El reciente megacorte de agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México puso en evidencia la falta de una política pública realista y competente en materia hidráulica, la infraestructura obsoleta y la carencia de mantenimiento, todo ello sumado a fugas sin control y cuotas “desactualizadas”. Especialistas consultados por Proceso consideran que si el problema hidráulico del Valle de México no se atiende de inmediato y de manera integral, en un plazo no lejano puede sobrevenir una catástrofe que afectaría cuando menos a 28 millones de personas…
El corte de suministro de agua que afectó alrededor de 8 millones de personas de la zona metropolitana durante una semana por una “falla” en obras de mantenimiento del sistema Cutzamala fue “sólo una advertencia” respecto de la crisis que podrá afectar a por lo menos 28 millones de habitantes del centro del país si los gobiernos federal y locales no atienden a la brevedad el problema de la obtención, distribución y uso del líquido como un imperativo de “seguridad nacional”.
En este diagnóstico coinciden Manuel Perló Cohen, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que lleva 30 años investigando el tema, y José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En entrevistas por separado, ambos también coinciden en que, además de los problemas del Cutzamala, la explotación de los mantos acuíferos, las fugas en la red, los hundimientos, el costo de operación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), así como la falta de una política hídrica y de inversión suficiente, tienen al Valle de México al borde de una “catástrofe”.
El 18 de septiembre último, la Conagua, el Sacmex y la Comisión del Agua del Estado de México anunciaron tres cortes al suministro por labores de mantenimiento de la red. El más fuerte, advirtieron, se aplicaría del 31 de octubre al 4 de noviembre y abarcaría a 13 de las 16 alcaldías capitalinas y a otros tantos municipios mexiquenses; en total, 8 millones de personas se verían afectadas.
Los días previos al corte las autoridades anunciaron un megaoperativo de suministro gratuito mediante pipas, al tiempo que llamaron a la población a colectar el agua en cisternas, tambos y cubetas, así como a evitar su dispendio. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la UNAM suspendieron clases en las zonas afectadas y miles de personas aprovecharon el puente de Día de Muertos para huir de la ciudad sin agua.
Sin embargo, el lunes 5 la Conagua informó que se había presentado una falla en la colocación de una pieza identificada como “K invertida” y anunció que el corte se prolongaría por lo menos tres días más. Para entonces las reservas domésticas se habían acabado, y comenzaron los problemas. Algunos restaurantes optaron por cerrar, mientras que las autoridades multiplicaron el reparto por medio de pipas para evitar que el descontento creciera.
Para Luege, quien fue director de la Conagua de 2006 a 2012, la conexión de las líneas 1 y 2 del sistema Cutzamala mediante la “K invertida” tenía el propósito de contar con un “equipo de redundancia”; una medida de seguridad para evitar que cuando falle una de esas líneas opere la otra sin cortar el servicio. Pero la operación falló.
Antes de concluir su gestión, dice, dejó un diseño para la conexión que consistió en una pieza en forma de “Y”, no una “K invertida”; incluso estaba lista desde 2016, pero no se instaló. En todo caso, el cambio lo hizo la actual administración. Esas irregularidades “me parecen muy graves”, por lo que, puntualiza. “se tienen que auditar con lupa”.
El entrevistado recomienda revisar el diseño y su sistema de válvulas, así como el esquema de cimentación y fijación de la pieza para ver en qué falló, saber quiénes fueron los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
El Cutzamala
Para Manuel Perló Cohen, exdirector del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), autor de una decena de libros en materia hidráulica, las consecuencias del megacorte prolongado en el sistema Cutzamala fueron “sólo una advertencia, una alerta de cosas más difíciles”. No fue, explica, “un evento coyuntural, aislado, sino parte de una tendencia más amplia a la que hay que poner mucha atención”.
Entrevistado en su cubículo del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), comenta que gran parte de la infraestructura hidráulica del Valle de México tiene alrededor de 80 años, por lo que urge sustituirla. Refiere que su costo anual de operación, según datos del Banco Mundial, es de 4 mil 580 millones de pesos, de los cuales la dependencia operadora –el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM)– sólo recauda 2 mil 200 millones de pesos y acumula un déficit de 2 mil 400 millones, que subsidia la federación vía la Conagua.
Además, dice, el costo de la energía eléctrica que se requiere para operar las plantas de bombeo que llevan el líquido de las presas a la planta potabilizadora, y de ahí al sistema de distribución, es de entre mil 600 y 2 mil millones de pesos anuales.
Las presas que captan el agua de lluvia, ríos y riachuelos tienen más de 40 años y están azolvadas; es decir, llenas de tierra, objetos sólidos, microorganismos, plantas, algas y lirio acuático, una planta nociva que afecta su cauce normal, lo que reduce la capacidad de almacenamiento, advierte Perló.
A lo anterior, añade, se suma la deforestación causada por el crecimiento urbano en las zonas aledañas, algunas de las cuales carecen de drenaje, por lo que arrojan sus aguas negras a las presas. Se calcula que existen también alrededor de mil 400 tomas clandestinas en distintos puntos de la red orientadas al uso agrícola, pero “custodiadas” por personas armadas que impiden a personal de la Conagua su cancelación.
Doctor en planeación urbano-regional por la Universidad de California-Berkeley, Perló calcula que al menos 42% de las personas que residen en las zonas adyacentes al sistema son de origen indígena y viven en condiciones de pobreza, lo que podría generar conflictos.
