A las mafias mexicanas no les bastó con tener el control del territorio nacional: necesitaban expandirse y en Colombia hallaron campo fértil. Durante el último lustro los cultivos cocaleros se han triplicado en el país sudamericano y reportes de inteligencia achacan esa expansión al financiamiento de los diversos cárteles de México que se han afincado allá, absorbiendo a los pequeños grupos delincuenciales locales, y desde donde controlan la producción y distribución de cocaína. Para las autoridades colombianas, este fenómeno ya está catalogado como una “amenaza de seguridad nacional”.
BOGOTÁ.- Una de las primeras cosas que hizo el periodista Francisco Santos cuando el presidente colombiano, Iván Duque, lo designó –el pasado agosto– embajador en Estados Unidos, fue leer toda la información reservada a la que tuvo acceso sobre lo que hay detrás de las 171 mil hectáreas de hoja de coca sembradas en Colombia.
Santos, quien fue vicepresidente de 2002 a 2010, sabía que esa cantidad récord de cultivos ilícitos que ha hecho de Colombia el primer productor mundial de cocaína es el tema de la relación bilateral que más interesa a Washington.
Tanto así, que el presidente estadunidense Donald Trump ha amenazado con “descertificar” la lucha antidrogas de Colombia si el país no hace algo para reducir en forma “inmediata” los cultivos cocaleros, los cuales se triplicaron en los últimos cuatro años.
Pero lo que más sorprendió a Santos de sus averiguaciones sobre el tema no fue la rapidez con que aumentaron los cultivos ilícitos, sino enterarse, por un reporte de inteligencia que le proporcionó un organismo nacional de seguridad, que las organizaciones que alentaron ese crecimiento fueron los cárteles mexicanos de la droga.
Y es que, según el reporte conocido por el embajador de Colombia en Washington y al cual tuvo acceso el reportero, las organizaciones mexicanas del narcotráfico “han financiado directa e indirectamente” alrededor de la mitad de las 171 mil hectáreas de plantíos de hoja de coca que, según un monitoreo de la ONU, hay en la nación sudamericana.
Ese hecho convierte a cárteles como los de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas en una nueva amenaza para Colombia.
Desde hace cinco años esas organizaciones delictivas vieron con preocupación el inicio de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC –que era la organización que controlaba la mayoría de cultivos ilícitos en Colombia– y se preocuparon por generar condiciones que les garantizaran el abasto de esa droga.
“Con su capacidad de financiamiento, los cárteles mexicanos compraron a bandas criminales y grupos residuales de las FARC para controlar la producción de coca. Ya controlaban la distribución y hoy están cerca de controlar la producción. Para esto necesitan control territorial y lo están adquiriendo muy rápidamente a través de organizaciones colombianas que trabajan para ellos”, señala un reporte de inteligencia militar.
El director Antinarcóticos de la Policía Nacional, general Fabián Laurence Cárdenas, descarta que las organizaciones mexicanas sean propietarias directas de sembradíos de hoja de coca, pero reconoce que tienen una red de delegados en varias regiones de Colombia a través de los cuales han puesto a trabajar para ellos a las bandas criminales locales y a las disidencias de las FARC.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, considera que una columna de exguerrilleros de las FARC, al mando de Guacho, quien se separó del proceso de paz y se dedicó al narcotráfico en la suroccidental ciudad de Tumaco –el municipio del mundo donde más coca se siembra– es, en realidad, un “brazo armado” del Cartel de Sinaloa.
Guacho y Dairo Antonio Úsuga David, conocido como Otoniel y quien es jefe del Clan del Golfo, son los dos delincuentes más buscados de Colombia y son, también, dos de los principales socios de los cárteles mexicanos en este país.
Un reporte del Ministerio de Defensa indica que es altamente probable que Guacho y Otoniel sean dados de baja o capturados, “pero hoy el problema principal para Colombia no son ellos sino las organizaciones trasnacionales que están atrás: los carteles mexicanos del narcotráfico, que tienen una presencia creciente en el país”.
Cárdenas señala que esa presencia no es con estructuras armadas propias sino a través de emisarios que vienen a hacer negocios y con las bandas locales que ponen a su servicio.
El director antinarcóticos indica que el desafío que le plantean a este país las organizaciones criminales mexicanas “es una amenaza de seguridad nacional muy seria que estamos abordando con la mayor seriedad”.
