Una de las propuestas más importantes del nuevo presidente durante sus campañas electorales ha sido la de separar los poderes político y económico para evitar que se coludan en maniobras ilegales, con altos costos para el erario y la política social. Pese a ello y a las confrontaciones de López Obrador con las cúpulas empresariales a las que tachaba de “minoría rapaz”, varios miembros de la élite financiera tomaron posiciones en el proyecto morenista, en la campaña, en el gabinete y hasta en un “consejo asesor”, lo que hace de la nueva administración una de las más acompañadas por el sector privado.
Para el arranque de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador reunió en su gabinete, su equipo de colaboradores y en consejos de carácter honorario a algunos de los magnates más poderosos de México.
El nuevo presidente, que prometió separar el poder político del poder económico, arranca su administración con una cuarta parte de su gabinete legal de origen empresarial, o bien con excolaboradores de alto nivel o familiares de los accionistas mayoritarios en corporativos influyentes del país, beneficiarios del contratismo, las concesiones y las privatizaciones que criticó a lo largo de su trayectoria política.
Ni siquiera los gobiernos del periodo que López Obrador ha identificado como “neoliberales” incorporaron abiertamente a los magnates en sus gabinetes ni formalizaron consejos de asesores.
Designado jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza es una de esas figuras históricamente cercanas al poder, al menos desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En los noventa, llegó a figurar en la lista de los multimillonarios internacionales de la revista Forbes y, aunque su fortuna estimada menguó hasta sacarlo de la exclusiva publicación, mantiene una importante presencia como accionista mayoritario de la casa de bolsa más grande del país, Vector, además de inversiones importantes en agronegocios y educación privada, entre otros.
Alfonso Romo –descendiente de la dinastía Madero– es esposo de Maca Garza Lagüera, del clan Garza Sada y, por lo tanto, primo político de Eva Gonda de Rivera, quien según Forbes ocupa la cuarta posición entre los más ricos de México. Antes Romo fue un activo impulsor de la candidatura de Vicente Fox, como desde 2012 lo ha sido de López Obrador, quien le encargó el diseño de su Proyecto 18, la plataforma de propuestas que enarboló en la campaña y fue responsable de una parte de la operación para superar las diferencias que surgieron con la cúpula empresarial del país.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jimenez Espriú, está casado con una accionista de Grupo Idesa –emporio de la construcción y la energía socio de Odebrecht, el gigante brasileño construido con base en corrupción trasnacional– en la planta Etileno XXI.
El propio Jimenez Espriú admitió ser parte del consejo de administración de Idesa durante la campaña electoral, pero negó tener relación con el escándalo de corrupción.
Asimismo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tras jubilarse como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desempeñó como consejera de administración del Grupo Financiero Banorte, presidido por Carlos Hank González, nieto por vía paterna del extinto político mexiquense homónimo y por vía materna del ya fallecido Roberto González Barrera. Actualmente se le considera el número 11 entre los millonarios mexicanos y forma parte del consejo asesor empresarial recién designado por López Obrador.
De los 18 mexicanos más ricos que enlista Forbes en su edición de este año, destaca, como cada año, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Azteca, que se ha expandido en negocios mobiliarios, banca, educación privada y minas, entre otros.
Salinas Pliego aparece como el quinto más rico del país y tuvo como alto ejecutivo de su Fundación Azteca a Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Educación.
Finalmente, en el gabinete está Miguel Torruco Marqués, el secretario de Turismo, consuegro del hombre más rico de México, Carlos Slim Helú, pero también de Rómulo O’Farril.
Relación compleja
La relación de López Obrador con el alto empresariado mexicano se complicó al iniciar mayo, cuando el entonces candidato señaló a cinco integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), encabezados por Claudio X. González, del intento de convencer al entonces presidente Peña Nieto de que el candidato del PRI, José Antonio Meade, declinara por el panista Ricardo Anaya.
Para entonces los millonarios más antiobradoristas del CMN habían sido señalados también de reactivar la campaña de miedo “un peligro para México”, a través de filtraciones y de un documental que ninguna televisora quiso transmitir. Pero el 1 de mayo, cuando identificó a los instigadores de la declinación Meade-Anaya, López Obrador enfrentó la embestida.
Una serie de desplegados se publicaron ese mes y Slim descalificó la intención de López Obrador de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Aunque la situación si distendió a mediados de junio por la operación de Alfonso Romo y Gerardo Esquivel, entre otros, la inconformidad se expresó a partir de que el presidente electo anunciara que sometería a “consulta ciudadana” el futuro del aeropuerto que se construía en Texcoco.
Los organismos y cámaras patronales descalificaron la convocatoria, más aún cuando el resultado de la consulta del 29 de octubre se utilizó para justificar la cancelación del NAIM en Texcoco, lo que impactó en la bolsa y en el mercado cambiario.
Entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre los principales contratistas del NAIM se dijeron satisfechos con la explicación y las condiciones ofrecidas por el presidente electo para la cancelación. Tal fue la postura del Grupo Hermes, del ya mencionado Carlos Hank Rhon; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir; ICA, dirigida por Guadalupe Phillips; y las subsidiarias de Grupo Carso, el emporio de Slim.
