Para el presidente de la CEAV y para algunos veteranos del movimiento de 1968, la búsqueda de la verdad y la justicia no comienza con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino que se debe empezar desde el siglo pasado, incluyendo a las víctimas de Tlatelolco y de la “guerra sucia”, cuyas familias aún esperan la reparación del daño. Para David Roura, quien participó en el movimiento juvenil de hace medio siglo, el gobierno de López Obrador “va a tener que afrontar” la herencia de décadas de impunidad.
Voltear hacia los crímenes de Estado de la segunda mitad del siglo pasado a la fecha, en busca de su esclarecimiento, es desafío que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá asumir, si lo que busca es una verdadera transición política y la pacificación del país, coincidieron, con sus matices, participantes del Movimiento Estudiantil de 1968, así como el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón.
En entrevistas por separado, Rochín y los exdirigentes estudiantiles Félix Hernández Gamundi y David Roura expresaron algunas de sus expectativas de cara al próximo gobierno, en el contexto de los 50 años de la matanza del 2 de octubre.
“Si se quiere iniciar en México un proceso real y profundo de pacificación, se deben, en primer lugar, reconocer las violaciones graves a los derechos humanos en el pasado, empezando por el 68, siguiendo con la guerra sucia y luego una serie de hechos y acontecimientos que han cimbrado a nuestro país desde entonces, porque para lograr la pacificación necesitamos primero verdad y justicia”, sentencia Rochín.
Entrevistado el jueves 27, tres días después de que presentó públicamente la “resolución de medidas de satisfacción colectiva” a favor de las víctimas de 1968, Rochín sostiene que “si no hay ese reconocimiento, desde el Estado mexicano, de estas violaciones, nos estamos tapando los ojos y no estamos caminando hacia el futuro”.
La resolución de la CEAV se contextualiza en los actos conmemorativos de la matanza, como la inscripción en letras doradas de la leyenda “Al Movimiento Estudiantil de 1968”, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, y lo propio en el Senado.
El resolutivo, primero en su tipo que emite la CEAV, hace un largo recuento histórico para justificar la erogación de 6 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para cofinanciar un proyecto impulsado por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) de la UNAM, Colección M68 Ciudadanías en Movimiento e Intervención Tlatelolco 68-18.
La primera iniciativa consiste en una recopilación de documentos digitalizados sobre los movimientos sociales, presupuestada en su totalidad en 37 millones de pesos –a la que el organismo destinó 3 millones–, y la segunda, una intervención artística de Yael Bartana, en el patio del CCUT, con un costo de 3 millones de pesos, monto cubierto en su totalidad por la CEAV.
De acuerdo con el documento, disponible en la página en internet de la CEAV, el proyecto se le presentó a Rochín en febrero, en marzo formalizó el cofinanciamiento y el 25 de mayo se emitió la resolución con el objetivo de “abonar al derecho a la verdad, pero también contribuir a que los procesos de justicia continúen, sentando las bases para generar la participación de las víctimas”.
“No estamos diciendo nada novedoso simplemente como un órgano del Estado mexicano, estamos reconociendo hechos conocidos por toda la sociedad que incluso se encuentran en los libros de texto”, advierte Rochín tras señalar que la CEAV tiene un registro de entre 70 a 80 víctimas del movimiento estudiantil, que sumadas a las 450 de la “guerra sucia” y las indirectas, alcanzan unas mil de ese periodo.
Si bien en el texto del documento no hay referencia a reuniones o consultas con víctimas, Rochín asegura que fue producto de “conversaciones muy intensas”, con grupos que pedían “una disculpa pública del más alto nivel” de los tres poderes de la Unión, o que se incluya el nombre de los agraviados de 1968 en el memorial que tiene la CEAV a un costado del Campo Marte.
El comisionado presidente, quien dice que desde que llegó a la CEAV, en 2014 –primero como parte de un órgano colegiado–, buscó que se reconocieran los abusos cometidos contra el movimiento estudiantil, agrega que cuando era candidato para presidir el organismo en 2017, tras la reforma a la Ley General de Víctimas, se comprometió ante el Senado a atender a las de 1968 y a las de la “guerra sucia”.
Al ser cuestionado si hubo obstáculos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para que se emitiera una resolución sobre las víctimas de 1968, Rochín sostiene que en su primer periodo, “era más difícil porque (la decisión) no dependía de un solo comisionado, sino que tenía que resolverse en un consejo”.
Ya como comisionado ejecutivo, “no es que alguien me haya dicho: ‘No se pueden entrar a esos temas’. No tuve ningún tipo de obstaculización del gobierno, pero tampoco tuve ninguna señal de que esto debiera caminarse y debiera hacerse con total libertad”, comenta.
