El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer la decisión que tomó (no por unanimidad) para obligar a Telmex y a su subsidiaria Telnor a escindirse y dar pie a dos nuevas empresas. En opinión de algunos consejeros del IFT, la medida no resolverá el problema del declive del servicio de telefonía fija, la escasa competencia ni el hecho de que México esté en último lugar, entre los países de la OCDE, en penetración de banda ancha. La separación, opinan trabajadores de la empresa insignia de la telefonía mexicana, es una simulación negociada de Carlos Slim y el gobierno federal con el único fin de deshacerse del sindicato del ramo, que, por cierto, amagó ya con movilizarse.
Telmex, considerada “la joya” del imperio construido por Carlos Slim desde la privatización en 1990, y su subsidiaria Teléfonos del Noroeste (Telnor) deberán escindirse en un plazo de dos años para dar pie a la creación de dos empresas distintas: una que les dará servicios mayoristas a sus propios competidores, y otra que seguirá dando servicio a los usuarios finales, según la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), divulgada el pasado lunes 5.
Esa “separación funcional” de Telmex no concitó el respaldo ni de sus propios competidores, como Televisa, pues no garantizará la desconcentración del mercado; además, levantó ámpula entre los trabajadores, quienes serán los principales afectados.
Especialistas en telecomunicaciones consideran que no servirá para impulsar la fibra óptica ni el servicio de banda ancha, y mucho menos para eliminar el rezago en interconexión que existe en el país: sólo hay 1 millón 800 mil líneas de fibra óptica para un país de 122 millones de habitantes.
La decisión del IFT no contó con el apoyo unánime de sus siete consejeros (tres votaron en contra). América Móvil la impugnó desde el primer momento y anunció que su consejo de administración “ha tomado la determinación de no subsidiar ni financiar las operaciones de la entidad separada”, con lo cual prácticamente la nueva empresa nacerá quebrada.
Sin duda los más afectados serán los 45 mil 722 trabajadores sindicalizados –76% de todos los empleados de Telmex, según el reporte de diciembre de 2016 de la empresa ante la Bolsa Mexicana de Valores–, porque la “separación funcional” ordena que la empresa que surja deberá “contar con personal independiente, por lo que los empleados no podrán laborar al mismo tiempo en otra de las empresas integrantes” del agente económico preponderante (AEP), es decir Telmex.
El sindicato de telefonistas amenazó con un paro el próximo 4 de abril. Su dirigente, Francisco Hernández Juárez, advirtió: “de ninguna manera vamos a subsidiar a la competencia”, y amenazó al gobierno federal con emprender movilizaciones si no se respeta la negociación realizada el año pasado con el entonces secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
En entrevista con Proceso, Hernández Juárez calcula que hay “más de 60 mil trabajadores” sindicalizados (oficialmente Telmex sólo reconoce 45 mil), con quienes se iniciará una serie de acciones hasta el próximo 5 de abril.
“Estamos dispuestos a hacer todo. No vamos a esperar que se cumplan los dos años. Empezaremos desde ahora. El IFT se lava las manos y dice que ellos no son parte del problema. La empresa misma se está haciendo guaje. Lo mejor es que exista una mesa de negociaciones y arreglarnos por la buena, pero no nos vamos a cruzar de brazos”, afirma.
Hasta la disidencia sindical de los telefonistas está contra la “separación funcional”, porque la consideran una “simulación negociada” del propio Carlos Slim con el gobierno de Enrique Peña Nieto para deshacerse del sindicato, de los pasivos laborales y transferir las mayores ganancias, facturas y contratos de Telmex a tres empresas de las que casi no se habla: Consorcio Red Uno, Uninet y Triara.
La primera es un proveedor de servicios de integración de redes de telecomunicaciones; la segunda proporciona los servicios de fibra óptica y datos a grandes corporativos o instituciones gubernamentales; la tercera “integra, comercializa y vende los servicios de tecnología de la información”.
Slim sacó “los servicios de datos de Telmex y los transfirió a Red Uno, Uninet y Triara. Ellos tienen el monopolio de los bancos de datos. No les afectará la separación funcional”, advierte en entrevista Miguel Ángel Lara Sánchez, jubilado en 2012 después de trabajar 33 años en la compañía y quien no formó parte de la corriente sindical de Hernández Juárez.
Añade que “formalmente” estas tres empresas son subsidiarias de Telmex, pero el sindicato no tiene contrato con ninguna de ellas. Calcula que la relación entre trabajadores contratados por outsourcing y sindicalizados es “de 20 a 1” en la compañía de Slim.
El problema de pensiones y primas de antigüedad es uno de los más fuertes en Telmex. En 2016 la empresa reconoció un costo laboral de 4 mil 240 millones de pesos y un interés neto de 7 mil 375 millones de pesos “de la porción no fondeada de las obligaciones de las pensiones”, según el reporte de diciembre de 2016 de la propia empresa.
