Se tardaron dos años en construirla, entre organizaciones sociales y autoridades, pero de un plumazo quedó trunca: es la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que entró en vigor el martes 16. Su implementación se atascó con el relevo en la Secretaría de Gobernación. Y es que con Miguel Ángel Osorio Chong también se fueron quienes conocían la ley y los retos a superar en pleno proceso electoral. Los nuevos funcionarios reconocieron que no saben nada sobre el tema, denuncian familiares de víctimas.
A penas entró en vigor la ley general contra las desapariciones forzadas y ya enfrenta dificultades para su operación, como el desconocimiento de funcionarios sobre el tema y la falta de voluntad política de los gobiernos estatales para adoptarla, en el contexto de un año electoral complicado, denuncia el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, negociada durante dos años por colectivos de los familiares de las víctimas y por organizaciones sociales con el Senado y con la Secretaría de Gobernación (Segob), entró en vigor el martes 16.
Su primera meta es cumplir la puesta en marcha de las fiscalías especializadas a nivel federal y en las entidades del país, así como instalar la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cuyo titular deberá ser nombrado por el Senado a partir de una consulta pública.
Sin embargo, el movimiento que agrupa al menos a 50 colectivos de familiares de desaparecidos y a decenas de organizaciones sociales duda que la situación actual del país sea propicia para que al menos el primer paso pueda concretarse de manera efectiva, porque quienes sabían del tema y mantenían una interlocución con los familiares y las organizaciones sociales se fueron de la Segob junto con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong.
También afectaron los cambios que sucedieron en la Procuraduría General de la República (PGR), cuya titularidad de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Desaparecidos fue ocupada el martes 2.
Con los tiempos encima para su puesta en marcha, la Cámara de Diputados asignó en noviembre pasado, en el Presupuesto de Egresos para 2018, poco más de 186 millones 354 mil pesos para que la Segob implemente la nueva legislación y para la creación del órgano que realizará la búsqueda de “personas desaparecidas y no localizadas”.
Los legisladores federales también etiquetaron 282 millones 592 mil 800 pesos para que la Secretaría de Gobernación entregue subsidios a los estados para la búsqueda de las personas que les corresponde, de acuerdo con las nuevas disposiciones.
Su preocupación
Yolanda Morán Isaís, coordinadora en Coahuila de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), y Lucía Díaz Genao, de la agrupación Solecito de Veracruz, explican la incertidumbre sobre el futuro de la nueva ley general ante el nombramiento de funcionarios que desconocen el tema y el trato con las familias.
Ambas, madres de desaparecidos, exponen en entrevistas por separado los problemas que enfrentan con la llegada de nuevos funcionarios.
“Este cambio de personal de titulares que hizo el presidente Enrique Peña Nieto viene a complicar un poco más la implementación de la ley. Consideramos que quienes están en la fiscalía y en la subsecretaría no saben nada de los derechos humanos o vienen a aprender. No les vemos que tengan el perfil y eso es un obstáculo para su aplicación efectiva”, comenta Morán Isaís.
Un día después de la puesta en vigor de la nueva ley, unos 60 integrantes de los colectivos de familiares de víctimas se reunieron con el recién nombrado fiscal especial de la PGR para la búsqueda de los desaparecidos, Abel Galván Gallardo.
Se trató de “un primer encuentro muy mal organizado. Se presentó sin un plan de trabajo”, dijo Yolanda, madre de Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecido en 2008 en Torreón.
Pese a la falta de un claro planteamiento y a que la reunión se le fue de las manos a Galván, la señora Yolanda Morán dice que los integrantes de las organizaciones civiles decidieron darle el beneficio de la duda al nuevo fiscal. “Pero le advertimos –expone– que nosotros estamos trabajando en propuestas sobre qué es lo que queremos de ellos y le aclaramos que tienen que atender las fechas de implementación de la ley”.
Y es que de manera particular los colectivos sociales están preocupados por la instalación de las fiscalías especiales en las entidades federativas y por la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como de la designación de quien la va a encabezar.
“Tiene que ser una persona que reúna las cualidades de investigación y de búsqueda, que tenga la confianza de las familias y que conozca de derechos humanos, que el Senado no lo elija por ser cuate o recomendado de alguien”, destaca Morán.
El viernes 26, una semana después del encuentro con el fiscal especial, un grupo de 10 personas acudió a la sede de la Secretaría de Gobernación para hablar con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Adrián Avante Juárez, relevo de Roberto Campa Cifrián, quien había establecido una relación al menos respetuosa con los colectivos de familiares y las organizaciones sociales.