Y no es para menos. Una agencia de inteligencia extranjera estima que los cárteles mexicanos de la droga ya tienen un ejército privado de entre 2 mil 500 y 3 mil 500 hombres armados con material de guerra en Colombia.
Un oficial de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia consultado al respecto refuta esa cifra y dice que las organizaciones mexicanas tienen el control de “unos mil” hombres armados en este país, que son tantos como los combatientes que tendría el guerrillero Ejército de Liberación Nacional.
El tema es tan serio que cada vez se incorpora más a la agenda política. El senador y excandidato presidencial Gustavo Petro considera que “los factores de poder de las mafias en Colombia cada vez son más mexicanos”.
Los cárteles de las drogas de México, asegura, “ya están aquí con ejércitos privados a su servicio que están protagonizando una nueva guerra, la guerra por el control de la coca”.
Cárdenas plantea que lo que más preocupa a las instituciones de seguridad colombianas es “el acceso ilimitado a material militar” que tienen los cárteles mexicanos.
“Conocemos bien la capacidad que tienen las organizaciones criminales mexicanas de obtener armamento, armamento militar, de guerra, y estamos empeñados en evitar que ese ese tipo de armas acaben en manos de las bandas criminales colombianas”, asegura.
Pero eso ya está ocurriendo, según afirma un oficial de inteligencia de una agencia europea. “Muchos pagos de drogas se están haciendo con armas, y eso se puede ver en el moderno armamento que ya están usando los grupos colombianos”, asegura.
La hegemonía
Según un reporte de inteligencia de la Policía Nacional, la creciente presencia de los cárteles mexicanos de la droga en Colombia se enmarca en “la hegemonía narcotraficante que vienen desarrollando estas organizaciones a nivel mundial”.
Han logrado, agrega, diversificar sus mercados mediante el establecimiento “de alianzas estratégicas y/o acuerdos de cooperación con diferentes actores del crimen en el mundo y Colombia no es la excepción”.
El principal interés de los cárteles mexicanos, señala el informe, es supervisar la calidad y cantidad de droga en zonas de producción.
“Lo que les importa es el precio y la calidad de la cocaína y que se mantenga el nivel de producción que necesitan, el abasto. Ellos le pagan al grupo del crimen organizado que controla la zona donde se hacen los negocios, le pagan por su seguridad, y esos servicios pueden incluir un homicidio o el cobro de una deuda”, agrega.
Un agente antinarcóticos consultado al respecto sostiene que no han encontrado indicios de que los cárteles mexicanos traigan grupos armados de México “porque no lo necesitan hacer y se expondrían demasiado a la acción de nosotros”.
Ellos, asegura, “reciben esos servicios de grupos colombianos y lo que se da es una relación de negocios en la que se dan servicios de seguridad a cambio de dinero y se hacen adelantos para comprar droga y garantizar su producción y calidad”.
En el suroccidental departamento de Nariño, donde se concentra la cuarta parte de los cultivos ilícitos del país, la Policía Nacional ha recibido reportes de compra de tierras por parte de “inversionistas” mexicanos o de sus “testaferros”, y hasta han sido capturados ingenieros agrónomos mexicanos que supervisan la calidad de los plantíos de hoja de coca.
Al oficial antidrogas consultado no le extrañaría que las fases de la producción de esa droga se trasladen cada vez a Centroamérica y México, donde hay condiciones climáticas propicias para producir hoja de coca.
Por lo pronto, un informe de inteligencia señala que cárteles mexicanos están llevando cada vez más pasta base de coca a México para transformarla en clorhidrato de cocaína en ese país con ayuda de químicos colombianos.
De acuerdo con el reporte, la más antigua presencia en este país la tiene el Cártel de Sinaloa. Éste hace negocios con el Clan del Golfo, que sigue siendo la mayor banda criminal colombiana, a pesar de los duros golpes que le han dado las fuerzas de seguridad, como parte de la “interdependencia y complementariedad criminal”.
En la noroccidental región de Urabá, bastión del Clan del Golfo, agentes de inteligencia de la policía han recibido informes de que esa organización estaría negociando con el Cártel de Sinaloa un “traspaso de operaciones que permitiría a los mexicanos quedarse con la estructura del Clan del Golfo a cambio de un porcentaje de las operaciones, en la modalidad de franquicia”.
