El Senado le ha dado oxígeno a Napoleón Gómez Urrutia. Luego de dos sexenios en un exilio de lujo en Canadá, el ahora legislador arropado por Morena regresa a territorio nacional prometiendo que ayudará a “acabar con la desigualdad, la pobreza y con la ingrata corrupción” que afligen al país. La curul le ha sentado tan bien que hasta el sindicato de cinematógrafos lo ha destapado como candidato para presidir el Congreso del Trabajo.
Tuvieron que pasar 12 años y medio para que Napoleón Gómez Urrutia regresara a México luego de aquel 22 de febrero de 2006, cuando en los patios de la mina Pasta de Conchos un grupo de familiares de mineros lo correteó causando la caída del dirigente sindical en un lodazal. La muchedumbre se burló de él.
Horas más tarde, ya repuesto, entró al restaurante El Jacal, en Múzquiz, Coahuila, donde vio de pie –junto a todo su séquito– los titulares del día en la televisión: Joaquín López-Dóriga informaba de una orden de aprehensión en su contra por un desfalco de 55 millones de dólares.
La acusación se sumaba al reconocimiento de Elías Morales como nuevo dirigente del sindicato minero, vía la “toma de nota”, de parte del gobierno del entonces presidente Vicente Fox.
En menos de una semana se tambaleó el poderío sindical que su padre, Napoleón Gómez Sada, construyó durante cuatro décadas: el 17 de febrero de 2006 la facción de Elías Morales tomó por la fuerza las instalaciones del Comité Nacional en la Ciudad de México, días después (el 19) ocurrió el siniestro en Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores quedaron sepultados, y luego vino la denuncia por el desfalco millonario.
No se volvió a saber de Gómez Urrutia hasta meses después… Apareció en Canadá denunciando una persecución política y judicial en su contra. Según el dirigente minero, el gobierno de Fox (y después el de Calderón) le montó las acusaciones para solapar a las empresas Grupo México y Villacero.
Propuesto este 2018 por Morena para integrar el Senado por la vía plurinominal, Gómez Urrutia regresó literalmente por su fuero el 27 de agosto último –tramitó su credencial de legislador– prometiendo ayudar a reconstruir el país y a cambiar la política económica para “que realmente logremos terminar con la desigualdad, la pobreza y la ingrata corrupción”.
Una vez que asumió su curul fue designado presidente de la Comisión del Trabajo y, por lo menos hasta ahora, el sindicato de cinematógrafos lo ha destapado como candidato para presidir el Congreso del Trabajo.
Economista por la UNAM, y presuntamente posgraduado en Oxford y Berlín –no hay registro de sus estudios en la Dirección General de Profesiones–, Gómez Urrutia pasó 12 años como director de la Casa de Moneda, cargo que abandonó en 2002 cuando asumió la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), donde su padre fue dirigente por 40 años. Se trató de un cargo del que sólo fue separado por la muerte.
La postulación de Gómez Urrutia al Senado, anunciada el 18 de febrero último, desató cuestionamientos contra el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño respondió que, al igual que otros dirigentes sociales, el del sindicato minero fue un perseguido por el gobierno.
Dos miembros del equipo de transición del nuevo gobierno, quienes solicitaron reservar su identidad, revelaron a este semanario el origen del acercamiento entre Andrés Manuel López Obrador y Napoleón Gómez Urrutia: fue una recomendación de Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista británico, casado con la empresaria mexicana Laura Álvarez. Ambos sostienen una buena relación con el exjefe de Gobierno del Distrito Federal.
El desmantelamiento
Gómez Urrutia vivió en Canadá a todo lujo mientras enfrentaba al menos 11 procesos judiciales en México. Uno de ellos fue el referente a los 55 millones de dólares que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) presumían que provenían de la negociación por la venta de la histórica mina Mexicana de Cananea en 1988 y que señalaron que malversó el dirigente.
Aunque en los primeros meses Gómez Urrutia gozaba de la simpatía de algunas empresas como Peñoles, de Alberto Bailleres, o Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, los magnates terminaron por retirarle su soporte y por impulsar la creación de sindicatos mineros alternos.
El desmantelamiento de su base sindical ocurrió principalmente en secciones históricas, emblemáticas e importantes por el número de agremiados, donde su liderazgo fue desplazado mediante maniobras poco transparentes, como ocurrió en mayo de 2009 cuando Carlos Pavón, su principal operador en México, fue detenido y acusado de malversar 18 millones pesos otorgados por AHMSA para distribuir entre los trabajadores de sus plantas, pero el dinero nunca llegó a su destino.
Poco después, Pavón fue liberado y dejó de operar para Gómez Urrutia. Luego formó un sindicato alterno sumando las secciones de Peñoles, mientras la representación en AHMSA fue tomada por una nueva formación: el Sindicato Democrático de Trabajados Mineros que aglutinó a los obreros de las antiguas secciones 147 y 288.
Caso inédito
El 24 de septiembre pasado, Gómez Urrutia se reunió con una decena de familiares de las víctimas de Pasta de Conchos, se comprometió a recuperar los cuerpos de los trabajadores atrapados, a conseguir indemnizaciones justas para los deudos y a reabrir la investigación.
Sin embargo, el nuevo senador jamás admitió la parte de responsabilidad del sindicato en lo ocurrido en la mina donde se extraía carbón, localizada en San Juan de Sabinas, Coahuila, propiedad de Industrial Minera México, filial de Grupo México que preside Germán Larrea Mota Velasco. En ese sitio aún permanecen los restos de 63 de 65 trabajadores que murieron.
