La Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, encargada de administrar el dinero destinado a paliar los efectos del sismo del pasado 19 de septiembre, se desmorona. El punto de quiebre fue la renuncia del comisionado y de dos subcomisionados, quienes acusan a la alianza PAN-PRD en la Asamblea Legislativa de manejar discrecionalmente los fondos que deberían darse a los damnificados del terremoto y que aparentemente se han canalizado, según diputados de oposición, a los procesos electorales en curso.
La renuncia en cascada de integrantes de la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México –por falta de claridad en la asignación de los recursos públicos para la atención de cientos de damnificados– puso al descubierto la alianza PRD-PAN en la Asamblea Legislativa para manejar discrecionalmente cuantiosos fondos que no han sido transparentados y que, para legisladores de la oposición, han tenido fines electoreros.
El escándalo se desató con la dimisión del titular de la Comisión, Ricardo Becerra, y de los subcomisionados Mauricio Merino y Katia D’Artigues, decisión a la que se sumó el investigador Fernando Tudela, ante la virtual concentración del poder para asignar los recursos de la reconstrucción por parte de los diputados perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, así como del panista Jorge Romero.
Como una reacción a la situación que ponía en entredicho al gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera envió una iniciativa que pretendía enmendarle la plana a la Asamblea, para suprimir el control de los asambleístas sobre el manejo de los recursos relacionados con la reconstrucción de la ciudad y fondos adicionales para las delegaciones, que suman casi 14 mil millones de pesos.
En su colaboración del lunes 19 en El Universal, Merino dio cuenta de la desconexión entre las prioridades definidas por la Comisión –creada el 26 de octubre del año pasado– y el Presupuesto de Egresos 2018, que daba facultades sobre el destino de 7 mil 754 millones de pesos etiquetados para la reconstrucción a Luna y Romero, presidente y secretario de la Comisión de Gobierno, respectivamente, y a Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El texto de Merino revela la existencia de un documento fechado el pasado jueves 15, en el que se presuntamente se distribuían los casi 8 mil millones de pesos en 43 rubros.
“Lo que me parece más grave es que mientras la Comisión estaba en el trabajo de decidir prioridades como la seguridad de las personas, revisión de edificios, la creación de una ventanilla única… en fin, todo conforme el plan de reconstrucción, un grupo de tres diputados asignaran los fondos a distintas dependencias, sin que éstos coincidieran con las prioridades de la Comisión ni con el Plan de Reconstrucción dado a conocer el 12 de enero”, comenta D’Artigues en entrevista con Proceso.
La periodista cuenta que antes de que se desatara el escándalo mediático, en diversas reuniones entre los integrantes de la Comisión y el secretario de Finanzas de la Ciudad, Édgar Amador Zamora, persistía una “preocupación” por la falta de transparencia en el manejo de los recursos.
“Esto ya venía siendo una preocupación desde hace bastante tiempo en la Comisión; en reuniones con el secretario de Finanzas en repetidas ocasiones advertimos que no había datos y estamos hablando 8 mil 200 millones de pesos más 900 millones de pesos de las fotomultas, que se van a redirigir a la reconstrucción; es mucho dinero, no hay certeza de que vaya a haber un fondo único como lo manda la Ley para la Reconstrucción”, apunta.
“Sospechosismo”
Incluso con la modificación legislativa confirmada el jueves 22, que elimina la atribución de los tres legisladores sobre el Fondo de la Reconstrucción, D’Artigues sostiene que de manera personal no estaría dispuesta a reintegrarse a la Comisión, considerando que el tema electoral “está presente en todo y otro de los ‘sismos’ que nos recorre es el del sospechosismo”.
Los artículos 13 y 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos, que da atribuciones a los legisladores sobre los recursos asignados a la reconstrucción, ya habían sido impugnados el 29 de enero por la fracción de Morena con una acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que fue admitida el pasado martes 6.
El jueves 22, en sesión extraordinaria, 47 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas a los artículos 13, 14 y 71 para trasladar a la Secretaría de Finanzas la responsabilidad de asignar 5 mil 301 millones de pesos de recursos adicionales para las 16 delegaciones, y 8 mil 772 millones para las acciones de reconstrucción.
La reforma prevé la creación de un órgano de control social para dar seguimiento y vigilancia a la aplicación de estos recursos; sin embargo, no es compatible con el artículo 109 de La Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación, que le reconoce atribuciones a la Comisión de Gobierno de la Asamblea, presidida por Luna y con Romero como secretario, sobre el Fondo de Reconstrucción.
De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos, de los 8 mil 772 millones de pesos destinados a la reconstrucción, 5 mil millones se destinarán al Fondo de Reconstrucción, 100 millones para el Fondo de Atención a los Desastres Naturales, 950 millones a la Secretaría de Desarrollo Social, mil 387 millones a la Agencia de Gestión Urbana, 227 millones a la Secretaría de Educación, 150 millones al Instituto de Vivienda y mil 18 millones para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
El artículo 109 de la Ley de Reconstrucción indica que el “Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México” será administrado por la Secretaría de Finanzas, en tanto que “el Órgano Legislativo, a través de su Comisión de Gobierno, supervisará, vigilará y propondrá el ejercicio de dicho Fondo”.
Control presupuestal
El control presupuestal ejercido por Luna y Romero fue uno de los fuertes debates que remecieron a la reciente legislatura, reconocieron en entrevistas por separado los diputados de Morena Alfonso Suárez del Real y César Cravioto, coordinador parlamentario.
Para Suárez del Real, el escándalo sobre el manejo de fondos públicos en la ciudad “es la punta del iceberg en que están cayendo en cuenta las diferentes fracciones parlamentarias; en dos años ha habido por lo menos tres personajes que han decidido los recursos adicionales de las delegaciones y que han manejado montos que superan los mil millones de pesos sin dar rendición de cuentas a nadie”.
