Con base en la investigación de la iniciativa Archivos Abiertos, de la organización civil National Security Archive sobre el movimiento de 1968, en la que ella también participó, la comunicóloga Susana Zavala rastreó durante años las pistas sobre las personas que murieron, fueron heridas o desaparecieron, e incluso de las que fueron detenidas en la represión policiaca y militar. No se limitó a los hechos del 2 de octubre de 1968, sino amplió la indagación a los días anteriores y posteriores. Aquí, algunos de los datos que ella logró sustentar e historias de víctimas que otras fuentes compartieron con este semanario.
Setenta y ocho muertos, 31 desaparecidos, 186 lesionados, mil 491 detenidos… En total mil 786 víctimas directas de la represión perpetrada por el Estado durante 1968.
Tales son las cifras que arroja la más reciente investigación sobre los agraviados del movimiento estudiantil de 1968.
“No son datos definitivos ni concluyentes. Pueden surgir nuevos casos, pero cada uno de los que tenemos registrados está sustentado en evidencias y en el cotejo de documentos de archivos policiacos, forenses, militares, de los servicios secretos y de inteligencia”, comenta Susana Zavala, responsable de dicha investigación.
Zavala lleva años tratando de encontrar respuestas a preguntas como cuántos muertos hubo en el 68, cuántos estudiantes resultaron heridos, cuántos presos, cuántos desaparecidos, quiénes eran y qué hacían.
En busca de respuestas participó en Archivos Abiertos, una iniciativa de la organización civil National Security Archive (NSA), que en asociación con Proceso indagó en fuentes documentales de México y Estados Unidos para encontrar datos precisos sobre las personas que murieron el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Kate Doyle, responsable de ese proyecto, publicó los resultados en este semanario, en octubre de 2006 (Proceso 1561), y en el sitio web del NSA (https://nsarchive.gwu.edu).
Zavala retomó esa investigación, pero la amplió: no se limitó al 2 de octubre, sino al periodo que va de julio a diciembre de 1968; y no se ciñó al número de muertos, sino también incluyó a heridos, presos y desaparecidos.
Los resultados serán públicos a partir de esta semana, cuando se inaugure en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) el proyecto Semillas; se trata de un mural audiovisual de 22 por dos metros que rinde homenaje a las víctimas del 68. Junto a ese mural habrá un dispositivo interactivo donde se podrá consultar la base de datos producto de esa investigación.
“Ese dispositivo estará abierto a la contribución de la ciudadanía. Las personas que conozcan casos de agraviados en el 68 podrán aportar información para completar esa base de datos”, explica Luis Vargas Santiago, responsable del proyecto Semillas.
“Sabemos que las organizaciones de víctimas han manejado distintas cifras de muertos, heridos y desaparecidos. No es de nuestro interés validarlas ni contradecirlas. Lo que queremos es aportar evidencias y dejar los datos abiertos para que se siga investigando”, señala.
Días de furia
De acuerdo con la investigación de Zavala, de julio a diciembre de 1968 hubo 78 víctimas mortales, 44 de ellas el 2 de octubre en Tlatelolco y el resto en las semanas previas o posteriores a esa fecha. De esos 44, tiene plenamente identificados con nombres y apellidos a 34 y 10 más están anotados en los registros como “desconocidos”. Entre éstos hay una mujer que tenía un “embarazo avanzado”, por lo que contabilizó también a un “nonato”.
No es de extrañar los casos de muerte previos al 2 de octubre, si se consideran la represión generalizada de que fue objeto el movimiento estudiantil, así como los violentos choques que escenificaron estudiantes, granaderos y soldados. Fueron los casos de las marchas del 26 de julio, el desalojo del Zócalo el 28 de agosto y la toma del Casco de Santo Tomás por los granaderos y el Ejército el 23 y el 24 de septiembre: una batalla campal que duró 12 horas y que terminó con un número indeterminado de muertos y heridos.
El 26 de julio, por ejemplo, murió Federico de la O, estudiante de la Escuela de Comercio de la UNAM. Los médicos diagnosticaron hemorragia cerebral producto de los golpes que le propinaron los granaderos, pero el parte oficial señaló que se debió a un mal estomacal causado por comer una torta en mal estado.
También están los casos de Arturo Colín, del Tecnológico 4 Mariano Azuela, cuyo hermano se encontraba desaparecido; y Joel Richard Fuentes, de la Preparatoria 3: su hermano Héctor fue herido con una bayoneta y lo llevaron al hospital Notre Dame de Polanco. El padre de ambos muchachos, Samuel Fuentes, murió de un infarto al enterarse de la suerte de sus hijos.