A lo largo de 12 años, la Organización Familia de Pasta de Conchos recorrió todas las instancias para exigir justicia y ante la omisión y los carpetazos en los gobiernos de Fox, Calderón y de Peña Nieto, que obstruyeron procedimientos para la recuperación de los cuerpos, y con ello un peritaje que deslindara responsabilidades, el caso está en instancias internacionales.
De hecho, se trata del primer caso minero que llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que unos 50 familiares directos de las víctimas y más de 600 peticionarios han vencido –por ahora– todos los intentos del Estado mexicano por evitar que se aceptara la denuncia, probando acciones y omisiones de servidores públicos en favor de la protección de Grupo México. (Proceso 2165)
Desde los días que siguieron a la tragedia, este semanario (en su edición 1530) informó sobre las inconsistencias de diferentes inspecciones y de la visita de verificación que la Comisión de Seguridad e Higiene, integrada por la minera, inspectores federales y el sindicato, realizó entre el 2 y el 7 de febrero de 2006 a Pasta de Conchos.
Es decir, 12 días antes de la explosión las tres partes avalaron el supuesto cumplimiento de las medidas de seguridad observadas desde 2004.
Sin embargo, Gómez Urrutia y su comité han mantenido la versión de que siempre pugnaron por la seguridad. En una respuesta a un reportaje publicado el 20 de marzo de 2016 en este medio –donde se documentaron los ingresos que el sindicato recibía de la empresa por permitir contratistas; 30 de los 65 trabajadores fallecidos no gozaban de derechos laborales fundamentales–, el sindicato expuso que aportó evidencias de la falta de seguridad en la mina y que mediante la Sección 13 se inconformaron en repetidas ocasiones.
Según el oficio 10/SSI/ 14100000390/2018, emitido en respuesta a una solicitud de acceso a la información a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el sindicato de Gómez Urrutia realizó ahí nueve emplazamientos y desistimientos por revisión salarial o contractual, dos más por violaciones de contrato, pero ambos reclamos fueron anulados semanas después.
En resumen, de todos los emplazamientos y desistimientos en Pasta de Conchos, ninguno muestra que sea por inseguridad en las minas. Hasta ahora no se ha podido localizar ningún reclamo por inseguridad laboral durante la dirigencia de Gómez Urrutia previo a la tragedia en Pasta de Conchos, como tampoco hay pronunciamientos sobre las minas canadienses y estadunidenses que concentran alrededor de 70% de las concesiones en México. (Proceso 1937)
Dudosos historiales laborales
El que Gómez Urrutia sucediera a su padre como dirigente minero en 2002 causó inconformidad, inclusive, entre los propios colaboradores de la dirigencia sindical.
Los detractores del nuevo líder cuestionaron que el economista no era elegible para ocupar tal cargo sindical porque no tenía una antigüedad laboral de cinco años continuos, como mínimo.
Proceso consultó el historial de Gómez Urrutia en su registro de seguridad social, para verificar los argumentos de sus opositores. El hoy senador cotizó como trabajador de la Minera La Ciénega, propiedad de Peñoles, en el periodo comprendido entre el 7 de julio de 1997 y el 6 de noviembre de 1998, con un salario registrado de 44.51 pesos diarios. No hay más.
Atendiendo a ese registro tampoco existe evidencia de que tuviera más de un año cuatro meses como trabajador. Si tuvo otro empleo al momento de su elección, de cualquier manera tampoco cumplía con los cinco años estatutarios de antigüedad.
Ese registro de seguridad social se realizó mientras era director de la Casa de Moneda, cuya sede está en la Ciudad de México. Es decir, según los registros, Gómez Urrutia era funcionario público y al mismo tiempo obrero.
Al consultar el registro del extinto Gómez Sada, la información da cuenta de inconsistencias: fue hasta el 1 de abril de 1987, 35 años después de asumir la dirigencia sindical, cuando también comenzó a cotizar en una empresa de Peñoles.
Carlos Pavón Campos, principal detractor de Gómez Urrutia y quien acaba de asumir su cargo como diputado federal del PRI, también presenta anomalías en sus registros: inició cotizando a partir del 6 de diciembre de 1982 en Minera Fresnillo con un salario de 0.38 pesos diarios y hasta el 4 de junio de 1985 tuvo un salario de 1.91 pesos.
A partir del 23 de julio de 1986 percibió 1.91 pesos al día y hasta el 28 de febrero de 1988, 6.76 pesos. Cotizó para el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Napoleón Gómez Sada (SNTMMNGS) que existe desde el 19 de octubre de 1985, de acuerdo con registros del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Lo anterior evidencia que el sindicato hoy separado de Gómez Urrutia y encabezado por Pavón existía al menos desde 1985 y no fue creado en 2010, año en el que sólo se activó para escindir a los trabajadores de Peñoles del SNTMMSRM.
Los registros de Pavón muestran que estuvo dado de alta en Minera Fresnillo del 31 de diciembre de 1988 y al 31 de octubre de 1989. Desde ese último año no existe registro de que tuviera algún patrón. El 30 de abril de 2015 es cuando otra vez vuelve a cotizar para Minera Fresnillo donde se supone continúa “trabajando” con un salario de 659.18 pesos diarios. Es decir, después de 26 años sin cotizar regresa a trabajar pero como alto directivo sindical.
En los registros de Gómez Urrutia la única coincidencia en nombre data del 4 de enero de 2010 y está activo a la fecha, cotizando inicialmente con un salario de 369.90 pesos que después ascendió a 675.20 pesos.
Así, desde su autoexilio en Canadá, Gómez Urrutia habría cotizado en una mina ubicada en La Paz, Baja California Sur. Denominada Roca Fosfórica Mexicana II, SA de CV, del Grupo Fertinal, orientado al sector de fosfato mineral, empresa adquirida por Pemex en 2015.
