A lo largo de las últimas décadas Proceso ha recogido el testimonio de la destrucción del patrimonio arquitectónico del siglo XX y la lucha por su preservación. La labor, por ejemplo, del fallecido historiador Guillermo Tovar de Teresa y otros vecinos de la colonia Roma, para que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) la reconociera como zona de monumentos… Sólo logró la declaratoria de su casa.
Podrían enumerarse casos donde inmuebles como el construido por el arquitecto Manuel Cortina en 1921 en la calle Puebla 151, o de las colonias Cuauhtémoc, Juárez, Santa María, San Rafael, se ven severamente afectadas por la construcción de “modernos” edificios y torres. El argumento del INBA para no intervenir es que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, le permite proteger el edificio artístico declarado monumento y sus colindantes, no más.
En febrero de 2003, tras una entrevista con la entonces directora de Arquitectura del INBA, Sara Topelson, la problemática se resumió así en estas páginas:
“De manera centralizada, con escaso personal y una Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos que obliga a hacer declaratorias para proteger un bien cultural, la Dirección de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) debe vigilar la preservación de al menos 11 mil 200 inmuebles con valor artístico en todo el país (sólo los catalogados, no el total de los existentes).”
El actual subdirector de Patrimonio del instituto, Xavier Guzmán Urbiola, declaró al sustituir a Topelson que una de sus propuestas sería la simplificación y modernización de la Ley sobre Monumentos. Nada se ha hecho hasta hoy.
Pero las declaraciones recientes de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, en su participación en el Primer Foro de Ministros de Cultura, en Davos, Suiza, podrían abrir la puerta a los cambios pues planteó –según un comunicado de la dependencia– que las actividades humanas que modifican el entorno construido deben integrarse, como una sola entidad, al conjunto del patrimonio cultural, “bajo el respeto cultural, natural y paisajista”.
Y señaló respecto del aspecto jurídico:
“Es indispensable que los países y gobiernos fortalezcamos las herramientas legales y las políticas públicas que incorporen a la construcción como uno de los ejes de la agenda nacional tanto económica como cultural.”
En opinión del arquitecto Enrique X. de Anda, habría que revisar la ley, adecuarla, modificarla o hacer enmiendas muy importantes, así como convencer a los legisladores de la importancia del patrimonio moderno, para “desmontar esta parte de la tremenda importancia que se le ha dado a la propiedad privada, meter el término ‘patrimonio cultural’ como un bien colectivo”.
El arquitecto Gustavo López Padilla expone que desde hace años se han desarrollado incontables encuentros académicos para analizar la situación de la ley, con la conclusión generalizada de que hace falta su modificación, pero no se consigue articular el cómo. Lo importante para él en tanto se logre un proyecto, es documentar, y hasta aplicar el sentido común, para cuidar obras arquitectónicas de diferentes periodos históricos que, incluso semiderruidas, habría que conservar por su valor patrimonial.
