El 30 de enero, de manera inopinada, el titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, estuvo en el sur de Veracruz, donde supervisó el funcionamiento de un retén. El acto fue la primera operación pública del jefe del Ejército desde que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior, el pasado 21 de diciembre. Esa visita se hizo pese a que la norma aún está en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; peor aún, se realizó justo un día después de que el Consejo Nacional de Seguridad decidió enviar sólo policías federales a las entidades con mayores índices de violencia.
A un cuando la Ley de Seguridad Interior (LSI) está pendiente de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Enrique Peña Nieto lidiará con la inseguridad en su último año de gobierno considerándola como un asunto de seguridad nacional.
El 29 de enero, el presidente convocó al gabinete de seguridad nacional a la residencia oficial de Los Pinos. Ese día presentó a Alfonso Navarrete Prida como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), tras haber asumido como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) cuatro semanas antes. Estuvo sentado a la derecha del presidente, antecediendo a los secretarios de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y el de Marina, almirante Francisco Soberón.
En la reunión también estuvo el nuevo director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Alberto Bazbaz Sacal, colaborador de Peña Nieto desde el Estado de México; también participó Tomás Zerón de Lucio, el secretario técnico del CSN y exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, otro de los hombres más cercanos a Peña Nieto desde sus tiempos de gobernador en el Edomex.
Fue el primer acto en el que Navarrete Prida hizo sentir su nombramiento luego de descabezar al equipo de Miguel Ángel Osorio Chong en las áreas de seguridad del gobierno federal, particularmente en las de inteligencia.
Apenas ocupó la titularidad de Gobernación el 10 de enero, Navarrete cambió al director del Cisen y al responsable de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Damián Canales, quien fue reemplazado por Víctor Manuel Torres Moreno, antiguo colaborador de Navarrete.
En la reunión del CSN en Los Pinos se decidió el despliegue de la Policía Federal y de la AIC en los estados que más están dando de qué hablar en el extranjero por los índices de violencia en México: Baja California Sur, Colima, Nayarit y Quintana Roo, al margen de la continua violencia en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz.
La Presidencia de la República informó ese día que se decidió un nuevo despliegue de fuerzas federales y estatales en distintas partes del país. No se habló de ninguna movilización militar.
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien depende directamente del secretario de Gobernación, anunció el envío de 5 mil efectivos de la división de Fuerzas Federales de la Policía Federal a Cancún, Quintana Roo; Los Cabos, Baja California, y a tres ciudades del estado de Colima: Colima, la capital, Tecomán y el puerto de Manzanillo. El envío de policías federales a Nayarit fue anunciado el 31 de enero por Navarrete Prida.
Aunque no hubo orden para que nuevas tropas salieran de sus cuarteles, los militares no se quedaron atrás. Al siguiente día de la reunión de CSN, el general Cienfuegos se trasladó al sur de Veracruz a supervisar el funcionamiento de un retén, en un hecho inédito y en lo que fue la primera operación pública del jefe del Ejército desde que Peña Nieto promulgó la LSI, el pasado 21 de diciembre.
Intimidación zeta
Como si la LSI ya tuviera plena vigencia, el general Cienfuegos se trasladó a un retén instalado por el Ejército y la Marina a la salida de Coatzacoalcos, en dirección al estado de Tabasco. Estuvo acompañado por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
Pero no fue el mejor día para el Alto Mando del Ejército ni para el gobernante estatal. Lo que estaba previsto como un acto propagandístico de una acción cívico-militar, acabó en un fiasco y en una demostración del tamaño del problema.
Vestido con su uniforme de uso diario y su quepí de cuatro estrellas, el general Cienfuegos se dirigió al retén o puesto de vigilancia, como lo llaman los militares. El comandante de la Sexta Región Militar, con sede en La Boticaria, en Boca del Río, el general Juan Manuel Rico Gámez, le explicaba cómo operaba la vigilancia.
En ese momento, desafiante, pasó frente a ellos un grupo de personas en autos sin matrículas.
–Veo unos vehículos que no traen placa… ¿No pasa nada? –expresó el general Cienfuegos, quien estaba rodeado de oficiales que lo custodiaban.
–No, sí –balbuceó el general Rico Gámez, libreta en mano.
El gobernador Miguel Ángel Yunes, quien estaba al lado del general secretario, se levantó de puntas para seguir el recorrido de los vehículos.
–Yo no sé si haya tránsito aquí, pero…, continuó el general secretario.
–Sí, sí hay –respondió el comandante de la Sexta Región Militar, al tiempo que escribía rápidamente en su libreta.
–Todos cumplimos con la ley, ¿y ellos? –reprochó el jefe del Ejército.
El gobernador seguía inquieto, buscando de un lado a otro. ¡Jaime!, llamó entonces a su secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez.
El funcionario, quien al momento del incidente estaba atrás del grupo hablando por teléfono, se acercó para recibir instrucciones de Yunes.
El propio general Cienfuegos quiso salir del paso y, como si no hubiera pasado nada, preguntó: “¿Y quién selecciona? ¿Llevamos un control de los vehículos que pasan?”.
El gobernador se quedó con el gesto adusto, con las manos unidas al frente.
