En un país que firmó la paz con la guerrilla es absurdo que el presupuesto para defensa aumente 360 millones de dólares este año y en cambio el destinado a la enseñanza quede estancado: el dinero para las universidades públicas –algunas con instalaciones ruinosas y dificultades para cubrir sus nóminas– está congelado desde hace un cuarto de siglo. El movimiento estudiantil que ha venido creciendo en Colombia argumenta lo anterior y agrega dos datos preocupantes: todo parece indicar que el gobierno conservador tiene la intención de privatizar la educación y, más grave, podría estar preparando una guerra contra Venezuela.
BOGOTÁ.- Los jóvenes colombianos se preguntan por qué si ya se hizo la paz con las FARC (la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora convertida en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), el nuevo gobierno aumentó el presupuesto de defensa mientras las universidades públicas se asfixian por falta de recursos.
Y esa pregunta, en momentos en que muchas instituciones estatales de educación superior no saben cómo pagarán la nómina de fin de año y temen que la insolvencia las lleve a la inoperatividad, se transformó en un movimiento estudiantil masivo que sacude Colombia.
La mayoría de las universidades públicas está en paro y en las principales ciudades del país hay marchas multitudinarias en las que jóvenes estudiantes y sus maestros exigen más presupuesto y el rescate de sus centros de estudios.
“Es un movimiento por la supervivencia de las universidades públicas, que ya están ante un límite que las hace inviables”, dice a Proceso el rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Jairo Torres Oviedo.
Mientras los contingentes de estudiantes se movilizan en las calles, otros gremios –maestros, campesinos y centrales sindicales– se suman a las protestas y la oposición política exige al gobierno atender las peticiones de los universitarios, quienes lograron poner en el centro del debate nacional la consigna de “la educación es un derecho, no un negocio”.
Según sondeos de opinión, el movimiento universitario tiene un respaldo mayoritario en el país.
Este apoyo, la percepción generalizada de que las demandas estudiantiles son justas y la convocatoria de diversos grupos a un paro cívico nacional han orillado al gobierno del presidente Iván Duque Márquez a intentar una solución negociada, aunque sus ofertas aún están muy lejos del pliego petitorio de los jóvenes.
La demanda central de los estudiantes, maestros y rectores al gobierno y al Congreso es el pago inmediato de mil 66 millones de dólares para cubrir el déficit operacional que han acumulado durante años las universidades públicas, y el pago escalonado de otros 5 mil millones de dólares que se necesitan para infraestructura y desarrollo académico.
Duque se reunió la semana pasada con los rectores y les ofreció recursos operativos adicionales por 366 millones de dólares para los próximos cuatro años, además de 100 millones de dólares anuales para inversión.
Los rectores de las universidades públicas aceptaron el ofrecimiento, pero el movimiento estudiantil lo rechazó por considerarlo insuficiente para hacer frente al déficit del sistema, y anunció que intensificará las movilizaciones.
“Desconocemos ese acuerdo porque no soluciona los problemas de las universidades. Además, nos excluyeron de esa negociación”, asegura el dirigente estudiantil Noel Ruiz, quien cursa la carrera de ciencias políticas en la estatal Universidad Nacional, la más importante del país.
Según Ruiz, lo que ofreció Duque equivale apenas a la tercera parte de la deuda operacional que tiene el Estado con las instituciones públicas de educación superior y a 8% de la deuda en inversión. “Con eso no rescatamos al sistema”, afirma.
Privatización “de facto”
En las protestas hay una importante presencia de estudiantes de universidades particulares, lo cual se explica porque una fórmula a la que ha recurrido el Estado para dar respuesta a la creciente demanda de educación superior es otorgar créditos a jóvenes de familias de bajos ingresos para que se inscriban en instituciones privadas.
Para Julián de Zubiría, experto en temas educativos, éste ha sido un mecanismo para “privatizar la educación” superior en Colombia, porque gran parte de los presupuestos para el sector acaban, vía créditos estudiantiles, en las universidades particulares.
