Los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas intitulados “Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” y “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”, presentados recientemente, vuelven a incomodar al gobierno de Enrique Peña Nieto. Ambos coinciden con las versiones esbozadas anteriormente por los forenses argentinos y los especialistas del GIEI y no sólo desmontan la llamada “verdad histórica” en la que se parapeta la PGR, sino que también hablan de la tortura a la que fueron sometidas las víctimas.
En vísperas de cumplirse 42 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, un informe de la representación en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) puso en evidencia la fabricación de la “verdad histórica” prácticamente al mismo tiempo que la Procuraduría General de la República (PGR) daba oxígeno a la versión oficial con la presentación de Erick Uzziel “N”, alias La Rana, un personaje señalado de participar en la ejecución y calcinación de los normalistas en el basurero de Cocula.
El miércoles 14, Jan Jarab, encargado de la oficina de la ONU-DH, dio cumplimiento al anuncio hecho por el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein, en su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, de dar a conocer “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.
El personal de la ONU-DH tuvo acceso a 63 de 129 de los procesados por el caso Ayotzinapa. En algunos casos el contacto fue personal, en otros sólo se revisaron sus expedientes judiciales y los reportes médicos. La conclusión fue que en 51 hay sospechas de maltrato a los detenidos y en 34 elementos existe la convicción de que los detenidos fueron torturados.
El texto incluye declaraciones con nombres y apellidos de los procesados, rendidas ante el Ministerio Público federal y ante el Poder Judicial, en las cuales describieron los métodos de tortura utilizados por agentes aprehensores pertenecientes a la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Policía Federal Ministerial, que en los momentos de su detención estaba bajo las órdenes de Tomás Zerón de Lucio.
El caso extremo fue el de Emmanuel Alejandro Blas Patiño –presuntamente detenido junto con Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas el 27 de octubre de 2014–, “quien habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por elementos de Marina que habrían participado en su detención”.
El informe advierte que, aun cuando las víctimas denunciaron esos actos de tortura y a los perpetradores, hasta ahora ninguno de éstos ha sido sancionado.
El documento abunda sobre el affaire del río San Juan y las actuaciones irregulares de Zerón de Lucio el 28 de octubre de 2014, reveladas en abril de 2016 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y de cómo el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) intentó involucrar a personal de ONU-DH y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el evento.
El escrito es un reporte ampliado de una versión pública del documento dado a conocer por Proceso en su edición 2121 obtenido a través de una solicitud de acceso a la información a la Procuraduría General de la República (PGR). Una primera versión fue entregada al entonces titular de la Visitaduría General de la procuraduría, César Alejandro Chávez Flores, el 6 de septiembre de 2016, días antes de que fuera relevado del cargo tras encontrar responsabilidades administrativas y penales en la actuación del exdirector de la AIC Tomás Zerón en el río San Juan.
Animadversiones en Los Pinos
Mientras Jarab presentaba sus consideraciones en conferencia de prensa, la PGR emitió un comunicado de prensa para minimizar el contenido del informe, con el argumento de que las torturas fueron “excepcionales”, aun cuando en su último informe de abril de 2016 el GIEI se refirió a ese asunto.
Entrevistados por separado, Mercedes Doretti, integrante del EAAF, y Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), consideran que el informe “Doble injusticia” confirma la imposibilidad de la versión oficial a la que se ha aferrado la PGR.
Según Doretti, el informe de la ONU-DH “amplía y profundiza lo que ya había empezado a trabajar el GIEI, y es muy significativo que, entre los 34 casos con alta presunción de tortura, se encuentren las personas acusadas de los hechos en que se sostiene la historia oficial del basurero de Cocula y no sólo del río de San Juan”.
Los integrantes del equipo de la ONU-DH tuvieron acceso a los expedientes y a los procesados Agustín García Reyes, El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, Jona; Salvador Reza Jacobo, Lucas; Patricio Reyes Landa, Pato, y Felipe Rodríguez Salgado, Cepillo.
De acuerdo con el informe, los primeros cuatro fueron detenidos arbitrariamente, sin órdenes de aprehensión ni en flagrancia, sino con base en órdenes de localización. Los reportes médicos de la PGR indican que presentaron lesiones pese a que en las puestas a disposición se consigna que no opusieron resistencia.
En sus declaraciones ante un juez, reportaron haber sido torturados durante su detención, así como en “oficinas”, antes de ser puestos a disposición de personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Doretti destaca que precisamente antes de que Zerón utilizara el nombre del EAAF y del personal de la ONU para tratar de avalar su actuación y de su personal en el río San Juan, los peritos argentinos ya habían tenido fricciones con la PGR, “sin saber qué había detrás ni que se trataba de una línea de investigación basada en torturas”.
Recuerda que en un comunicado del EAAF del 7 de diciembre de 2015, en el que se admite la identidad de uno de los restos óseos enviados al laboratorio de Innsbruck, como perteneciente a Alexander Mora Venancio, se colocó una nota final deslindando al equipo del origen de la muestra genética.
“Se trataba de dejar en claro de que no teníamos completa certeza de dónde salía esa muestra, un fragmento óseo muy distinto a los que habíamos encontrado en el basurero de Cocula y en el resto de la bolsa”, supuestamente rescatada por personal de la Marina, cuenta la experta.
Y agrega: “partir de ese momento tuvimos una reacción interna de PGR de por qué poníamos en duda el origen de la bolsa y el origen de la muestra”.
La relación tirante con la institución también ocurrió cuando, en noviembre de 2014, aparecieron 40 casquillos percutidos en el basurero de Cocula, en un momento en que el lugar había sido desprotegido y después de que lo habían revisado los integrantes del EAAF, quienes habían localizado sólo cuatro cartuchos.
