Los diálogos entre el gobierno colombiano y el insurgente Ejército de Liberación Nacional entrarán esta semana en una fase definitoria, en la que medirán si es posible transitar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto armado. Sin embargo, de cara a las elecciones legislativas y la presidencial, el pacto de paz enfrenta serios obstáculos por ambas partes.
BOGOTÁ.- Este martes 9, representantes del gobierno y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reunirán en Quito para iniciar una nueva fase del diálogo que mantienen desde hace 11 meses; en esta ocasión lo harán en un contexto muy adverso, en el que muchos factores conspiran contra el objetivo de lograr la paz.
Para empezar, el ELN –la última guerrilla relevante de América Latina– no parece dispuesto a prorrogar el cese bilateral del fuego y de hostilidades que acordó con el gobierno el 1 de octubre pasado y que vencerá en el primer minuto del próximo miércoles 10.
Esto quiere decir que el diálogo en Quito podría transcurrir en medio de la guerra. Y esa circunstancia será muy difícil de aceptar para la mayoría de los colombianos, quienes ya son escépticos frente a la voluntad de esa guerrilla de lograr un acuerdo de paz.
El exintegrante de la delegación de negociadores del gobierno con el ELN, general Eduardo Herrera Verbel, considera que el mejor escenario es que se prorrogue el cese bilateral del fuego, ya que su terminación “sería un retroceso muy importante” en el proceso de paz con esa guerrilla.
“Esto dificultaría mucho el desarrollo de la agenda y no contribuiría en nada a mejorar el ambiente frente a las elecciones legislativas y presidenciales que tenemos este año” en marzo y en mayo, respectivamente, dice a Proceso el militar retirado.
Una encuesta realizada por la firma Invamer en diciembre pasado reveló que 65% de los colombianos cree que las conversaciones con el ELN van por mal camino y sólo la quinta parte considera que van bien. Además, 84% tiene una opinión desfavorable de ese grupo insurgente.
Sin el acuerdo de cese el fuego que rigió desde el 1 de octubre, el cual había logrado que terminaran por completo las voladuras de oleoductos y los enfrentamientos entre el ELN y las fuerzas militares, sería mucho más difícil crear en Colombia un clima más propicio para los diálogos de paz.
En especial, cuando ya arrancaron las campañas para las elecciones legislativas y presidenciales, en las cuales los candidatos de derecha privilegian dos asuntos que, según sus cálculos, les darán votos: la mano dura contra los grupos armados y el rechazo a los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC.
A pesar de que las FARC dejaron las armas en agosto pasado y se convirtieron en un partido político legal en septiembre, una poderosa coalición de derecha en el Congreso se ha encargado de bloquear parte de los acuerdos y de poner en entredicho la participación política de sus líderes, así como el pacto de justicia que les permitirá pagar delitos graves con penas alternativas a la prisión.
Esta incertidumbre política, cuyo telón de fondo es el aparente desinterés que hay en estos momentos en Colombia frente a la paz, es un elemento que gravita en la mesa de negociaciones con el ELN.
Según la encuesta de Invamer correspondiente a diciembre, los problemas que hoy más preocupan a los colombianos son la corrupción, los deficientes servicios de salud, el desempleo, la baja calidad de la educación, la pobreza y la delincuencia común.
La aplicación de los acuerdos con las FARC y los diálogos con el ELN ocupan los lugares siete y 12, respectivamente.
Y hay que sumar que el cese bilateral del fuego y de las hostilidades vigente desde el 1 de octubre y que vence el miércoles 10 no fue todo lo terso que esperaban los colombianos. Si bien redujo la violencia asociada al conflicto armado a su más bajo nivel en medio siglo, dos violaciones al cese del fuego atribuidas al ELN empañaron su trascendencia.
A finales de octubre, esa guerrilla asesinó al gobernador de un resguardo indígena del noroccidental departamento de Chocó, Aulio Isarama, y el 27 de noviembre provocó la muerte de al menos tres civiles –entre ellos una mujer embarazada y una persona con problemas mentales– en un caserío del suroccidental departamento de Nariño.