Lucía Díaz recuerda que el nuevo funcionario “reconoció que no sabía nada del tema” de los desaparecidos y que les pidió que en 15 días volvieran para que le hicieran saber sus principales preocupaciones y propuestas, así como las observaciones de las organizaciones sociales que los acompañan.
Sin embargo, Avante Juárez aprovechó el encuentro para presentar un borrador del reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda y deslizar el nombre de quien podría ocupar la titularidad del órgano, Roberto Cabrera Alfaro, funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad, allegado al comisionado Renato Sales Heredia.
“El subsecretario hizo la mención y le dijimos que nos diera más propuestas de personajes. Respondió que el 6 de febrero veríamos a los candidatos”, añade Lucía, madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido en 2013.
“Habrá una luna de miel muy efímera con los nuevos funcionarios. El subsecretario sólo tiene nueve meses para trabajar, pero si tiene voluntad política, puede sentar buenas bases para la implementación (de la legislación), sin contar que el tema central para la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda va a ser el presupuesto”, expone Díaz Genao, galardonada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la pasada entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos.
“Ya tenemos experiencia en las presentaciones de funcionarios y lo que vemos es que al gobierno no le interesan los derechos humanos, no son parte de su agenda. Cambiar a un funcionario, Roberto Campa, por razones electorales representa que no les importa la legislación, mucho menos ahora que es un año de comicios”, agrega la coordinadora de Solecito de Veracruz.
“Año perdido”
En entrevistas por separado, Humberto Guerrero, coordinador de Fundar: Centro de Análisis e Investigación; Volga de Pina, investigadora en el área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director general de I(DH)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, lanzan señales de alerta sobre los posibles obstáculos para operar la legislación, sobre todo en las entidades federativas.
Humberto Guerrero asegura que en materia de la instalación de las fiscalías “estamos realmente estancados”, pues a menos de un mes de que entren en operación no se ha transformado la fiscalía especializada de la PGR, que debe dar pauta a las locales, además de que es la responsable de la elaboración de los protocolos de búsqueda, investigación y en el área forense.
“Estamos hablando de un año perdido, la misma fiscalía nacional tiene sólo 30 agentes del Ministerio Público, no cuenta con policías para las actividades de la fiscalía y sólo fue hecha para buscar, no para consignar delitos”, expone Guerrero.
Volga de Pina advierte que el tema del cofinanciamiento para la creación de fiscalías y comisiones de búsqueda locales podría convertirse en un problema similar al de la Ley General de Víctimas, que obligue a las entidades federativas a tener comisiones de atención a víctimas que operen como un espejo de la nacional.
De entrada, explica, “se tienen que dividir los 282 millones entre los estados, pero hay entidades que no tienen un problema grave de desaparición, mientras hay 17 que padecen una alta incidencia. El esquema de copago obliga a los estados a poner la misma cantidad que la federación asigna, y lo que puede ocurrir es que haya gobiernos que decidan que no toman los recursos federales porque no tienen recursos para financiar la parte que les corresponde”.
La falta de dinero golpea, incluso, a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas de la PGR, dependencia que este año tuvo una reducción de su presupuesto, al pasar de 26 millones 201 mil 223 pesos, en 2017, a 25 millones 636 mil 764, en 2018.
Para la CNB, agrega De Pina, “los 186 millones no son nada, porque una parte de esos fondos van a ser para comprar tecnología, ya que los nuevos registros van a correr por Plataforma México, es decir, la CNB va a empezar con poco dinero y con una expectativa de que tome los casos de todos los colectivos”.
Al insistir en la complejidad de la nueva ley, “en la que hay plazos que suman hasta 500 días”, Volga de Pina advierte que lo que empeora la situación es que el primer objetivo debe cumplirse en pleno periodo electoral, por lo que alerta que “muchos estados van a apartar dinero para las elecciones, esa es la realidad: los desaparecidos no venden electoralmente”.
Litigante en al menos 21 casos de desaparición forzada en Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Michoacán, Juan Carlos Gutiérrez también advierte sobre los riesgos de que las autoridades simulen que cumplen con la ley. “Se corre el riesgo de que ante una gran cantidad de casos de desapariciones no haya capacidad técnica, ni logística, ni personal ministerial policiaco, mucho menos voluntad política para operar la ley y hacer las adecuaciones en los estados”.
Para el defensor no hay dudas: los relevos en la Segob van a afectar la operación de la ley general contra las desapariciones.
“Desde las organizaciones y los colectivos nuestro llamado es a mantener la interlocución que teníamos con el equipo anterior en la Secretaría de Gobernación, queremos que el secretario Alfonso Navarrete haga un exhorto enérgico a los estados para la puesta en marcha efectiva de la ley. Sin embargo, mucho tememos que la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios no esté en sintonía con los derechos humanos del país”, agrega.
