De la mano de su príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, Arabia Saudita desató en 2015 una guerra criminal contra Yemen, donde ha atacado objetivos civiles –matanzas de niños incluidas– y ha provocado lo que la ONU describió como “la peor crisis humanitaria del mundo”. Uno de los proveedores de armas de Saudiarabia es España, que en aquel año, gobernada por Mariano Rajoy, firmó un contrato para la venta de misiles guiados por láser. El actual gobierno español, el de Pedro Sánchez, intentó anular dicho contrato… pero los intereses económicos pesaron más y lo mantuvo. Eso hace que, de acuerdo con Amnistía Internacional, la nación ibérica sea “cómplice” de un genocidio.
En su intento de escapar de los enfrentamientos en Yemen, 22 niños y cuatro mujeres fueron interceptados por un avión saudita de combate que los aniquiló con un misil de alta precisión guiado por láser.
Esto ocurrió el 23 de agosto. Recordar la fecha precisa es importante porque, en el bombardeo de información, este incidente puede ser confundido con otro que tuvo lugar dos semanas antes, el 9 de agosto: los profesores de una de las pocas escuelas que aún funcionan llevaban a un grupo de alumnos de primaria a un cementerio, a pasar el día: ya no hay lugares verdes donde puedan jugar, excepto los camposantos. Cuarenta menores y 11 adultos fueron masacrados por la fuerza aérea de Arabia Saudita, que atacó el autobús que los transportaba.
También con un misil láser, infalible.
El jueves 6, el alto mando de la coalición militar que dirigen los sauditas admitió que en ambos casos “podría haber daños colaterales y bajas civiles”, declaró su vocero oficial, el coronel Turki al Maliki, quien reafirmó el compromiso de aplicar “los más altos estándares de selección de objetivos y los principios de la ley humanitaria internacional”.
Y los británicos aplaudieron este ejemplo “casi sin paralelo de admitir errores y señalar cuáles fueron”, en palabras de Alistair Burt, ministro para Medio Oriente.
Es la postura de uno de los países que más venden a los sauditas armas que son empleadas contra civiles en Yemen, y a los que, en un informe de la ONU publicado el 28 de agosto –en el que se denuncian crímenes de guerra–, se les pide que suspendan ese comercio mortal.
Esta exigencia es apoyada por cuatro grandes organizaciones internacionales de la sociedad civil, Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, que impulsan “Armas Bajo Control”, una campaña que intenta terminar con el envío de armamento a países y grupos que violan sistemáticamente los derechos humanos.
En el último lustro Estados Unidos proveyó 61% del armamento que compra Arabia Saudita; Gran Bretaña, 23%; Francia, 3.6%; España, 2.4%, y Alemania, 1.8%.
Aunque España ocupa el cuarto lugar de este grupo, en estos días se ha colocado en el centro de la polémica porque el gobierno socialista de Pedro Sánchez anunció la anulación de un contrato de venta al ejército saudita de 400 misiles con guía láser… y una semana después, el jueves 13, reculó porque, según el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se trata de un convenio firmado por el gobierno anterior, el del derechista Mariano Rajoy, en 2015, “y no hay ninguna razón para no honrarlo”.
Pese a que los sauditas habían admitido su equivocación una semana antes, y de que esas bombas están matando niños, Borrell pareció no enterarse de lo que está vendiendo: se trata de “armamento de precisión”, dijo en entrevista con la radio española Onda Cero, ya que es guiado por láser y por lo tanto “no produce efectos colaterales, en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria”.
De esta forma Madrid se está haciendo cómplice de crímenes de guerra, advirtió Amnistía Internacional en voz de su director de asuntos globales, Steve Cockburn, el domingo 16. “No hay excusa posible para España ni para ningún otro país que continúe armando a la coalición dirigida por Arabia Saudita”, continuó. Si concreta la venta, “enviará un inequívoco mensaje de que el gobierno español se preocupa más de proteger sus intereses económicos que de las vidas de los civiles en Yemen”.
