El informe anual de las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada documenta que el sexenio de Peña Nieto, en particular el año 2017, ha sido el más mortal de lo que va del siglo XXI para líderes, coordinadores o fundadores de diversos movimientos sociales, indígenas y de derechos humanos que se opusieron a proyectos de gobierno, como las reformas estructurales.
La aplicación de las llamadas reformas estructurales que el presidente Enrique Peña Nieto considera su legado está acompañada de un registro inusitado de asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y agresiones contra quienes se opusieron a los proyectos presidenciales.
De los tres últimos sexenios, el actual ha sido el más violento para dirigentes sociales o para quienes ejercían su derecho fundamental de protesta. Por ejemplo: mientras en la administración de Felipe Calderón se registraron 67 “ejecuciones extrajudiciales” de líderes sociales, en lo que va de la de Peña Nieto hasta mayo pasado fueron contabilizados 161 homicidios de ese tipo.
Cada año las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada integran un informe en el que documentan asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y otras agresiones contra defensores de derechos humanos o ciudadanos que los ejercían.
En esta edición su conclusión es que la violencia dejó de ser masiva para convertirse en selectiva, configurando una política represiva que ha dejado un registro de víctimas que va en ascenso desde 2006, destacando 2017 como el más violento de este siglo en materia de asesinatos en este contexto.
Los datos del informe Defender los derechos humanos en México: El Sexenio de la Impunidad, que contiene fechas, nombres y lugares, apuntan a que las agresiones perpetradas por presuntos grupos criminales se cometieron, incluso, en un contexto de trabajo derechohumanista incómodo al poder político o económico.
Si bien existe un alto registro de casos perpetrados por agentes de los diferentes órdenes de gobierno, los autores del informe consideran, basados en criterios garantistas internacionales, que el Estado mexicano también es responsable por aquiescencia en las situaciones en las cuales el agresor fue un grupo paramilitar o no ha sido identificado.
El reporte destaca que los datos expuestos correspondientes al periodo diciembre de 2006-mayo de 2018 “reflejan la magnitud de gravedad” de oponerse al poder: en dos sexenios 3 mil 967 personas fueron detenidas de manera arbitraria mientras defendían algún derecho humano –con un creciente registro de señalamientos de tortura– y 228 defensores fueron asesinados; todos esos casos son considerados por el Comité Cerezo como ejecuciones extrajudiciales.
Además, en el referido periodo se reportó la desaparición de 165 personas, siendo 2014 el año con más casos porque tomó en cuenta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En su balance global, el informe expone la existencia de una relación entre las víctimas de homicidio, desaparición y prisión, principalmente, con la implementación de las reformas estructurales.
Entre junio de 2017 y mayo de 2018 al menos 224 personas que se oponían a la Reforma Educativa fueron víctimas de alguna de las agresiones mencionadas, 219 fueron reprimidas cuando se manifestaban por diferentes motivos, otras 74 cuando defendían su territorio ante proyectos de infraestructura, extractivismo o política de privatización, básicamente, y 72 más sufrieron ataques cuando defendieron el medio ambiente.
Pero eso no es todo: las condiciones de terror se han extendido a los familiares de dirigentes sociales, de manera que los redactores advierten que puede haber un registro mayor de víctimas, debido a que no han querido denunciar ante el escenario de impunidad.
Asesinatos sin resolver
El 1 de diciembre de 2012, día de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, comenzó el registro de asesinatos extrajudiciales que a lo largo del sexenio crecería en el contexto de la represión gubernamental, del ataque masivo perpetrado por agentes del Estado contra las protestas sociales.
Durante la jornada de manifestaciones por la asunción de Peña Nieto, una bala mató al activista y director de teatro Juan Francisco Kuykendall; el proyectil disparado por un policía federal le perforó el cráneo. El momento de la agresión fue grabado en video por Teodulfo Torres Soriano, amigo de la víctima y quien meses después se convertiría en uno de los primeros activistas desaparecidos del sexenio.
En tanto, la primera víctima de este sexenio por ejecución extrajudicial fuera de la Ciudad de México es Juan Vázquez Guzmán, miembro adherente de la Sexta declaración de la Selva Lacandona y dirigente del ejido de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, en Chiapas, zona de las Cascadas de Agua Azul, donde se oponían a la construcción de un megaproyecto.