Menciona también que estudios de patrones de precipitación pluvial en toda la cuenca del Cutzamala muestran que en el corto plazo podría haber años “tremendamente secos”, como ya sucedió en 2009 y 2012.
“Si eso se vuelve a presentar –alerta Perló–, vamos a tener un problema mayor al que acabamos de tener porque el nivel de las presas baja. Entonces, no nos van a decir ‘se suspende (el líquido)’. Simplemente va a llegar menos agua para abastecer a la población en época de estiaje.”
Emergencia en el acuífero
José Luis Luege, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el sexenio de Vicente Fox, considera que el problema más grave del Valle de México no es la operación del Cutzamala, sino la sobreexplotación del manto acuífero.
“Eso nos debería poner los pelos de punta porque el agua se está agotando por una extracción realmente crítica. Esto es un asunto de seguridad nacional”, puntualiza.
De acuerdo con estimaciones del Sacmex, en la Ciudad de México hay 450 pozos de donde se extraen 12 mil litros por segundo, mientras que en el Estado de México lo hacen otros mil 150. En total, son mil 600 pozos los que dotan de agua las 24 horas y los 365 días del año. De ellos proviene alrededor de 70% del abasto destinado a la zona metropolitana.
Esos pozos tienen una profundidad de entre 300 y 400 metros y se calcula que hay líquido hasta los 900 metros, “en el fondo de la cisterna”; es decir, se está casi a la mitad de la máxima capacidad, y mientras más abajo se extrae con los motores hidráulicos, el costo es más alto. Además, esto obliga a emplear tratamientos de potabilización también más caros, pues el líquido sale con más minerales dañinos.
“Vamos hacia abajo a una velocidad extraordinariamente preocupante; puede haber una crisis catastrófica, inmanejable en un relativo tiempo”, sostiene Luege, y explica que el principal efecto de esa sobreexplotación es la velocidad del hundimiento del suelo, “de los más graves en el mundo”: 20 centímetros por año en promedio, si bien en la zona oriente es de hasta 40. “En cinco años ello implicaría dos metros de hundimiento y, en el caso del desagüe, dos metros de pérdida de desnivel”, fenómeno que podría dar pie a inundaciones de aguas negras.
Lo anterior provoca daños a la red de drenaje y a la infraestructura urbana, a edificios habitacionales y de oficinas, así como a inmuebles históricos, que a la larga pueden presentar desperfectos en sus cimientos y quedar en mayor vulnerabilidad ante los sismos.
Otro problema grave son las fugas: 40% del líquido que llega desde presas o proviene de pozos se pierde en la red y los sistemas domésticos. Parte de ello se debe a que los 13 mil kilómetros de distribución tienen un promedio de edad de 58 años y no se les da el mantenimiento requerido.
En lo que atañe al aspecto financiero, los especialistas consultados coinciden en que las tarifas por el servicio de abasto están desactualizadas y tienen subsidios de entre 65% y 80%, algunos en sectores injustificados, mientras que 50% de los capitalinos reciben el servicio por tandeo y otros simplemente no lo reciben.
Además, no hay infraestructura ni tecnología para recolectar el agua de lluvia y aprovecharla; por el contrario, las inundaciones son cada vez mayores y no se cuenta con sistemas que ayuden a infiltrarla al acuífero. Tampoco existe un sistema de tratamiento de aguas negras eficiente, pues apenas se potabiliza 6% de éstas, mientras que Monterrey lo hace con 100%.
Reiteradamente, el director del Sacmex, Ramón Aguirre, ha dicho que para darle un buen mantenimiento a la red hidráulica de la Ciudad de México se necesitan 50 mil millones de pesos durante los próximos 50 años.
En resumen, critica Luege, “la política hídrica de la ciudad es un fracaso rotundo y nos pone en un riesgo de desabasto y una crisis impensable”, y añade que si el gobierno no tiene dinero para invertir, habrá que hacerlo bajo la figura de Asociaciones Público-Privadas.
Luege y Perló consideran que la principal acción de gobierno de Claudia Sheinbaum a partir del 5 de diciembre debe ser la reparación de las fugas o “hemorragias internas” y buscar financiamiento para renovar la red, a fin de evitar el desastre hídrico.
Perló califica incluso como error pensar en traer agua de nuevas fuentes externas sin arreglar primero las fugas; Luege, por su parte, recomienda traerla de Necaxa, Puebla, de la cuenca del río Tecolutla, de la del Pánuco y del Mezquital, así como ampliar el Cutzamala y recuperar el Plan Texcoco de 1971 para captar agua del lado oriente del valle.
Los entrevistados sugieren preservar reservas ecológicas para captar líquido e infiltrar el acuífero y crear parques hídricos que doten del recurso a pequeñas comunidades. Asimismo, sugieren la implantación de estímulos orientados a administrar el agua de manera más eficaz y a que la ciudadanía la cuide. También consideran importante que los 2 millones de tomas domiciliarias y de comercio tengan medidor para poder detectar fugas, y, sobre todo, cobrar por lo que realmente se consume, aunque la medida sea impopular.
Por lo pronto, el 7 de septiembre último la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que para 2019 el Sacmex tendrá un incremento “inédito” de 7 mil millones de pesos a su presupuesto, que en 2018 fue de 13 mil millones de pesos. La meta, dijo, es detectar y reducir entre 8% y 10% las fugas mediante 200 cuadrillas de personal capacitado provisto de equipo tecnológico adecuado.