Ya en 2011 tuvo lugar un movimiento estudiantil para revertir una reforma educativa que se consideraba un intento de “privatizar” el sistema, pero aquellas protestas cesaron cuando el entonces presidente, Juan Manuel Santos, dio marcha atrás a la propuesta.
Hoy el problema es más complejo. No sólo se trata de debatir el modelo de educación pública superior sino de rescatar a las universidades de un largo abandono.
Las ruinas del edificio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional (UN) ejemplifican la falta de financiamiento que han vivido en los últimos 25 años las instituciones públicas de educación superior. Decenas de los inmuebles están agrietados y a punto de venirse abajo.
“Tenemos campus totalmente destruidos”, dice Torres Oviedo, quien como presidente del SUE representa ante el gobierno a los rectores de las 32 universidades públicas.
Y es que, en los hechos, los presupuestos de esas instituciones están congelados desde 1993 merced a una ley que, buscando una distribución más equitativa de los recursos, estableció que el financiamiento a las universidades públicas debía aumentar para todas por igual, pero indexó esa alza al índice oficial de inflación.
El efecto fue que mientras en los últimos 25 años los presupuestos sólo se han incrementado en el mismo porcentaje que el índice de precios al consumidor –lo que significa que en términos de poder adquisitivo permanecieron igual–, la matrícula de estudiantes creció cuatro veces y media.
En 1993 el sistema tenía 150 mil estudiantes y hoy tiene 680 mil. De éstos, 85% pertenece a familias de renta baja y media-baja.
La dirigente estudiantil Jennifer Pedraza explica que en promedio, en 1993 las universidades públicas recibían del Estado 3 mil 570 dólares al año por estudiante; hoy reciben mil 570 dólares, es decir 57% menos.
Fabio López de la Roche, profesor e investigador de la UN, señala que el déficit de financiamiento ha provocado un “grave deterioro” en la calidad académica y un “desaliento” generalizado entre los estudiantes, maestros y trabajadores por la falta de equipo, infraestructura y planes de desarrollo académico.
López de la Roche, quien hasta hace pocos meses dirigió el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UN, debía pagar de su sueldo un asistente administrativo –no había fondos para ese cargo–, así como parte de la papelería y material didáctico.
“La planta de profesores de las universidades públicas no ha aumentado desde los noventa, pero los estudiantes se han más que cuadruplicado. Muchas escuelas, centros y facultades no tienen plantas profesorales propias, y cada vez hay más alumnos por profesor. Esto merma totalmente la calidad de la enseñanza”, afirma.
Pedraza, quien cursa economía en la UN, considera que la crisis de la educación superior estalló en este momento porque los déficit financieros acumulados durante años han llevado a las instituciones públicas a una situación “insostenible”, en la que no se sabe si van a poder abrir sus nuevos ciclos el próximo año.
“Ese es el peligro que hoy enfrentamos, el cierre de nuestras universidades por falta de fondos para operar”, señala.
Dice que en la activación del conflicto influyó otro factor: el gobierno de Duque apenas se inició hace tres meses y en el debate del presupuesto de 2019 dejó en claro que buscará mantener el modelo educativo y “profundizar la privatización” del sector, mientras aumentó el gasto en defensa.
Guerra y educación
En el presupuesto aprobado para el próximo año en el Congreso, donde la bancada del gubernamental Centro Democrático es mayoritaria, el gasto en defensa aumentó 360 millones de dólares, mientras que el de educación superior quedó estancado.
Esto es tema de debate en un país que hace dos años firmó un pacto de paz con la guerrilla de las FARC y que hoy tiene en marcha la aplicación de ese acuerdo.
La congresista María José Pizarro sostiene que es una “incongruencia” del gobierno de Duque aumentar el presupuesto de defensa en tiempos de paz y “negarse a saldar la deuda operacional y de inversión con las universidades públicas”. De acuerdo con la representante (diputada) por la izquierdista coalición Decentes, el aumento de fondos al Ministerio de Defensa “es una decisión que nos habla de guerra”.