Cravioto reconoce que el tema “sensible de los damnificados, obligó a Mancera a reaccionar”, enviando una iniciativa para reformar la Ley de Egresos, pero la discrecionalidad en la asignación de recursos por parte de Luna y Romero fue el sello distintivo de la legislatura.
Advierte que en los presupuestos de egresos 2016 y 2017, ambos diputados se otorgaron las facultades para “autorizar los excedentes; es más grave que el moche de los diputados federales, práctica en la que el presidente municipal decidía la obra, y los diputados le decían: ‘Ahí te mando la empresa o me das el moche’. Aquí Luna y Romero decidían a qué dependencia y delegación iba al recurso, no sabemos a cambio de qué”.
De acuerdo con los presupuestos de egresos 2016 y 2017, se aprobaron 3 mil 119 millones de pesos y 4 mil 240 millones 940 mil pesos, es decir 7 mil 359 millones 940 mil pesos en recursos adicionales para dependencias, órganos desconcentrados y autoridades, delegaciones, entidades y órganos de gobierno.
Para la asignación de esos fondos, los decretos de egresos establecían que las “Unidades Responsables del Gasto deberán contar con la aprobación del detalle de dichas acciones por la presidencia y secretaría de la Comisión de Gobierno de la Asamblea”, es decir, se requería el consentimiento de Luna y Romero.
Cravioto, quien ha emplazado a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a esclarecer los fondos, sostiene que el uso que se les dio tuvo “tintes político-electoreros” y que la prueba está en la forma en que se distribuyeron los recursos adicionales.
De la suma total de fondos adicionales de 2016 y 2017, 5 mil 295 millones se entregaron a las 16 delegaciones, 50.9% se destinaron a las seis demarcaciones gobernadas por el PRD, 18.1% a las tres gobernadas por el PRI; 17.1% a las cinco de Morena y 13.5% a las dos del PAN.
Para 2018, con Mauricio Toledo incorporado a la distribución de recursos adicionales, se consideraban 7 mil 143 millones 500 mil pesos, de los cuales 5 mil 301 millones se destinarán a las delegaciones. La reforma al artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos, del jueves 22, removió las atribuciones que tenían los diputados de designar los fondos.
El poder de la firma de los diputados Luna, Romero y Toledo, provocó que tanto el presupuesto como la ley de reconstrucción fueran vistos como “un negocio” con fines electorales, considera Dunia Ludlow, diputada del PRI que en el tema de la atención a los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre ha mostrado una posición contraria a la de su fracción en la Asamblea, que respalda las decisiones del PRD.
De hecho, la Ley de Reconstrucción ha sido motivo de impugnación por damnificados respaldados por el Partido Encuentro Social (PES), aliado electoral de Morena.
El pasado diciembre, el dirigente local del PES, Armando González Escoto, solicitó a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra la Ley para la Reconstrucción, por considerar que “no garantiza el derecho humano a una vivienda adecuada”, ni obliga al gobierno de la Ciudad ni a las delegaciones a realizar “estudios geológicos o geofísicos de las vialidades adyacentes a los inmuebles afectados por fracturas y grietas”.
En entrevista, González Escoto explica que para su sorpresa, 19 días después de que solicitara la intervención del organismo, recibió un oficio firmado por la directora General Jurídica de la CDHDF, Yolanda Ramírez Hernández, en el que le señalaba que la Comisión “estudió la ley referida, sin que se haya identificado que sea contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o instrumentos de carácter internacional”.
El dirigente solicitó el estudio realizado por el organismo, y el miércoles 14 le fue turnado un documento de 30 fojas que, aunque lleva el título de la Ley para la Reconstrucción, se enfoca en explicar qué es la acción de inconstitucionalidad.
“Consideramos que quien debe determinar si la ley es constitucional o no es la SCJN y no la Comisión; pero ante la negativa, interpusimos siete amparos, de los cuales a tres ya les dieron entrada”, cuenta González Escoto.
Mientras se definen las acciones legales, algunos de los afectados por el sismo de hace cinco meses denuncian la falta de atención de las autoridades.
Consultados por Proceso, integrantes de los colectivos Damnificados Unidos de la Ciudad de México, Damnificados Unidos de Benito Juárez y el Comité Organizador de la colonia Del Mar, coinciden en que hasta ahora la gran mayoría de los afectados carece de dictámenes de seguridad estructural para los inmuebles, el documento a partir del cual arrancan todos los procesos de reconstrucción, reforzamiento y demolición, según se establece en la Ley para la Reconstrucción.
Aseguran que la Plataforma CDMX, otro requisito para el acceso de las familias a recursos económicos y materiales que oferta el gobierno de la capital, presenta irregularidades en las direcciones de los inmuebles, el tipo de daño, en el número de personas afectadas, y en la totalidad de las afectaciones.
Mientras la inoperancia gubernamental prevalece, el pasado 18 de enero el colectivo de Damnificados Unidos de la Ciudad de México –que representa a damnificados de cerca de 400 predios dañados– entregó a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa un primer avance del censo independiente que iniciaron a finales de noviembre y con el que ahora se completa la información de la plataforma digital.
Y es que los ciudadanos siguen rebasando a las autoridades, coinciden los vecinos afectados. Francia Gutiérrez, del Multifamiliar Tlalpan, recuerda que gracias a la persistencia de los damnificados lograron la instalación de cinco mesas de trabajo en la Asamblea; Juan Salgado, de la colonia Del Mar, en Tláhuac, advierte que han sido ellos los que han conseguido la colaboración de un grupo interdisciplinario de la UNAM.
