Incansables en su búsqueda, los padres de 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años muestran su indignación por la falta de resultados, pero sobre todo les duele la necedad de la administración de Enrique Peña Nieto montada en su “verdad histórica”… Con todo, no desfallecen. “Seguiremos presionando hasta que los muchachos aparezcan, dicen a Proceso. Con respecto a Andrés Manuel López Obrador, sentencian: “El cheque en blanco no está firmado. La confianza se va a ir dando según se vayan dando las cosas”.
Desesperación, coraje, impotencia y un dolor que no cesa son algunos de los sentimientos que atormentan a padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el cuarto año de su búsqueda incansable por conocer la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Avivados por el empecinamiento inalterable de Enrique Peña Nieto de sostener su “verdad histórica” y utilizar la fuerza del Estado para combatir una sentencia que ordena rehacer la investigación, esos sentimientos se ven también acompañados por la esperanza de que la administración de Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de crear una comisión para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
“Esperanza sí, cheque en blanco no”, dicen en entrevista con Proceso padres y madres de los jóvenes desaparecidos que el miércoles 26 se reunirán con el presidente electo en el Museo de Memoria y Tolerancia.
Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza; Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, y los padres de César Manuel González, Mario César González e Hilda Hernández, fueron abordados por la reportera el miércoles 19, horas antes de que se integraran a una marcha de los damnificados por el sismo del año pasado.
La movilización y la solidaridad con organizaciones civiles y otros colectivos de víctimas de la “guerra contra el narcotráfico” han sido para los padres y madres de los 43 estudiantes mecanismos que mantienen viva su exigencia de conocer la verdad sobre el destino de sus hijos.
“Hay esperanza que debe ser corroborada con actos concretos de justicia”, dice Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a la reportera.
El cuarto aniversario de la desaparición forzada ocurre en momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a debatir sobre la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), como lo ordenó y ratificó, el jueves 20, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, al rechazar la posición de la Procuraduría General de la República (PGR) de la “imposibilidad material y jurídica” para operarla.
Una vez emitida la sentencia el 30 de mayo, el gobierno de Peña Nieto interpuso alrededor de 200 recursos a través de una decena de dependencias. A su vez, militares, marinos y policías federales presentes en la noche trágica o que detuvieron a presuntos involucrados en las agresiones –los cuales denunciaron torturas– hicieron lo propio (Proceso 2181 y 2182).
A la inusitada embestida, Peña Nieto remató con un spot, en el contexto de su último informe de gobierno, en el que insistió en la “versión histórica”, lo que “vino a confirmar eso que de alguna manera siempre supimos pero que se trataba de disimular diciendo que la investigación aún estaba abierta y que había apertura para seguir las recomendaciones internacionales”, destaca Aguirre Espinosa.
El abogado puntualiza que la apuesta de las familias es que se ejecute en sus términos la sentencia del Tribunal Colegiado, la cual dispone “contrapesos que aseguran que la PGR no reincida en las irregularidades que se han acreditado a lo largo de estos años, y que incorpora una virtud muy relevante, que es profundizar la asistencia técnica internacional; es más, no sólo se considera plausible, sino recomendable que se vuelva a un esquema similar al de GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)”.
Con el antecedente de un cuarto año intenso de informes de organismos internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y documentos preliminares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –en los que los familiares expusieron irregularidades y omisiones en la investigación, tortura a imputados y hasta la presentación de personas con identidades falsas, como es el caso de Érick Uriel Sandoval Rodríguez, alias La Rana–, los padres de los 43 normalistas desaparecidos llegan a un aniversario más estando golpeados por la pérdida de una de sus compañeras, Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, quien murió en mayo pasado a causa de un cáncer que se aceleró por el desgaste físico y emocional.
“Han sido cuatro años de pasar hambres, enfermedades, depresiones; de abandonar todo: familia, trabajo, por buscar a nuestros hijos, y lo que hemos encontrado son dificultades y mentiras del gobierno”, refiere Estanislao Mendoza.
Pequeño y regordete, muestra sus prendas y dice no avergonzarse de que la ropa que porta haya sido obsequiada por organizaciones o ciudadanos solidarios, pues, dice, ellos “saben que por buscar a nuestros hijos no podemos trabajar”.
Originario de Mártir de Cuilapan, municipio ubicado a 20 kilómetros de la normal de Ayotzinapa, lamenta que hasta el último momento Peña Nieto insistiera en su “necedad” de decir que los jóvenes fueron incinerados en Cocula, porque “abrió más la herida”. “Más coraje nos dio”, afirma.
Estanislao, quien antes de la tragedia trabajaba en cultivos de autoconsumo, no oculta sus expectativas luego de dos encuentros con Alejandro Encinas, quien será responsable de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la administración de López Obrador.