Ángel Martínez Velázquez murió baleado dentro de las instalaciones del Casco de Santo Tomás durante uno de los embates que realizaron soldados y granaderos para tomar ese centro educativo en la noche del 23 de septiembre. Los diarios publicaron que sus compañeros le improvisaron una capilla ardiente en la Escuela de Ciencias Biológicas. Lo velaron al tiempo que resistían, con piedras, cohetones, bombas molotov y armas calibre .22, el ataque de los granaderos, quienes recibieron apoyo de soldados en la madrugada del 24.
Esa noche murió Luis Lorenzo Ríos Ojeda, de 21 años, cuando los granaderos tomaron a balazos la Vocacional 7.
Un par de días antes murió el granadero Julio Adame González y resultó gravemente herido su compañero, Miguel Llamas González. El teniente del Ejército Benjamín Uriza baleó a ambos cuando los encontró golpeando a su madre, quien vivía en la Unidad Tlatelolco, donde los vecinos apoyaban a los estudiantes de la Voca 7.
El entonces regente del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, encabezó un homenaje al granadero muerto –“pereció en cumplimiento de su deber”, dijo– y prometió a la familia una indemnización de 30 mil pesos, una casa nueva en San Juan de Aragón y el sueldo “íntegro y de por vida” para la viuda.
En la base de datos de Zavala aparecen 186 lesionados. Ella precisa que se trata de personas que sufrieron desde heridas leves hasta muy graves, pero de los cuales existe un registro documental serio. Pone por ejemplo el caso de Telésforo Manuel López Carvallo, soldado del 14 Batallón de Infantería, quien perdió un ojo y un dedo de la mano derecha durante los sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco.
Muestra un telegrama del 21 de abril de 1969 y un memorándum del 22 de abril de ese año, en el que se asienta que Román López Avilez, padre del soldado herido, le pide a la Presidencia de la República una pensión completa, una compensación por los órganos perdidos y la construcción de una casa en La Paz, Baja California.
Respecto de los 31 desaparecidos, aclara que se trata de personas reportadas por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), pero que fueron apareciendo posteriormente como heridas, detenidas o muertas. Zavala no incluye en esa lista a Héctor Jaramillo Chávez, un caso de desaparición forzada por el cual la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignó, entre otros, a Luis Echeverría Álvarez. “No lo incluí debido a que no se encontraba en los volantes que repartió el CNH denunciando las desapariciones”, explica la investigadora.
Jaramillo, estudiante de la ESIME, fue detenido el 2 de octubre de 1968. Fue liberado y reaprehendido en enero de 1969 junto con César Tirado, también estudiante del IPN, después de que una persona, identificada como El Chapo Valenzuela Cárdenas, declarara mediante torturas que Tirado pretendía matar a Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional. De acuerdo con La Jornada en su edición del 20 de septiembre de 2005, soldados vestidos de civil trasladaron a Jaramillo y Tirado al Campo Militar número 1. Durante cinco días fueron sometidos a interrogatorios y torturas. De acuerdo con el diario –que tuvo acceso al expediente–, el 23 de enero de ese año el propio García Barragán los confrontó y luego ordenó liberarlos: “¡Suéltenlos! Están muy flacos pa’ tenerles miedo”, habría dicho el general.
Esa misma noche los sacaron del Campo Militar No. 1 y los abandonaron en distintas zonas de la Ciudad de México. “Al día siguiente Tirado y Valenzuela se reencontraron, pero nunca más localizaron a su compañero de la ESIME”, señala el diario.
Zavala comenta que la Femospp lo buscó y lo encontró. Sus padres lo habían enviado a Estados Unidos.
La danza de las cifras
En la madrugada del 3 de octubre de 1968 –apenas unas horas después de la matanza en Tlatelolco–, el director de Prensa y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, Fernando M. Garza, soltó ante más de 60 periodistas mexicanos y enviados extranjeros la primera cifra de muertos en la Plaza de las Tres Culturas: “Cerca de 20”, dijo; así como 75 heridos y más de 400 detenidos.
Unas horas después, el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la Dirección Federal de Seguridad, envió a sus superiores una ficha informativa con los siguientes números: 26 muertos, incluidos cuatro mujeres y un soldado; 100 heridos, 73 hombres y 27 mujeres; así como 12 soldados, tres agentes de la DFS, dos de la Judicial Federal, uno de la Judicial de Distrito y un policía preventivo.
También reportó mil 43 detenidos: 363 en el Campo Militar número 1; 83 en la Jefatura de Policía, y 595 en la Cárcel Preventiva y en la Penitenciaría del Distrito Federal.
