Señor director:
Escribo estas líneas por el hecho de que la mayoría de los ciudadanos de este país no tenemos forma de expresar nuestro punto de vista o de que sea tomado en cuenta por quienes nos gobiernan. De esta situación sólo existen escasas excepciones, como es el caso de su revista y Palabra de Lector. Por esta razón, como ciudadano y como académico en una universidad pública, cuyo salario es pagado por el pueblo de México y en especial por los contribuyentes, deseo solicitarle encarecidamente la publicación de este documento.
La degradación del medio ambiente es el problema más serio que ha enfrentado la humanidad en toda su historia, pues constituye la mayor amenaza para ella y toda la vida sobre la tierra. Ello tiene su origen en políticas públicas perniciosas, sobre todo las que favorecen el crecimiento poblacional: de ser 2 mil 500 millones de personas en 1945, en 2011 ya había 7 mil millones sobre la tierra, de las cuales 4 mil millones habitan en los países de mediano y bajo ingreso. En México había 50 millones de habitantes en 1970; hoy, en 2018, suman 118 millones, de los cuales 54 millones viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Con programas como Cruzada contra el Hambre y otros que lo han antecedido en los últimos 50 años, el gobierno federal, los estados y hasta los municipios insisten en una política basada en prácticas clientelares, reforzando la simulación de participación política a cambio de dádivas y prebendas, y tratando de compensar así su falta total de legitimidad. Estas acciones son una flagrante violación al artículo 25 de la Constitución Política Federal, por su grave impacto negativo en el desarrollo sustentable, además de ser ineficientes e ineficaces, ya que no sólo no han reducido el número de pobres, sino que lo seguirán aumentado.
En mi opinión como economista e investigador universitario, esos programas para erradicar la pobreza sólo han servido para subyugar a los miles de mexicanos que reciben estos “apoyos” –que en muchos casos se han vuelto su manutención principal o única–, además de su modus vivendi, y el modus operandi para las llamadas “organizaciones sociales” que los agrupan y exigen esos recursos para sus agremiados. Así también ha emergido una aristocracia burocrática que se ha enriquecido operando estos programas a costa de los contribuyentes.
Resalto el hecho de que estos programas han sido y son un aliciente para que sus beneficiarios tengan un mayor número de hijos. Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que no se reduce el número de personas en condición de pobreza, sino que continúa aumentando, lo mismo que la población en general. Y mientras que a esos mexicanos el Estado les mantiene parcial o totalmente a sus hijos, al resto de la población la ley nos obliga al sustento de nuestros vástagos, so pena corporal por no hacerlo.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 8 constitucional, solicito respetuosamente a los señores candidatos a la Presidencia de la República, así como a los legisladores federales que incluyen estos “apoyos” en sus discursos populistas, a que consideren que este es el momento más oportuno para dejar de pensar que el objetivo del gobierno es una economía que degrada el medio ambiente y afecta a los contribuyentes cautivos, y a que tomen en cuenta que su propósito inmediato debe ser el de reducir la población y los problemas que conlleva, así como rediseñar las políticas públicas y los programas mencionados para que cambien ya su carácter clientelar.
No es con dádivas institucionales como se reducirá la pobreza y el hambre o como se logrará la legitimidad de los partidos políticos y sus candidatos. Lo que se requiere es adoptar políticas públicas pensando en las generaciones presentes, así como en la calidad de vida de las futuras, que sólo cuentan con nuestra voz para ser escuchadas. (Carta resumida)
Atentamente:
Jaime Martinez García
Facultad de Economía
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