El 15 de noviembre López Obrador presentó un consejo asesor integrado por magnates que, si bien se dedican a distintos ramos, son identificados principalmente por ser concesionarios de televisoras.
Se trata de Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Imagen, Grupo Ángeles y la constructora Prodemex; Bernardo Gómez, copresidente de Grupo Televisa; Carlos Hank González, de Banorte-Interacciones y el grupo de construcción y transporte Hermes; el hotelero Daniel Jesús Chávez Morán, de Grupo Mayan y Grupo Vindata; Miguel Rincón, productor papelero del sector editorial relacionado con Juan Francisco Ealy Ortiz y propietario de la marca Scribe; así como Miguel Alemán Magnani, político en retiro, heredero del expresidente homónimo con intereses en diferentes sectores, que se ha convertido en articulador del alto empresariado.
El 19 de noviembre, Carlos Slim asistió al acto en el que López Obrador anunció la creación de una instancia para la memoria histórica que contará con un consejo honorario presidido por Beatriz Gutiérrez Mûller, la esposa del mandatario. No se registró un encuentro entre el magnate y el presidente. Slim, evasivo, dijo que pondría a disposición del proyecto los archivos históricos que ha comprado desde hace décadas y finalmente señaló que tiene confianza en el nuevo gobierno.
La separación de poderes
La separación del poder político del poder económico ha sido un tema constante en las expresiones de López Obrador. En su libro Neoporfirismo, publicado en 2014, ya describía la forma en que dichos poderes se han nutrido mutuamente sin preocuparse por el bienestar general.
Este año lo expuso en su arranque de campaña, el 1 de abril. En Ciudad Juárez, Chihuahua, expuso que si la Reforma separó a la Iglesia del Estado, a él le correspondería separar al poder político del económico.
La idea, exponía López Obrador, se la dio un anciano en San Quintín, Baja California, y le fue reiterada a lo largo de la campaña, pero cobró relevancia cuando la expuso otra vez el 3 de mayo, en pleno enfrentamiento con el CMN.
Poco a poco dejó de identificar a la élite financiera con “la mafia del poder”; ya no se refería a “la minoría rapaz” ni expresiones similares desde junio, cuando comenzó a distenderse su relación con los empresarios.
Al referirse a los últimos sexenios, López Obrador suele identificarlos como el periodo neoliberal que abarca desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el de Enrique Peña Nieto.
Durante los gobiernos priistas, es posible identificar a quienes acrecentaron sus negocios, como Carlos Hank González, el extinto profesor mexiquense que acumuló el poder y la fortuna que hoy tienen a sus herederos en la lista de Forbes.
También hay terratenientes históricos, como Patrocinio González Blanco Garrido, en Chiapas, padre de Josefa González Blanco Ortiz Mena, secretaria de Medio Ambiente y empresaria ecoproductiva en el sureste, y por cierto nieta de Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda en los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.
La incursión de empresarios en el sector público se fortaleció en el sexenio de Vicente Fox, él mismo procedente del sector privado:
Fernando Canales, político y accionista de Grupo IMSA, fue secretario de Economía y luego de Energía, los mismos cargos que asumió Fernando Elizondo Barragán, familiar de los Barragán de Arca Continental (Coca-Cola) y hermano de Alejandro, entonces director de la acerera Hylsa. Además, tuvo como secretario de Energía a Ernesto Martens, alto directivo de Grupo Vitro.
Carlos Abascal, secretario de Trabajo y luego de Gobernación, venía de organismos empresariales, como fue el caso del responsable de la Contraloría, Francisco Barrio. Hubo también quienes llegaron de ser ejecutivos de alto perfil, como Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes, cercano a Carlos Slim y, por cierto, primer impulsor del aeropuerto en la zona de Texcoco.
Fox incorporó a su gabinete al agricultor guanajuatense Javier Usabiaga, lo mismo que a su relevo, Francisco Mayorga. Leticia Navarro, secretaria de Turismo, llegó de Jafra. Como secretario de Economía colocó a Sergio García de Alba y como secretario del Trabajo al potosino Francisco Javier Salazar Sáenz, empresario del ramo químico. Y Josefina Vázquez Mota, titular de Desarrollo Social, era accionista de Grupo Vázquez Mota, principal distribuidor de la marca Comex.
En el sexenio de Felipe Calderón, como secretario de Gobernación fungió Juan Camilo Mouriño; como secretario de Economía, Bruno Ferrari, antiguo colaborador de Alfonso Romo, y Vázquez Mota fue secretaria de Educación.
La mayoría de los empresarios incluidos en los gabinetes presidenciales habían desarrollado una actividad política paralela a sus negocios y tenían trayectoria en la oposición, principalmente en el PAN.
Esa situación también se registró en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que tuvo colaboradores procedentes del empresariado, como Emilio Lozoya –hijo homónimo del secretario de Energía de Carlos Salinas de Gortari–, que antes era funcionario de la constructora española OHL; el secretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez, así como el político empresario Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía.
Vicente Fox es el único que, al iniciar su sexenio, tuvo más empresarios que López Obrador al iniciar el suyo, pues el panista inició con siete, mientras que en el actual gabinete hay cinco. Sin embargo, junto con el “consejo asesor empresarial”, los hombres del dinero adquieren una mayor presencia de la que han tenido con ningún otro presidente.