El mismo 3 de octubre la policía capitalina informó de 24 muertos y 500 heridos. El periódico El Día, con base en las listas de hospitales, estimó en 30 los muertos, 87 los heridos (70 civiles y 17 militares) y mil 500 los detenidos.
El 5 de octubre –en su primera conferencia de prensa tras los hechos de Tlatelolco–, el CNH estimó en 150 los muertos, entre ellos 40 militares.
“¿Cuántos murieron? En México ningún periódico se atreve a publicar las cifras. Daré aquí la que el diario inglés The Guardian, tras una investigación cuidadosa, considera como la más probable: 325 muertos. Los heridos deben haber sido miles, lo mismo que las personas aprehendidas”, escribió Octavio Paz en su libro Posdata.
Sin embargo, la cifra que ofreció John Rodda, el periodista de The Guardian que estuvo el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y quien realizó la supuesta investigación, fue de 267 muertos y mil 200 heridos. Lo publicó cuatro años después, el 18 de agosto de 1972, en un texto titulado “The Killer Olympics”, en el que utilizó como fuente “una carta” que recibió en enero de 1969, sin precisar su remitente ni en qué se basa su estimación.
“Se llevan a su muertito”
“El número de muertos es mucho mayor del que se puede documentar”, afirma Daniel Molina, integrante del Comité del 68 pro Libertades Democráticas.
Se basa en la experiencia: fue testigo de cómo agentes judiciales y agentes del Ministerio Público alteraron actas de defunción para que no quedaran pruebas de las muertes por bala durante el 2 de octubre en Tlatelolco.
“Tenía 27 años –relata–. Estaba en el último año de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas. No era líder, era brigadista. El 2 de octubre mi esposa, Diana Rivera Torres, y yo, quedamos de vernos con mi cuñada Mariza y mi cuñado Guillermo en la zona de las astabanderas de la Plaza de las Tres Culturas. Guillermo, Chomi, tenía 15 años y estudiaba en la Pre-Vocacional 1.
“A Diana y a mí se nos hizo tarde. Cuando llegamos a Tlatelolco ya estaba el cerco militar y no pudimos entrar a la plaza. Nos fuimos a la casa. Como a las ocho de la noche recibimos la llamada de Mariza. Estaba en la delegación de Tacuba. Desconsolada, nos informó que habían asesinado a Guillermo.”
De acuerdo con el relato que después les hizo Mariza, Guillermo recibió dos impactos de bala en el abdomen. En medio del tiroteo y el tropel de manifestantes desesperados por salir de la plaza, ella logró que una ambulancia militar lo recogiera. Aún estaba vivo.
–¿Cómo se llama? –le preguntó un oficial
–Mariza Rivera Torres…
–¿Es usted pariente del capitán Torres?
–No…
–Ah, entonces no la puedo ayudar.
Y bajaron de la ambulancia militar a Guillermo. Tuvo que esperar una ambulancia de la Cruz Roja. El muchacho murió en el trayecto.
“En la delegación de Tacuba había muchos cadáveres regados en el patio –recuerda Daniel–. Unos policías borrachos jugaban frontón y pisaban sin recato los cuerpos. Mientras hacíamos los trámites. Alguien le avisó a Diana: ‘Señora, se están llevando a su muertito’.
“Salimos corriendo. Una ambulancia del Semefo se llevaba el cuerpo de Guillermo. Subimos al auto que llevábamos y la fuimos persiguiendo. Llegó al Semefo de la colonia Doctores.”
Daniel cuenta que en el Semefo las imágenes eran dantescas: como los cadáveres no cabían en las planchas, estaban en camillas y regados en el suelo de salones y pasillos.
Mientras esperaban para realizar los trámites de identificación, fueron testigos de cómo agentes judiciales “negociaban” con las familias: “Les vamos a dar su muerto, pero va a aparecer que murió de otra cosa”. Y las familias, desesperadas, aceptaban.
“Lo mismo intentaron con nosotros:
–¿Qué pongo como causa de deceso? –preguntó el secretario.
–Ponle cualquier cosa –indicó el agente del Ministerio Público.
–Estamos pidiendo que se asiente que murió a causa de balas disparadas por armas de uso exclusivo del Ejército –pidió Daniel con firmeza.
–Mira, mano, si te vas a poner en ese plan no te entregamos al muerto –amenazó el agente del Ministerio Público.
“No hubo de otra. Para una familia es fundamental tener los restos de un ser querido, de lo contrario se perpetúa la tragedia. Como los demás, terminamos aceptando.”