Alta precisión
La exactitud del lenguaje es algo muy importante en los organismos internacionales. Los términos se usan bajo definiciones legisladas y estrictas. Por eso tiene gran peso político y legal –como sustento de procesos ante tribunales internacionales– el informe de un grupo ad hoc de expertos de la ONU, en el que se usa el concepto de “crímenes de guerra” para describir lo que ocurre en Yemen.
En visitas a diversos puntos del país, los investigadores documentaron masacres, asesinatos, violación y tortura a escala masiva. “A pesar de la severidad de la situación, seguimos observando un completo desprecio por la gente”, dijo Charles Garraway, uno de los autores del documento de 41 páginas. El presidente del grupo, Kamel Jendoubi, añadió que “hay poca evidencia de algún intento de las partes de minimizar las bajas civiles”.
Todos los bandos son acusados por este panel internacional de haber cometido crímenes de guerra. Pero la causa del mayor número de muertes entre la población, precisa la denuncia, son los ataques aéreos de la coalición saudita, que se dirigen contra áreas residenciales, mercados, bodas, funerales, centros de detención, lugares de culto religioso e instalaciones médicas.
Esa alianza militar está encabezada por Arabia Saudita y también tiene una participación importante de tropas de los Emiratos Árabes Unidos, ambos países devotos de la secta musulmana sunita. Cuenta con el apoyo militar, diplomático y de inteligencia, además, de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en su guerra contra los rebeldes hutíes, que pertenecen a la secta chiita y –según denuncian sus enemigos– tienen el respaldo de Irán, país que les provee armamento.
Londres se felicita porque es gracias a la presión que está ejerciendo sobre Riad, asegura, que la coalición admite públicamente haber cometido errores, y que ha instituido una entidad de monitoreo que investiga todos los incidentes con bajas civiles.
Sin embargo, un análisis de Human Rights Watch revela que de los 75 casos que han sido reportados, apenas han reconocido que se rompieron las reglas de combate en dos, y sólo en otros 10 aceptaron que hubo civiles muertos, a cuyas familias debían indemnizar.
Un grupo independiente de monitoreo, Yemen Data Project, documentó 55 ataques contra vehículos y autobuses civiles entre enero y julio de 2018, con lo que concluyó que el del 9 de agosto forma parte de un patrón.
También hizo un análisis de 18 mil ataques aéreos llevados a cabo de marzo de 2015 a abril de 2016 y encontró que sólo 36% de los objetivos alcanzados era militar; 31% eran civiles o infraestructura civil, y del resto no se podía establecer su carácter.
En Yemen las bombas con guía láser, del tipo que, según Borrell, no afectarán a la población civil, son utilizadas con frecuencia contra no combatientes. La de los 40 niños muertos en el autobús es una versión de la bomba Mk-82, llamada GBU-12 Paveway II y elaborada por Lockheed Martin (una de las compañías fabricantes de armamento más importantes de Estados Unidos), según Bellingcat, un portal de investigación periodística.
Artefactos similares fueron empleados en el ataque del 23 de abril contra una boda, con 33 muertos y 14 heridos, y contra un funeral el 8 de octubre de 2016, en el que tres misiles destruyeron todo un edificio, matando a 140 personas e hiriendo a más de 500.
La alta precisión de este último embate fue ejemplar: dos cohetes golpearon primero, se dejó pasar un rato y, cuando los servicios de emergencia estaban tratando de ayudar a los heridos, cayó el tercero.
Esta táctica, diseñada para provocar el mayor daño humano posible, es conocida como “ataque de triple toque”, es de uso cotidiano por la coalición saudita y ha sido utilizada por otros ejércitos, como el de Israel en la guerra contra Gaza en 2014.