La contrariedad de Yunes Linares tenía otra razón. A pocas horas de la llegada del general Cienfuegos a Minatitlán, desde donde se trasladó a Coatzacoalcos, fueron colocadas en esa ciudad y en el municipio de Nanchital mantas atribuidas a la delincuencia organizada en la que acusaban a miembros del gobierno veracruzano de proteger al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Bajo la firma “Z vieja escuela”, las amenazas iban dirigidas al delegado de la Policía Ministerial en la ciudad: “Sr gobernador, si usted no hace al respecto, lo haremoz nostroz y corrermás sangre” (sic), decía la manta, según informó la prensa local.
Acompañado por el gobernador, el general secretario se trasladó de Coatzacoalcos a Acayucan, Xalapa y Nanchital, donde los “Z vieja escuela” le habían dejado otra manta al gobernador. Según esa organización delictiva, funcionarios del gobierno de Yunes y del gobierno municipal apoyan al CJNG.
Fue la primera incursión en terreno del general Cienfuegos, al menos hecha pública, desde que Peña Nieto promulgó la LSI, hace mes y medio. La ley le da facultades al Ejército y a la Marina para realizar acciones de seguridad interior que consideren necesarias, sin necesidad de que sean aprobadas por los gobiernos, el Congreso federal o los estatales.
Faculta también a los militares para hacer investigación e inteligencia a nombre de la seguridad interior, incluida la detención de personas, lo que constitucionalmente está reservado al Ministerio Público, pero que han venido haciendo las tropas de la Sedena desde que en 2007 fueron sacados de sus cuarteles para combatir al narcotráfico.
La LSI también posibilita que un general esté al frente de una Declaratoria de Seguridad Interior, por encima de las autoridades civiles federales, estatales y municipales. Además, prevé que la información de las actividades que hagan las Fuerzas Armadas en razón de la seguridad interior debe ser clasificada hasta por 20 años, al considerarla como un asunto de seguridad nacional.
A pesar de las violaciones constitucionales, Peña Nieto decidió promulgar la controvertida ley aun en contra de la opinión del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, numerosas organizaciones civiles, así como de expertos y académicos de todo el país.
Peña Nieto aseguró que no emitiría ninguna Declaratoria de Seguridad Interior hasta que la SCJN se pronuncie sobre los recursos que se interpongan contra la ley. Sin embargo, por más demandas constitucionales en contra, su aplicación no puede suspenderse.
El encargado del caso en el máximo tribunal es el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien como magistrado del Estado de México coincidió con Peña Nieto cuando éste era gobernador de la entidad. Pardo fue uno de los magistrados encargados por la Suprema Corte de investigar la represión en Atenco de los opositores a la construcción del aeropuerto en esa zona, en mayo de 2006.
Como consecuencia de esos hechos violentos, Peña Nieto cambió a su titular de la Agencia de Seguridad Estatal, el almirante retirado Wilfrido Robledo, quien antes había sido comisionado de la Policía Federal. La investigación de la Corte, que entonces estaba facultada por la Constitución para investigar violaciones graves a los derechos humanos, no estableció responsabilidad para el gobernador.
Las controversias
Como responsable de la instrucción de los juicios constitucionales en contra de la LSI, Pardo Rebolledo ha comenzado a procesar las demandas. Hasta el jueves 1 había admitido a trámite dos controversias constitucionales presentadas por los municipios de Cholula, Puebla, y el de Parral de Hidalgo, Coahuila.
La alcaldía poblana fue la primera en interponer lo que considera una invasión de sus facultades constitucionales por parte del Congreso y del presidente de la República al aprobar y publicar la LSI. La demanda ante la Corte la presentó el 12 de enero pasado. Desde entonces, la Sedena ha cancelado tres actos con el gobierno municipal, según hizo público una semana después el alcalde José Juan Espinoza Torres.
El ministro Pardo Rebolledo también ha dado entrada a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y una minoría calificada de diputados y senadores, una tercera parte del Congreso. Esas demandas sostienen que la LSI tiene numerosos vicios de inconstitucionalidad.
El ministro, en cambio, por considerarlas improcedentes, desechó las demandas de inconstitucionalidad de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y del Partido Ciudadano, así como las controversias constitucionales de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Esas peticiones de juicio han sido rechazadas por la Corte porque los organismos estatales de derechos humanos sólo pueden acudir a la Corte para impugnar leyes estatales.
La Corte ha recibido también escritos conocidos como amicus curiae en contra de la ley. El más reciente fue presentado el jueves 1 por el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, a nombre de la organización Por México Hoy.
Hijo del general y expresidente Lázaro Cárdenas, el también exjefe de gobierno de la capital del país aseguró que si la ley entrara en vigor como fue promulgada, afectaría derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Sería poniéndonos en riesgo de que las Fuerzas Armadas, sin ningún mandato de la autoridad civil, tomaran decisiones que podrían afectar la vida cotidiana y los derechos de la gente. Se estaría dejando a las Fuerzas Armadas como cabeza de decisiones… para responsabilizarse de acciones en materia de seguridad.”
Como lo han advertido numerosas organizaciones nacionales e internacionales, Cárdenas consideró también que si la Suprema Corte avala la LSI como se promulgó, “estaríamos también en riesgo de que manifestaciones pudieran ser consideradas por la autoridad militar como actividades que traerían riesgos a la seguridad nacional y esto estaría contrariando el derecho de los ciudadanos y las organizaciones”.
