La iniciativa de donar 200 millones de pesos del Infonavit para rehabilitar varios espacios públicos del municipio morelense más afectado por el sismo del 19 de septiembre empieza a causar ruido. Primero, porque fue el consejo de administración el que decidió disponer de esos recursos y no se ha aclarado cómo se seleccionó a los despachos de arquitectos que participarán; después, porque en esta fase electoral está presente la tentación de los actores políticos de atribuirse la ayuda.
JOJUTLA, MOR.- La más reciente iniciativa para apoyar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre es el Plan de Reconstrucción Jojutla, y fue presentado con bombo y platillos ante la prensa el martes 6.
Los gobiernos federal, estatal y municipal presumieron esa ayuda, pero los 200 millones de pesos que se destinarán a 11 proyectos de reconstrucción para varios espacios públicos del municipio provienen de un “donativo” de trabajadores y patrones afiliados a Infonavit.
El consejo de administración de ese organismo, que tiene representación tripartita (gobierno, sindicatos y patrones), decidió utilizar esos recursos en Jojutla, dijo ese martes el director del organismo de vivienda, David Penchyna Grub, porque “aquí se presentaron prácticamente la mitad de las víctimas fatales del sismo del 19 de septiembre en Morelos, y más de 2 mil inmuebles sufrieron daños por su cercanía al epicentro y otras características geográficas, como su proximidad al Río Apatlaco, que contribuyeron al elevado nivel de desastre”.
Y concedió: “A nadie hay que darle las gracias, es un esfuerzo conjunto que no tiene tinte partidario. Lo que hoy anunciamos aquí en Jojutla no tiene nada que ver con nuestra obligación crediticia y pensional del Infonavit, es resultado de una coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, con Fundación Hogares, que preside Cristina Rubio, y nuestro Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible (CIDS), que dirige Carlos Zedillo Velasco”.
Los espacios por rehabilitar son la Alameda, el zócalo y los jardines municipales, así como el auditorio municipal y los espacios públicos de la Unidad Habitacional El Higuerón y una “sección no catalogada” del complejo de viviendas de San Miguel Arcángel. Además, se prevé la reconstrucción de la escuela primaria Emiliano Zapata, el llamado Puente de los Suspiros, la Capilla de la Santa Cruz, la ayudantía de la colonia Emiliano Zapata y del Centro Comunitario del Higuerón.
El director del CIDS, a quien corresponde la parte técnica de la aplicación de estos recursos, es Carlos Zedillo, hijo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Egresado de Harvard, desde julio de 2016 ocupa ese cargo y ha viajado a Jojutla varias veces desde septiembre pasado.
El objetivo del CIDS es articular la investigación para la sustentabilidad en los programas de vivienda y desarrollo del Infonavit. Este centro es relativamente nuevo y asumió las tareas de la desaparecida Dirección de Sustentabilidad. De igual forma, tiene la responsabilidad de los proyectos, pero no está claro cómo se seleccionó a los despachos de arquitectos que los elaboraron ni las contraprestaciones que se obtuvieron a cambio, si es que las hubo. Proceso buscó a algún representante del CIDS en Morelos, pero no obtuvo respuesta.
Las prioridades
Las obras se asignarán mediante una licitación abierta a constructoras mexicanas e internacionales, aunque se dará preferencia a “personas y empresas que conocen la región” para que la derrama económica permanezca ahí.
El ejercicio directo de los recursos le corresponde a la Fundación Hogares, dirigida por Cristina Rubio Miles, quien días después del sismo dejó la delegación del Infonavit en Tabasco, Querétaro y Morelos para ocupar el cargo actual.
Preside el patronato de la fundación Gerardo Cortés García, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Bimbo. Su secretario es José de Jesús Gómez Dorantes, director de la sociedad anónima promotora de inversión Concentradora Hipotecaria, fideicomiso que se encarga de promover la inversión en vivienda.
El tesorero del patronato es Héctor Larios Santillán, exdirigente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación Patronal de la República Mexicana, además de que fue senador panista y actualmente preside el Observatorio Nacional Ciudadano.
Como vocales del patronato aparecen Jesús Ceballos Gómez, empresario del ramo pesquero y aduanero; Ricardo Acedo Samaniego, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, y Armando Báez Pinal, exlíder del Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Música y exlegislador priista.
Eduardo Rivera Urbina, gerente de Desarrollo Comunitario de la Fundación Hogares y coordinador del proyecto en la entidad, indica que se ha involucrado a la gente en el proceso de reconstrucción del espacio público:
“Llevamos seis meses trabajando en la zona. Estamos haciendo mancuerna con el Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible, que se encarga de la parte técnica, de investigar y elaborar los proyectos, mientras nosotros los socializamos e involucramos a la gente, y nos hacemos cargo de la parte social.”
Según él, fue el CIDS el que articuló a los despachos de arquitectos para la elaboración de los proyectos. Cuando se le pregunta cómo se eligió a los participantes, señala que “los despachos se acercaron para ofrecer sus servicios como una forma solidaria de responder a las personas en desgracia”. No obstante, aclara que esa información la maneja el centro de investigación.
En cuanto a los espacios beneficiados con este programa, señala que se seleccionaron a partir de las necesidades de la gente y por su importancia: “El Puente de los Suspiros es la segunda entrada más importante a Jojutla… También está la presidencia municipal, que sufrió daños y está apuntalada con polines. Nuestra acción será a partir de la importancia o de las oportunidades que tenemos de que otras instancias inviertan en la reconstrucción”.
Añade que esto no se determinó desde el principio, sino que los espacios “han ido cambiando a lo largo de estos seis meses (sic). Al principio se propusieron algunos, luego las necesidades nos fueron mostrando que había otros con mayor prioridad”.
Lo que sí se planteó desde el inicio el consejo de administración del Infonavit fue la “necesidad de ayudar” a la reconstrucción, afirma Rivera Urbina. Por ello, “sin afectar los recursos para la operación del Instituto, sin afectar la viabilidad de los créditos, que es su función primordial, decidió tomar recursos y otorgar un donativo de 200 millones de pesos… Después se revisaron los proyectos y los lugares más afectados por la contingencia, y finalmente se decidió aplicarlos en Jojutla”.
Aunque el Plan Jojutla se presentó el 6 de febrero, todavía no se sabe cuándo se iniciarán los trabajos, “porque en primer lugar no queremos que las obras se encimen. El gobierno del estado está haciendo obras de drenaje, mientas que la Fundación Telmex quiere entrarle a la rehabilitación de la Unidad Habitacional El Higuerón. Vamos a esperar a que avancen ellos y luego ya entramos nosotros”.
Además, dice, la intención es que los recursos fluyan hacia los negocios locales. “Actualmente hay una demanda muy importante de materiales para la reconstrucción que hacen los particulares o las autoridades. Si comenzamos ahora podríamos colapsarlos y crear un desabasto de los materiales”.
Para Carlos Brito, fundador de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y aspirante independiente a la alcaldía, el Plan Jojutla es una iniciativa para aplicar recursos “privados”.
Para él, “la consolidación de este proyecto será gracias a la aportación de despachos de arquitectura y especialistas que donaron su trabajo, a la comunidad que participó en las consultas y a la voluntad de decenas de jojutlenses”, por lo cual “decir que este esfuerzo pertenece o es gracias a algún partido, gobierno o individuo en particular, no sólo es falso, sino que entorpece la colaboración para continuar, ampliar, enriquecer proyectos existentes o incluso generar nuevas iniciativas. Hay que denunciar cualquier tentación por adueñarse de este proyecto”.