También dice tener “esperanzas de que regrese al GIEI para que sigan las investigaciones. Vamos a ver a qué se compromete (López Obrador) el 26 de septiembre. Si no cumple, tendremos que movilizarnos otra vez para que lo haga”.
Cristina Bautista, quien se ha distinguido por iniciar sus discursos en náhuatl, coincide con Estanislao: el cambio de administración no modifica la demanda, tal como le expresaron el 25 de mayo en Iguala, cuando irrumpieron en un acto de campaña de López Obrador.
“La exigencia es la misma: la presentación con vida de nuestros hijos. Sabemos que ellos (el próximo gobierno) no son los culpables, pero tenemos que seguir presionando, y esperemos que Andrés Manuel cumpla su palabra –como nos dijo en Iguala, donde pasaron los hechos– de crear la comisión, de que va a hablar con la Comisión Interamericana y va a hablar con el Alto Comisionado de ONU para que atraiga el caso Ayotzinapa.”
“Lo importante es
llegar a la verdad”
Oriunda del pueblo montañoso de Alpuyecancingo, municipio de Ahuacotzingo, Cristina ha recorrido buena parte del territorio nacional y ha visitado Argentina, Colombia y Estados Unidos para difundir la tragedia de Ayotzinapa.
Considera que López Obrador tiene una ardua tarea para esclarecer el caso Ayotzinapa: “Esperemos que le dejen cumplir su compromiso, porque sabemos que el gobierno del PRI no lo va a dejar trabajar como él quiere. Por lo que a nosotros respecta, estaremos presionando, pues para nosotros es importante llegar a la verdad y que se castigue a quienes construyeron su ‘verdad histórica’”.
Cristina es una de las madres más activas del colectivo. Con frecuencia es oradora en mítines y foros; también se da tiempo para visita a su hija menor, que estudia en Cuernavaca. Y cuando tiene cuatro días libres se va a su pueblo a ver a su hija mayor, con la que se queda dos días.
“Cuando voy a mi pueblo ella me pregunta qué nos dicen, cuándo nos van a entregar a los muchachos. Lo más difícil para mí es dar la misma respuesta: ‘No sé. Me dicen que ya no regrese, que ya pasó mucho tiempo, que mi hijo ya ha de estar difuntito, que corro peligro’.
“Nunca me imaginé estar en (la Cuidad de) México. Siento que el gobierno me obligó a dejarlo todo y a salir a hablar. Con cada mentira que nos dicen siento coraje, y tanto coraje me obliga a hablar para decirle al gobierno y al pueblo que sepan que aquí estamos.”
Mario González y su esposa Hilda Hernández siempre están juntos en las movilizaciones de los familiares de los 43 normalistas. Originarios de Huamantla, Tlaxcala, el matrimonio dejó su casa para dedicarse de lleno a la búsqueda de los jóvenes. Al principio sus familiares se encargaron de la manutención de sus dos hijas; ahora son ellas quienes respaldan a sus padres y les dan aliento.
También cuentan con la solidaridad de organizaciones sociales y de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos. Hilda advierte que antes de la desaparición de los estudiantes desconocía la magnitud del problema de los desaparecidos y de los feminicidios. “Es impactante ver tanta impunidad que vives tú también. Después de cuatro años de tanta mentira, da coraje, pues ves que los gobernantes no hacen nada para investigar”, dice.
Lo peor, agrega Mario, es que “tengamos que mendigar justicia”. Y añade: “Esperamos que en el gobierno entrante sí haya justicia para todas las víctimas; lo anhelo con todo el corazón. Sentimos también su dolor. Con respecto a los 43 muchachitos de Ayotzinapa, tenemos que conocer su paradero”.
Para el padre del normalista César Manuel González la expectativa se basa en la creación de una Comisión de la Verdad, según prometió Andrés Manuel López Obrador en su campaña; más tarde, cuando los padres de los estudiantes desaparecidos irrumpieron en un acto proselitista en Iguala, él aclaró que sería una Comisión de Investigación.
En nombre de sus compañeros, Mario insiste en que mantendrán su exigencia de que “se lleve a cabo la sentencia (del Tribunal Colegiado) con puntos y comas, como lo resolvieron los tres magistrados. Es nuestra petición para el gobierno entrante”.
Confía también en que se solucione el caso Ayotzinapa. Ojalá sea el primero en resolverse y se convierta en un parteaguas, dice.
Y advierte: “El cheque en blanco no está firmado. La confianza se va a ir dando según se vayan dando las cosas. Para nosotros lo importante es que veamos una voluntad política real para dar con los muchachos”.
