Los padres de los 43 normalistas desaparecidos y sus abogados lamentan que la CNDH haya tardado cuatro años en emitir la recomendación 15VG/2018 sobre el caso Ayotzinapa, que manchó la administración de Enrique Peña Nieto. Ellos denuncian que el voluminoso documento incluye versiones ya conocidas e insostenibles y deja a su sucesor la tarea de “enderezar las indagatorias”. Para Mario Patrón, director del Centro Prodh, lo deseable es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nombre un fiscal autónomo que trabaje junto con los agraviados en el diseño y creación de una Comisión de Investigación.
Setenta y dos horas antes de que Enrique Peña Nieto dejara la Presidencia de la República, el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dio a conocer en conferencia de prensa la recomendación 15VG/2018 en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Los familiares de las víctimas –que no fueron invitados al evento– consideran el documento poco útil, pues, dicen, se deriva de un “cálculo político (del organismo) más que de una respuesta a la exigencia de verdad” que ellos, los alumnos de la normal Rural Isidro Burgos, activistas y la sociedad en general, demandan desde hace cuatro años.
Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a los padres de los normalistas desaparecidos, sostiene que ese caso marcó la administración de Peña Nieto y es emblemático, pues “representa a miles y miles de desaparecidos en México, el ADN más corrupto e impune de un gobierno; es muestra de una asociación entre el poder político y el crimen organizado”.
Tuvieron que pasar cuatro años para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) diera a conocer su recomendación 15VG/2018. El ómbudsman González Pérez y el personal encargado de la Oficina Especial para el Caso Iguala tardaron nueve horas en exponer el contenido del documento de 2 mil 177 páginas.
Al final, dieron vida a la “versión histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), según la cual el basurero de Cocula y el río San Juan fueron el destino final de los normalistas, aun cuando esa hipótesis fue sepultada hace dos años en los informes difundidos, entre otros organismos, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Un discurso reiterativo
A partir de mayo pasado, sentencias del Poder Judicial de la Federación dieron la puntilla a la “versión histórica” al invalidar las declaraciones ministeriales de detenidos en los que se fundamentó la narrativa oficial, por haber sido extraídas bajo tortura.
Las autoridades ordenaron crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Ayotzinapa), tras evidenciar la falta de imparcialidad de la PGR. Sólo quedó pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobara la creación del mecanismo extraordinario de justicia.
En ese contexto y con la consigna de que le tocará a la administración de Andrés Manuel López Obrador “enderezar” las investigaciones, el pasado 28 de noviembre González Pérez repitió en el Club de Periodistas, sin la presencia de los familiares de las víctimas, lo que otras instancias ya habían dicho: “La muy grave y lamentable colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la perdida de la vida de seis personas, lesiones a 42 y la desaparición forzada de 43 más”.
Acompañado del encargado de la Oficina Especial, José Larrieta, el ómbudsman nacional reiteró: “Las omisiones y la actuación indolente de varias instancias de procuración e impartición de justicia ocasionaron la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas, el que no se hayan agotado múltiples líneas de investigación y que diversas consignaciones de presuntos responsables hayan sido indebidamente formuladas, lo cual ha ocasionado que varios de ellos no puedan ser juzgados y subsista la impunidad”.
Luego de la maratónica exposición del 28 de noviembre, el ómbudsman dijo que dos días antes Larrieta hizo en la Ciudad de México una presentación informal de la recomendación 15VG/2018 a varios padres y madres de los normalistas desaparecidos, quienes recibieron la información “con recelo”. González Pérez los invitó a que conocieran el “conjunto” del documento para su mejor comprensión.
En entrevista efectuada en la víspera de la toma de posesión de López Obrador, Patrón Sánchez sostiene –sin ánimo de “minimizar ni relativizar” la recomendación de la CNDH– que la apuesta de los padres y madres de los normalistas es que el nuevo mandatario cumpla los compromisos asumidos el pasado 26 de septiembre. Ellos quieren que el proceso de verdad y justicia se realice bajo la supervisión internacional, a través de un mecanismo extraordinario de justicia descrito por el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Hay una intencionalidad y una invitación expresa del nuevo gobierno para que regrese la CIDH y se involucre a ONU-DH en una nueva dimensión de asistencia y supervisión internacional –dice–. Esa es la apuesta de los padres y madres, más allá de que la CNDH tiene facultades constitucionales que podrá seguir ejerciendo, pero sus expectativas están en los controles externos, la asistencia técnica internacional, en un contexto de coadyuvancia reforzada, en la que los padres y madres puedan participar en los planes de investigación, sin sustituir la facultad penal de investigación del Ministerio Público.”
Sin tratar de “rivalizar” con la CNDH, el director del Centro Prodh admite que el documento recomendatorio generó “incomodidad” a los familiares de los desaparecidos, empezando porque, hasta el 30 de noviembre, el organismo no había notificado formalmente a los padres de los normalistas. Sólo lo hizo con las 16 autoridades a quienes se dirige la recomendación, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto.
Tras reconocer que la Oficina Especial del Caso Iguala “no ha sido una institución cercana a las víctimas, que vigilara medidas de asistencia o asegurara que en algunos casos se pudieran iniciar procesos de reparación”, Patrón Sánchez considera que “emitir una recomendación tres días antes de que fenezca el gobierno de Peña Nieto hace que el documento sea menos útil en términos de la causa y el proceso de verdad y justicia; deja entrever que más bien hubo cálculos políticos de la CNDH”.