Tanto el equipo argentino como peritos de los familiares de los normalistas desaparecidos han solicitado a los jueces descartar esas pruebas balísticas obtenidas por la PGR por la forma irregular en que las integraron al expediente.
Una detención que desconcierta
Hubo fricciones entre la EAAF y la PGR también por las muestras de ADN de los padres de los 43 normalistas enviadas a Innsbruck. Las diferencias se acrecentaron a raíz del informe de febrero 2016 en que el EAAF descartó la posibilidad de que 43 jóvenes hubiesen sido calcinados en el tiradero.
Para Doretti el informe de la ONU-DH confirma que la hipótesis esgrimida en su momento por el entonces procurador Jesús Murillo Karam “está viciada”, pese a la intención de revivir la “verdad histórica” con la presentación de Erick Uzziel, La Rana.
“Al darle la importancia que le están dando vuelven a otra vez sobre la idea de Cocula. Nosotros, como técnicos, hemos reiterado en innumerables oportunidades que se haga un debate científico sobre el basurero de Cocula, si es que el gobierno o la PGR continúa sosteniendo esa posibilidad… No hay nada que sustente esto, y si no hay evidencia física y no hay evidencia técnica, esto se sustentaba sobre todo en los detenidos, y si los detenidos están torturados, ya no sé en qué se sustenta. No hay la posibilidad de debatirlo pericialmente.”
Doretti advierte que el EAAF participa con peritajes independientes en representación de las familias de las 43 víctimas, en las búsquedas que realiza la PGR con tecnología LIDAR –de detección de luz a distancia– en puntos señalados por el GIEI, el Centro Prodh y la propia dependencia.
Por eso, dice, la presentación de Erick Uzziel le desconcierta: “Por un lado pareciera que sigue sosteniéndose la hipótesis del basurero y por otro se aceptan las búsquedas en lugares distintos al basurero”.
Por lo pronto, Doretti, en representación del EAAF, se sumó a la petición de la ONU-DH de esclarecer los hechos descritos en el informe, fincar responsabilidades y descartar cualquier prueba obtenida bajo tortura.
Mario Patrón Sánchez coincide con Doretti en la urgencia por descartar las declaraciones obtenidas bajo tortura, sin que ello signifique la defensa de los presuntos delincuentes.
El director del Centro Prodh relata que durante los últimos dos años han surgido elementos en el expediente, que consta de más de 50 mil fojas, como la telefonía celular, la confirmación de que por lo menos hubo dos puntos de sustracción de los jóvenes, así como la participación de más corporaciones policiacas en su detención, que descartan la “verdad histórica”, más allá de los elementos científicos aportados por el GIEI y el EAAF.
“Si la verdad histórica no se sostiene científicamente, no se sostiene fácticamente y, además, quienes sostenían la versión con sus declaraciones fueron torturados. Entonces, fue un montaje”, dice Patrón.
Tras indicar que del expediente se descarta que La Rana haya tenido un cargo importante dentro de la organización criminal Guerreros Unidos –“si acaso era halcón”–, Patrón Sánchez dice estar convencido de que entre los 129 detenidos, “incluso entre los 34 torturados, hay quienes pueden tener información sobre dónde están los muchachos, que seguramente tuvieron que ver con la desaparición”.
Y agrega: “Por eso los padres dicen que hay una doble injusticia, porque, uno, a inocentes los están volviendo culpables, haciendo que declaren mentiras, como es el caso del basurero; y dos, a culpables se les podría abrir una puerta de salida, sin que den información del paradero de los normalistas. Eso es responsabilidad central del Estado”.
Las opiniones de Huhle
La víspera de la presentación del reporte de la ONU-DH, Rainer Huhle, integrante del Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU –CED, por sus siglas en inglés–, participó en la presentación del informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”.
Conmovido por el documento que recoge las vivencias no sólo del círculo cercano de los 43 normalistas desaparecidos, sino de los de los sobrevivientes, de los heridos, de los deudos de los tres estudiantes fallecidos, de las comunidades indígenas a las que pertenecían los normalistas, de los niños y niñas cercanas a las víctimas, así como de los integrantes de otros colectivos de desaparecidos, Huhle considera que el informe “abre los ojos sobre lo que significa ser una víctima, sufrir y seguir viviendo con estos antecedentes en los que no tuviste nada que ver y que te marcan para toda la vida”.
Huhle, también directivo del Centro de Derechos Humanos de Nüremberg, Alemania, comparte en entrevista que la desaparición de los 43 normalistas no sólo tiene un impacto en México, sino que se ha expandido en todo el mundo.
Prudente en sus expresiones por el hecho de que hasta ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha negado a una visita oficial del CED a México, el experto dice: “Seguramente mucha gente que no ha sabido de la situación de los derechos humanos en México conoce solamente ese caso; sería un motivo mayor para esclarecerlo bien, castigar a los culpables, reparar y establecer mecanismos para que los hechos no se repitan. Eso sería muy lógico hacerlo en el mismo interés del Estado mexicano”.
Sin embargo, lamenta, “es increíble que después de tres años no sabemos qué pasó, no sabemos dónde están”, situación que para el experto se traduce en una incertidumbre generalizada que se agudiza mientras no haya verdad y justicia.
Puntualiza: “Si piensas esto al final, tú debes estar muy angustiada porque esos estudiantes seguramente no esperaban que les podía pasar esto; si les pasó a ellos, a cualquiera, le puede pasar a otros”.