Las apuestas de MBS
Arabia Saudita inició su ofensiva contra los hutíes en Yemen en 2015, después de que murió el viejo rey Abdalá y lo reemplazó Salmán, bajo cuyo mandato ha crecido el poder del príncipe heredero y hombre fuerte saudita, su hijo: Mohamed bin Salmán.
MBS, como es conocido, tenía entonces 29 años, carecía de toda experiencia diplomática o administrativa, pero se lanzó a una lucha palaciega para someter a todos sus rivales, y a una campaña para incrementar la influencia del reino en la zona –enfrentando a su rival, Irán– y el mundo.
Combinando novatez y ambición, el príncipe ha cometido errores que han originado o agravado conflictos en Catar, Siria, Irak y Líbano, con grandes pérdidas de vidas.
El peor de sus errores, sin embargo, es la intervención en Yemen, donde provocó lo que la ONU ha descrito como “la peor crisis humanitaria del mundo en este momento”.
En esta fase de la guerra, las milicias hutíes dominan las principales ciudades de Yemen, incluido el puerto de Hudaydah, contra el que los sauditas lanzaron una ofensiva en junio, sin que hayan logrado conquistarlo.
Durante dos años se ha manejado la cifra de 10 mil muertos como la estadística oficial del conflicto, después de que la dio un funcionario de la ONU en agosto de 2016. Sin embargo, los observadores señalan la incongruencia de que, mientras la guerra se recrudece, el número no se actualiza.
El Armed Conflict Location & Event Data Project, un portal de análisis y mapeo de conflictos, estableció que la tasa de mortalidad es de 50 mil personas entre enero de 2016 y julio de 2018 (todavía no han terminado de procesar los datos de los primeros nueve meses del conflicto).
Se trata, sin embargo, exclusivamente de gente muerta durante los combates, lo que deja fuera a miles más que han perecido por otras causas provocadas por la guerra, como una extendida epidemia de cólera, desnutrición, falta de atención médica, etcétera.
Según Save the Children, al menos 130 niños mueren diariamente por hambre y enfermedades.
El detalle Navantia
Estos datos macabros no desaniman a los grandes países vendedores de armas, ni siquiera los que sostienen discursos humanitarios.
Con MBS y sus aspiraciones de dirigir una gran potencia, Arabia Saudita se ha convertido en una mina de petrodólares para los comerciantes de arsenales: de 2013 a 2017 incrementó sus compras de armas en 225% respecto al quinquenio anterior, con un gasto militar de 69 mil 400 millones de dólares. Medido por habitante, es el tercero del mundo, después de los de Estados Unidos y Rusia.
Para España, Arabia Saudita es el tercer mayor cliente de armamento (sólo por detrás de la Unión Europea y la OTAN), con 14% de los 4 mil 347 millones de euros que vendió en 2017, casi el doble que en 2015.
Según la legislación española, aprobada en 2007, está prohibido exportar material bélico si hay riesgo de que se emplee en violaciones de derechos humanos, de que salga del país de destino o de que se revenda a terceros.
El anuncio de la anulación del contrato de venta de los misiles, sin embargo, trajo amenazas de represalias en otras áreas.
Los trabajadores de los astilleros gaditanos de Navantia, una sociedad pública española dedicada a la construcción de material naval civil y militar, convocaron a movilizaciones de protesta. Si no les daban los cohetes, advirtieron los sauditas, también cancelarían la compra de cinco corbetas pedidas a esa empresa, con lo que se perderían 6 mil empleos.
Ahora, el gobierno socialista garantizó que el ejército saudita reciba los cinco buques de guerra y los 400 misiles que, según el ministro español, no ponen en peligro a civiles.
En redes sociales se lo merendaron. “Claro, porque una bomba con 87 kilos de tritonal o minol da al ‘malo’ en la frente y no tiene onda expansiva. To mu normal”, tuiteó Aitor Pescador, historiador de la Universidad de Navarra. “Se le puede invitar a Borrell a ponerse a un metro de una bomba-láser. Fijo que da en el blanco, la onda expansiva, ya tal”.
