Édgar Corzo, quinto visitador de la CNDH, quien ha monitoreado paso a paso la Caravana del Migrante, lamenta la descoordinación de los tres niveles de gobierno ante la avalancha de hondureños. Al igual que organismos civiles y activistas proderechos humanos, lamenta la falta de políticas públicas para enfrentar este éxodo. Debemos ir más allá y ver las causas de todo esto, comenta a Proceso. Y añade: “Si ya ingresaron a tu territorio, lo menos que puedes hacer es actuar en consecuencia, y no hablo de la aplicación dura de la ley. Estoy hablando de una visión humanitaria”.
TAPACHULA, CHIS.- El gobierno de Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el sexenio de la “gran simulación”. Su insensibilidad ante los migrantes centro y sudamericanos ha sido manifiesta a lo largo de su gestión. Y hoy que miles de hondureños atraviesan territorio mexicano rumbo a Estados Unidos vuelve a mostrar su desdén hacia ellos, opina el activista Denis Omar Contreras.
El viernes 19, cuando miles de hondureños intentaron ingresar de forma tumultuaria a territorio chiapaneco por el puente fronterizo Rodolfo Robles, el embajador de México en Guatemala, Luis Manuel López Moreno, les ofreció una “política de puertas abiertas”, pero al llegar a la línea fronteriza unos 500 policías federales los frenaron.
Frente a esa realidad, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Ayuda a Refugiados, así como organismos proderechos humanos exigen a los tres niveles de gobierno atender esta crisis humanitaria.
Uno de los más activos es Édgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien con una veintena de sus colaboradores desde el lunes 15 se movilizó a la población fronteriza de Tecún Umán, del lado guatemalteco, y a Suchiate, del lado mexicano, para observar el desplazamiento de los hondureños.
No sólo ha recogido innumerables testimonios e historias de vida de los migrantes, sino que ha constatado la “descoordinación” total de las autoridades mexicanas; también decidió emitir medidas cautelares.
En entrevista dice que lo hizo para prevenir la violación de derechos humanos. Lamenta el poco de interés de las autoridades para instrumentar siquiera medidas preventivas. De haberlo hecho, insiste, los problemas se hubieran mitigado.
“Debemos ver qué es lo que está pasando, pues en esta migración vienen padres o madres con bebés de cuatro o seis meses, padres con hijos que padecen síndrome de Down. Ellos han decidido dejar todo atrás y emprender una travesía por una esperanza de vida”, comenta.
Y se pregunta: “¿Quién nos asegura que después de este éxodo no va a venir otro?… Nos pasó con los cubanos y los haitianos; ahora estamos viendo a los hondureños. Al rato podríamos ver acá a los nicaragüenses.
“El gobierno mexicano debe ser congruente ante esta situación. Dar la cara por los migrantes centroamericanos para que en ese mismo tenor tenga la autoridad moral para exigirle al gobierno de Estados Unidos respeto a nuestros migrantes del otro lado de la frontera norte.
“Debemos ir más allá y ver las causas de todo esto. Si ya ingresaron a tu territorio, lo menos que puedes hacer es actuar en consecuencia, y no hablo de la aplicación dura de la ley. No, estoy hablando de una visión humanitaria.”
Simulaciones
Corzo Sosa relata que desde el principio la caminata de hondureños vivió momentos de tensión ante el temor de ser bloqueados por las fuerzas federales; pero cuando salieron rumbo a Huixtla, Chiapas, la policía estuvo ausente.
Cuestiona que las autoridades migratorias capturen a los viajeros con el pretexto de que intentan salvarlos; en realidad se trata de detenciones, pues los llevan a una estación migratoria.
Además, dice, las solicitudes de refugio pasan por el filtro del Instituto Nacional de Migración (INM), cuando el trámite debe hacerlo el solicitante de manera directa ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
El INM los resguarda en un albergue –en el de la Feria Mesoamericana de Tapachula había mil 700 personas la semana pasada– con seguridad perimetral durante 45 días, en tanto la Comar puede tenerlos ahí hasta 45 días más si el caso lo amerita.
El entrevistado admite que la CNDH no tiene nada nuevo que recomendarle al gobierno de Peña Nieto. “Sólo es cuestión de desempolvar las anteriores recomendaciones, leerlas detenidamente y aplicarlas”.
