El equipo de Rosario Robles extrajo del programa de Vivienda Rural del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) más de 158 millones de pesos en efectivo cuyo destino se desconoce. En vez de sancionar a su personal, la funcionaria tramitó con Hacienda un arreglo de las cuentas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de la que es titular. Casualmente, es la misma red de funcionarios y colaboradores que participó en la llamada “estafa maestra”.
Al menos 158 millones 662 mil pesos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) fueron sustraídos en efectivo y de manera irregular por la misma red de funcionarios y colaboradores de Rosario Robles que en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cometieron entre 2015 y 2016 la serie de desvíos que configuraron La estafa maestra.
La sustracción de estos recursos fue descrita en dos oficios internos, de enero y marzo de 2016, por Claudio Enrique Trulin Espinosa, director de Administración y Finanzas del Fonhapo, quien le reprochó a Francisco Javier Báez Álvarez, director de Programación y Presupuesto de la Sedatu, que esa cantidad fue tomada sin informar al Fonhapo y “se desconoce si dichos recursos fueron depositados” a la Tesorería de la Federación.
Según estos oficios, cuya copia obtuvo Proceso, el área presupuestal de la Sedatu utilizó ese monto del programa de Vivienda Rural sin realizar un trámite o solitud expresa para obtener la adecuación presupuestaria y la propia dependencia dirigida por Rosario Robles “utilizó la clave de la entidad presupuestaria del Fonhapo, sin que en esta institución se tuviera conocimiento de esta partida operada en su nombre”.
Trulin Espinosa, colaborador de Ángel Islava Tamayo, director general del Fonhapo, le reprochó en su oficio del 13 de enero de 2016 a Francisco Javier Báez Álvarez que “esos retiros no fueron informados al Fonhapo como reintegros y se desconoce si dichos recursos fueron depositados a la Tesofe o a otra cuenta a favor de la Sedatu, por lo que se desconoce cuál fue su destino final; si el objetivo del retiro señalado era la disminución del presupuesto autorizado, entonces la Sedatu deberá realizar los movimientos presupuestarios correspondientes a un reintegro, de tal manera que los movimientos presupuestales queden debidamente equilibrados en el Fonhapo y a cargo de la Sedatu”.
“Es imprescindible la aclaración de estos movimientos presupuestales y de flujo de efectivo, ya que por ningún motivo deben incluir recursos que el Fonhapo no solicitó y que no fueron depositados en la cuenta del fideicomiso, de los que se desconoce su ejercicio para efectos del reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2015”, subrayó el director de Administración y Finanzas del fideicomiso responsable de subsidiar la vivienda de bajo costo y de coordinar las tareas de reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017.
Dos meses después, el 2 de marzo de 2016, otro oficio de Trulin Espinosa dirigido a Báez Álvarez destacó que la propia Secretaría de Hacienda rechazó la solicitud de “adecuación presupuestaria” debido a que “existen diferencias entre las cifras del flujo de efectivo propuesto 2015”, específicamente en el rubro de subsidios por la cantidad de 158 millones 662 mil pesos.
Ante la “desaparición” de ese dinero en efectivo, la titular de la Sedatu, Rosario Robles, y su oficial mayor, Emilio Zebadúa, decidieron asumir la responsabilidad y efectuar “los trámites correspondientes el 4 de febrero de 2016, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la corrección de la Adecuación Presupuestaria No. 2015-15-410-2853, así como su correlativa cuenta por liquidar certificada, a fin de que el destinatario de la ampliación líquida y de los recursos sea la propia Sedatu y, de tal manera, no se afecten los registros del Fonhapo”.
Se desconoce qué trámites realizó la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo del actual canciller Luis Videgaray, para que estos 158 millones 662 mil pesos “desaparecidos” no afectaran la revisión de las cuentas públicas del Fonhapo.
La red de intereses
Báez Álvarez pertenece a la misma red de funcionarios y de presuntos prestanombres que dependen directamente de la oficina del oficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu, Emilio Zebadúa González, brazo derecho de Rosario Robles en ambas dependencias (Proceso 2156).
Otro documento interno de la Sedesol describe una presunta “confabulación” de Francisco Javier Báez Álvarez, del director de Recursos Materiales, Enrique Prado Ordóñez; del coordinador de Asesores, Humberto Valverde, y del empresario Alejandro Hinojosa, originario de Irapuato y que presuntamente opera una red de compañías fantasmas que formaron parte de “la estafa maestra”.
Hinojosa aparece como el propietario y director de la empresa Vinos Habla, ubicada en privada de Emerson esquina con avenida Horacio, colonia Polanco. Al visitar ese edificio, el responsable de la vigilancia informa a Proceso que el empresario Alejandro Hinojosa está “fuera del país”.
