La abogada colombiana Ángela María Buitrago no tiene duda: desde Los Pinos se orquestó una operación para encubrir los hechos que derivaron en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y para obstaculizar la investigación que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, del que fue integrante. En entrevista afirma: ante la incapacidad para investigar este delito de desaparición forzada, funcionarios federales y locales pueden ser llevados ante la Corte Penal Internacional.
BOGOTÁ.- La abogada colombiana Ángela María Buitrago está convencida de que la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –que investigó durante un año la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y al que ella perteneció– fue permanentemente obstaculizada por altos funcionarios del gobierno mexicano y colaboradores muy cercanos del presidente Enrique Peña Nieto.
“Esa es la información que recibimos, que personas que estaban en Los Pinos o en oficinas de la Presidencia paraban solicitudes nuestras y daban contraórdenes a la gente de la Procuraduría General de la República que tenía que facilitarnos nuestra labor”, afirma Buitrago en entrevista.
En el caso Ayotzinapa, dice, “lo que hubo es una operación desde altos niveles del Estado para dar la apariencia de que se estaba haciendo algo, cuando realmente no se estaba haciendo nada”.
Recuerda que frente a las solicitudes de peritajes, búsquedas, interrogatorios o acceso a expedientes que hacía el GIEI a las autoridades encargadas de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, “algunas veces la respuesta era: ‘Sí, sí, lo vamos a investigar’, pero nunca pasaba absolutamente nada”.
Y en otras ocasiones, indica, “nos decían: ‘No se puede’, y no atendían nuestras peticiones, les daban largas o las postergaban, sabiendo que nuestro mandato en México (de marzo de 2015 a abril de 2016) ya iba a terminar”.
De acuerdo con Buitrago, había funcionarios que querían cooperar con el GIEI, como la entonces procuradora general de la República, Arely Gómez, pero a ella y a otros funcionarios bajo su mando “los paraban”.
Los integrantes del GIEI –cuatro abogados y un médico– llegaron a escuchar que las órdenes de obstaculizar las solicitudes de investigación o acceso a expedientes provenían de la oficina jurídica de la Presidencia, que estaba a cargo de Alfonso Humberto Castillejos Cervantes.
Junto con el exprocurador general Raúl Cervantes Andrade y el titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes, el exconsejero jurídico de Los Pinos es uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto. Los tres primos acompañaron al mandatario desde su época de gobernador mexiquense.
Castillejos Cervantes fue consejero jurídico de la Presidencia hasta el pasado 9 de junio. Desde ese cargo, tuvo gran ascendencia sobre la PGR, donde uno de sus allegados, Tomás Zerón, fue uno de los arquitectos de la “verdad histórica” con la que el gobierno pretendió dar carpetazo al caso Ayotzinapa en enero de 2015, apenas cuatro meses después de la desaparición de los normalistas.
“A nosotros”, recuerda Buitrago, “nos dijeron tres veces que la orden de impedirnos ver carpetas de investigación en la PGR o de parar algo venía de la división jurídica de la Presidencia”.
Afirma que, incluso, varios funcionarios a los que los miembros del GIEI les reclamaban por no cumplir órdenes de la propia procuradora Gómez, manifestaban temor. En una ocasión, indica la abogada colombiana, “le pregunté a un funcionario: ‘¿Y por qué no sale esto?’, y él me respondió: ‘Hubo una contraorden’, y yo le pregunto: ‘¿Y por qué no denuncia eso?’”. El funcionario le dijo con toda crudeza: “Porque me matan”.
“Varias veces –asegura Buitrago– vimos y vivimos ese miedo que sentían los funcionarios de nivel alto, medio y bajo. Estaban muertos de miedo. Nos decían: ‘Es que ustedes se van, pero nosotros nos quedamos’.”
La exintegrante del GIEI recuerda que, en especial, los mandos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, que “en realidad nunca soltaron esa investigación”, eran los que cerraban el acceso a expedientes y “daban largas a todo lo que pedíamos”. Afirma: “No le hacían caso ni a la procuradora general”.
Obstáculos
Ángela María Buitrago, experimentada exfiscal que ha investigado casos de gran connotación en Colombia –como el asalto militar al Palacio de Justicia tras una toma de la guerrilla del M-19–, cree que si en un caso criminal hay hipótesis sólidas que se dejan de investigar, puede deberse a dos cosas: a negligencia o a que, por alguna razón extrajudicial, no se quiere investigar.
