Señor director:
Recurro a su prestigiado medio para plantear al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, un caso de injusticia.
En 2002 gané un concurso de oposición abierto para integrar el grupo de investigadores del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP). Mi despido se produjo en marzo de 2003, 11 meses después de que ingresé a laborar. Presenté la demanda y en 2009 el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje falló a mi favor: sería reinstalado.
No obstante que se me pagaron los salarios caídos de 2003 a 2009, la reinstalación no se produjo. En varias diligencias, la Cámara de Diputados rechazó reinstalarme, aunque pagaba parte de los salarios caídos. Lo anterior no solucionaba mis problemas, dado que yo perdí mi trabajo y pasaban años entre pago y pago. Para sobrevivir, mantuve mis escasas horas como profesor universitario y me endeudé. Así, al recibir los salarios caídos, veía que ya estaban comprometidos porque tenía que entregar a los abogados el 30% y cubrir deudas que contraía mientras me pagaban. El saldo final también abarca muchos gastos en salud.
Mi último pago llegó en 2014. En agosto de 2016, la Cámara presentó un escrito que, a su juicio, constituía un “nombramiento”, pretendiendo así efectuar mi reinstalación; sin embargo, no la acepté porque ese nombramiento no contenía la totalidad de los elementos que señala el Artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, los servicios que como trabajador debo prestar, la duración de la jornada, el sueldo (subrayado mío) y demás condiciones.
Sobre el nombramiento, añado: la Cámara pretende reinstalarme como un trabajador de base de “categoría especial”, con un horario no contemplado en las Condiciones Generales de Trabajo, con una jornada laboral mayor.
En esta coyuntura, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje favoreció a la Cámara, con lo que me declaró reinstalado a partir del 1 de agosto de 2016, cortando los salarios vencidos que se generarían a partir de esta fecha. Por consiguiente, mi situación se complica aún más, ya que desde 2014 sobrevivo con mis ahorros más las deudas que contraigo.
Paralelamente, en mi hoja de aportaciones al ISSSTE pude ver que, aun cuando trabajé 11 meses, la Cámara no le aportó ninguna cuota. Así, se ratifica mi categoría de trabajador especial porque en los ya 16 años del juicio la Cámara no ha aportado ninguna cuota al ISSSTE.
Si lo anterior prevalece, no podría jubilarme teniendo como base el sueldo que tenía en la Cámara, sino el salario —muy reducido— de acuerdo con mi condición previa de profesor de asignatura.
Finalmente, recurro a la intervención del gobierno entrante y a nuestros representantes populares para que se me reinstale con los derechos de acuerdo con lo que señalan la legislación y las Condiciones Generales de Trabajo de la Cámara de Diputados, que se me paguen la totalidad de los salarios caídos y prestaciones que se me adeudan y que se me reconozcan los años que ha durado el juicio para los efectos de mi jubilación. (Carta resumida).
Atentamente:
Dr. en C.P. y S.
Alejandro Armando Moreno García
katadreufe@hotmail.com