Los adherentes a La Sexta habían sido objeto de represión desde 2007 tanto por cuerpos de seguridad pública como por paramilitares identificados con la alianza PRI-PVEM, pero sin llegar al asesinato, como ocurrió el 24 de abril de 2013.
A partir de los casos anteriormente mencionados, el registro de ejecuciones extrajudiciales durante el periodo de Peña Nieto se incrementó a más del doble con respecto de los documentados en el periodo de Felipe Calderón. En sólo cinco años y medio del actual gobierno se sumaron 161 víctimas, lo que representa 71% de las ejecuciones extrajudiciales registradas desde 2006.
Los redactores del informe destacan que los reportes se dispararon desde 2010 –en el contexto de la guerra contra el narco que declaró Felipe Calderón– cuando registraron 10 ejecuciones extrajudiciales; para 2011 la cifra ascendió a 20.
Hasta 2015 el número de víctimas en el gobierno de Peña Nieto se mantuvo en 20 homicidios anuales. Ya para 2016 el registro se elevó a 36 casos documentados, entre ellos destaca la muerte de ocho personas, la mayoría indígenas mixtecos, durante el operativo realizado 19 de junio de ese año en Nochixtlán, Oaxaca, por parte de la policía estatal y de la Gendarmería Nacional cuando intentaron desalojar un bloqueo de la disidencia magisterial.
Sin embargo, 2017 se convirtió en el año más mortal para los defensores de los derechos humanos en México, con 49 víctimas. A diferencia de lo ocurrido en Oaxaca, los ataques fueron específicos.
Según los datos del reporte, sólo en los primeros cinco meses de 2018 se contabilizaron 19 asesinatos extrajudiciales. El Comité Cerezo explica: “La labor más difícil en la documentación de las ejecuciones extrajudiciales es la de poder determinar al perpetrador; no obstante, en los casos incluidos en el informe la documentación por contexto nos indica que esta violación a los derechos humanos tuvo, claramente, motivos políticos.
“Asimismo, pese a que en muchas ocasiones no queda claro quién es el perpetrador, lo que sí es claro es que los perpetradores tienen una relación con el Estado, en tanto que las víctimas afectaban con su trabajo los intereses del Estado”.
En el periodo comprendido entre junio de 2017 y mayo pasado 38 personas fueron asesinadas; conforme a los datos recabados por el Comité Cerezo, en 12 el perpetrador fue identificado como parte de las estructuras legales del Estado; en los 26 casos restantes, que representan 68% del total, se desconoce la identidad o pertenencia de los perpetradores, pues siguen impunes. Sin embargo, las víctimas lesionaban destacadamente intereses gubernamentales.
Más allá de Ayotzinapa
Historias que se enlazan. Teodulfo Torres Soriano fue testigo de la agresión que le costó la vida a Juan Francisco Kuykendall. Estaba por declarar ante un Ministerio Público federal cuando el 26 de marzo de 2013 desapareció en algún punto entre la Ciudad de México y Ciudad Nezahualcóyotl. Hasta ahora no hay datos sobre su paradero.
La desaparición de Torres Soriano no fue la primera del sexenio, Luis Enrique Granillo Martínez, Tirso Madronio Pérez Antonio, Santiago y Honorio Benítez, integrantes del Frente Popular Campesino Revolucionario Francisco Villa, desaparecieron el 15 de febrero de 2013. Organizaciones como la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México responsabilizaron al Ejército.
Una vez más el comparativo muestra el incremento continuo a partir de 2006 y su radicalización en el gobierno que está por terminar. Durante la administración de Felipe Calderón se documentaron 53 casos de desaparición forzada contra defensores de derechos humanos y dos de desaparición forzada contra miembros de grupos insurgentes.
El informe no ignora el contexto de la llamada “guerra contra el narco”, pero advierte que las causas de las víctimas eran incómodas para gobiernos y que, en todo caso, los perpetradores fueron particulares que actuaron con la aquiescencia o el consentimiento de alguna autoridad.