Los errores del ELN, por los cuales ha pedido perdón el jefe de negociadores de esa guerrilla, Pablo Beltrán, y la campaña de la derecha contra los acuerdos de paz, han generado una opinión pública muy escéptica frente al resultado que puedan producir los diálogos en Quito.
Y, como colofón, el hecho de que al presidente Juan Manuel Santos sólo le queden siete meses en el cargo produce la sensación de que lo más conveniente es tratar de mantener a flote esos diálogos, pero sin esperar mayores avances, en espera de ver quién llega a la Presidencia.
Tres de los seis candidatos punteros: Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Humberto de la Calle, respaldan los acuerdos de paz con las FARC y la continuidad de los diálogos con el ELN. Los otros tres –los derechistas Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Germán Vargas Lleras– han expresado posturas rupturistas con ambos procesos.
Los hitos
El general Herrera Verbel pasó cerca de cuatro años dialogando con representantes del ELN; primero, para acordar una agenda de negociaciones, la cual se concretó el 30 de marzo de 2016 tras 28 meses de encuentros secretos en varios países latinoamericanos. Después, en una mesa pública que se instaló en Quito el 7 de febrero de 2017. Desde entonces, los avances han sido incipientes.
Tras 11 meses de conversaciones, las partes aún están en la discusión preliminar del primero de los seis puntos de la agenda, el de “Participación de la sociedad en la construcción de la paz”.
Al mismo tiempo, el acuerdo de cese bilateral del fuego suscrito en septiembre es un logro mayor, si se toma en cuenta que es el primer pacto de este tipo en 53 años de guerra.
Herrera Verbel considera que el cese temporal del fuego y la agenda de negociaciones son dos hitos del proceso de paz con el ELN que, por las adversidades que rodean a la mesa de Quito, no fueron valorados ni conocidos a profundad por amplios sectores del país.
Un elemento que explica este aparente desinterés es que, luego de cuatro años de negociaciones de paz con las FARC, la opinión pública colombiana acusaba un desgaste frente al tema.
“Además, negociar con el ELN es más complejo, porque tiene una dirección colegiada y no vertical, como las FARC. Esto hace que los delegados en Quito estén en permanentes consultas con los mandos en Colombia”, explica el general.
Desde antes de su instalación formal en Quito, los diálogos con el ELN se enfrentaron a contratiempos atribuibles a la gran autonomía que tienen algunos de los frentes de guerra de esa insurgencia, en especial el Oriental, que dirige el poderoso comandante Pablito, y el Occidental, liderado por el comandante Uriel.
El acto de instalación de la mesa debió retrasarse varios días porque Uriel mantenía secuestrado al excongresista Odín Sánchez y su liberación, que era una exigencia del gobierno para iniciar los diálogos, no fue fácil de lograr ni para el mismo Comando Central (Coce) de la organización insurgente.
Y aunque Pablito forma parte del Coce, él es el líder del ala más radical de esa guerrilla y la más resistente a negociar la paz con el gobierno.
Reservas de ambos lados
Para Herrera Verbel, el ELN no ha tomado aún la decisión de apostar por una salida política al conflicto armado:
“Lo que hasta ahora ha hecho el ELN es explorar en una mesa de negociación la posibilidad de ponerle fin al conflicto armado. Esto fue una resolución de su V Congreso (realizado hace tres años), pero hasta ahora no hay un mandato para que esa guerrilla transite hacia la vida política civil, sin armas”.
El historiador Carlos Medina Gallego, autor del libro ELN: una historia contada a dos voces, considera que es muy difícil para esa insurgencia confiar ciegamente en el Estado colombiano, cuando está presenciando el incumplimiento de los acuerdos de paz que firmó con las FARC hace 13 meses.
Según un reporte del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, sólo 17% de las disposiciones de los acuerdos con las FARC han sido totalmente aplicadas, la tercera parte muestra un avance mínimo o intermedio y más de la mitad ni siquiera han arrancado.