El debate en el IFT
La resolución de la “separación funcional” de Telmex se tomó por cuatro votos a favor contra tres de los comisionados del pleno del IFT. El comisionado presidente, Gabriel Contreras, más Mario Fromow, Javier Juárez y Arturo Robles votaron a favor, sin argumentar mucho ni responder a la polémica interna; Adolfo Cuevas, Adriana Labardini y María Elena Estavillo votaron en contra, argumentando que no impulsará la competencia y tampoco incentivará la inversión en fibra óptica.
La resolución ordena que las empresas mayoristas que se constituirán a partir de Telmex y Telnor deberán “proveer los servicios de desagregación de la red local, así como los enlaces dedicados locales y la infraestructura pasiva a operadores que ofrezcan servicios a usuarios finales”.
También deberán presentar trimestralmente al IFT reportes sobre el cumplimiento de las medidas de preponderancia y “establecer el principio de no discriminación como un lineamiento general a ser aplicado en todos los códigos de ética y actuación de sus empleados”.
Deberán contar con un consejo de administración diferente a las empresas integrantes de América Móvil (Telcel, Telmex y Telnor) y que estará formado por un mínimo de siete miembros, los cuales deberán ser independientes en su mayoría.
Los consejeros independientes “deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores y no podrán ser removidos sin la aprobación del IFT”.
Los domicilios y las marcas de las dos empresas que surgirán de la escisión de Telmex deberán ser distintos, con nombres comerciales diferentes a los de Telmex, Telnor y Telcel. También deberán contar con sistemas operativos y de gestión independientes del AEP para el trámite y atención de las solicitudes de servicios mayoristas.
En su comunicado, el IFT aclaró que esta decisión “no supone una separación estructural ni desincorporación de las empresas que componen el AEP, por lo que éste será responsable de la viabilidad técnica, económica y financiera de las nuevas empresas mayoristas, para lo cual deberá aportar los recursos necesarios para que cumplan con su objetivo social, contemplando en todo momento el respeto de los derechos laborales de los trabajadores”.
Se creará un “grupo de transición”, integrado por funcionarios del IFT y de América Móvil, para dar seguimiento al cumplimiento de los distintos plazos adoptados en los dos años.
Según el calendario de la resolución, son cuatro etapas en dos años: primero, el plan de transferencia de recursos, entre agosto y diciembre de 2018; el plan de transferencia del personal, al cierre del primer trimestre de 2019; el cambio de sistemas de gestión y de operación a la nueva empresa, al tercer trimestre de 2019; y la aprobación de los estatutos de la nueva compañía, en el cuarto trimestre de 2019.
Durante la discusión en el pleno del IFT, Labardini advirtió que “en ninguna parte del mundo se plantea una reestructura corporativa por razones regulatorias a través de un procedimiento administrativo” y esta separación no va a resolver el problema del declive del servicio de telefonía fija, la escasa competencia y que México esté en “último lugar en penetración de banda ancha fija en los países de la OCDE”.
Labardini admitió que la “separación funcional” podrá ayudar a reducir los incentivos a la discriminación en la provisión de servicios entre Telmex y sus competidores y facilitará el monitoreo, pero no resuelve problemas, como las tarifas de los servicios y la inversión en servicios de nueva generación.
La excomisionada presidenta aportó los siguientes datos sobre el problema de la banda ancha, de acuerdo con la versión estenográfica de la sesión: “A junio de 2017 Telmex tiene aproximadamente 1 millón 878 mil suscripciones de fibra óptica; y de suscripciones de banda ancha fija tiene 7 millones 374 mil en cobre, y de ese 1 millón 878 mil de líneas de fibra óptica –que es bajísimo para un país de este tamaño– sólo le ha solicitado la competencia 5 mil 500 líneas, es una fracción mucho menor a 1%…
“Yo encantada de hacer todo para que Telmex no discrimine a sus competidores, pero ese no fue el único objetivo. Era también ver cómo le hacemos para que la penetración de banda ancha fija crezca en este país, tanto por Telmex como por la competencia y que, claro, Telmex no obstaculice a los competidores..
“Una separación si es exitosa puede que logre frenar la discriminación, pero no va a lograr que haya banda ancha de alta velocidad en este país… ¿Por qué tendría que poner una infraestructura de nueva generación con alta capacidad, pero no la voy a poder usar y mi competencia sí a través de la desagregación?”
Por su parte, la comisionada Estavillo argumentó que el modelo de la nueva empresa que surgirá de la separación funcional de Telmex “no va a asegurar un suficiente cambio cultural ni una modificación significativa de los incentivos, porque se preserva la integración vertical en el negocio minorista con el mayorista, en todos los servicios”.