Hasta el último día de mayo de 2018 el registro de desaparecidos en el sexenio de Peña Nieto ascendía a 110 víctimas derechohumanistas (el doble de registros que en el sexenio anterior), de las cuales 43 corresponden a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
La razón por la que el informe incluye a los normalistas de Guerrero es que, además de que mantenían una agenda de defensa de derechos fundamentales, como a la educación, ejercían libertades de tránsito, protesta y reunión, entre otras.
“La desaparición forzada como política contrainsurgente y de represión política continúa en el sexenio de Peña Nieto, cometiéndose de una manera selectiva, principalmente, contra líderes, coordinadores o fundadores de diversos movimientos sociales, indígenas o de derechos humanos”, advierten los redactores del documento.
Sin embargo consideran que la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas despertó la indignación masiva y mostró, en el ámbito internacional, la tragedia en la que viven miles de familias que tienen un familiar o más desaparecidos. Es decir, lo ocurrido a los 43 dio visibilidad a las desapariciones que se cuentan por decenas de miles en México.
Así, en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, al que aún le quedaban seis meses al momento de redactar el informe, se suman 165 personas luchadoras sociales víctimas de desaparición forzada.
A su vez, en el periodo comprendido entre junio de 2017 y mayo de 2018 se han registrado 11 desapariciones, una cifra que, excepto el alto registro de 2014, es un conteo consistente con años anteriores.
El documento añade que “la mayoría de los autores de las desapariciones forzadas son identificados como agentes del Estado y sólo en 27% (de los casos) los autores son de origen desconocido, es decir, que no se pudo identificar directamente, sino que por contexto y por el señalamiento de los familiares de las víctimas o de sus organizaciones es que se llega a la conclusión de que, efectivamente, se trata de desapariciones forzadas”.
Prisión, tortura y otras agresiones
La detención arbitraria registrada en el contexto de movilizaciones sociales, protestas o pertenencia a organizaciones, es otro de los indicadores que coloca al sexenio de Peña Nieto como el más agresivo contra los opositores, que son principalmente ajenos a militancias partidistas, al poder y la notoriedad que sí tuvieron personajes como Elba Esther Gordillo, pese a su prisión domiciliaria.
En todo el sexenio de Calderón la detención arbitraria sumó mil 121 víctimas.
La detención de miembros de movimientos sociales en el sexenio de Peña Nieto casi se triplicó respecto de la administración anterior, pues asciende –hasta mayo de 2018– a 2 mil 968 detenidos.
Inclusive, en el comparativo por años, se observa que el de más registros del sexenio calderonista fue 2008, con 262 detenciones, mientras que en 2017 ocurrieron 877 detenciones. En la revisión de los casi 12 años de ambos gobiernos, la administración actual concentra 75% de los casos.
La revisión de los datos por parte del Comité Cerezo y de los demás autores expone la existencia de una diferencia considerable en la visibilidad de los reportes.
Entre junio de 2017 y mayo pasado los casos se presentaron principalmente en Michoacán, con 180 registros, y en Chiapas, con 142. Se trata esencialmente de detenidos en protestas magisteriales contra la Reforma Educativa.
Otro de los aspectos relevantes de la detención arbitraria es que el beneficiario de esta agresión es aquel ente contra el que se encauzaban las protestas o los reclamos de derechos humanos de los detenidos: en 413 casos sirvió a un gobierno estatal; en 68, a una empresa privada, la mayoría relacionada con el sector de energía o minas, y en 26 casos fue respecto de una política o proyecto federal.
En las situaciones de detenciones arbitrarias la denuncia de tortura también creció de 11%, en el periodo 2016-2017, a 41%, del lapso 2017-2018.
El informe agrega el incremento exponencial de las agresiones que se subdividen en amenazas, hostigamientos, allanamientos, agresiones físicas y psicológicas.
El Comité Cerezo advierte que en esa modalidad no cuenta con datos más que de 2011 a la fecha, periodo suficiente para observar el incremento paulatino en los registros y en el cambio de modalidad, particularmente, en el sexenio peñanietista, que para mayo pasado sumaba mil 848 reportes. En este apartado en 75% de los casos, una vez más, el perpetrador es identificado con algún agente del Estado.