El debate presupuestal en el Congreso coincidió con unas declaraciones del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, que sonaron a la oposición como una declaratoria de guerra contra Venezuela.
Según Santos, Venezuela es “una bomba de tiempo lista para estallar” y frente a esa realidad “todas las opciones deben ser consideradas” para cambiar al régimen que Nicolás Maduro encabeza en el vecino país.
María José Pizarro considera que el gobierno de Duque no sólo hace amagos a Venezuela por conducto del embajador en Washington, sino que adiciona recursos al Ministerio de Defensa cuando “un reclamo nuestro es bajar el presupuesto de la guerra e invertir más en educación y desarrollo social”.
Opina que ante la “cerrazón del gobierno”, debe mantenerse la protesta de los estudiantes. “Es una presión legítima”, dice.
Los legisladores del derechista Centro Democrático (CD), el partido en el gobierno que lidera el expresidente Álvaro Uribe, abogan por buscar “fuentes alternativas” para garantizar la viabilidad de las universidades públicas.
Paloma Valencia, senadora del CD, propone que los estudiantes puedan pagar sus carreras una vez que se reciban, para lo cual destinarían 20% de sus salarios –si tienen empleo– durante el doble de tiempo que permanecieron en la universidad.
Jennifer Pedraza rechaza la propuesta “y todas las que apunten a seguir privatizando la educación”. El Estado, dice, tiene que asumir, como se hace en los países europeos y en varios de Latinoamérica, los costos de la educación de sus jóvenes.
“Es el mecanismo más eficaz de movilización social”, asegura. Para ella, hay una responsabilidad que el Estado no puede eludir: educar a sus jóvenes.
Hace 25 años se les exigió a las universidades públicas colombianas aumentar la recaudación de recursos propios para aligerar la carga sobre las finanzas estatales y el resultado fue que, desde entonces, se redujo en 28 puntos porcentuales el aporte gubernamental a las instituciones de educación superior.
En 1992 el Estado asumía 75% de los costos de las universidades públicas. Hoy sólo asume 47%. El resto se financia con fondos que generan las propias instituciones a través de colegiaturas, asesorías y servicios profesionales y educativos que se venden al gobierno y a entidades privadas.
Debate para largo
Maestros, estudiantes y expertos en educación coinciden en que la solución de fondo es reformar la Ley 30, que en 1992 indexó la asignación de presupuestos a las universidades públicas al índice inflacionario oficial.
El gobierno de Duque está de acuerdo en que el presupuesto al sector aumente tres puntos por encima de la inflación en 2019 y cuatro puntos a partir de 2020.
Pero los estudiantes, que el pasado jueves 1 instalaron una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación, mantienen su demanda de que, en principio, el gobierno se comprometa a pagar a las universidades públicas el adeudo operativo y de inversión por 6 mil 66 millones de dólares. También exigen reformular un programa de créditos gubernamentales para estudiantes de escasos recursos, que se ha convertido en un mecanismo de financiación de las universidades particulares.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, que es el organismo público a cargo de financiar las carreras a los estudiantes de hogares de ingresos medios y bajos, ha manejado recursos por unos 5 mil millones de dólares desde 2005, y 95% de ellos fueron canalizados a universidades privadas.
El dirigente estudiantil de la privada Universidad Externado, Juan Sánchez, dice que esos recursos equivalen casi al mismo monto del déficit que enfrentan las instituciones públicas de educación superior.
Por ello, otra de las demandas del movimiento estudiantil es la condonación de créditos a los estudiantes de menores recursos y aplicar una tasa de interés cero a ese financiamiento.
“El asunto de fondo es que los estudiantes nos aferramos al concepto de educación como un derecho que el Estado debe garantizar, y no como un negocio, como está ocurriendo cada vez más”, dice Noel Ruiz.
Afirma que si el gobierno se niega a dar respuesta a sus demandas, en el transcurso de este mes el movimiento convocará a un paro cívico nacional al que se sumarán trabajadores, campesinos y sectores ciudadanos que han acumulado durante años “promesas incumplidas” del gobierno.
