El escenario es el de un puesto de tiro de feria donde las balas son de verdad y los muertos son reales.
De un lado, los que disparan: cien francotiradores de elite de las Fuerzas de Defensa de Israel, apostados sobre terraplenes construidos para darles la mejor vista sobre el terreno, más allá de la barda limítrofe, hacia donde dirigen las mirillas de sus fusiles de alta precisión.
Por el otro, en seis puntos de la franja de Gaza, 30 mil manifestantes –un número extraordinario de blancos a elegir– en contingentes apretados y distinguiéndose, además, por las banderas palestinas que enarbolan.
Sus opciones son mantenerse lejos de la parte más caliente, correr en grupos y traspasar la línea imaginaria de los 500 metros antes de la frontera, a donde les han prohibido acercarse; o exhibir y utilizar las hondas para arrojar piedras, famosas en la región desde tiempos bíblicos.
Las alternativas de los contrarios no son tantas: elegir entre el uso de balas de acero recubiertas de goma o munición real, y entre disparar a partes vitales o a las piernas.
Las manifestaciones se iniciaron el 30 de marzo y están programadas para llevarse a cabo durante los siguientes siete viernes. El saldo de la primera manifestación fue de 17 palestinos muertos. La cifra es mayor que cualquiera otra registrada cuando no ha habido guerra oficial, en este siglo, y sin duda es la que ha llamado más la atención.
Hay otra, sin embargo, que parece menos dura porque no involucra la pérdida de vidas, pero sí indica la táctica novedosa de mutilar a los jóvenes activistas de Gaza, de derrotar la resistencia quebrándole las piernas: ese día, mil 400 heridos inundaron los hospitales; la mayoría, según los reportes médicos locales, con una o dos extremidades inferiores destruidas por balas de alto calibre que producen un orificio pequeño de entrada pero otro enorme al salir.
“Sabemos dónde pegó cada bala”
Las autoridades militares israelíes aseguran, sin aportar evidencias, que 10 o 12 de los muertos eran “terroristas” que pertenecían a las milicias extremistas Hamás –que controla Gaza– y Yijad Islámica. En un tuit del pasado domingo 1 asumieron la responsabilidad de todas sus acciones: “Llegamos preparados y con los refuerzos correctos. Nada se hizo de manera incontrolada. Todo fue preciso y medido y sabemos dónde pegó cada bala”.
El martes 3 la organización civil Human Rights Watch (HRW) publicó un reporte en el que acusa al ejército de haber realizado una matanza “ilegal”, sin “presentar evidencias de que el lanzamiento de piedras y otros actos de violencia por parte de los manifestantes pudiera amenazar seriamente a los soldados israelíes del otro lado de la barrera”.
En su investigación sobre los videos y fotografías de los sucesos, el grupo humanitario no pudo encontrar indicios de que los palestinos llevaran armas de fuego, ni los militares israelíes señalaron haberlas visto.
La operación fue, además, “calculada”, prosiguió HRW, pues “el alto número de muertos y heridos era la consecuencia previsible de darles a los soldados vía libre para usar la fuerza fuera de situaciones que amenazaran la vida, en violación de las normas internacionales”.
Las peticiones de las Naciones Unidas y de grupos de derechos humanos de lanzar una investigación internacional han sido detenidas en seco, tanto porque Estados Unidos adelantó que impondría su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, como porque el gobierno israelí rechazó toda posibilidad de colaboración.
A nivel interno también ha habido cierta polémica, después de que el centro israelí de derechos humanos B‘Tselem recordó que las leyes militares del país les indican a los soldados que desobedezcan “órdenes manifiestamente ilegales” si representan una amenaza directa contra una vida, o que las lleven a cabo en los casos no letales y luego las denuncien.
En un anuncio pagado en varios periódicos, B‘Tselem les pidió a los soldados que no disparen contra “manifestantes desarmados”. Cuestionado por la prensa, clarificó que se refiere a personas que no porten armas de fuego o aparatos explosivos, y añadió que los francotiradores israelíes, además, están protegidos por el terraplén y lejos de la frontera.
El ejército respondió que considera que las piedras o las bombas molotov sí son una amenaza mortal y que los intentos de sabotear o traspasar la reja limítrofe justifican el uso de munición real. El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman –uno de los principales halcones del gabinete de Benjamín Netanyahu– calificó a B‘Tselem como “quintacolumnistas, espadas vendidas que dañan a la nación con financiamiento extranjero”.
El “derecho del retorno”
Las movilizaciones palestinas son nombradas colectivamente “Gran Marcha del Retorno” y han sido convocadas en protesta por el septuagésimo aniversario del establecimiento del Estado de Israel.