El resultado de cuatro años de investigación de la CNDH genera también preocupaciones, advierte el defensor, pues no toma en cuenta las resoluciones judiciales que invalidaron las declaraciones que ubicaron a los jóvenes en Loma de los Coyotes y el basurero de Cocula y que fueron incluidas en la recomendación para validar el destino de al menos19 personas, quienes para el organismo pudieron haber sido ejecutadas, incineradas y sus cenizas “disipadas” en el Río San Juan.
La CNDH no consideró la resolución emitida el 25 de octubre pasado por la juez primera de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, Martha Georgina Comte Villalobos, mediante la cual se puso en libertad “bajo las reservas de ley” a cuatro de los principales implicados en la “verdad histórica”: Agustín García Reyes, alias El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Patricio Reyes Landa, El Pato, y Salvador Reza Jacobo, Lucas o El Wereke.
Entre las conclusiones para revertir los autos de formal prisión, la juez destacó que no pasaban “inadvertidas las múltiples inconsistencias que existen en los dichos de los declarantes respecto a los normalistas desaparecidos”, en relación con “el aviso o llamada para preparar su participación”, el “traslado de los estudiantes al basurero de Cocula”, la “privación de la vida de los normalistas” y la “preparación del incendio en el basurero de Cocula”.
Para revertir la situación jurídica de los inculpados, evaluó “el contenido de los dictámenes periciales independientes de reconocimiento internacional (a cargo del doctor José L. Torero y del Equipo Argentino de Antropología Forense)”, quienes concluyeron que era científicamente imposible que los jóvenes hubieran sido calcinados en el basurero de Cocula la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Comte Villalobos analizó los dictámenes médicos de los detenidos, desde su puesta a disposición, y otros emitidos durante el arraigo y la prisión preventiva a que fueron sometidos. En los cuatro casos observó que, mientras estuvieron en manos del Ministerio Público, las lesiones fueron en aumento, por lo que determinó que, “conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe concluirse que existe evidencia razonable que… es suficiente para presumir que dicho declarante fue objeto de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes o cualquier afectación a su integridad física, por los agentes del Estado”.
En su resolución, la juez advirtió que debido a la tortura quedaban “excluidas las declaraciones de los detenidos (por lo que) resulta innecesario abordar su valoración”.
Las omisiones
del ómbudsman nacional
En su recomendación, la CNDH le dio validez a lo que descartó la juez Comte Villalobos sobre “la sucesión de hechos, no solamente los ocurridos en el ‘Río San Juan’, sino todos los actos de desaparición, ejecución, incineración y disipación de los restos de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”.
También incluyó las afirmaciones de Osorio Cortés, García Reyes y Reza Jacobo –que la juez invalidó– para ubicar en el basurero de Cocula a los normalistas Cutberto Ortiz Ramos, Jorge Luis González Parral, Miguel Ángel Hernández Martínez y Bernardo Flores Alcaraz, a quienes los presuntos sicarios, en sus declaraciones ministeriales, habrían reconocido en fotografías, además de atestiguar que los normalistas responsabilizaban a Flores Alcaraz de llevarlos a Iguala.
Para el director del Centro Prodh, con el señalamiento a Flores Alcaraz, la CNDH “recurre de manera consciente o inconsciente a la criminalización de las víctimas, lo que es innecesario, porque si algo zanjaron los mensajes de Chicago (obtenidos por el gobierno de Estados Unidos a partir de la vigilancia a miembros de Guerreros Unidos) es que el ataque a los estudiantes fue producto de una confusión, y que llegaron a Iguala por un hecho circunstancial”.
Aunque admite que el documento de la CNDH aporta “retazos que pueden ser útiles en la búsqueda de verdad”, Patrón Sánchez considera que la recomendación refuerza la urgencia de crear la Comisión para la Investigación para la Verdad y la Justicia, del Tribunal Colegiado, en apego a la pauta fijada en el encuentro de López Obrador con los padres y madres de los 43, el pasado 26 de septiembre, a concretarse este lunes 3 con la emisión de un decreto presidencial.
“Tenemos un problema estructural de desaparición en el país. Estamos hablando de más de 40 mil personas en los últimos 10 años. Si tú no resuelves Ayotzinapa, el mensaje que dejas es devastador para el país.
“Para López Obrador Ayotzinapa puede significar una oportunidad. Si lo resuelve, da un signo claro de estado democrático de derecho, de que pone en el centro a las víctimas y puede generar un contexto de país, de un antes y un después”, puntualiza.
Señala que, desde julio pasado, los familiares de los 43 normalistas y sus representantes han tenido “un proceso de diálogo y trabajo muy fluido con el nuevo gobierno; con lo que serán Gobernación, la Consejería Jurídica y la Presidencia.
“La expectativa de que el nuevo gobierno cree la Comisión de Investigación tiene que venir de un fiscal autónomo o un procurador trabajando en conjunto con las víctimas para su diseño y su creación.”
E insiste: Lo que ellos piden a López Obrador es que “asegure la asistencia técnica internacional, porque es la cancillería la que firma los convenios de cooperación; que su gobierno no escatime los recursos económicos como lo hizo Peña Nieto; que haya una clara instrucción, a toda la administración pública, de que en Ayotzinapa se acabó la impunidad, por lo que todas las instituciones tienen que aportar información, pruebas e incluso la apertura de los lugares que sean necesarios para la investigación.
“Sería un mensaje sumamente poderoso y podría posibilitar el desencadenamiento de hechos de investigación profundos”.