Por otro lado, agrega, “sí veo ese mensaje, muy específicamente lo he escuchado muy concretamente en Alejandro Encinas (próximo subsecretario de Derechos Humanos), que van a abrir e investigar estos temas con total transparencia. Es reconfortante escuchar esos términos”.
Rochín reconoce que la determinación de la CEAV “es un piso, pero que era muy necesario; no es el techo, no es el culmen, pero el reconocimiento de un ente del Estado de que ahí hubo graves violaciones a derechos humanos y que los estudiantes fueron realmente víctimas de represión, es muy importante que se diga, porque nos permite abrir puertas, abrir ventanas, refrescar el tema”.
Y agrega que ya corresponderá a las víctimas solicitar la intervención de la CEAV en un proceso judicial.
“Las víctimas no quieren venganza, pero sí quieren justicia y verdad, que las investigaciones lleguen a conclusiones sobre responsabilidades jurídicas y políticas, y eso es importante; habría que seguir las investigaciones, pero tendríamos que verlo con las víctimas que quisieran iniciar los procesos”, puntualiza.
Reabrir las indagatorias
Para integrantes del Comité del 68 Pro Libertades Democráticas la única salida no es otra que acceder a la verdad y a la justicia, y que se reabra la indagatoria contra quienes en su momento fueron procesados por genocidio, y los 54 expedientes listos para ser consignados por desapariciones forzadas ocurridas durante la “guerra sucia”, por la Fiscalía Especializada para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2002 durante el gobierno de Vicente Fox y cerrada en 2007 con Felipe Calderón.
Félix Hernández Gamundi, detenido la noche del 2 de octubre en Tlatelolco, recuerda que junto con el expresidente Luis Echeverría Álvarez se emitieron otras ocho órdenes de aprehensión por genocidio, pero los indiciados murieron antes de ser detenidos.
Los pendientes son muchos, agrega el exdirigente estudiantil, al destacar que la Femospp integró 200 expedientes, entre los que hay 54 listos para ser consignados en los que “hay del orden de 60 a 62 militares implicados”, que en su momento “fueron protegidos por la Procuraduría General de Justicia Militar para evitar ser llamados a declarar”.
Ante la actuación inobjetable del Ejército en la matanza de Tlatelolco, es que el Comité del 68 ha mantenido inalterable su exigencia de que se abran los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, “porque los ejércitos del mundo se mueven con órdenes escritas”.
Hernández Gamundi, quien sostiene que apenas fue en el último mes cuando se entrevistó en un par de ocasiones con Rochín, resalta que desde la CEAV se les ha ofrecido reparación del daño, a lo que como cabeza visible del comité le advirtió que “llevemos un orden”.
“La idea es: primero el rescate de la memoria, luego la acción de la justicia, y no puedes llegar al tercer punto, que es garantizar la no repetición si te saltas la justicia, porque eso lo que garantiza es la impunidad y eso es lo que ha existido durante 50 años; y ya después viene la reparación (…) Creo que él ha entendido nuestra posición y que no vamos a variar nuestra exigencia”, puntualiza.
La misma exigencia que ha mantenido el Comité del 68, se mantiene inalterable para el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, apunta David Roura, quien reprocha al presidente electo que en su discurso no haga referencia a los crímenes del Estado mexicano cometidos por lo menos desde la segunda mitad del siglo pasado.
“Sin menospreciar a los compañeros –adelanta Roura– parece que el agravio es de los 43 (normalistas de Ayotzinapa desaparecidos) para acá; sin duda un agravio innegable, fueron víctimas del narcoestado, pero el lenguaje que están usando los emisarios del nuevo gobierno es ese: ‘Vamos a hacerles justicia y vamos a buscar a los responsables de la desaparición de los 43’, cuando verdaderamente hay un número brutal de desaparecidos.”
Al oponerse a la creación de comisiones de la verdad, “porque no tienen dientes”, el poeta destaca que la exigencia del Comité del 68 no puede variar por la llegada de un nuevo régimen.
Por eso cuenta que cuando personal de la CEAV se les acercó para ofrecer las medidas de satisfacción, la respuesta fue que si querían apoyarlos que “nos lleve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se abran los juicios.
“Pero con meras declaraciones no se puede, decir ‘Fue una abuso’, ¡Ajá, mira! ¿Y a nosotros de qué nos sirve? ‘El 68 fue un genocidio’ ¿Y? Lo que se necesitan son acciones, llamar a los del 68, a las familias de las desapariciones desde la mitad del siglo XX, pongamos a trabajar a la SCJN para que de una vez se resuelvan estos casos”, reitera Roura.
Insiste en que el gobierno de López Obrador “va a tener que afrontar” la herencia de décadas de impunidad, “no como se pretende: dar pinceladas de justicia en un cochinero”.
