WASHINGTON.– Con el objeto inicial de promover los intereses de México en Estados Unidos, desde el sexenio de Felipe Calderón la embajada mexicana en Washington ha pagado 175 mil dólares al año a dos centros académicos: el Woodrow Wilson Center (WWC) y el Migration Policy Institute (MPI), aun cuando no los necesiten.
De entonces a la fecha, la primera institución ha recibido, cada año, 75 mil dólares; la segunda, 100 mil. Ambos foros han sido usados como plataforma de promoción personal por funcionarios mexicanos, sobre todo los de la administración de Peña Nieto, quienes organizan actos y debates, presuntamente plurales, sobre México, a los que invitan a políticos de oposición, como lo hizo el WWC el 6 de septiembre de 2017, cuando acudió a sus instalaciones Andrés Manuel López Obrador.
Un funcionario de la Secretaria de Relaciones Exteriores en México recuerda al corresponsal que cuando López Obrador abarrotó el auditorio más grande del WWC, el “canciller Luis Videgaray hizo el coraje de su vida, acotando que la embajada no pagaba para que la oposición criticara al gobierno del presidente Peña Nieto”.
Desde que López Obrador habló en el WWC, este centro académico llevó a cabo otros foros previos a la elección del 1 de julio. Invitó al panista Ricardo Anaya, pero canceló su viaje a la capital estadunidense y posteriormente la institución se conformó con invitar a representantes del PAN y del PRI. Sin embargo, la asistencia no fue tan copiosa como en el caso de López Obrador y el escenario no fue el auditorio principal.
Sin embargo, integrantes del gabinete de Peña Nieto utilizaron la plataforma que, con cargo al erario, les facilitó el WWC. Uno de los beneficiados fue el propio Videgaray para promoverse y ser aplaudido por el círculo académico wilsoniano.
Nueve años de despilfarro
Presionada por Proceso, que exigió conocer los montos destinados al pago por los servicios de los centros académicos en Washington, la embajada mexicana divulgó un documento oficial con dicha información.
Respecto al WWC, la legación sostiene que la relación con la institución académica se inició, según el oficio, en 2009 para “la realización de actividades de análisis y difusión que aporten elementos a los gobiernos de los dos países para la formulación de políticas públicas que permitan fortalecer mecanismos de cooperación bilaterales, en aras de una relación más productiva y benéfica para ambos”.
Aunque fue obvio que al WWC los funcionarios del gobierno Peña Nieto lo usaron a su antojo, la embajada mexicana acota que en él se “desahoga una agenda anual de actividades multidisciplinarias relativas a las relaciones México-Estados Unidos en distintos rubros”.
La legación que encabeza Gerónimo Gutiérrez asegura que el programa que financia realiza “entre otros eventos, la visita a Washington de miembros de la academia, el sector privado, el gobierno, legisladores y la sociedad civil mexicanos para participar en foros públicos auspiciados o coauspiciados por el Woodrow Wilson Center y el México Institute (sic). El programa se renueva cada año, la contribución anual del gobierno mexicano es de 75 mil dólares y estará vigente hasta el 15 de octubre de 2018”.
Sin embargo, en los últimos nueve años el WWC no ha logrado modificar un ápice los intereses de México en Estados Unidos; menos aun desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
En caso del MIP, el dinero del erario se inició en 2004 y dejó de entregarse en julio de 2017. La embajada de México justificó que el dinero era “para la realización de actividades de cooperación relativas al fenómeno de la migración internacional y sus efectos para México”
Y añadió: “La cooperación abarca, entre otros ámbitos, políticas migratorias y su relación con las realidades económicas y demográficas entre México y Estados Unidos; integración, protección y asentamiento de migrantes; demanda de mano de obra y condiciones de trabajo de mexicanos en Estados Unidos; manejo de emergencias provocadas por la migración; migración y desarrollo en México; impacto económico de los migrantes en Estados Unidos y circularidad migratoria”.
La sede diplomática “evalúa la conveniencia de establecer un programa nuevamente con éste (MPI) u otros centros de investigación. Ambos programas (el del WWC y el MPI) se enmarcan en el espíritu y las disposiciones del Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, del 15 de junio de 1972”.
Cómo parte de su plan de austeridad y de eliminación de gastos gubernamentales inútiles, tocará al gobierno de López Obrador y no al saliente de Peña Nieto decidir si sirve de algo gastar 175 mil dólares al año para continuar con los financiamientos a centros académicos estadunidenses.
En ese periodo de transición, Videgaray tiene contacto con Marcelo Ebrard, quien cuando fue jefe del Gobierno de la Ciudad de México se presentó como ponente en un foro en el WWC y será el futuro canciller. Lo deseable es que Ebrard pondere si debe continuar ese pago de 175 mil dólares anuales al WWC y a MPI, antes de que el embajador Gutiérrez firme la renovación de los programas con ambas instituciones académicas.