En el caso de los haitianos, relata, de manera coordinada la CNDH y El Colegio de la Frontera Norte elaboraron un documento y lo entregaron al gobierno federal. En él enumeraron los errores al abordar un fenómeno migratorio y propusieron la instrumentación de políticas públicas para superarlo.
El problema es que el gobierno acepta las recomendaciones, pero no diseña ninguna política pública. Pese a ello, dice Corzo, la CNDH seguirá documentando “todas las inconsistencias e irregularidades” cuantas veces sea necesario.
–¿El gobierno de Peña Nieto empezó violando los derechos humanos y terminará violando los derechos humanos? –se le pregunta.
–Las recomendaciones hablan por sí solas.
La gran oportunidad
El quinto visitador de la CNDH comenta que varios organismos no gubernamentales proderechos humanos movilizaron a su personal para observar el éxodo de los migrantes hondureños y acompañarlos.
Ellos constataron lo mismo que él: la indiferencia y la negligencia del gobierno mexicano para garantizar las condiciones mínimas necesarias a los migrantes hondureños.
Lo deseable, dice, es que el próximo gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, tome como experiencia la actuación de sus predecesores y marque una diferencia en ese trato que se debe dar a los migrantes.
El cambio de gobierno, insiste, es una gran oportunidad para un buen entendimiento en materia de pedagogía de los derechos humanos.
Los activistas de la oficina Latinoamérica y del Caribe del American Friends Service Committee, el Servicio Jesuita a Refugiados y Servicio Jesuita a Migrantes, así como Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, Médicos del Mundo Suiza, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Otros Mundos Chiapas y SweFOR México, monitorearon el desplazamiento y observaron las condiciones infrahumanas en las que viajan los hondureños.
Denunciaron una clara intención del gobierno mexicano de no facilitar ciertos servicios básicos a los migrantes para ver si así desisten y retornan a su país.
Estas organizaciones, que trabajan en la frontera sur, indicaron que si bien el flujo migratorio viene ocurriendo desde hace muchos años, desde los ochenta no se había observado un evento de esta magnitud.
El viernes 19, el día que ingresó el éxodo a México, los activistas observaron la descoordinación del gobierno mexicano, así como las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, que sólo buscaban protección.
Incluso elaboraron un informe en el que asientan que el INM y la Policía Federal realizaron innumerables “detenciones migratorias” y obstaculizaron la entrada de la caravana.
Políticas erráticas
La respuesta del gobierno federal sigue siendo militarista, sostiene el informe.
Y agrega: “Esta respuesta tiene graves afectaciones en las personas, que también sufren el impacto provocado por las condiciones en las que realizan el recorrido, sin ninguna asistencia humanitaria ni atención a la salud. El cansancio, la debilidad y las condiciones climáticas extremas van rezagando grupos de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, personas que sufren alguna discapacidad o enfermedad”.
Hasta el momento las autoridades federales no han emitido medidas de protección. Eso contrasta con la solidaridad manifiesta de las comunidades por las que ha pasado la caravana.
Por eso insisten en que sea el Estado el que dé una respuesta apegada a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, derecho humanitario y derecho de asilo y refugio. Es inaceptable que se condicione el respeto a esos derechos en función de la situación de los migrantes.
Asimismo, los activistas responsabilizan al gobierno de Peña Nieto por el incumplimiento de garantías de protección a la vida e integridad de las personas que están entrando al país y el riesgo de que sufran daños irreparables, incluyendo graves violaciones a sus derechos humanos.
También denuncian las detenciones arbitrarias en la estación migratoria Siglo XXI y en la Feria Mesoamericana de Tapachula, así como “la denegación de acceso al procedimiento de reconocimiento de refugio”; el rechazo en la frontera con Guatemala, y las deportaciones masivas –de acuerdo con los hechos constatados–; y los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos, corriendo el riesgo de que las personas sean víctimas de alguna forma de tortura.
El gobierno de Peña Nieto, abundan, carece de “un interés superior” para proteger al sinnúmero de niñas, niños y adolescentes, que son ignorados y tratados igual que los adultos.