“Esto lleva a preguntarnos: ¿por qué no se investigaron líneas que debieron haberse investigado? Creo que fue porque no se quería investigar. Y esa responsabilidad recae en altas autoridades mexicanas”, señala la maestra en ciencias penales y criminológicas por la Universidad de Salamanca y doctora en sociología y derecho por la Universidad Externado de Colombia.
Afirma que el GIEI, que investigó el caso Ayotzinapa por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enfrentó obstáculos permanentes. “Desde el principio vimos que no había voluntad para nada”, asegura.
El GIEI comenzó sus labores en México en marzo de 2015, dos meses después de que el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, había dado por resuelto el caso de la desaparición de los 43 normalistas con la famosa “verdad histórica”, que para el grupo de expertos resultó infundada.
Según Murillo, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 los estudiantes fueron atacados y detenidos por la policía de Iguala y ésta los entregó a la organización criminal Guerreros Unidos, que los mató y los quemó en el basurero de Cocula, creyendo que eran miembros de Los Rojos, una banda rival.
Buitrago está convencida de que el gobierno de Peña Nieto se aferró a esa “verdad histórica” porque no quiere reconocer ante el mundo que esa conclusión fue errada, apresurada e “insostenible, de acuerdo con las evidencias”, o porque “sabe qué pasó y no quiere que eso se sepa”.
Dice que muchos funcionarios “hicieron algo para que la investigación se convirtiera en un simulacro”.
Es claro, agrega, “que la decisión de cerrar la investigación se tomó desde enero de 2015, cuando el procurador anuncia la ‘verdad histórica’”.
Y ese mismo mes, funcionarios que se presentaron como enviados de la Secretaría de Gobernación “les quisieron hacer firmar a los padres de los 43 muchachos un documento que hablaba de una indemnización a cambio de que aceptaran el cierre del caso”.
Familiares de los normalistas desaparecidos dijeron a integrantes del GIEI que ese encuentro era conocido por el subsecretario de Gobernación Luis Miranda, operador político de Peña Nieto desde que éste fue gobernador del Estado de México. “Nosotros pedimos a la Secretaría de Gobernación investigar ese intento de manipulación denunciado por los padres de los normalistas, que fue un hecho muy grave, pero eso nunca se hizo”, señala Buitrago.
La abogada dice que otra grave irregularidad que falta esclarecer y que aporta luces sobre cómo se construyó la “verdad histórica” es la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 por Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el río San Juan, cerca del basurero de Cocula.
Zerón acudió a ese sitio en compañía del presunto sicario de Guerreros Unidos, Agustín García Reyes, El Chereje, sin que esa diligencia fuera registrada en el expediente del caso. Curiosamente, al día siguiente apareció en el río una bolsa con restos óseos de Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.
El GIEI denunció el hecho en abril de 2016, en el segundo y último informe que elaboró del caso Ayotzinapa; a pesar del escándalo, Zerón fue mantenido como director de la AIC hasta el 14 de septiembre de ese año, cuando fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Ese cargo depende directamente de Peña Nieto.
Otro obstáculo que enfrentó el GIEI es que sus integrantes nunca pudieron interrogar a los militares que siguieron paso a paso los sucesos de Iguala la noche de los hechos. “Ellos pudieron aportar información muy valiosa para esclarecer la desaparición de los normalistas. Ahora, no se entiende cómo los militares ven ese nivel de agresión contra los muchachos y no intervienen ni denuncian. Ellos debieron impedir esa agresión”, considera Buitrago.
La exfiscal se pregunta cómo es posible que los militares, que tienen una fuerte presencia en esa región del estado de Guerrero, no estuvieran enterados de la intensa narcoactividad que se presenta en la zona.
“Por lo menos por omisión, hay una responsabilidad ahí”, señala.
Los buenos y los duros
Además de los primos Cervantes, de Miranda y de Zerón, otros funcionarios involucrados en el caso Ayotzinapa –y que antes habían pasado por el gobierno del Estado de México– son los extitulares de la SEIDO Felipe de Jesús Muñoz y Gustavo Salas.
En 2010 Muñoz fue subprocurador en el Estado de México, cuando Alfredo Castillo Cervantes era procurador, y Salas fue ministerio público en la misma institución. Ambos fueron titulares de la SEIDO mientras el GIEI cumplió su mandato en México.
