A fin de reelegirse, Mauricio Macri pactó con el FMI: la institución financiera le otorgará a Argentina 57 mil 100 millones de dólares –que le urgen al mandatario para asegurar la gobernabilidad– a condición de que la nación conosureña alcance un déficit fiscal igual a cero para 2019, castigando los salarios, las jubilaciones, la obra pública y los programas sociales. Pero ese objetivo no se ve fácil de alcanzar en un país sumido en la recesión, con la economía contraída, una deuda externa impagable, una inflación anual cercana a 45% y un amplio repudio popular.
Buenos Aires.- El gobierno argentino aplica a rajatabla el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): un ajuste recientemente puesto en marcha tiene el objetivo de alcanzar un déficit fiscal igual a cero en 2019, año en que el presidente Mauricio Macri aspira a reelegirse en los comicios generales de octubre.
Para ello necesita los 57 mil 100 millones de dólares aprobados por el FMI (de los cuales unos 15 mil millones ya fueron utilizados), a fin de asegurar hasta esa fecha (octubre de 2019) la gobernabilidad y el pago de la deuda externa. En medio de una recesión profunda, con una contracción de la economía que este año alcanzará 2.9% y una inflación anual en torno a 45%, el aumento de la conflictividad social pone en entredicho su objetivo.
El programa del FMI, por otra parte, no genera condiciones para el crecimiento de la economía ni para el pago de los créditos.
El mayor problema estructural de la economía argentina es la restricción externa, la falta de dólares, que limita su desarrollo. Desde que asumió en el cargo, en diciembre de 2015, Macri intentó paliar esta carencia mediante un colosal endeudamiento externo. Facilitó además el ingreso de fondos especulativos, creyendo que detrás llegarían las inversiones productivas y la consiguiente generación genuina de divisas.
“Macri no solucionó el problema de déficit de dólares del sector privado argentino y a eso le agregó la acumulación de deuda del sector público y la atracción de capitales especulativos”, dice a Proceso Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.
“Cuando el ciclo de endeudamiento se empezó a agotar, porque la capacidad de colocar bonos públicos de Argentina en el mundillo financiero llegó a un límite –impuesto además por los mismos bancos que hasta hace poco lo incentivaban–, los capitales especulativos salieron huyendo y se armó la corrida cambiaria”, explica.
El FMI es hoy la única fuente de financiamiento con que cuenta el gobierno argentino. Estados Unidos, en su carácter de principal accionista del organismo, retribuye así el alineamiento político, militar y de seguridad del gobierno de Macri con la agenda estadunidense para la región.
Sin embargo, el respaldo está sujeto a condiciones: el remedio que propone el FMI es la reducción del déficit fiscal y el ajuste abarca los ingresos, las jubilaciones, los programas sociales, la obra pública, los subsidios y ratifica la dolarización de las tarifas y del precio de los combustibles.
A fin de controlar la inflación, el FMI impulsa una política monetaria contractiva: se congela la creación de dinero hasta junio de 2019, se absorben los pesos en poder de los bancos y se fijan tasas de interés exorbitantes que vuelven inaccesible el crédito y dan pie a una recesión profunda. Las consecuencias visibles son el cierre de empresas y el aumento del desempleo y la pobreza.
“El gobierno pretende adaptarse a la tendencia mundial, caracterizada por una fuerte ofensiva global del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad”, dice a Proceso Julio Gambina, director de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.
“Esto demanda ir contra derechos sociales, laborales y previsionales para favorecer inversiones de capital con suficiente rentabilidad, especialmente en energía, comunicaciones e infraestructura”, explica. “La tradición de organización y lucha del movimiento sindical y social en Argentina les impide avanzar con más decisión. La devaluación supone una transferencia de ingresos de la mayoría de la población a los sectores concentrados. Por eso, con la devaluación hay una reforma laboral de hecho”, señala.
El programa del FMI pretende moderar la presión sobre el dólar mediante la oferta de un instrumento de una rentabilidad insólita, las Letras de Liquidez del Banco Central (leliq), que vencen cada siete días y esta semana han alcanzado una tasa anual de 74%. Las leliq sustituyen a las Letras del Banco Central (lebac), instrumento de especulación estrella en 2016 y 2017, que en 2018 se convirtió en un activo tóxico, cuando quedó claro que el Banco Central ya no podría afrontar sus vencimientos.
La deuda financiera de las lebac asciende a 25 mil millones de dólares. La de las leliq crece ahora exponencialmente.
Impagable
La reducción del déficit fiscal propuesta por el FMI se concentra en el déficit fiscal primario, que es la diferencia entre los gastos corrientes y la recaudación impositiva del Estado. El cálculo no prevé la demanda de divisas del conjunto de la economía, es decir los dólares que se destinan al ahorro y la fuga, al turismo fuera de Argentina y a la remisión de utilidades de las empresas extranjeras.
Tampoco se computa el déficit financiero, que es justamente el que hoy, inflado por el pago de los vencimientos e intereses de la deuda externa, asfixia a la economía argentina. En poco más de dos años y medio, el gobierno de Macri emitió deuda por 143 mil millones de dólares. La relación entre la deuda pública y el PIB alcanzará a finales de 2018 entre 87 y 111%, según estimaciones oficial o privadas. La cesación de pagos o la necesidad de reestructurar la deuda asoman en el horizonte. Así lo expresan los bancos y fondos privados en su huida del “riesgo argentino”.