Estavillo argumentó así la inviabilidad financiera de la nueva empresa: en 2016 Telmex reportó a los inversionistas bursátiles una pérdida de alrededor de 240 millones de pesos acumulados en utilidad neta, por lo que al agregar los costos de la separación, “la empresa se volvería inviable; debido a lo anterior se verían obligados a destinar los recursos de inversión a la operación, lo cual generaría un impacto negativo en la inversión para los servicios de telecomunicaciones fijos en el país”.
El juego de América Móvil
Desde el momento en que se conoció la resolución, América Móvil, controladora de Telmex y sus subsidiarias, afirmó que aunque “respeta” la decisión, la impugnará vía amparo, y pese a que no sea procedente en materia de telecomunicaciones, su consejo de administración tomó la determinación de “no subsidiar ni financiar las operaciones de la entidad separada”.
Proceso consultó a América Móvil sobre las principales diferencias entre el consorcio y la decisión adoptada por el IFT, sobre todo en la definición de los “servicios” que deberá aportar la empresa separada y el precio o las tarifas de los mismos.
“La definición de ‘los servicios’ es un tema relevante, ya que es función de estos servicios que prestará la nueva empresa, la cantidad de activos y personal, incluyendo el pasivo laboral, que deberá transferir a la nueva entidad para prestar los servicios en los términos y bajo las condiciones impuestas por el IFT”, admite América Móvil.
Considera que la separación “conlleva duplicación de ciertos costos en los que deberá recurrir la nueva entidad”.
“La administración de la nueva entidad deberá evaluar su plan de negocios en función de su estructura de costos y de ingresos, misma que ha sido determinada en buena medida por la regulación del IFT”, afirma América Móvil.
Finalmente, la compañía de Slim reitera que “impugnará vía amparo la resolución del IFT por diferentes motivos, incluyendo el hecho de que no era necesaria y de que es a todas luces desproporcional a los fines buscados”.
“El amparo no puede suspender la decisión del IFT, por lo cual, se deberá acatar la orden de separación en los términos definidos por el IFT”, abunda América Móvil en su respuesta a este semanario.
Críticas al IFT
Especialistas cercanos a la posición de América Móvil y Telmex, pero también los que están vinculados con la posición de la competencia, como Televisa y otras empresas de telefonía fija y distribución de datos, tampoco ven con buenos ojos esta decisión.
La consultora Mediatelecom, dirigida por Jorge Fernando Negrete, difundió un análisis señalando que el IFT no dio los “argumentos suficientes” ni realizó un análisis a profundidad para ordenar la separación funcional.
“La separación funcional es una medida regulatoria extrema que ordena a un agente económico la creación de una nueva empresa que ofrezca de manera separada servicios mayoristas de los elementos de la red telefónica local, así como acceso a la infraestructura pasiva y los enlaces delicados locales”, definió Mediatelecom.
En el caso de Telmex, deberá crear “una especie de Sam’s, pero de servicios de telecomunicaciones” y se separa de los servicios al consumidor final (hogares y empresas), y el alquiler de los elementos de la infraestructura pasiva (para otros operadores).
El análisis de Mediatelecom señala que algunos competidores de Telmex, como Blue Telecom, filial de Televisa, ofrecerá los mismos servicios en el corto plazo, gracias a esta medida, pero el IFT “no realizó los estudios de competencia, análisis de costo-beneficio y declaratoria de insumos esenciales ‘porque la ley no se lo ordena’. ¿A qué regulador la ley no le ordena estudiar y analizar el sector que regula?”.
El IFT tampoco “definió una meta en el crecimiento de penetración de servicios fijos de telecomunicaciones” y no aclaró “que la penetración de telefonía fija en todos los países de la OCDE está decreciendo, por lo que una separación funcional iría en sentido contrario de promover la inversión en nuevas tecnologías, como la fibra óptica”, una posición muy similar a la de Labardini.
En el colmo, Mediatelecom argumentó que el IFT ordenó “una separación funcional sin que los competidores hayan presentado una sola solicitud de desagregación total del bucle local de Telmex”.
Por su parte, la consultora The Competitive Intelligence Unit, dirigida por Ernesto Piedras, también consideró que la decisión del IFT no permitirá la desconcentración del mercado, pero afirmó que se requieren medidas más fuertes que la “separación funcional” y consideró excesivo el plazo de dos años.
Se requiere “la aplicación de medidas estructurales para eliminar los incentivos del preponderante (América Móvil-Telmex) para impedir el acceso a su red, continuar aventajando a sus competidores y obstaculizar la materialización de la competencia efectiva”.
“A este ritmo, en lugar de ubicarnos a cuatro años de eliminar la figura de preponderancia, nos ubicamos a una década y media, cuando menos”, concluyó el análisis de Piedras.