Buitrago dice que en medio de los obstáculos “había gente que quería hacer las cosas”, como la entonces procuradora Gómez, el subsecretario de Derechos Humanos de la época, Roberto Campa, y altos mandos de la Policía Federal.
“Pero a Arely no sólo la paraban, sino que la llamaban para decirle por qué había permitido equis o ye cosas. Ella decía ‘sí’, pero después algunos funcionarios nos decían ‘no’. Era común que nos dijeran: ‘Es que me llamaron para decirme que no se puede’”, asegura la abogada.
–¿La SEIDO le hacía caso a la procuradora? –se le pregunta.
–Para nada. La SEIDO es una isla absoluta dentro de la PGR. Ella le decía al director de la SEIDO que nos diera acceso a investigaciones que habían hecho y el director decía: “No señora, no se las paso, no se puede porque eso es crimen organizado”.
Buitrago sostiene que en una reunión realizada en la PGR en enero de 2016, la SEIDO –que había llevado la investigación del caso Ayotzinapa hasta octubre de 2015, cuando el expediente pasó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos– se comprometió a darle acceso al GIEI a 17 investigaciones relacionadas con la desaparición de los normalistas.
“Pero no fue hasta abril (de 2016), tres días antes de que saliéramos de México, que la SEIDO nos dijo: ‘Vengan y vean las 17 investigaciones’. Eso es imposible. Todo se hacía para aparentar que había colaboración”, señala.
Dice que lo mismo ocurrió con unas 700 declaraciones que el GIEI había solicitado meses antes de terminar su mandato. La PGR se las entregó en las vísperas de su partida. “¿Quién va a leer 700 declaraciones el último día? ¡Nadie!”, plantea Buitrago.
Señala que muchas investigaciones que habían solicitado se pararon a finales de enero de 2016 y se reactivaron en abril de ese año, cuando ya se iban.
“Era como para poder decir que cumplieron con nosotros, pero en realidad sabían que era una simulación, pues en unos cuántos días es imposible leer y cotejar toda esa información”, asegura.
–¿Usted cree que todas estas obstrucciones estaban dirigidas a proteger a alguien?
–No me consta algo así, pero uno preguntaba a los funcionarios qué estaba pasando y ellos guardaban silencio. Sólo señalaban hacia arriba y hacían la seña (con el dedo índice en la boca) de que no podían hablar.
¿Carpetazo?
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos han advertido que no permitirán que el gobierno de Peña Nieto, que concluirá su mandato el próximo 30 de noviembre, dé carpetazo a la investigación.
El actual fiscal del caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal, a quien abogados cercanos a la investigación dan pocas semanas más en el cargo, ha presumido que el expediente ya supera los 500 tomos y que hay más de 120 detenidos.
Buitrago puntualiza que a la fecha no hay un solo sentenciado por la desaparición de los 43 estudiantes y que la mayoría de los detenidos no están vinculados a ese caso, sino procesados por delitos como portación de armas y narcotráfico.
De acuerdo con la doctora en derecho, durante la gestión de un año de Cervantes como procurador general, la investigación “estuvo muerta”.
La comisión de la CIDH que da seguimiento a las recomendaciones del GIEI considera “inconcebible” la incapacidad de las autoridades mexicanas para establecer responsabilidades de un hecho de tal gravedad ocurrido hace ya tres años y medio.
“Dar con el paradero de los muchachos es un deber del Estado. Nosotros pudimos determinar que no están en Cocula, en el basurero, pero no logramos saber dónde están. Lo que pasa es que se nos ocultó mucha información. El Ejército, que presenció todo, se reservó la información y eso, en un delito de esta naturaleza, es ocultamiento”, sostiene Buitrago.
–¿El caso Ayotzinapa puede llevar a funcionarios mexicanos a responder ante la Corte Penal Internacional (CPI), en la que las responsabilidades frente a crímenes atroces son individuales?
–Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario aquí hay responsabilidades de muchos funcionarios federales, estatales y municipales que fueron incapaces, por acción u omisión, de hacer una investigación dentro de plazos razonables y con la diligencia que obligan los casos de desaparición forzada. Por eso pueden ser llevados a la CPI.
“El gobierno federal –indica Buitrago– se enteró esa misma noche de lo que estaba pasando en Iguala. ¿Y qué hizo? Nada. Y después no hizo una investigación eficaz. La eficacia no está en maquillar una investigación y juntar miles de tomos, sino en encontrar a los muchachos, saber qué pasó y sancionar a los responsables.”