La irrupción del CJNG
Un informe elaborado por un grupo de élite del Ejército especializado en el combate al narcotráfico indica que la presencia de los cárteles mexicanos en Colombia se intensificó desde 2008 con los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, y a partir de 2014 “se empieza a notar” la llegada de enviados del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Agrega que la decisión de esas organizaciones de asumir mayor control sobre la producción y la transportación de la droga se produce desde 2013, luego de la captura, en 2012, del entonces jefe de La Oficina, Sebastián, en una finca aledaña a Medellín.
En busca de reemplazos para los cargamentos de droga que enviaba Sebastián, los cárteles mexicanos encontraron muy pronto socios directos para la comercialización de narcóticos.
“Muchas bandas de Medellín terminaron asociadas y de cierta forma respaldadas por los cárteles mexicanos, que en la actualidad se dedican no sólo a negociar narcóticos con ellos sino también a recibir protección cuando se encuentran en la ciudad”, indica el reporte.
Señala que mientras los cárteles de Sinaloa y Los Zetas han consolidado sus operaciones en el Bajo Cauca antioqueño y el Urabá, el CJNG tiene una presencia cada vez mayor en el Catatumbo (en la frontera con Venezuela); en Nariño y Putumayo, los dos departamentos colombianos con mayor cantidad de sembradíos de hoja de coca, y en la suroccidental Cali.
El pasado martes 9 fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el operador del CJNG en Cali, Bernabé Millán Rascón, un mexicano conocido como El Manco, quien negociaba la compra de cargamentos de cocaína con bandas colombianas en esa región del país.
Fue capturado con fines de extradición a Estaos Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
De acuerdo con el general Cárdenas, el intercambio de información entre las autoridades de México, Colombia y Estados Unidos para atacar la cada vez mayor presencia de cárteles mexicanos en este país es “muy estrecha”.
El mes pasado, la Armada mexicana interceptó 2 mil 259 kilos de cocaína del CJNG en costas de Oaxaca. La droga había salido de Timbiquí, una población de la costa del Pacífico colombiano, en una lancha en la que viajaban cuatro mexicanos, tres colombianos y un canadiense.
Cárdenas dice que una modalidad que usan los cárteles mexicanos para empezar a “generar confianza” con bandas criminales colombianas es que dejan gente suya supervisando todo el proceso de producción y transformación de la coca en clorhidrato de cocaína (que es la cocina en su estado más puro) y esas mismas personas se embarcan en los semisumergibles o en las lanchas que llevan la droga a México.
Si la cocaína se transporta en contenedores, ellos regresan en avión.
La organización colombiana, por su parte, manda “en garantía” a uno de sus integrantes a México que permanece en poder del cártel hasta que el estupefaciente llega a su destino.
Cárdenas señala que los enviados, delegados y emisarios de los cárteles mexicanos son “generalmente, de perfil gerencial, negociantes empresariales de mucha experiencia y gente de mucha confianza de sus jefes”. Pero también, señala, “han mandado a gente muy violenta, como pistoleros, cuando tienen problemas.
“Vienen a generar presión, no a cometer homicidios. Para eso contratan gente aquí. Pero mandan gente muy violenta”, agrega.
Explica que el pago de los cargamentos se hace cada vez más por el sistema financiero, mediante transacciones de negocios con fachada legal, o por decenas de envíos de dinero en pequeñas cantidades, lo que hace difícil su rastreo.
Para el experto en seguridad y profesor de la Universidad EAFIT de Medellín, Gustavo Duncan, la creciente presencia de los cárteles mexicanos en este país es preocupante, desde la perspectiva colombiana, por el efecto que puede tener en el repunte de la violencia tras el acuerdo de paz con las FARC y por la repercusión en Colombia de las disputas entre las organizaciones criminales en México.
“La pregunta es si la guerra en México se traslada acá y si la financiación de los mexicanos a las bandas locales puede ayudar a reestructurar organizaciones armadas que se volatilizaron, que perdieron capacidad de presión social, pero que son alentadas por un factor unificador y pueden tener una capacidad importante de control social otra vez”, señala el académico.
Y esto, dice, porque el gran éxito de la guerra contra las drogas en Colombia no fue detener el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, que se mantiene en los niveles de siempre, sino reducir la capacidad de control social de las organizaciones que participan o participaron –como el Cártel de Medellín y las FARC– en esa actividad delictiva.
“Ese es el punto”, afirma Duncan.