Se realizarán cada viernes (día de descanso para los musulmanes) durante más de mes y medio, con énfasis previsible alrededor del 17 de abril, que los palestinos celebran como Día del Prisionero, y sobre todo en la jornada final, el 15 de mayo, recordado como la “Naqba” o catástrofe de 1948, cuando más de 700 mil palestinos tuvieron que abandonar sus casas y convertirse en refugiados tras perder la guerra contra las milicias israelíes.
El “derecho de retorno” es uno de los puntos más complicados de este largo conflicto: para los palestinos, que los expulsados puedan recuperar sus tierras y sus casas es un derecho tan irrenunciable como para el gobierno israelí resulta inaceptable.
Los descendientes de los primeros emigrados suman 6 millones, según la ONU, u 11 millones, de acuerdo con la Autoridad Palestina.
A esto se suma una inesperada estadística, revelada el martes 3: las personas bajo el control del Estado israelí, tanto sus ciudadanos como palestinos, entre el río Jordán y el Mediterráneo, suman ya 13 millones. Y por primera vez, en paridad: 6.5 millones son judíos y 6.5 millones son palestinos, según los datos presentados por las Fuerzas de Defensa de Israel al Comité de Defensa y Asuntos Exteriores del Knéset (Parlamento).
Hasta ahora, ciertos sectores de la derecha israelí, que promueven la anexión de los territorios palestinos, habían negado que la población de origen árabe tuviera posibilidades de emparejar numéricamente a la de origen judío, y aseguraban que no podía ser mayor que 3 millones de personas.
Una vez que la expansión sostenida de los asentamientos judíos en Cisjordania ha hecho inviable la creación de un Estado palestino, se presenta una nueva realidad, que Ronald S. Lauder, presidente del Consejo Mundial Judío, resumió en un artículo publicado en grandes diarios internacionales ese mismo día (sin conocer todavía el informe demográfico):
“Israel tendrá que hacer una difícil elección: conceder plenos derechos a los palestinos y dejar de ser un Estado exclusivamente judío o rescindírselos por completo y dejar de ser una democracia.”
Después de tres guerras con Israel y de un bloqueo impuesto por este país y por Egipto, la economía de Gaza está casi destruida. Las fábricas fueron arrasadas, los comercios sucumbieron, hay electricidad menos de tres horas al día, el agua se está acabando y dos de cada tres habitantes está en el desempleo.
A esto se suma el conflicto entre la milicia islamista Hamás, que controla la franja desde 2007, y el partido Fatah, del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, cuyo periodo en el cargo expiró en enero de 2009 pero no ha vuelto a llamar a elecciones, precisamente por el conflicto con Hamás. En sus esfuerzos para doblegar a sus rivales, Abás ha tomado varias medidas extremas, como recortar el salario en 30% a los empleados públicos que trabajan en Gaza.
Hamás acusa a Abás de servir a los intereses de Israel y la bandera de la resistencia le ha servido para ganar legitimidad, obteniendo pequeñas victorias que son presentadas como grandes derrotas para el enemigo, con costos altísimos para la población civil.
Una de sus principales armas, sin embargo, está por ser anulada: mediante túneles que traspasan la frontera, logró infiltrar combatientes a Israel que atacaron posiciones militares y secuestraron soldados.
Pero el jefe del Estado Mayor israelí, Gadi Eizenkot, anunció que a fines de este año completarán un bloqueo subterráneo con el propósito de eliminar la construcción de túneles.
Ante la gravísima crisis económica y la reducción de su capacidad militar, Hamás enfrenta una pérdida de credibilidad entre la población de Gaza, que ha hecho pensar que sus días están contados.
Dos de cada tres habitantes de Gaza son descendientes de refugiados. Muchos de ellos pueden ver sus antiguas tierras desde las colinas arenosas de la franja. Hamás supo aprovechar el sentimiento de rencor para impulsar la marcha del 30 de marzo, lo que demuestra que mantiene significativas capacidades de movilización.
Los analistas israelíes consideran que podría encontrar en esta táctica una nueva forma de presionar a Israel, presuntamente con la amenaza de sobrepasar la frontera:
“No nos podemos dar el privilegio de permitir que masas de palestinos marchen a Jerusalén, a Ashkelon o a algunos de los kibutz (comunidades agrícolas) vecinos a la frontera”, le dijo un alto oficial de Defensa al periodista israelí Ben Caspit. “No tendríamos otra opción que emplear una enorme fuerza, y eso produciría docenas, si no cientos de víctimas. Las imágenes serían una victoria para los palestinos”.
En vísperas de la marcha del viernes 6, un ataque aéreo israelí mató a un palestino cerca de la frontera, lo que sumado a otros incidentes elevó el saldo fatal de la semana a 21 muertos, todos palestinos.