“La deuda de Argentina es impagable y es recurrente el ciclo de endeudamiento para cancelar deuda vieja e incrementar el stock y compromiso a futuro”, señala Gambina. “Más que cesación de pagos, los acreedores buscan negociar hipotecas, como las reservas de hidrocarburos no convencionales. Así como en los ochenta se habló de ‘capitalización de la deuda’, la entrega de bienes comunes como canje de deuda siempre es una posibilidad. Los acreedores prestan no sólo por el reembolso a futuro, sino también por condicionalidades que implican pérdida de soberanía”, explica.
La pérdida de soberanía se refleja en el debate que una vez más ocupa a la prensa argentina. Se refiere a la factibilidad de abandonar el peso como moneda de curso legal y adoptar el dólar estadunidense. Ningún país medianamente serio regala la decisión soberana de manejar la moneda propia. La dolarización es impulsada por el sector financiero, la agroindustria, las empresas energéticas, petroleras y mineras, mientras que la industria orientada al mercado interno impulsa el proteccionismo y la devaluación del peso.
Espejo griego
Cambiemos –tal como se denomina el espacio político encabezado por Macri– se impuso en las elecciones presidenciales de 2015 y también en las legislativas de 2017. El oficialismo apuesta a que una estabilización precaria de la economía le brinde otro triunfo en 2019. Ya sea con el actual mandatario como candidato o con algún referente que asegure la misma política. Frente al deterioro de todos los indicadores sociales, el gobierno traslada culpas.
–En caso de que el FMI y el gobierno tengan éxito y que en efecto se aplique el programa acordado, ¿se encamina Argentina a los resultados observados tras el paso del FMI en Grecia o se vería un desarrollo diferente? –se le pregunta a Asiain.
–El programa del FMI y del establishment es ese –dice el economista–. Una Argentina que permanentemente tenga que estar al borde de la reestructuración de la deuda, porque es el negocio del acreedor; tenerte siempre al punto de la cesación de pagos para sacarte cada vez más por menos.
“Y además totalmente alineada a Estados Unidos, que te maneja por un dólar y te hace votar por lo que sea internacionalmente; cabildea en favor de todas sus empresas, con una situación social bastante explosiva, con gobiernos débiles, incapaces de sostenerse por sí mismos y totalmente sostenidos en lobbys internacionales y mediáticos locales, a merced de cualquier presión de cualquier factor de poder. Ese es el estilo Colombia de democracia, el estilo Perú o, hasta hace poco, el de México”, explica.
“Argentina fue transformada profunda y regresivamente en los últimos 40 años, con matices en algunos momentos de ese largo periodo”, sostiene Gambina. “Ese rumbo puede sostenerse con mayores pérdidas de derechos. Es el objetivo de grandes capitales que exigen mayor flexibilidad laboral para asegurar inversiones”, señala. “Siempre se puede estar peor. El único límite es el conflicto social y la capacidad de organizar un proyecto económico y político que modifique la ecuación de beneficiarios y perjudicados”.
Junto con el avance del ajuste crece la conflictividad social. En septiembre de 2018 hubo en el país 596 piquetes (bloqueos de vialidades importantes), 40% más que en septiembre de 2017, según datos de la consultora Diagnóstico Político. Los propios acreedores temen que el ajuste destruya no sólo la actividad económica sino también la popularidad del gobierno, un dato que desde diciembre de 2017 reflejan todas las encuestas.
“Supongamos que por la vía represiva, más la extorsión a sectores de la política, a través de cuestiones de presupuesto o de denuncias de corrupción y del andamiaje de servicios de inteligencia y del aparato judicial y mediático, logren hacer viable la aplicación del programa del FMI; podrían llegar a las elecciones de 2019, pero con una economía en total retroceso productivo y social, lo que le da poca viabilidad al oficialismo de continuar gestionando este gobierno”, sostiene Asiain.
“Y al gobierno que asumiera le dirían que si no quiere que le explote la deuda, tiene que renegociar con el FMI y es la continuidad permanente al estilo griego.”
El economista duda que el gobierno vaya a tener éxito. “El programa fiscal que está imponiendo el FMI es inviable social y políticamente, porque Argentina no viene de una etapa de crisis sino de relativa bonanza económica, en términos de ocupación e ingresos, y con un proyecto político consolidado”, sostiene: “Y además, económicamente, el ajuste no soluciona el problema principal, que es el de la restricción externa”.
Las experiencias del pasado no permiten inferir una salida optimista. Las recetas que aplica el gobierno tienen gran similitud con las aplicadas en 2001, cuando tras la firma de dos acuerdos con el FMI –el primero de “blindaje” y el segundo de “déficit cero”–, el deterioro continuó hasta el estallido de la crisis terminal y la caída del gobierno.
Asimismo hay similitud con el programa de ajuste fiscal aplicado en 1988, que también combinaba altas tasas de interés y aumentos de tarifas. Entonces se indujo una recesión que durante algunos meses moderó la inflación y el dólar, y atrajo a capitales especulativos, que al retirarse provocaron una corrida que culminó en hiperinflación y en un llamado a elecciones anticipadas.
