En la edición No. 2180 de Proceso, del domingo 12 de agosto, el periodista Julio C. Roa utiliza información del reporte Dinero bajo la mesa, coordinado por María Amparo Casar, presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, para señalar los nombres de 10 periodistas que “acapararon la mayoría de los recursos públicos en el segmento de la publicidad oficial en internet”.
Aunque algunos medios o usuarios de redes sociales lo han inferido, el estudio en ningún momento sugiere acto de corrupción alguno; simplemente enumera información pública del Sistema de Comunicación Social del gobierno federal. El estudio analiza la falta de reglas claras para asignar publicidad oficial y los patrones de contratación en medios electrónicos, digitales y prensa escrita.
La nueva Ley General de Comunicación Social, promulgada el 11 de mayo del 2018 y que entrará en vigor el 1 de enero de 2019, es insuficiente para regular con reglas claras la publicidad oficial, ya que no erradica las malas prácticas en la contratación de espacios en los medios de comunicación. Según dispone la nueva Ley, la Secretaría de Gobernación tendrá el control del padrón nacional de medios de comunicación, así como del otorgamiento de contratos de campañas de comunicación social.
Atentamente:
Ma. Amparo Casar
Luis Carlos Ugalde
Respuesta del colaborador
Señor director:
Respecto a las puntualizaciones que hacen los académicos Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, sólo quiero mencionar que el título de su investigación. Dinero bajo la mesa, es suficientemente contundente respecto al tema que exponen.
Es más, en un párrafo de su estudio (página 162), que a continuación reproduzco, cuestionan el caso de los periodistas que, sin que sus portales reciban un alto número de visitas, reciben millones de pesos del erario:
“En los primeros lugares, por tamaño de montos aparecen varias compañías que, al revisar las facturas que emiten por sus servicios al gobierno, administran la publicidad de páginas de noticias personales de comunicadores o pequeños sitios de noticias. Al igual que con los medios impresos, no queda claro por qué algunas páginas reciben recursos cuando la cantidad de visitas que reciben –o su reconocimiento– es pequeño en comparación con otros sitios que podrían maximizar el público al que, se supone, debería llegar y servir la publicidad que paga el gobierno.”
El reportaje titulado “El ‘top ten’ del ‘chayote’” recoge los nombres de los comunicadores y sus empresas que en 2017 recibieron dinero público vía publicidad oficial, y los enlista por orden de montos recibidos. La cabeza usa el término chayote porque se trata de una expresión de la jerga periodística mexicana que significa soborno, dádiva, lo que en otras palabras también podría definirse como “dinero bajo la mesa”.
Dicho lo cual, que el lector saque sus conclusiones.
Atentamente:
Julio C. Roa