De una treintena de leyes y reformas constitucionales que debieron aprobarse en el Congreso para cumplir los pactos de paz con las FARC, sólo nueve lograron pasar y es posible que las restantes queden atrapadas en el debate político y la coyuntura electoral, pues en marzo habrá comicios legislativos.
Si bien el gobierno del presidente Santos ha hecho su parte al impulsar las legislaciones de la paz ante el Congreso, un fortalecido grupo de congresistas de derecha se ha encargado de someter esas iniciativas a modificaciones que no sintonizan con lo pactado.
Esos legisladores dejaron por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz –el mecanismo de justicia transicional que juzgará y sancionará los delitos de guerra– a los civiles que financiaron a los grupos paramilitares, y se negaron a aprobar las 16 curules para las víctimas del conflicto estipuladas en los acuerdos.
Además, dejaron en el aire todo el paquete de reformas que requiere la aplicación del capítulo de desarrollo rural y reparto de tierras, un punto crucial del pacto con las FARC que apunta a atacar el problema agrario que dio origen al conflicto armado.
“Todo esto –dice Medina Gallego– configura un enorme desincentivo para el ELN. La irresponsabilidad con que el Estado colombiano ha manejado los acuerdos con las FARC hacen que en el ELN se generen mayores inquietudes y reservas, y todo esto impacta en la mesa de diálogos en Quito.”
Para el doctor en historia de la Universidad Nacional de Colombia, las prevenciones de cada lado y las resistencias de un segmento importante de la clase política hacen que los diálogos con el ELN estén “bajo fuego cruzado”.
Un camino incierto
Si el ELN mantiene su decisión de no prorrogar el cese bilateral del fuego introducirá un nuevo elemento de tensión que –coinciden Medina Gallego y Herrera Verbel– en nada ayudaría a mejorar el apoyo de los colombianos a los diálogos con esa guerrilla.
Sobre todo, porque eso implicaría que las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo se deberán realizar en medio de la guerra. Y el ELN es una guerrilla con mucha capacidad de perturbación. Sus estructuras son especialistas en voladuras de oleoductos, torres de energía eléctrica y puentes, así como en emboscadas a unidades policiacas y militares.
La fiscalía atribuye a integrantes de esa guerrilla un atentado explosivo ocurrido en un concurrido centro comercial de Bogotá el pasado 17 de junio, en vísperas del Día del Padre, en el que murieron tres mujeres.
Para Herrera Verbel, el fin del cese el fuego con el ELN sería un mal augurio para un desarrollo pacífico de los procesos electorales de este año. De acuerdo con el militar, esto le recuerda a Colombia que para lograr la paz completa en el país no sólo es necesario el pacto con las FARC, sino la búsqueda de una salida política al conflicto con el ELN.
Y ese sería el propósito del ELN si se mantiene en su decisión de no prorrogar el cese el fuego: mostrar que aún es una guerrilla con relevancia militar.
En un mensaje divulgado la semana pasada por su comandante en jefe, Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, el ELN acusó al gobierno de aprovechar el cese bilateral del fuego “para iniciar acciones represivas contra la población que trabaja en los cultivos de uso ilícito”, mientras que el Ejército “lo utiliza para sacar ventajas militares”.
Al mismo tiempo, el grupo insurgente reiteró su disposición a continuar las conversaciones de paz que se desarrollan en Quito y que se reanudarán este martes.
“La mesa de diálogos no puede ser interrumpida por el hecho de que el acuerdo sobre el cese del fuego culmine el 9 de enero. Por el contrario, debe fortalecerse desarrollando los puntos de la agenda pactada. La salida política al conflicto no puede cerrarse ante las dificultades presentadas”, dijo Gabino.
El futuro del proceso de paz con el ELN depende en gran medida de lo que ocurra en Quito y en el campo de batalla colombiano durante estos primeros siete meses del año y hasta el próximo 7 de agosto, cuando el próximo presidente colombiano asuma el cargo y decida si hay o no condiciones para dar continuidad al proceso de paz con esa guerrilla.
