muy grandes”, cuenta Pastillo.
La dieta familiar consiste en arroz, frijoles, huevos y ocasionalmente pollo. La carne se ha convertido en un lujo que se permiten una vez al mes: “Cuando compramos carne, es siempre la de bajo precio. A veces uno desea lo que el vecino está comiendo, cosas más saludables para el cuerpo”.
Pastillo, su madre y su hermana afrontan el constante riesgo de caer en el abismo de la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria. Según datos del Programa Mundial de Alimentos, Honduras ocupa el segundo lugar en desnutrición crónica en Centroamérica y según cifras del Programa de Naciones Unidas para la Infancia, 90 mil niños hondureños viven con esa condición.
Otros miles de jóvenes hondureños pudieron continuar el viaje y llegaron a Tijuana. En esta ciudad se toparon con el muro militarizado en la frontera con Estados Unidos. Las altas bardas reforzadas con alambres de púas, la presencia de militares y agentes armados del otro lado y los constantes ataques de Donald Trump en su contra no los disuadieron de cruzar.
Sin embargo, los integrantes de las caravanas tardarán meses en conseguir una cita para presentar su solicitud de asilo a las autoridades estadunidenses, que le será negado a la mayoría. “Yo no voy a regresar, no puedo, tengo que levantar a mi familia, y la moneda de México no vale en Honduras”, dijo a Proceso Alfredo Álvarez.
Durante una protesta que cientos de hondureños realizaron afuera de la garita de El Chaparral el pasado jueves 22, otro joven, Frank Martínez, lanzó: “En Honduras se vive una dictadura, hubo un fraude electoral evidente y todo el mundo aplaude y aplaude. Yo sé que Estados Unidos no nos va a abrir las puertas; no sólo buscamos Estados Unidos, lo que queremos es una vida digna (…) aquí cada quien busca su norte”.
Ese día, un hombre que se identificó como Manuel y había sido designado el día anterior como representante del éxodo para platicar con un grupo de diputados de la Unión Europea, aseveró: “Preferimos morir aquí, luchando por una causa digna, que regresar a nuestro país y morir como perros, sin sentido”.
Algunos de plano perdieron la esperanza. El pasado 27 de noviembre Alden Rivera, embajador de Honduras en México, indicó que más de 200 de sus connacionales pidieron su retorno asistido.
País desigual
Según el Banco Mundial, de los 8.5 millones de habitantes de Honduras, más de 6 millones son pobres, como Óscar Pastillo y su madre, o como Melvin Gómez, el joven que murió al caer del tráiler. También hay 215 millonarios, lo cual lo sitúa como el país más desigual de América Latina.
Según el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, los índices de pobreza y pobreza extrema, que habían comenzado a reducirse desde 2006, volvieron a dispararse tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en 2009, con el beneplácito del gobierno estadunidense.
Mientras que la pobreza bajo el gobierno de Zelaya se redujo 7.7% y la pobreza extrema 20.9%, durante los tres años después de su remoción la pobreza aumentó 13.2% y la pobreza extrema se disparó 26.3%.
Mientras crece la pobreza, también lo hace la corrupción, como muestra el más reciente informe de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, según el cual Honduras pasó del lugar 123 en el ranking de percepción de la corrupción en 2016 al sitio 135 en 2017.
“En Honduras hay mucha violencia y mucha corrupción. No hay trabajo y yo no me quiero quedar como un indigente en la calle”, afirma Ramón Adolfo Izaguirre Hernández, de 20 años, quien también se unió a la caravana.
Para familias como Pastillo y su madre, que hacen malabares para estirar el poco dinero que entra cada mes, la gota que derramó el vaso fue el desfalco de unos 200 millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro Social, escándalo que salpicó al círculo más cercano del actual presidente, Juan Orlando Hernández.
El escándalo provocó un movimiento de protesta conocido como “Los Indignados”, que salió a las calles en 2015 a exigir la destitución de Hernández y la creación de una comisión internacional para investigar casos de corrupción y crimen organizado, similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), financiada por las Naciones Unidas.
El resultado fue la creación de una comisión auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) con un mandato mucho más limitado: la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El desfalco del Seguro Social debió sellar el futuro político de Hernández. Por eso su sorpresiva reelección en noviembre de 2017 fue considerada por muchos como un fraude y desató una nueva ola de protestas.
Los manifestantes salieron a las calles, golpeando cacerolas y gritando fueras al presidente, quemaron llantas, obstaculizaron el tráfico y se enfrentaron a la policía, la cual abrió fuego contra los inconformes con un saldo de 16 muertos. “Si los estudiantes protestan, la policía los mata. Los que más sufren son los campesinos”, asegura Izaguirre Hernández.
Él fue deportado de Estados Unidos hace dos meses, pero está decidido a cruzar de nuevo la frontera, convencido de que en Honduras no tiene ningún futuro. Pastillo, quien todavía no tiene claro si se unirá a otra caravana, hace una pausa mientras reflexiona y luego afirma con tono melancólico: “Me hubiera gustado llegar arriba. Creo que (Estados Unidos) es un país donde se respeta más la ley y hay más fuentes de trabajo, y si me porto bien puedo llegar a tener un buen hogar y una familia”. (Con información de Mathieu Tourliere.)