Otra funcionaria involucrada es Martha Montoya, extesorera de la Sedesol y quien ocupa un cargo similar en la Sedatu. A Montoya se la ha señalado como responsable de dejar alrededor de 4 mil cuentas por liquidar y sin comprobación de la Sedesol. En la Sedatu, tan sólo entre octubre y diciembre de 2015, habría desviado más de 213 millones de pesos del Fonhapo.
En el caso de estos 158 millones 662 mil pesos ni siquiera existió una red de empresas “fantasmas” o contratos de triangulación con universidades públicas. Simplemente fueron sustraídos en efectivo, sin justificación alguna, de los recursos que la Secretaría de Hacienda destinó al programa de Vivienda Rural. El área de Administración y Finanzas del Fonhapo detectó que Hacienda depositó para este programa mil 327 millones 122 mil pesos y el Fonhapo tuvo un cierre de mil 168 millones 459 mil pesos. Es decir, existió una diferencia de 158 millones 662 mil 884 pesos.
Este mismo equipo, encabezado por Rosario Robles, se responsabilizó del programa de reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 en Oaxaca y de la entrega de tarjetas de Bansefi para quienes sufrieron algún daño parcial o total.
En enero de 2018, Robles informó que existiría una red de “mujeres vigilantes de la reconstrucción” en Oaxaca para supervisar, “de manera voluntaria”, que los recursos destinados a la construcción de vivienda se utilizaran “de buena manera”, así como otra red de “jóvenes verificadores” para la supervisión técnica en el avance de la reconstrucción de hogares.
La Auditoría Superior y la SFP
El cúmulo de irregularidades de la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles y de su equipo han sido detectadas y documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero en ninguno de los informes ni de las sanciones de ambas dependencias se habían mencionado estos 158 millones 662 mil pesos “desaparecidos”.
La ASF encontró un probable desfalco multimillonario en las cuentas públicas de 2016 y 2017, tanto en el programa de Apoyo a la Vivienda (operado en conjunto con el Fonhapo), como en la compra de miles de tinacos que, al parecer, se convirtió en un jugoso negocio durante la gestión de Robles en la Sedatu.
La ASF presumió “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda pública federal por mil 792 millones 645 mil 50 pesos, por la falta de reintegro de recursos no ejercidos por las delegaciones estatales de la Sedatu, correspondiente a 86 mil 891 acciones de vivienda”.
El Fonhapo se ha tratado de deslindar de estas anomalías multimillonarias, mientras el equipo de Rosario Robles ha responsabilizado a las delegaciones estatales. El fideicomiso envió oficios a 31 delegaciones de la Sedatu para comprobar que cumplió con las reglas de operación del programa durante 2016, y a 13 delegaciones les remitió 81 convenios de ejecución de la Gerencia de Asuntos Jurídicos para que realicen los trámites administrativos y legales para recuperar los recursos no ejercidos.
A pesar de este intento del Fonhapo de deslindarse de las irregularidades en 2016, la ASF advirtió que “de manera recurrente” han existido estas situaciones en las cuentas públicas previas de 2014 y de 2015 y recomendó al fideicomiso y a las delegaciones de la Sedatu que “establezcan medidas de coordinación y supervisión para garantizar que los subsidios autorizados para la construcción de vivienda se ejerzan de forma eficiente, eficaz y transparente”.
El máximo órgano de fiscalización también recomendó a la SFP que “en el ámbito de sus atribuciones, instruya al Órgano Interno de Control en el Fonhapo, a fin de que dé seguimiento a las acciones promovidas” por la propia ASF.
El 4 de julio de 2017 la SFP destituyó, inhabilitó y sancionó económicamente a tres servidores públicos del Fonhapo que entre 2014 y 2017 “participaron indebidamente en la contratación de servicios de asesoría legal para dicha entidad”.
Los tres funcionarios sancionados fueron Claudio Enrique Trulin Espinosa (expediente 0021/2016), Carlos Manzanita Moreno (expediente 0022/2016) y César Onofre Centeno (expediente 0022/2016). A uno se le destituyó e inhabilitó por 10 años y se hizo acreedor de una sanción por 6.1 millones de pesos, al otro se le inhabilitó por un año y se le impuso sanción por 125 mil pesos; y al tercero sólo se le suspendió del empleo.
Según los hechos que motivaron la denuncia ante la SFP, estos funcionarios contrataron servicios de asesoría para atender y dar seguimiento a denuncias presentadas por municipios y existieron irregularidades en el pago de los servicios contratados, incluyendo los viáticos.
Ninguno de ellos está señalado en la red de intereses de funcionarios como Báez Álvarez o Emilio Zebadúa, que hasta el momento no han sido sancionados por ninguna de las múltiples irregularidades documentadas y menos por los 158 millones desaparecidos.
